Una denuncia muy grave se generó contra el agente fiscal de Medio Ambiente del Guairá, Erico Ávalos, quien fue denunciado por su inacción ante un delito ambiental sobre el desvío del río Tebicuarymí. Existen fuertes versiones que el representante del Ministerio Público habría arreglado con el empresario arrocero Javier Chaliol, cuya propiedad fue allanada, pero en vez que avance la investigación, se le designó custodia policial, mencionaron los pobladores que formularon la denuncia.
De acuerdo a los hechos, el citado agente del Ministerio Público había recibido la denuncia de los pobladores de Aguapety sobre el desvío del río Tebicuarymí. Ante esta situación, Ávalos allanó la arrocera, pero al final le designó custodia policial y se fue de vacaciones.
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Según la denuncia de los pobladores, el empresario les había manifestado que nada pueden hacer ya que él arregló todo con el fiscal. Sobre las denuncias realizadas, la concejala municipal Rosana Bogado indicó a los medios locales que es una situación alarmante.
Asimismo, expresó que se acompañó a la comisión vecinal hasta las oficinas del Mades y lograron que el director se haga presente en la zona. “Realmente es muy lamentable el trastorno de todo lo que está ocurriendo”, indicó. De esta forma, el empresario seguirá secando el río Tebicuarymí con garantía del propio ministro del Ambiente, mencionaron los denunciantes.
Los procedimientos que el Mades puede realizar son administrativos y sugerir que se suspendan las actividades, el que debería entrar ahí con todo el peso de la ley es la Fiscalía, pero lastimosamente el fiscal hizo lo que hizo, lamentó. Indicó que ya agotaron todas las instancias y que ahora llegarán hasta la Fiscalía General del Estado.
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Grave denuncia: desaparecen evidencias vinculadas a estafa en el IPS
El gerente de Salud del Instituto de Previsión Social, Dr. Carlos Morínigo presentó este viernes una grave denuncia a las autoridades policiales y fiscales, luego de confirmar que desaparecieron tanto en físico, como los archivos digitales resguardados en una computadora de todos los datos relacionados al esquema de corrupción y estafa vinculados a contratos en el IPS.
Morínigo comentó en comunicación con MegaTv que el hurto de los archivos se registró en la Gerencia de la Salud, por lo que inmediatamente solicitarán una auditoría urgente para deslindar responsabilidades. Mencionó que son 9 las personas con usuarios de acceso y no hay cámaras en esas oficinas. “Esto es de extrema gravedad, los funcionarios de la Gerencia ya están con un temor generalizado, porque si ocurren estas cosas, es porque estamos nadamos en un mar de tiburones”, sentenció.
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Indicó que el hecho grave se detectó en la mañana de este viernes 12 de enero, los documentos desaparecidos tienen que ver con actas, fotocopias de cédula, capturas de pantalla, carpetas, biblioratos y todas las pruebas que se manejaban respecto al caso citado.
“La jefa se percató que las carpetas estaban vacías y que el archivo de su computadora personal también estaba vacío. Hemos hecho la denuncia ya a la comisaría, así como a la asesoría jurídica y la fiscalía va a actuar. Ahora se deberá investigar, no manejo la parte informática, pero seguro Delitos Informáticos se deberá hacer cargo de esto, pero la situación es de extrema gravedad”, expresó.
Morínigo conversó con el responsable de la dirección de Informática, quien le señaló que cada funcionario tiene su propio usuario y que es prácticamente inviolable, pero la situación ahora es que desaparecieron los archivos digitales. Indicó que aparentemente sería difícil volver a recuperar esos archivos pero se estará buscando la forma de recuperarlos.
“Todas las pruebas y evidencias se manejaban escaneando y guardando en archivo digital y físico los documentos, para evitar cualquier tipo de pérdida pero al final se perdieron en ambos casos. Estamos viendo si existen alguna copia de seguridad en alguna otra computadora. Esto se va investigar ahora, no puedo dar por de pronto nombres, todos los funcionarios están colaborando, pero se va investigar a fondo. Sinceramente, uno ya no sabe dónde está trabajando”, lamentó.
“Preparamos té de tilo”
El profesional remarcó que ahora espera que la Fiscalía investigue esto a fondo. “Acá estamos preparando té de tilo, té de menta, y todos los tés que hayan para seguir investigando. La única esperanza que tenemos es que la Fiscalía haga bien su trabajo y venga a descubrir todo lo que se tenga que descubrir, están todas las pruebas dadas. No sé si llamarlo una quema de archivo, pero en realidad esta situación ya asusta”, acotó.
