Los jueces de Sentencia Blanca Gorostiaga, Manuel Aguirre y Lourdes Peña tendrán a su cargo juzgar a Gerardo Stadecker, acusado del feminicidio de Sabryna Breuer. El juicio oral y público para el procesado fue fijado para el próximo 30 de marzo del 2022.
El juez penal de Garantías, Mirko Valinotti, había elevado a juicio oral el presente proceso penal admitiendo la acusación del Ministerio Público y la querella adhesiva. El caso se pudo elevar a juicio tras varios años de presentarse varias chicanas por parte de la defensa del acusado.
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Varias pruebas comprometen al acusado
El Ministerio Público sostiene que cuenta con suficientes elementos que probarían la responsabilidad del acusado en el grave hecho. Asimismo, la querella adhesiva, representada por el abogado Rodrigo González Planás, en su momento había criticado las excesivas dilaciones en el presente proceso penal.
El entonces fiscal Yoan Paul López fue quien presentó acusación contra Stadecker. El acta de acusación refiere que el hombre supuestamente le propinó un impacto fuerte y seco de puño con los nudillos en la zona del pecho, a la altura del corazón, a Sabryna Breuer, lo que le produjo un taponamiento cardíaco, que tarda algunos minutos en producir la muerte. La mujer fue encontrada sin signos vitales en su residencia ubicada en el barrio Mburucuyá de Asunción el 17 de diciembre del 2017.
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Unifican causas por secuestros de Edelio y Arlan: juicio para acusada comenzará en abril de 2027
El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado fijó para abril de 2027 el inicio del juicio oral y público unificado para Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, exintegrante del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
La decisión judicial unifica las causas pendientes contra la procesada, optimizando los tiempos procesales para resolver su situación jurídica en un solo litigio.
Ramírez de Ramos enfrenta severos cargos relacionados con su presunta participación en actividades terroristas, apoyo logístico a la banda criminal y otros hechos punibles tipificados dentro de la ley de financiamiento del terrorismo y asociación criminal en el norte del país.
La mujer está acusada por hechos vinculados a los secuestros del suboficial Edelio Morínigo y del joven Arlan Fick.
Aunque inicialmente debía afrontar dos juicios por separado, los fiscales Federico Delfino y Lorenzo Lezcano solicitaron unificar ambos expedientes.
El colegiado dio lugar al pedido, suspendió el juicio previsto por el caso Morínigo y programó el inicio del juzgamiento conjunto para el 19 de abril de 2027. Ramírez de Ramos enfrenta cargos por terrorismo, homicidio doloso, secuestro, toma de rehenes, asociación terrorista y transgresión a la ley de armas. El Tribunal está integrado por los jueces Juan Dávalos, Pablino Barreto e Inés Galarza.
De acuerdo con la acusación, el 2 de abril de 2014, la mujer y otros integrantes del EPP ingresaron a la vivienda de la familia Fick en Paso Tuya, Azotey.
Tras reducir a los miembros de la familia, sustrajeron dinero y alimentos, y secuestraron a Arlan Fick Bremm, por cuya liberación exigieron USD 500.000.
El pago se habría realizado el 10 de abril de ese año. La Fiscalía también la acusa por su presunta participación en el enfrentamiento ocurrido durante la huida del grupo armado, en la que murió el vicesargento Hugo Monges y fueron abatidos los criminales Bernardo Bernal Maíz y Claudelino Silva Cáceres. Arlan permaneció 267 días en cautiverio y fue liberado el 25 de diciembre de 2014 en Yby Yaú.
En relación con Edelio Morínigo, se sostiene que la acusada participó en su secuestro el 5 de julio de 2014 en la estancia María Auxiliadora, en Arroyito, Concepción.
Según la Fiscalía, los miembros del EPP emboscaron a varias personas y se llevaron al suboficial, cuyo paradero continúa siendo desconocido.
