La fiscala Carina Seron se encuentra realizando un allanamiento en la zona del barrio Trinidad de Asunción en un inmueble donde fue denunciado el hallazgo de animales muertos en una fosa. Al lado de la propiedad allanada funciona una veterinaria. La denuncia fue formulada por vecinos, debido al fuerte olor que persiste en el sitio.
Tras el operativo, la fiscala interviniente deberá analizar si corresponde formular alguna imputación contra el propietario del inmueble en cuestión. Para ello, primero deberá convocar a una audiencia indagatoria y luego tomar la decisión de acuerdo a lo que amerite el caso.
Según la denuncia, en una fosa común y en total estado de descomposición se encontraban los animales muertos. Según se maneja la información, seis hombres estaban trabajando en la propiedad allanada.
Estos sujetos estaban vestidos con botas, y portaban palas en sus manos, aparentemente tenían polvo blanco que podría tratarse de cal para poder cubrir los animales muertos y evitar de esta manera malos olores.
Un grupo de protectores de animales también acompaña a la comitiva fiscal en el procedimiento. Igualmente varias autoridades municipales estuvieron en la intervención del Ministerio Público. Además no se descarta que la Municipalidad de Asunción intervenga en el hecho. La denuncia se dio a conocer ayer mediante las redes sociales, incluso circulan videos en los que se pueden observar a los animales en el interior de la fosa.
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Caso ueno bank: allanan la empresa itti del Grupo Vázquez
El Ministerio Público, que investiga a los directivos de la firma ueno bank, allanó la sede corporativa del Grupo Vázquez, ubicada en un conocido edificio de Asunción. Una de las empresas intervenidas es itti. El procedimiento fue acompañado por el comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, y estuvo encabezado por los fiscales Manuel Doldán, Jorge Arce y Francisco Cabrera.
Los intervinientes encontraron desmanteladas las oficinas de itti, sin embargo lograron incautar algunos equipos informáticos que permanecían en el lugar. Igualmente la Fiscalía volvió a allanar la casa de Miguel Vázquez.
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Pedido de informes
En el marco de la investigación relacionada con presuntas irregularidades financieras en ueno bank S. A., la agente fiscal Yeimy Adle, integrante del equipo de trabajo conformado para la causa, solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) información financiera y societaria correspondiente a 27 personas físicas imputadas y 20 personas jurídicas.
La solicitud fue solicitada este jueves, mediante una nota fiscal dirigida a la ministra secretaria ejecutiva de la Seprelad, Liliana Alcaraz, en el marco de la causa n.º 89/2026, por presuntos hechos punibles de lesión de confianza y otros.
La solicitud comprende información relacionada con personas vinculadas a la administración de la entidad bancaria y a distintas sociedades mencionadas en la investigación, entre ellas Mowi S. A., Grupo Hendy S. A., Grupo M S. A., Tuiu S. A., Franede S. A., Aime S. A. Corredores de Seguros, Vinanzas S. A., ITTI S. A. E. C. A. y otras empresas.
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Ministro de Salud visitó el hospital materno infantil de Trinidad y prometió mejoras
El ministro de Salud, Isaías Fretes, visitó este domingo el Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad de Asunción, donde realizó un recorrido por los diferentes servicios para evaluar las necesidades y dialogar con los equipos de salud. Estuvo acompañado del viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, y el consejero Hassel Jimmy Jiménez.
El ministro y comitiva se interiorizaron del área de Admisión, donde se aplica el sistema HIS y un llamador inteligente; asimismo, urgencias, urgencia ginecológica, el área de REA y el estar médico. También verificaron el lactario, el Banco de Leche Humana, radiología y mamografía, laboratorio, consultorios y el comedor de funcionarios, informaron desde la cartera sanitaria.
Las autoridades de la institución informaron que en el área de internación de ginecoobstetricia disponen de 15 camas y en terapia neonatal cuentan con nueve camas y posibilidades de ampliación.
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El hospital cuenta con cirujanos pediátricos y recibe recién nacidos derivados del interior del país que requieren atención quirúrgica, como parte de su labor especializada en salud materno infantil.
En cuanto a las condiciones laborales, el ministro asumió el compromiso de mejorar los espacios destinados al personal de cocina y servicios generales.
Al concluir el recorrido, Fretes valoró los avances observados y destacó que la tecnología debe estar acompañada por una atención clínica cercana al paciente. “Por encima de toda la tecnología, la clínica es imperativa”, expresó, al remarcar el valor del humanismo en la relación entre el médico y el paciente.
El ministro también subrayó la importancia de informar a la ciudadanía sobre los servicios disponibles y el uso de los recursos públicos. “Mi norte y mi guía es dar a conocer al pueblo lo que se hace con su dinero”, afirmó.
La visita permitió reconocer las capacidades del Hospital Santísima Trinidad y abordar necesidades relacionadas con el personal y los espacios de trabajo, con énfasis en fortalecer una atención oportuna, especializada y humanizada.
Según datos del Ministerio de Salud correspondientes a setiembre, el Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad registró 10.580 atenciones: 6.553 consultas externas y 4.027 consultas de urgencias.
La atención ambulatoria incluyó especialidades como ginecología, hematología, cardiología, neumología, dermatología, neurología, gastroenterología y psicología. En el mismo periodo se reportaron 1.772 estudios en el servicio de diagnóstico y se realizaron 80 procedimientos quirúrgicos.
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Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.
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Senad anula foco de drogas y desarmadero clandestino de motos en Asunción
Agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), anularon un concurrido foco de distribución de drogas en Asunción, en el lugar capturaron a un hombre y descubrieron un desarmadero de motos. Además, se incautaron una balanza de precisión, dosis de sustancias ilegales, dinero y herramientas utilizadas para el desguace.
Según el reporte dado por los intervinientes, el allanamiento se desarrolló durante la noche de ayer jueves, en una vivienda ubicada detrás del estadio del club Rubio Ñu en el barrio Trinidad de la capital del país. El procedimiento se hizo tras una serie de denuncias presentada por vecinos de las inmediaciones.
Durante la intervención lograron detener al propietario del lugar identificado como Claudio Oroa Montiel, de 54 años. Además, encontraron a varias personas que se presume serían clientes y que se quedaban en el sitio para fumar, estos en principio fueron retenidos y finalmente liberados.
En el sitio fueron incautados además 421,5 gramos de marihuana y 4,2 gramos de cocaína. Así también, una balanza de precisión, dinero en efectivo en billetes de baja denominación y herramientas. En el procedimiento se pudo constatar que el lugar era utilizado como taller ilegal para desarmar motocicletas robadas y posteriormente ensamblaban otras unidades que eran destinadas para la logística de diversas actividades delictivas en Asunción y del departamento Central.
El procedimiento estuvo encabezo por el fiscal Martín Morínigo, titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y la dirección de Operaciones Urbanas. El detenido y todas las evidencias quedaron bajo custodia del Ministerio Público.
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