Un total de 2.714 divorcios de mutuo consentimiento se presentaron en todas las circunscripciones judiciales de nuestro país, lo que indica que las parejas decidieron iniciar los trámites para separarse sin ningún tipo de inconveniente extramatrimonial. Así revelan los datos proporcionados por la Dirección de Estadística del Poder Judicial.
De acuerdo a los datos obtenidos en los juzgados civiles del departamento Central, es decir en Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capiatá, Lambaré, J.A Saldívar, es donde más juicios de divorcio de mutuo consentimiento se presentaron con un total de 774. Le sigue la circunscripción judicial de capital con 613 juicios presentados durante este año. También en Alto Paraná se promovieron un total de 422 acciones judiciales con relación al divorcio de mutuo acuerdo.
En los juzgados de Itapúa se presentaron 193 juicios, en Caaguazú 171, en Cordillera 116, San Pedro 89, Canindeyú 59, Misiones 54, Concepción y Amambay 42, Caazapá 37, Guairá 32, Presidente Hayes 28, Ñeembucú 23, Paraguarí 16, Alto Paraguay 3 y no registra ningún juicio de divorcio de mutuo consentimiento la circunscripción judicial de Boquerón.
Asimismo, en las mismas sedes judiciales se presentaron un total de 2.486 juicios de divorcio a petición de una de las partes, lo que implica que solo una de las personas inició la acción judicial para poder separarse legalmente. Este tipo de trámite lleva más tiempo en resolver debido a que se considera conflictivo, por lo podría durar varios años el juicio civil.
Podés leer: Defensoría Pública asistió a 67.302 niños, niñas y adolescentes durante este año
Dejanos tu comentario
El exministro Arnaldo Giuzzio enfrenta los últimos días de juicio oral por cohecho pasivo
El juicio oral y público contra el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio Benítez —acusado por cohecho pasivo agravado al recibir presuntamente favores del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua— continúa este martes a partir de las 08:00. Durante la jornada podrían declarar los últimos testigos para posteriormente ingresar a la etapa final de la audiencia oral.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por la jueza Adriana Planás e integrado por Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel, es el encargado de llevar adelante el juzgamiento. Por su parte, los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce son los responsables de presentar las pruebas contra el acusado. Tanto los elementos documentales como los diferentes testimonios han aportado indicios en contra del exministro, por lo que su situación procesal se complica jornada tras jornada.
Te puede interesar: Juez ordena inhibición de bienes y embargo de cuentas de Peña y Carvallo
En las últimas audiencias del proceso, el Tribunal escuchó al testigo número 31, Jorge Medina, quien se desempeñó como director general de Administración y Finanzas de la Policía Nacional hasta septiembre de 2021. Asimismo, semanas atrás declaró el exdirector de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, Victoriano Benítez, cuyo testimonio ratificó la tesis acusatoria de la Fiscalía.
El caso contra el exministro se centra en haber recibido favores de Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien pretendía licitar con el Estado paraguayo a través de una empresa de vehículos blindados y materiales de seguridad. “Confirmó que ese vehículo fue trasladado hasta la firma Black Eagle Group SA y que se realizaron reparaciones; fue lo que él pudo aportar”, indicó la fiscal sobre el rodado de la Senabico que utilizaba el Ministerio del Interior en ese entonces y que fue reparado en la empresa de Marcus Vinicius.
Dejanos tu comentario
Instan a municipios a destinar recursos a escuelas afectadas por las granizadas
Los diputados dieron aprobación a un proyecto de declaración que insta a los gobiernos municipales de todo el país a priorizar la utilización de sus recursos para la reparación urgente de las instituciones educativas públicas dañadas por los recientes eventos climáticos. Fue durante la última sesión plenaria de la institución, el pasado martes.
El documento fue impulsado por el legislador liberal Luis Federico Franco, ante los destrozos ocasionados por el temporal del pasado 3 de octubre, que ocasionó la caída de granizos y fuertes lluvias. El proyectista sostuvo que dicho fenómeno afectó instalaciones edilicias de instituciones educativas de todo el país, comprometiendo la seguridad estructural de las aulas y dejándolas en una situación de alta vulnerabilidad.
“Me preocupan sobremanera las instituciones de enseñanza que fueron golpeadas por la gran granizada. Las aulas quedaron bajo agua, las tejas y maderas quedaron afectadas y hoy las instalaciones son un peligro para los niños que están dando clases”, expresó.
En el documento impulsado se insta a las municipalidades a reorientar con urgencia los fondos previstos en el artículo 13 de la Ley Nº 7264/2024, la cual regula el financiamiento de la infraestructura pública.
La normativa estipula que, como mínimo, el 70 % de los recursos percibidos por las comunas debe ser obligatoriamente destinado a la infraestructura educativa del sector público.
Con esta propuesta, se busca asegurar la adquisición de materiales y la ejecución de obras críticas, centrando los esfuerzos de los intendentes en la recuperación inmediata de los techos de las aulas y otros espacios pedagógicos que quedaron vulnerables.
“Últimamente las evaluaciones internacionales han puesto al Paraguay en los últimos lugares en cuanto al aprendizaje. No podemos perder más días de clases, pero necesitamos contar con aulas seguras para alumnos y docentes, por lo que urge la reparación de estas aulas”, sostuvo el congresista.