Informó que como medida solicitarán una auditoría forense de todo lo que ocurrió, se están elaborando un informe que se elevará a gabinete y pidiendo que se haga una auditoría e investigación. “Esto no va menguar nuestra lucha de sanear al IPS, pese a quien le pese. Si con este tipo de cosas nos quieren amedrentar, estaremos hasta que nos digan: Pehopá”, expresó.
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Dictarán sentencia contra acusadas por malversación de la asociación de docentes
El tribunal de sentencia integrado por Héctor Fabián Escobar, Federico Rojas y Carlos Hermosilla que juzga a Nélida Huespe y Celina Villalba de Lovera, acusadas por lesión de confianza y apropiación en el caso de la Asociación de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay donde existiría un perjuicio de G. 1.240.971.000 dará a conocer la sentencia de primera instancia.
La audiencia oral prosigue este viernes donde ya los jueces de sentencia van a dar conocer la determinación de primera instancia.
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Durante los alegatos finales el Ministerio Público pidió tres años de cárcel para las dos acusadas en el marco de malversación de fondos. La querella solicitó cuatro años de pena privativa de libertad para Huespe de Peralta y Villalba de Lovera, acusadas por apropiación y lesión de confianza.
Según la acusación del Ministerio Público y la postura de la querella, los hechos atribuidos a las acusadas transcurrieron entre los meses de diciembre del año 2014 y marzo del 2015. Según el relato, las acusadas en carácter de presidente y tesorera de la Asociación, habrían librado cheques contra la cuenta corriente y extracciones de dinero de la caja de ahorro en reiteradas ocasiones hasta el respectivo vaciamiento de las cuentas.
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Denuncia por desvío supera ya los G. 61 mil millones
La contraloría ciudadana de Ciudad del Este presentó una nueva denuncia contra el intendente de dicho municipio, Miguel Prieto, por el supuesto desvío de G. 61.316 millones entre el 2019 al 2023. De acuerdo a lo explicado, el jefe comunal hacía supuestas transferencias a comisiones vecinales de las que no se sabe nada.
“Una vez más decidimos hacer uso de las facultades que nos concede la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal en conocimiento de estos delitos graves contra la administración pública y decidimos presentar otra denuncia, lo de Tía Chela es una propina al lado de esto”, manifestó el abogado Víctor Enriquez, miembro de la mencionada organización.
Producción de documentos públicos de contenido falso, lesión de confianza y asociación criminal son los hechos punibles asignados a Prieto en este caso, según explicó el representante de la contraloría ciudadana en diálogo con el programa “Pase lo que pase”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.
“El modus operandi consistía en conseguir que las comisiones vecinales soliciten las supuestas obras, se emitían los cheques a favor de la comisión, esta a su vez entregaba a la empresa, casi siempre era la misma previamente seleccionada por la municipalidad. En el mismo acto la empresa entregaba la factura y en la misma fecha se entregaba la rendición de cuentas de la obra”, detalló.
Todo el proceso citado se hacía en una misma fecha, según lo que indican los documentos a los que accedió la organización ciudadana y añadieron que es imposible saber si estas obras se hicieron efectivamente porque en las documentaciones no figura el lugar, tampoco el mapa georreferenciado y asimismo, no se cuenta con datos respecto a las supuestas comisiones.
“Solamente aparece en los documentos, ‘empedrado solicitado por X comisión’, sencillamente era para documentar y para poder sustraer fondos de la municipalidad. Nosotros buscamos las obras pero es imposible porque no sabemos la ubicación de esa comisión y tampoco sabemos si estas existen”, lamentó Enriquez.
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Banco de los Zuccolillo, investigado por lavado de dinero, se resiste a proveer información a la Fiscalía
Hace dos semanas se reanudó en Estados Unidos el juicio del FIFAgate, caso en el que se investigó el pago de sobornos, empresas fantasmas, contratos de consultoría falsos entre otros delitos y que derivó en otra investigación al fallecido dirigente deportivo paraguayo Nicolás Leoz, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), institución de la cual presuntamente se desviaron millonarias sumas de dinero. En Paraguay, el caso derivó en una investigación penal por presunto lavado de dinero contra directivos del banco Atlas del Grupo Zuccolillo.
En comunicación con “Así son las cosas”, programa emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el periodista Jorge Torres indicó este miércoles que este caso reflota nuevamente dado que se ha reanudado el juicio en su segunda etapa, donde se juzgarán a dos empresarios, uno de origen argentino y otro mexicano, Hernán López y Carlos Martínez, respectivamente, quienes están involucrados en un esquema de pago de coimas a la Conmebol, cambio de contratos de transmisión de partidos amistosos de la Copa Libertadores y otros eventos futbolísticos.
