Agentes especiales de la Secretaría Nacional de Antidrogas (Senad) apostados en el aeropuerto Silvio Pettirossi lograron sacar de circulación cocaína que tenía como destino Dubái. Así también, se incautó marihuana “vip” que llegó desde Estados Unidos y tenía como destino la ciudad de Ñemby.

Según el reporte dado por los agentes intervinientes, la detección del primer cargamento fue en una encomienda proveniente de Ciudad del Este con destino a Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La droga estaría oculta en un motor de arranque en cuyo interior se pudo encontrar 1.714 gramos de la sustancia.

Horas más tarde, también en el aeropuerto, se detectó otra encomienda de dudosa procedencia que llegó desde Nevada, Estados Unidos, que estaba dirigida a la ciudad de Ñemby. Se hallaron 1.198 gramos de marihuana premium o vip que estaba oculta dentro de un humidificador eléctrico.

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En el primer caso, la cocaína oculta en un autoparte, se pudo constatar que tenía un valor aproximado de 150.000 dólares en Dubái. En tanto que, en la segunda incautación la marihuana vip tendría un costo de 4.000 dólares por kilogramo en la región. al tratarse de una variedad modificada genéticamente.

En ambos casos la apertura de los cargamentos se realizó en la oficina de atención permanente del Palacio de Justicia, de esta forma las autoridades buscan garantizar la seguridad como el rigor del procedimiento. La Senad destacó que cada vez son más sofisticados el método de envío de drogas.

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Ciudad del Este. Agencia Regional:

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), regional Ciudad del Este, y el fiscal Elvio Aguilera Vázquez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico N.º 1 de Alto Paraná, realizaron un operativo en una reserva forestal del distrito de Ñacunday, donde destruyeron seis hectáreas de plantaciones de marihuana durante el fin de semana.

La intervención fue en la colonia Mbareté, en la reserva forestal perteneciente a la empresa Agrotoro SA., al sur del departamento de Alto Paraná.

Durante el procedimiento, fueron destruidas dos parcelas de plantaciones de marihuana en etapa de crecimiento, cada una con una extensión aproximada de tres hectáreas de cultivos ilícitos, según informe de la Fiscalía.

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En el lugar, también desmantelaron un campamento utilizado por quienes estuvieron cultivando, junto con diversos enseres personales.

Asimismo, los agentes hallaron otras evidencias relacionadas con la actividad ilícita, entre ellas una zaranda de fabricación casera, una fumigadora de la marca Jacto, dos máquinas sembradoras, seis trampas caseras, tipo “cazabobo”, y tres municiones sin percutir, de calibre 28.

De acuerdo con el informe oficial, todos los objetos encontrados como evidencias fueron destruidos en el sitio, conforme a disposición fiscal. En el operativo participaron también agentes de fuerzas especiales en apoyo.

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El presidente de la Asociación de Suboficiales Retirados, Carlos Silvero, indicó que se sumarán este miércoles 111 de marzo a la movilización de los docentes en Asunción, en el marco del tratamiento de la reforma de la caja fiscal en la Cámara de Senadores, para custodiar los derechos adquiridos del sector.

“El 99 % de los líderes de las fuerzas públicas, militares y policías decidimos acompañar la manifestación pacífica, el día de mañana, en Asunción y también en otros puntos del país. Vamos a marcar presencia. Nos plantamos en el hecho de mantener nuestros derechos adquiridos”, refirió el representante gremial, este martes, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El pasado 25 de febrero, las fuerzas públicas presentaron a la mesa técnica del Senado, impulsada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto a cargo de Silvio Ovelar, cuatro peticiones específicas para su estudio. En la contrapropuesta peticionaron modificar la edad mínima, la tasa de sustitución, entre otros puntos que fueron aprobados por Díputados.

Los uniformados solicitan a los senadores la incorporación de una cláusula de protección que establezca un período de 10 años para el personal de la Policía Nacional y de 15 años para las Fuerzas Armadas, como base para el reconocimiento de los derechos adquiridos por el personal activo.

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En la contrapropuesta también plantearon que no sean derogados los artículos de la Ley 7280/2024, referente a la reforma de la Policía Nacional, con el objetivo de proteger los beneficios para pensionados y herederos en casos de fallecimiento en actos de servicio, enfrentamientos, incapacidad o accidentes derivados del cumplimiento del deber.

Requieren revertir la versión aprobada por Diputados, que limita a 3 años el beneficio para las pensionadas. Asimismo, propusieron ajustes técnicos en lo relativo a la devolución de aportes con la finalidad de garantizar un sistema más equitativo.