Como evidencia clave, el Ministerio Público menciona un video hallado en octubre de 2014 en el que aparecían ambos secuestrados en cautiverio junto a miembros armados de la organización.
La acusada habría sido identificada en las imágenes vistiendo ropa de camuflaje y portando un fusil.
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Crimen en Eusebio Ayala: Fiscalía descarta motivo pasional y cambia carátula a homicidio doloso agravado
La Fiscalía descartó que el crimen registrado en Eusebio Ayala tenga un trasfondo pasional y cambió la carátula de feminicidio a homicidio doloso agravado, confirmó este miércoles la fiscal Norma Salinas en diálogo con medios locales.
Afirmó que la gresca generada durante la fiesta habría desencadenado la posterior “venganza” de los autores. Mencionó que dos hombres ya están imputados y solo falta dar con un involucrado.
De momento, los nombres han sido revelados, pero ambos ya cuentan con orden de captura. Hay un tercer involucrado cuya identidad aún no pudo ser averiguada. “Es la persona que baja del vehículo (al momento del choque). Es la persona que nos falta identificar todavía”, refirió la representante del Ministerio Público.
Los imputados por el crimen de Rebeca son: Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo (28) y Junior Ramón Delvalle Almeida (30), alias “El Polaco”. Son buscados por la Policía y serán investigados por homicidio doloso agravado.Hay un tercer involucrado cuya identidad aún no pudo ser averiguada, según informó la Fiscalía.
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Añadió que, conforme a los avances investigativos y los datos que se fueron recogiendo, descartaron la hipótesis inicial de motivo pasional. “Cambiamos de feminicidio a homicidio doloso agravado, por la forma en que las ejecutaron”, indicó la profesional de justicia a NPY.
En ese contexto, descartó la relación sentimental de ninguna de las dos mujeres con los victimarios y mencionó que los mismos habrían actuado en una especie de desquite a raíz de una pelea registrada durante la jineteada.
“El móvil fue la gresca. Aunque no es justificativo para quitarle la vida a alguien, entendemos que este tipo de pelea no queda de balde”, manifestó la agente fiscal.
Destacó que, mediante el trabajo minucioso del Ministerio Público, lograron identificar a dos de los sospechosos. “Nos falta una identificación. Pero para nosotros es sustancial decir que hemos identificado a las personas”, precisó Salinas.
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Abogado paraguayo confirma condena para autor de feminicidio contra una compatriota en Madrid
El jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid emitió un veredicto condenatorio contra Augusto Marcelino (60), ciudadano dominicano que confesó haber asesinado a su expareja, la paraguaya Diana (29), el 30 de diciembre de 2024 en el distrito de Usera. La acusación particular, liderada por el abogado paraguayo Stephan Jorgensen, logró la declaración de culpabilidad del procesado, quien enfrenta una expectativa de pena de hasta 26 años de cárcel por asesinato y quebrantamiento de la orden de alejamiento.
Al salir de la sede judicial tras ser convocado de urgencia, el profesional paraguayo confirmó el éxito de la primera etapa del juicio. “Acabo de salir del juzgado porque nos llamaron in extremis para leernos el veredicto del jurado; hemos ganado la parte penal”, manifestó Jorgensen. Aunque la condena privativa de libertad ya está firme en el pronunciamiento de la culpabilidad, el tribunal deberá formalizar en los próximos días la sentencia definitiva que establecerá los años exactos de prisión y la prohibición de acercamiento.
En el ámbito civil, la resolución incluirá severas indemnizaciones económicas destinadas a los deudos de la víctima. Se prevé que el fallo obligue al condenado a resarcir con 350.000 euros al hijo de Diana y con 85.000 euros a cada uno de sus padres. Jorgensen aclaró que, una vez notificada la sentencia redactada por los magistrados, la representación legal de la familia iniciará de inmediato las acciones y gestiones correspondientes para hacer efectivo el cobro del resarcimiento.