El caso terminó impactando en nuestro país puesto que desde la misma Conmebol, bajo la administración de Alejandro Domínguez, se denunció la existencia de llamativas operaciones que se dieron bajo la administración de Nicolás Leoz, que saltaron a la luz luego de una auditoría forense que el actual presidente de la entidad deportiva ordenó en 2016 al asumir el cargo.
“Ahí salta lo del fideicomiso con el banco Atlas en condiciones muy extrañas, porque esas operaciones se concretan en febrero del 2016, y es llamativo porque Nicolás Leoz ya tenía encima una prensa negativa, orden de prisión, etcétera”, detalló Torres, conductor del programa “La caja negra”, que dedicó una nota de su emisión de este martes último por Unicanal a esta investigación internacional.
US$ 6 millones en fideicomiso
Leoz realizó dos operaciones fiduciarias con el banco Atlas por un total de US$ 6 millones, entre los documentos presentados por el expresidente de la Conmebol, se alegó un ingreso de US$ 120.000 en concepto de pago para el expresidente de la mencionada institución. Lo llamativo es que al momento en que se concretó la operación, Leoz aún era titular de la Conmebol y que no hay registros de otros expresidentes que perciban un ingreso como tal.
Atlas es señalado por no haber contrastado la validez y la veracidad de los documentos presentados por Leoz, así como también por no haber activado los mecanismos de prevención de lavado de activos. Además, se presume que el banco de los Zuccolillo lavó presuntamente unos US$ 200 millones que habrían sido desviados de la Conmebol.
Devolvieron dinero
Las hijas de Leoz devolvieron a la Conmebol US$ 2 millones por “reparación de daño” a la institución, este hecho fue catalogado como una medida para evitar que todas las empresas de la familia sean incluidas en la investigación por la participación en el esquema de lavado de dinero.
“Hay producción de documentos de contenido falso, fraguaron el perfil de Leoz en el banco, recibieron una fotocopia de un ingreso de US$ 10.000 al mes sin constatar si era cierto. Cómo vas a hacer dos contratos de fideicomiso sin hacer diligencias cuando en ese momento la persona que estaba haciendo el trámite tenía una orden de captura internacional, pedido de extradición y prensa negativa”, señaló Torres, en entrevista para el programa “Así son las cosas” de Universo 970 AM.
Sin avances en Paraguay
Pese a que la investigación en Estados Unidos ha tenido un gran avance y ya se encuentra desarrollando dos de las tres etapas del juicio; en Paraguay, la pesquisa ha tenido prácticamente un nulo avance, puesto que el Ministerio Público se ha topado con trabas al momento de requerir informaciones.
Torres señaló que la Secretaría Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) no ha remitido a la Fiscalía toda la información que fue requerida, así también la Superintendencia de Bancos no ha demostrado gran predisposición y el banco Atlas no ha colaborado con los agentes designados a la causa, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera.
“De los US$ 200 millones, US$ 128 millones se llegaron a recuperar gracias a las diligencias de la justicia norteamericana y suiza, esto porque instituciones y personas afectadas ya reconocieron el hecho para evitar ir al banquillo de los acusados o tener sanción alguna”, señaló el periodista.
Las sanciones de Estados Unidos hacia instituciones financieras contemplan la imposibilidad de volver a realizar operaciones en dicho país, hecho que es perjudicial para cualquier banco del mundo porque lo restringe del uso del dólar. Solamente un banco de Suiza devolvió US$ 32 millones que movió el FIFAgate, esto para evitar ser objeto de sanciones.
“Aparte de que se utilizó al banco Atlas para blindar una parte del dinero de Leoz, porque cuando hace esa operación (el fideicomiso) le estaban embargando todo, está el caso de la Inmobiliaria del Este SA, que también figura en la auditoría forense de la Conmebol. Para lavar dinero que sacaba de la Conmebol, fruto del soborno, compraba propiedades, le entregaba a su amigo Zuccolillo y este a través de la inmobiliaria se encargaba de lotear y le iba depositando a su cuenta”, observó Torres acerca de más operaciones entre Leoz y empresas de los Zuccolillo.
Juicio en Nueva York
Dos exejecutivos del gigante estadounidense Fox y la empresa argentina Full Play se sientan en el banquillo de la justicia en Nueva York, desde el 15 de enero pasado, acusados de corrupción, fraude bancario y lavado de dinero, en el marco del megaescándalo de sobornos en la FIFA que estalló en 2015.
