A partir de hoy 3 de enero comienza la feria judicial, que se extenderá hasta el próximo 31 de enero. Desde la Corte Suprema de Justicia se garantiza la atención al público para los servicios básicos durante el receso judicial, que afectará a las circunscripciones judiciales de todo el país. Asimismo, se designó a los jueces que atenderán durante la feria judicial.
Entre los servicios que se garantizarán están los planteamientos que se hagan en el Juzgado en lo Laboral, Tribunal de Apelación, Juzgado de la Niñez y Adolescencia, Justicia Letrada, Defensoría, Liquidación y Sentencia, Juzgado Penal de Garantías y Ejecución Penal. La atención también se mantendrá en las oficinas de Atención Permanente, Legalizaciones, Informaciones y Garantías Constitucionales, respectivamente.
Asimismo, en el ámbito penal, durante el receso judicial solo se podrán analizar los pedidos de revisión de medidas cautelares; es decir, si una persona está privada de su libertad y su defensa ofrece nuevos hechos y elementos dentro del expediente judicial que ameriten estudiar la libertad, dicho pedido será estudiado y resuelto por el juez de feria. También se podrán presentar amparos. En el fuero civil también estarán magistrados que puedan entender las demandas que se promuevan en dicha instancia.
Igualmente, funcionarán normalmente la Dirección General del Registro Público y la Dirección del Registro Automotor. Del mismo modo, se mantendrán las mediadas sanitarias vigentes para el ingreso a la sede judicial de Sajonia así como en las demás circunscripciones judiciales del país.
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La Corte dictamina a favor de crear juzgados especializados en violencia contra la mujer
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), encabezada por Alberto Martínez Simón, dictaminó a favor del proyecto de ley que propone la creación de juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres, ante el aumento de los casos de feminicidio. A la vez, este jueves se desarrolla una audiencia pública en el Congreso Nacional para socializar la iniciativa.
“El feminicidio está creciendo en nuestro país, este proyecto ya lo había presentado en el 2024, pero lamentablemente fue rechazado, y de nuevo lo volví a presentar el pasado 14 de octubre; cuenta con el consenso de 17 instituciones que trabajaron conmigo durante 6 años”, manifestó la senadora y proyectista Lilian Samaniego a los medios de comunicación.
Samaniego acotó: “Fui a solicitarle directamente un dictamen al presidente de la Corte Suprema de Justicia y ayer miércoles ya me lo envió de manera positiva; también ya llegué hasta el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, para hablar y contarle todo lo que habían dicho los jueces de paz sobre el proyecto de ley. Ellos dicen que necesitan la herramienta para dar celeridad a las denuncias reales y desestimar las falsas”.
Agregó que “el fiscal general me escuchó atentamente y me dijo que cuanto antes me enviará su dictamen. Se sabe que hay hombres presos por denuncias falsas, es decir que este proyecto de ley servirá tanto a la mujer como al varón. Cuando una mujer sufre de violencia la justicia debe actuar y nuestro compromiso se debe traducir en hechos, y es por eso que estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para que esto se apruebe cuanto antes”.
La parlamentaria había detallado semanas atrás que entre el 2020 y el 2025 se registró un total de 258 feminicidios, un promedio superior a 40 víctimas por año, y en lo que va del 2026 ya se registraron 21 feminicidios. “A cuantas personas que encuentro en mi camino les pido que se sumen y que firmen este proyecto, ya tengo miles de firmas. Nosotros vamos a pelear por un presupuesto para la instalación de los primeros cinco juzgados en los lugares donde hay mayor cantidad de denuncias: dos en Alto Paraná, dos en Central y uno en Capital”, puntualizó.
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Diputados evalúa dividir la feria judicial en dos periodos de 15 días entre enero y julio
La Cámara de Diputados analiza un proyecto para reestructurar la feria judicial en el país. La propuesta plantea modificar el artículo 362 de la Ley n.º 879/1981, Código de Organización Judicial, para reemplazar los actuales 30 días corridos de receso del mes de enero por dos periodos fraccionados: del 1 al 15 de enero y del 1 al 15 de julio.
Para evaluar su factibilidad formal, se solicitaron dictámenes a las instituciones del sector. La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado José Rodríguez, resolvió requerir informes técnicos y jurídicos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Colegio de Abogados del Paraguay antes de emitir un dictamen definitivo sobre el proyecto.
El fundamento de la iniciativa busca responder a la demanda de celeridad procesal. Según la exposición de motivos, el cambio apunta a modernizar el servicio de justicia y conciliar el descanso de magistrados, funcionarios y auxiliares con la exigencia de garantizar una atención continua, eficiente y oportuna a los litigantes durante todo el año.
Los impulsores enfatizan que la medida no reducirá la extensión de las vacaciones del sector. Los proyectistas sostienen que la modificación mantendrá la duración total del receso en 30 días, pero distribuida de forma más equilibrada a lo largo del periodo judicial para responder mejor a los requerimientos de la ciudadanía.