Siga informado con: Rubén Ramírez recibe distinción como Mejor Canciller del Hemisferio Occidental
Dejanos tu comentario
Piden de 4 a 12 años de cárcel para equipo médico que atendió a Maradona antes de morir
La fiscalía pidió este jueves entre cuatro y 12 años de prisión para la mayoría de los integrantes del equipo médico que asistió al astro del fútbol Diego Maradona en una internación domiciliaria previa a su muerte en 2020 en Argentina.
El fiscal Patricio Ferrari solicitó penas de 12 años de prisión para el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque; 10 para la coordinadora de la empresa de medicina privada, Nancy Forlini; y ocho para su psiquiatra, Agustina Cosachov. Además, pidió 10 años de inhabilitación profesional para ellos.
Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían llevar a la muerte del futbolista.
“Habiendo previsto el riesgo y aceptándolo, con indiferencia produjeron el resultado”, dijo Ferrari, al comenzar este jueves la etapa de alegatos en el juicio que se ha prolongado por siete meses en la ciudad de San Isidro, al norte de Buenos Aires.
Otros tres integrantes del equipo médico -un psicólogo, un enfermero y su coordinador- fueron acusados de homicidio culposo (no intencional). El fiscal pidió penas de cinco años de prisión para el psicólogo y de cuatro años para los otros dos acusados.
El fiscal señaló que, en su caso, el juicio no probó indiferencia pero sí un “cúmulo de acciones negligentes e imprudentes”. Ferrari se abstuvo de pedir la detención inmediata de los acusados en caso de ser hallados culpables, pero solicitó que no se les permita salir del país.
La fiscalía decidió no presentar cargos contra un séptimo imputado, el médico clínico Pedro Di Spagna. “No lo puedo creer, todavía no caigo”, exclamó Di Spagna a periodistas tras escuchar el pedido de absolución por parte de la fiscalía.
Muerte “evitable”
Los fiscales exhibieron una vez más las fotos de Maradona fallecido. Sus hijas Dalma, Gianinna y Jana, presentes en la sala, rompieron en llanto. “La muerte era evitable y la atención médica fue inadecuada”, dijo el otro fiscal de la causa, Cosme Iribarren.
Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio durante una internación domiciliaria en Tigre, cerca de Buenos Aires.
Más información: Brasil entra en guerra electoral y Lula dispara contra los Bolsonaro
El astro se recuperaba allí de una cirugía exitosa por un hematoma subdural en la cabeza a la que fue sometido el 3 de noviembre de ese año.
“A su suerte”
Según Ferrari, los integrantes del equipo médico “infringieron los deberes a su cargo, ejecutaron acciones contrarias al arte de curar, omitieron todos los actos que debían ejecutar y colocaron a Maradona en una situación de desamparo, librándolo a su suerte”.
“Existió un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que trataban a un paciente vulnerable y complejo”, dijo Ferrari.
Fernando Burlando, abogado de dos de las hijas de Maradona, dijo a periodistas en la puerta del tribunal que los alegatos de los fiscales habían sido “brillantes”.
Los acusados claman inocencia. Tras los alegatos, el abogado de la psiquiatra Cosachov consideró que “no está probado el dolo eventual” en su caso. “Es un punto flojo del alegato de la fiscalía”, dijo a la AFP el defensor Vadim Mischanchuk.
Tras casi 45 audiencias y más de 100 declaraciones entre testigos e imputados, “el núcleo histórico de la imputación ha permanecido intacto”, según el fiscal.
El juicio entró este jueves en su recta final, con el inicio de los alegatos de la fiscalía y de las querellas, que se prevé que duren dos semanas.
- Fuente: AFP
Lea más: Kast da marcha atrás en su reforma de seguridad ante escaso apoyo en Chile
Dejanos tu comentario
Tribunal define este jueves si condena o absuelve al exsenador Hernán Rivas
El Tribunal de Sentencia definirá este jueves si condena o absuelve al exsenador Hernán Rivas, acusado por la presunta producción y uso de documentos públicos de contenido falso para acreditar un título de abogado. La jornada judicial inicia a las 9:30 con los alegatos finales de la abogada defensora, Alba Zaracho; una vez concluida esta etapa, y de no presentarse réplicas fiscales, los jueces ingresarán a un cuarto intermedio para deliberar y emitir su fallo.
Durante la fase final de alegatos, la representación del Ministerio Público sostuvo que el cúmulo probatorio exhibido en el juicio oral demostró de forma contundente la irregularidad del documento. Según los investigadores, los antecedentes académicos consignados en el certificado de estudios y la titulación de Rivas no corresponden a ninguna trayectoria universitaria real ni verificable dentro del sistema de educación superior.
En consecuencia, los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez argumentaron que los ilícitos imputados quedaron plenamente acreditados a lo largo del debate procesal. Por ello, la representación fiscal solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exlegislador, por los hechos punibles de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.
La decisión final sobre el futuro judicial del exsenador estará en manos del colegiado integrado por la jueza María Fernanda García de Zúñiga, en la presidencia, junto a los magistrados Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo. El tribunal deberá valorar las pruebas rendidas para determinar la existencia del delito y expedirse mediante una sentencia condenatoria o la absolución del acusado.