El Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público reveló un alarmante balance sobre la violencia de género en el país, registrando 20 víctimas de feminicidio en lo que va del año. Estas muertes violentas han derivado en la apertura de 19 causas penales, debido a que uno de los expedientes investiga el trágico asesinato de dos mujeres de forma simultánea.

La radiografía de la violencia expone una problemática sistémica que trasciende el asesinato, sumando 28 víctimas de tentativa de feminicidio. Asimismo, la Fiscalía reportó una muerte violenta caratulada provisionalmente como homicidio, seis casos de agresiones graves cometidas por exparejas y cuatro causas por tentativa de homicidio que afectaron a víctimas colaterales, entre ellas, un niño.

El perfil de las víctimas y agresores en relación con las edades se tiene que el rango etario de las víctimas fatales es desgarrador, abarcando desde los 12 hasta los 80 años, incluyendo a una menor que ni siquiera alcanzaba los 12 años de edad. Por su parte, los agresores tienen edades comprendidas entre los 18 y los 80 años.

En cuanto a la nacionalidad y la comunidad indica que 18 de las mujeres asesinadas eran de nacionalidad paraguaya, una de origen brasileño y dos pertenecían a comunidades indígenas. A su vez, la violencia destruyó familias enteras: 14 de las víctimas eran madres, dejando un saldo de 36 hijos huérfanos, de los cuales 26 son menores de edad (considerados víctimas indirectas).

Te puede interesar: Autopsia de Deysi Paola confirma dos disparos en la cabeza: uno de ellos le provocó la muerte

El departamento Central se consolida como el epicentro del peligro para las mujeres, concentrando 12 de las 20 víctimas. El resto de los casos se distribuye en Concepción (3), Canindeyú (2), Asunción (1), Alto Paraná (1) y Caazapá (1).

Temporalmente, los meses más críticos fueron enero, con 6 reportes, y marzo, con 4. El resto de los crímenes se distribuyó entre julio (3), mayo (2), agosto (2), abril (1), septiembre (1) y octubre (1). En cuanto a los días de la semana, la violencia no dio tregua: los lunes y viernes registraron la mayor incidencia con 4 casos cada uno, mientras que los domingos, martes, jueves y sábados sumaron 3 casos por día.

Los datos echan por tierra la idea de que el peligro está únicamente en la calle. El 75 % de los feminicidios (15 casos) ocurrió dentro de una vivienda, mientras que 5 se perpetraron en la vía pública.

Respecto a los métodos utilizados, los atacantes recurrieron principalmente al uso de armas blancas en 11 de los casos. Las armas de fuego cobraron la vida de 6 mujeres, mientras que las causantes de las muertes restantes fueron la asfixia (1 caso) y traumatismos por golpes severos (2 casos).

El círculo más cercano sigue siendo el más peligroso. Las parejas actuales (8) y las exparejas (8) representan el 80 % de los agresores. El resto de los crímenes fue cometido por conocidos (2), un padrastro (1) y un propio hijo (1).

En el ámbito judicial, 15 presuntos responsables ya se encuentran formalmente imputados por el Ministerio Público. La impunidad por vía del suicidio se dio en 5 de los autores, quienes se quitaron la vida tras cometer el crimen. Por último, un sospechoso que contaba con orden de captura internacional fue detenido en Brasil, país donde será sometido a la Justicia.

El informe del Ministerio Público recuerda que la violencia de género no se limita al asesinato; engloba todo acto o acción sistemática que cause daño psicológico, físico o sexual, así como las amenazas, la coacción y la privación de la libertad, tanto en el ámbito público como en la intimidad del hogar.

Podes leer: Acusan por cohecho pasivo y piden juicio oral contra exfiscal de Emboscada y su auxiliar

La fiscal Yeimy Adle acusó por cohecho pasivo agravado al exfiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur Aguirre, y a su exauxiliar, Lilian Andrea Florenciano Alfonso. El caso investiga una supuesta negociación de dinero para beneficiar a un procesado por lesión grave. Ante esto, el Ministerio Público solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.

De acuerdo con el escrito acusatorio, los procesados habrían solicitado inicialmente G. 7.000.000 a la abogada defensora Corazón de María Corrales (representante de Mauricio Soel Méndez Gómez), a cambio de presentar un sobreseimiento provisional. Posteriormente, el monto habría aumentado a G. 10.000.000 para otorgar una salida procesal favorable. La investigación sostiene que Florenciano mantenía las comunicaciones con la defensa, mientras que Elizaur tenía a su cargo la decisión sobre el requerimiento fiscal.