Se trata del mexicano-estadounidense Carlos Martínez y el argentino-estadounidense Hernán López, que trabajaron en la empresa 21st Century Fox y el grupo Full Play, una agencia de marketing deportivo con sede en Buenos Aires (Argentina), y propiedad de los acusados argentinos Hugo y Mariano Jinkis, prófugos de la justicia estadounidense.
La justicia estadounidense alega que entre 2005 y 2015, “los acusados acordaron pagar, pagaron y facilitaron el pago y la ocultación de sobornos anuales y pago de comisiones ilegales” a funcionarios de la Confederación de fútbol de Sudamérica (Conmebol) a cambio de lucrativos contratos de transmisión de partidos amistosos de la Copa Libertadores y otros eventos futbolísticos, y obtener información privilegiada para hacerse con los derechos de transmisión en Estados Unidos de los partidos de los Mundiales de 2018 y 2022.
En la misma causa también está acusado el español Gerard Romy, expresidente de la empresa deportiva Imagina. El 9 de abril de 2020, en plena pandemia de covid, los dos acusados se declararon no culpables y acordaron pagar una fianza de 15 millones dólares cada uno para aguardar el juicio en libertad.
Según el FBI (policía federal), los acusados “corrompieron durante muchos años la gobernanza y los negocios del fútbol internacional con sobornos y comisiones ilegales, y se involucraron en esquemas criminales fraudulentos que causaron un daño significativo al deporte del fútbol”.
“Sus esquemas incluían el uso de empresas fantasma, contratos de consultoría falsos y otros métodos de ocultación para disfrazar los sobornos y los pagos de comisiones ilegales y hacerlos parecer legítimos”. Los cargos conllevan penas máximas de prisión de 20 años por cada delito.
El principal testigo
El principal testigo de la fiscalía, Alejandro Burzaco, aseguró el jueves 19 de enero que tras el revés que sufrió el partido de la entonces presidenta Cristina Fernández en las elecciones legislativas de 2009, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, le llamó para anunciarle la rescisión del contrato de la concesión de los derechos televisivos de los encuentros de la primera división argentino que tenía la empresa Torneos y el grupo Clarín.
“Grondona decidió que este contrato debía acabar para nacionalizar dichos derechos” con el fin de difundir los partidos en la televisión abierta, en una campaña que se denominó “Fútbol para todos”, explicó Alejandro Burzaco a la fiscal Kaitlin Farrell. Y para no perder los derechos sobre el resto de competiciones del fútbol argentino que tenían dichas empresas, “empezamos a pagar al gobierno argentino”, lo que hicieron “de 2011 a 2012″, aseguró Burzaco.
Según el testigo, Grondona le dijo “que estaba obligado a hacerlo” para no poner “en riesgo” su presidencia de la AFA. Burzaco, expresidente de Torneos, aseguró que esta empresa y Clarín denunciaron al entonces jefe del fútbol argentino, fallecido en 2014, por la terminación del contrato.
El miércoles, Burzaco dijo que su empresa T&T Cayman, (25 por ciento propiedad de Torneos y 75 por ciento de Fox Panamerican Sports) había pagado entre 30 y 32 millones de dólares en sobornos a exjecutivos de la Conmebol, entre ellos al propio Grondona, para garantizarse los derechos televisivos de los encuentros de los torneos regionales. Burzaco se declaró culpable en 2015 de corrupción y llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense que incluyó el pago de una multa de al menos 21,6 millones de dólares.
Escándalo de corrupción
Romy está acusado asimismo de conspiración para delinquir por pagar una coima de 3 millones de dólares al exjefe de la Concacaf Jeffrey Webb, a cambio de los derechos de transmisión de partidos de clasificación para los Mundiales de 2018 (Rusia) y 2022 (Catar), según la fiscalía.
El caso forma parte del denominado ‘FIFAgate, el escándalo de corrupción que sacudió a la autoridad del fútbol mundial en 2015, y que le costó el puesto al entonces presidente Sepp Blatter. La justicia estadounidense ha acusado a unas 45 personas y a varias empresas deportivas de más de 90 delitos y de pagar o aceptar más de 200 millones de dólares en sobornos.
De ellos, 27 se declararon culpables -cuatro de ellos han muerto-; otros acusados que se declararon culpables fueron sentenciados, y otros que se declararon culpables aguardan todavía sentencia. Otros dos fueron declarados culpables en un juicio y condenados a diferentes penas.
Asimismo, cuatro empresas se declararon culpables, otras dos alcanzaron acuerdos de procesamiento diferido y otras dos pagaron multas. La adjudicación de las sedes de los Mundiales de 2018 (Rusia) y 2022 (Catar) estuvo marcada por la corrupción, según la justicia estadounidense.
Con información de AFP.