El juicio oral y público por la querella presentada por la exviceministra de Tributación Marta González contra la directora del diario Abc Color Natalia Zuccolillo y el periodista Juan Carlos Lezcano se suspendió porque el expediente está en la Cámara de Apelación por la chicana presentada por la defensa de la querellada, que apeló el acto de apertura a juicio cuando que se sabe que dicha determinación es irrecurrible. Ahora el Tribunal de Apelación deberá destrabar el presente caso para que se pueda realizar la audiencia oral.
Por su parte el abogado querellante Jacinto Santa María manifestó que “una vez más los querellados se burlaron de la justicia, violando la ley porque apelaron una resolución irrecurrible, reconociendo descaradamente que lo era; con la evidente intención de conseguir lo que hoy nuevamente lograron, suspender el juicio oral en ésta nueva causa, tal y como lo vienen haciendo recurrentemente desde hace más de dos años en el expediente de nuestra primera querella, hoy varado en la Sala Penal de la Corte Suprema”.
Agregó “lo más llamativo fue que hoy los acusados ni siquiera se tomaron la molestia de concurrir al Palacio de Justicia, estando obligados a hacerlo; ya que la citación judicial no había sido impugnada; y tampoco fue revocada por el Juzgado; persistiendo en consecuencia el deber de concurrir a dar la cara, como nosotros sí lo hicimos”, señaló el profesional.
Santa María indicó que “alguna vez tiene que terminar esta especie de frenesí chicanero al que nos tienen acostumbrados los acusados y sus abogados Yódice y Coll”. Así también, sostuvo que no se cansarán de de enfrentarlos y de dejarlos en evidencia “hasta que dejen de huir y se sometan a la justicia como corresponde”.
Dos querellas más
A esta acción judicial se sumaron posteriormente otras dos querellas por calumnia y difamación promovidas por la exviceministra y su abogado, contra los mismos acusados; al comprobarse la falsedad de otras acusaciones sobre cuestiones de orden privado que nada tienen que ver con la función pública, ni con el interés público, publicadas reiteradamente por los querellados en el diario Abc Color.
Primera querella
La exviceministra de Tributación Marta González Ayala querelló a la directora de Abc Color y al periodista Juan Carlos Lezcano en setiembre de 2019 luego de que el resultado de una investigación de 5 meses de duración haya comprobado que no existieron las irregularidades administrativas que el diario adjudicó falsamente a la extitular de la SET.
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Una chicana tras otra: Wiens presentó cinco recursos en menos de 64 horas para frenar el caso Metrobús
La defensa del exministro abdista Arnoldo Wiens presentó cinco escritos distintos en menos de 64 horas, con recursos, nulidades y recusaciones que apuntan a frenar, anular o modificar el rumbo del proceso en la causa del Metrobús. El propio Tribunal de Apelación atribuyó a uno de los planteamientos una finalidad “dilatoria”.
La causa Metrobús atraviesa una intensa sucesión de incidentes procesales desde que la Fiscalía cerró su investigación contra Arnoldo Wiens y solicitó llevarlo a juicio oral.
En menos de 64 horas, la defensa presentó cinco escritos distintos que abrieron nuevos frentes dentro del expediente: una apelación por prescripción, un recurso extraordinario de casación ante la Corte, otra apelación contra el rechazo de una recusación, una recusación contra tres camaristas y, finalmente, un incidente de nulidad absoluta contra la acusación fiscal.
Los propios registros electrónicos reflejan la velocidad de la secuencia. El 21 de agosto, a las 15:57, fue registrada la apelación contra el A.I. N.º 264, que rechazó el planteamiento de prescripción. Apenas ocho minutos después, a las 16:05, ingresó otro escrito: el recurso extraordinario de casación contra el A.I. N.º 113.
Ese mismo día, a las 20:43, fue registrada la apelación contra el A.I. N.º 119, dictado el 21 de agosto. Menos de 18 horas después, el 22 de agosto a las 14:31, se presentó la recusación contra los tres integrantes del Tribunal de Apelación. Finalmente, el 24 de agosto, a las 07:00, se sumó el incidente de nulidad absoluta contra la acusación fiscal.