Paralelamente, la defensa impulsará una demanda de responsabilidad patrimonial contra las instituciones españolas por fallas graves en el sistema de protección. Pese a que Diana había presentado tres denuncias previas por malos tratos y contaba con una orden de alejamiento catalogada de “riesgo extremo” por el Ministerio del Interior, el crimen terminó consumándose. Ante esta vulnerabilidad institucional, la acusación sostendrá que el Estado no brindó las garantías ni los medios de resguardo requeridos para salvar su vida.
El letrado definió esta nueva fase como un “segundo round” estratégico que busca sentar un precedente sobre la tutela judicial efectiva para la comunidad migrante. Jorgensen, quien se formó profesionalmente en España y ejerce en Madrid, destacó la trascendencia del litigio al señalar que es una de las primeras ocasiones en que un profesional paraguayo encabeza una acusación de tanto impacto mediático e institucional dentro del sistema de justicia de ese país.
La resolución representa un avance crucial para los familiares de la compatriota, quienes buscan justicia integral tanto por la vía penal como a través de la reparación de daños. Para la diáspora paraguaya en Europa, el proceso expone la urgencia de revisar y fortalecer los protocolos de seguridad ante la violencia de género, al tiempo que marca un hito en la representación jurídica de la comunidad en el extranjero.
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Defensa de Marset asume narcotráfico, pero alega que no operó en EE.UU.
La defensa del uruguayo Sebastián Marset asumió ante el juez Rossie D. Alston Jr., de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, que es un narcotraficante, sin embargo, negó que el mismo haya participado en cualquier tipo de actividad criminal en territorio estadounidense.
Los abogados alegaron que Marset operaba en países sudamericanos, pero no en los Estados Unidos, por lo que Washington no tiene jurisdicción para juzgar al uruguayo.
El cuestionamiento planteado por la defensa de Marset se da en torno a la jurisdicción para juzgarlo por los hechos, principalmente narcotráfico, bajo la argumentación que todas sus operaciones se dieron fuera del de territorio de los Estados Unidos.
Bajo esta argumentación, el juez federal de Virginia deberá definir si el alcance de la jurisdicción de los Estados Unidos sobre Marset.
En este sentido, el juez estableció un plazo hasta el 12 de octubre presente sus argumentos y el pronunciamiento del magistrado se dará antes del 6 de noviembre, mientras que el inicio del juzgamiento está previsto para inicios del 2027.
Sebastián Marset es acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por delitos vinculados con el lavado de dinero y tráfico de drogas, luego fue incorporado la acusación de cargos relacionados al narcoterrorismo.
Los abogados de defensa apuntan a la desestimación de estos cargos, cuestionando las pruebas que fueron obtenidas luego de la captura del uruguayo en Bolivia, y posteriormente trasladado a los EE. UU.
De acuerdo con el reporte de medios internacionales, el abogado Robert Feitel, uno de los que conforma la parte defensora, señaló durante esta última audiencia que su cliente no niega haber realizado estos hechos ilícitos que se los atribuye, pero que los mismos no se dieron en la jurisdicción norteamericana, sino en los países sudamericanos, como Bolivia.
La defensa argumentó que Marset “evitó cuidadosamente” realizar sus operaciones de tráfico de drogas que involucren directamente a los Estados Unidos y el Gobierno.
Argumentos de la defensa
Por otra parte, también el abogado Feitel prestó su cuestionamiento sobre las conexiones de Marset con las organizaciones declarada como grupos terroristas por el Gobierno estadounidense, como el Clan del Golfo de Colombia y el Primer Comando de Capital (PCC) de Brasil, ya que estas declaraciones se dieron después de los hechos investigados.
En cuanto al movimiento bancario, el cual se incluye en la acusación de lavado de dinero, la defensa señala que “una transferencia bancaria utilizada como base de la acusación sea suficiente para establecer jurisdicción estadounidense”, esto de acuerdo a las publicaciones de medios internacionales. Como respaldo de este argumento, se presentó como testigo a un exfuncionario del Departamento del Tesoro especializado en inteligencia financiera.