Te puede interesar: Senad anula foco de drogas y desarmadero clandestino de motos en Asunción

El 21 de septiembre de 2025, ante la falta de pago, el entonces fiscal acusó formalmente a Méndez por lesión grave y producción de riesgos comunes. La fiscal Adle señala que dicha acusación se presentó sin contar con los elementos médicos que la propia Fiscalía consideraba indispensables, pues el diagnóstico de la víctima seguía pendiente y aún no existía un dictamen del médico forense. “Esta secuencia revela que la posición procesal de la Unidad Fiscal no respondía a la existencia de elementos objetivos de convicción, sino que estaba supeditada al pago solicitado a la defensa”, indica el escrito.

El 13 de octubre de 2025, durante una entrega vigilada autorizada judicialmente, la abogada defensora y la hermana del procesado acudieron a la sede fiscal de Emboscada. Florenciano recibió G. 7.000.000, dinero que posteriormente fue hallado en el cajón del escritorio que utilizaba, quedando pendientes los G. 3.000.000 restantes. Tras recibir el pago, la exauxiliar condujo a las mujeres al despacho de Elizaur, quien manifestó que se allanaría a un pedido de suspensión condicional del procedimiento por dos años. Toda la conversación quedó registrada durante el operativo.

Podes leer: Caso Narcojet: detuvieron a cuatro funcionarios de la Dinac

El agente fiscal Silvio Corbeta explicó los principales elementos con que cuenta el Ministerio Público para sustentar la acusación contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, que están presentando durante el juicio oral que se desarrolla en la etapa de producción documental. Sostuvo que la comuna esteña no adquirió la totalidad de las mercaderías que figuran en los documentos, por lo que califica como “una licitación fraguada”.

El fiscal Corbeta mencionó durante una entrevista para el medio digital El Observador, que los informes de la Dirección Nacional de Contrataciones Pública (DNCP) y la Contraloría respaldan los cuestionamientos al procedimiento utilizado. También señaló que la empresa adjudicada “Tía Chela” no contaba con todo el stock declarado al momento de la recepción.

Mencionó además que durante el mismo tiempo, o el mismo periodo de tiempo fueron adjudicadas otras dos empresas más, entre marzo y abril del 2020, a la par que fue adjudicada Tía Chela, donde también se compraron más kit de alimentos.

Le puede interesar: Alliana llegó a Israel invitado por el Gobierno

“Para nosotros, como Ministerio Público, es una licitación fraguada, o sea una licitación simulada; debido a que no se compró la totalidad de las mercaderías que figuran en las documentaciones de compra por parte de la Municipalidad. Esto no es una cuestión subjetiva mía, ni de ninguno de los colegas que me acompañan”, precisó.

El fiscal remarcó que esta acusación fiscal está sustentada en el informes de la DNIT que hizo una trazabilidad, y se pudo detectar que Tía Chela, no tenía todo el stock de estas mercaderías al momento en que supuestamente se hicieron estas notas de recepción.

Asimismo, mencionó además que la Municipalidad de Ciudad del Este utilizó de manera incorrecta la vía de excepción para las compras investigadas. “Esto tampoco es una cuestión subjetiva del Ministerio Público, ni mía, ni de ninguno de los agentes fiscales; sino que esto está sustentado en dictámenes tanto de la Contraloría como de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”, remarcó.

En ese sentido, explicó que durante la pandemia este mecanismo debía estar vinculado a acciones de prevención y mitigación del coronavirus. Indicó que esas adquisiciones podían realizarse mediante una licitación pública para garantizar mayor transparencia. Señaló que el Ministerio Público sostiene que el procedimiento utilizado no ofreció las condiciones de transparencia requeridas.

El fiscal Corbeta vinculó el caso de Tía Chela, que fue para compra de kits de alimentos con la causa conocida como “Tajy”. Sostuvo que en ambos procesos se habría recurrido a la vía de excepción y se convocó a empresas vinculadas entre sí.

Explicó que en el caso Tajy también participaron firmas relacionadas con personas cercanas a la empresa adjudicada. El fiscal afirmó que incluso se repitió el uso de facturas de una misma empresa como respaldo de las operaciones.

No obstante, aclaró que el Ministerio Público no sostiene que los kits no hayan sido entregados, sino que cuestiona la vía utilizada para la contratación. Explicó, que la Municipalidad pudo haber recurrido a una licitación pública, con mayor cantidad de oferentes y condiciones para garantizar una mayor transparencia en el proceso.

“Para el Ministerio Público no existió esa transparencia y por eso no solo en este caso, el mismo modus operandi, se siguió en el segundo caso que está llevando a juicio oral el caso Tajy. Se hizo por la vía de la excepción, se convocó a empresas vinculadas a la señora Emili Vanessa Florentín propietaria de Vanemi S.A. Se invitó a a la empresa Tajy que fue la adjudicada, que era el tío de la señora Florentín, se invita a Vanemi y se invita al cuñado de la señora en ese entonces, el cuñado de la señora Florentín, es el señor Ayala que era un DJ”, precisó.