La propuesta consensuada con las organizaciones de la Policía Nacional, los círculos y clubes de las Fuerzas Armadas y suboficiales fija la jubilación en el 100 % para el personal activo que cumpla con 35 años de servicio y 55 años de edad. Para la jubilación extraordinaria plantean que sea a partir de 20 años de aporte, con el 50 % de la jubilación. Aclararon que no se oponen al incremento de los porcentajes de aporte, siempre que se preserve la integridad de los beneficios establecidos.

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El Ejecutivo decidió utilizar las fuerzas públicas de manera con­junta y coordinada para hacer frente a algunos casos de secues­tro y otros tipos de violencia que se dieron en sitios ubicados entre los departamentos de Caaguazú y Canindeyú. La intervención unificada de las fuerzas militares y poli­ciales ayudará a dar más fuerza al opera­tivo y aumentará la seguridad pública en las zonas con problemas.

El propósito es garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y eliminar cualquier tipo de delincuencia que intente romper el bien­estar de la gente que trabaja y quiere pro­gresar mediante su esfuerzo cotidiano.

Se habló de que el que secuestró al ciuda­dano Almir de Brun da Silva sería el grupo armado que en años pasados realizó varios secuestros y crímenes con el fin de ame­drentar al Gobierno y proponer otra con­ducción política. Luego de más de un lustro vuelve a aparecer con la misma siniestra intención de secuestrar, matar y hacer daño a la ciudadanía sin importarles nada más que sus tétricos propósitos criminales con supuesta intención política.

Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que el Consejo de Defensa Nacional (Codena) decidió que intervengan las fuerzas públi­cas para eliminar los problemas de seguri­dad existentes a fin de que vuelva todo a la normalidad.

El titular del Codena, Cibar Benítez, explicó que es necesario que los elemen­tos de las fuerzas militares actúen en forma coordinada con sectores de otras insti­tuciones estatales en las zonas geográfi­cas que están fuera de los departamen­tos en que se estableció anteriormente la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Porque la intención es que las Fuer­zas Armadas hagan su tarea de seguridad donde exista la amenaza. “No podríamos quedarnos como institución nacional atada a unos límites internos territoriales, siendo nosotros una República unitaria. Ahí donde haya amenaza van a estar elementos de las Fuerzas Armadas, limitadas por supuesto y por algo específico”, anunció el directivo de Codena.

El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que se trata de hacer una flexibili­zación del poder de fuego del Estado ante la amenaza que puede existir en el territo­rio nacional. Explicó que la determinación que se ha tomado obedece a una orden del presidente de la República, Santiago Peña, que decidió hacerlo para concretar mayores medidas de seguridad. Por ello se decidió establecer lugares de control de documen­tos de vehículos y de personas, los retenes, para que se pueda sentir la presencia del Estado.

Que el Gobierno se ocupe de poner el máximo de cuidado militar y policial para combatir a los delincuentes que preten­den socavar la tranquilidad de la gente con secuestros y otros delitos es una buena señal. Y una decisión muy oportuna, por­que como país en plena tarea por el creci­miento económico y el bienestar de su gente no debe tolerar a la locura criminal de los que con el secuestro y otros comportamien­tos de gran violencia quieren ir contra el derecho a la vida, la tranquilidad de la ciu­dadanía y la seguridad de las personas.

Nadie, ninguna agrupación, partido político o nucleación cívica puede utilizar la violen­cia para imponer sus puntos de vista o hacer valer sus intenciones. Son actitudes crimi­nales que solo adoptan los delincuentes que, usando algunas ideas poco razonables, quie­ren imponer posiciones cuestionables y pos­turas políticas que ya no funcionan ni para engañar a los más ingenuos.

El Paraguay, en toda su historia, ya ha sufrido bastante por la incursión de crimi­nales disfrazados de gente pacífica que han querido imponer posiciones políticas que solo sirvieron para el fracaso. No se puede soportar el secuestro, el robo, la agresión de cualquier tipo, o la muerte de seres huma­nos para aceptar ciertas posiciones ideoló­gicas o políticas.

El que mata, aunque use la ropa o la ban­dera que se le ocurra, es un asesino. Como el que roba, con el pretexto o la explica­ción que fuere, es un simple ladrón. Ambos merecen el rechazo y el castigo que les corresponde de acuerdo con las disposi­ciones legales. Lo que está mal no se puede aceptar y debe ser rechazado y combatido con energía.

Por ello la ciudadanía tiene que acompañar la postura asumida por el Gobierno nacio­nal contra la delincuencia y la criminali­dad. Lo importante es que se persiga a los que quieren hacer daño y se apoye a quienes procuran el bienestar de las personas.