La propuesta legislativa aún se encuentra en su fase preliminar de estudio institucional. Tras la recepción de las posturas de la Corte Suprema y los gremios de profesionales del derecho, la comisión asesora analizará los argumentos técnicos reunidos antes de someter el texto a la consideración del pleno del órgano legislativo.
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CSJ y Fiscalía General exponen sus necesidades presupuestarias para 2027
La Comisión Bicameral de Presupuesto, encargada de estudiar el proyecto de ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027, recibió ayer lunes, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quienes expusieron las principales prioridades y necesidades presupuestarias de ambas instituciones.
En primer término, Martínez Simón presentó la propuesta presupuestaria de la institución, que establece como meta incrementar en un 5 % la resolución de causas ingresadas a nivel nacional, con el propósito de contribuir a reducir la congestión judicial.
Asimismo, destacó la integración del Registro Unificado Nacional (RUN), en el marco de la Ley N.º 7424/2025, y la necesidad de dar continuidad a la implementación tecnológica y financiera de este sistema, orientado a fortalecer la gestión registral y avanzar en el proceso de transformación digital.
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La propuesta presupuestaria de la CSJ asciende a G. 2.444.386.000.000, equivalentes a aproximadamente USD 428,4 millones. Los recursos se destinarán a servicios personales y no personales, bienes de consumo e insumos, inversión física, servicio de la deuda, transferencias, gastos judiciales y otros conceptos.
En comparación con el presupuesto vigente, la propuesta representa un incremento del 19 %, equivalente a G. 397.642 millones
Ministerio Público
Por su parte, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó la propuesta presupuestaria del Ministerio Público, estructurada en torno a ejes estratégicos vinculados con la eficacia y eficiencia de la gestión institucional, así como con el control de calidad de la gestión fiscal.
Entre los objetivos expuestos, mencionó el fortalecimiento del sistema de gestión fiscal, la promoción de una atención inclusiva y de calidad, y la mitigación de riesgos que puedan afectar el desempeño de la institución.
También señaló la necesidad de ampliar la cobertura de las unidades fiscales penales en los distintos departamentos del país. Según lo expuesto, la cantidad actual de fiscales permitiría cubrir únicamente las necesidades de las agencias de Asunción, Central, Caaguazú, Alto Paraná e Itapúa.
La propuesta del Ministerio Público asciende a G. 1.286.764.270.960 y contempla el financiamiento con recursos del Tesoro y recursos propios. Entre los principales requerimientos figuran la creación de nuevos cargos para el área misional, el apoyo técnico a la gestión fiscal y las áreas de administración financiera y apoyo.
En cuanto a la inversión física, se prevén la adquisición de vehículos, la modernización del laboratorio forense, la ejecución de obras institucionales, la compra de equipos informáticos, la renovación de chalecos antibalas y la adquisición de software especializado, muebles y útiles de oficina.
La Comisión Bicameral de Presupuesto es presidida por la diputada Cristina Villalba e integrada por senadores y diputados. Las reuniones se desarrollan en modalidad presencial y virtual, desde la sala de sesiones de la Cámara de Diputados.
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Fiscales piden protección urgente ante amenazas de Arnaldo Giuzzio
Una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio profirió amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso.
El día de ayer, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, mediante una nota dirigida a la Corte Suprema de Justicia, solicitó la adopción de medidas de seguridad de carácter urgente para los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, luego de amenazas que recibieron por parte del exministro del Interior y extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio, al término de la audiencia del juicio oral que enfrenta por cohecho pasivo agravado.
El gremio calificó lo sucedido en los pasillos de la Corte como un hecho de “suma gravedad institucional” y pidió medidas de protección para los representantes del Ministerio Público que intervienen en la causa “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.
Además, menciona que todo lo sucedido quedó grabado en vídeos que posteriormente fueron difundidos en los medios de comunicación y redes sociales.
El documento señala que, una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio profirió amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso.
En ese contexto, solicita el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas que resten del debate, además de custodia personal para ambos fiscales durante su permanencia en la sede judicial, incluyendo su ingreso, el desarrollo de las audiencias y su retiro del edificio.
El gremio también pidió que las medidas se mantengan mientras persista el riesgo, al considerar que se trata de una medida preventiva ante una amenaza concreta que ya se habría materializado. Además, advirtió que situaciones de amenazas y amedrentamientos durante juicios orales no afectan únicamente a los agentes involucrados, sino que pueden comprometer el normal desarrollo de los procesos penales y el libre ejercicio de la función fiscal, entre otros puntos.
SEPA MÁS
“Vamos a hablar después”
La amenaza contra los agentes fiscales mencionados ocurrió al finalizar la jornada de juicio del lunes 24 de agosto. Una cámara de GEN/Nación Media captó el momento en que Giuzzio increpó a los fiscales, apuntando con el dedo hacia Jorge Arce.
“Vamos a hablar después”, habría manifestado el exministro durante el cruce con los agentes fiscales; previamente, Arce le había pedido concentrarse en su defensa. Los fiscales adelantaron que comunicarán formalmente el episodio al Tribunal de Sentencia, integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, durante la próxima audiencia, prevista para el 1 de setiembre a las 10:30.