Siga informado con: Cheva Remesowski fue proclamado como intendente de Encarnación

La agente fiscal Sandra Ledezma, coordinadora designada por la Fiscalía General para las Elecciones Municipales, informó que en el segundo corte del control que lleva adelante el Centro de Monitoreo Ministerio Público se contaba con un total de 18 detenidos por distintos hechos. Entre los casos figuran presunta compra de votos, violación del secreto del voto y usurpación de identidad. También se registraron denuncias por toma de fotografías al voto y personas que intentaron sufragar más de una vez.

Durante una conferencia de prensa desde el Ministerio Público mencionó que todos los casos continúan bajo investigación de la Fiscalía y no descartó que el número de detenidos podría ir en aumento.

En ese sentido, recordó que en el primer corte de la mañana se registraron 4 detenidos, que para el segundo corte se sumaron otros 14 detenidos, lo que hace un total de 18 detenidos. Al respecto, fue detallando cada caso, conforme a la localidad y fiscales intervinientes:

• Guairá: la fiscal Jaqueline Ortiz ordenó la detención de 3 personas por violación al secreto al voto.
• Mayor Otaño: la fiscal Mabel Martínez dispuso la detención de 1 persona por fraude electoral, se presentó a votar con cédula de otra persona.
• Itakyry: el fiscal Fernando Galeano dispuso 1 detenido por toma fotográficas de su voto en el cuarto oscuro.
• Comunidad Itanará Canindeyú: el fiscal Rodrigo Gianninotto recibió denuncias de que 3 indígenas de la parcialidad Avá Guaraní utilizaron la cédula de otra persona para votar. Se procedió a la aprehensión de personas por usurpación de identidad art. 317 Ley 834/96 del Código Electoral Nacional.
• Luque: la fiscal Sophia Galeano ordenó la detención de una persona en la Escuela Cañada San Rafael y otro en el Colegio Héroes de la Patria por sacar fotos al voto.
• Minga Guazú: el fiscal Enmanuel Santacruz ordenó la detención de 1 persona por toma fotográfica en el cuarto oscuro.
• Limpio: el fiscal Víctor Villaverde dispuso la detención de 2 personas por compra de votos.
• Pdte. Franco: el fiscal Alberto Torres dictó la detención de 1 persona por la compra de votos.
• Asunción: la fiscal Sandra Ledesma ordenó la detención de 1 persona que tenía 9 papeletas e intentaba depositarlas en la urna.

Le puede interesar: Policía Nacional reportó 84 incidentes, 24 personas detenidas y 2 vehículos incautados

Durante el monitoreo correspondiente al segundo corte de las jornadas electorales, las autoridades fiscales intervinieron ante diversas irregularidades reportadas en distintos puntos del país. Entre los reportes figuran casos de supuesto voto asistido y firma anticipada de papeletas en la Universidad Católica de Asunción y el colegio CPB de Encarnación, además de una denuncia sobre cámaras que apuntarían hacia el cuarto oscuro en un local de votación de J. Augusto Saldívar.

Mencionó que se recibieron denuncias por presunta compra de votos en Tomás Romero Pereira y en el Colegio Inmaculada Concepción, donde también se reportó la venta de bebidas alcohólicas en las inmediaciones de un local electoral. En Pirayú recibieron una denuncia por la presencia de dos puestos de comando político (PC) ubicados a menos de 200 metros del local de votación, mientras que en otro caso se denunció que una persona habría intentado votar en nombre de otra.

Entre otros hechos reportados, la Fiscalía mencionó la verificación policial de un toldo ubicado dentro del Colegio Verbo Divino, que supuestamente correspondía a la ANR, pero que finalmente no fue atribuido a ningún sector.

En Encarnación también se recibieron pedidos de allanamiento a raíz de disputas entre grupos políticos, mientras que en Ciudad del Este fueron incautadas credenciales presuntamente falsas. La Fiscalía indicó además que continúa monitoreando los reportes y denuncias difundidas a través de las redes sociales.

Sobre el caso puntual registrado en el Colegio María Auxiliadora de Loma Pytã, donde se habría detectado a una persona con varias papeletas previamente firmadas, indicó que la persona ya se encuentra detenida y será convocada este lunes para continuar con el proceso penal. También se investigará a los miembros de mesa para determinar si tuvieron participación en la firma de las papeletas.

Asimismo, explicó que los 18 detenidos fueron aprehendidos en flagrancia; pero que en comparación al reporte de la Policía Nacional, que habla de 24 detenidos, aclaró que algunos de ellos contaban con órdenes de captura por hechos anteriores y fueron identificados en los locales de votación y que no tienen que ver con delitos electorales.

Entre los elementos incautados durante los procedimientos figuran celulares, papeletas y cédulas de identidad. Las personas detenidas deben ser puestas a disposición del juez penal de garantías dentro del plazo establecido de 24 horas.

Siga informado con: La Justicia Electoral destaca el desarrollo del servicio de “Voto en Casa”