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La prescripción, primer frente
Uno de los principales planteamientos de la defensa apunta a extinguir la causa por prescripción y obtener el sobreseimiento definitivo de Wiens, sin llegar a discutir el fondo de la acusación.
El juez Humberto Otazú rechazó ese pedido mediante el A.I. N.º 264, del 14 de agosto. Siete días después, el 21 de agosto, la defensa presentó una apelación contra esa decisión y solicitó la nulidad absoluta de la resolución, además de pedir que el Tribunal declare extinguida la acción penal.
La discusión gira en torno a una citación realizada el 4 de octubre de 2023. Para el juzgado, ese acto interrumpió el plazo de prescripción. Sin embargo, la defensa sostiene que aquella convocatoria hacía referencia al caso Metrobús, pero no comunicaba los hechos concretos que posteriormente fueron incluidos en la imputación contra el exministro.
Entre esos hechos figuran la supuesta orden de demolición de las estaciones 19, 20, 21, 22, 23 y 24, además de actuaciones ocurridas entre abril y mayo de 2020.
La defensa sostiene que una referencia general al proyecto no puede mantener vigente, durante años, cualquier acusación que posteriormente se incorpore dentro de la misma carpeta fiscal.
Si el Tribunal acepta esa postura, la causa podría terminar por el transcurso del tiempo, sin llegar a un juicio oral sobre los hechos atribuidos por la Fiscalía.
También buscan anular la acusación fiscal
Mientras planteaba la prescripción, la defensa abrió otro frente para cuestionar la validez de la acusación fiscal presentada el 11 de agosto. El incidente de nulidad absoluta fue registrado el 24 de agosto, 13 días después de la presentación de la acusación y 11 días después de la providencia que la tuvo por recibida.
El juzgado había fijado el 16 de agosto como fecha para la presentación del requerimiento conclusivo. Sin embargo, la Fiscalía presentó su acusación contra Wiens el 11 de agosto y, en esa misma presentación, solicitó la abreviación del plazo.
Dos días después, el 13 de agosto, Otazú tuvo por recibida la acusación y corrió traslado a la defensa sobre el pedido de abreviación. Para los abogados de Wiens, el orden procesal debió ser distinto: primero debía resolverse la modificación de la fecha y, recién después, podía presentarse válidamente la acusación.
Por esa razón, la defensa considera “extemporánea” la acusación, pese a que fue presentada antes del 16 de agosto. El argumento no apunta a una presentación tardía, sino a que, según sostiene, la Fiscalía actuó antes de contar con una decisión judicial que habilitara el cambio del plazo.
Además, cuestiona que al llegar el 16 de agosto la Fiscalía no haya vuelto a presentar el requerimiento y haya dado por válida la acusación ingresada el día 11.
La pretensión de la defensa es que esa situación alcance a la acusación, a la providencia que la tuvo por recibida y a las actuaciones posteriores que dependan de ellas.
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El sobreseimiento de otros también fue apelado
La ofensiva de la defensa también alcanzó la resolución que dispuso el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona y Marta Benítez.
La defensa de Wiens intentó apelar esa decisión, pero el Tribunal declaró inadmisible el recurso mediante el A.I. N.º 113, del 7 de agosto. Dos semanas después, el 21 de agosto a las 16:05, fue registrado electrónicamente el recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, apenas ocho minutos después de la apelación presentada contra el rechazo de la prescripción.
La defensa sostiene que la resolución que desvinculó a Jiménez Gaona y Benítez no se limitó a disponer sus sobreseimientos, sino que incluyó consideraciones sobre la viabilidad del proyecto, la planificación, los pagos y las causas de la paralización, conclusiones que, según argumenta, podrían terminar trasladando la responsabilidad hacia la administración posterior.
En su recurso, la defensa habla de un “giro abrupto” y “selectivo” de la investigación para conducirla hacia Wiens y busca que la Corte vuelva a analizar una discusión que la Cámara ya había cerrado.
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Recusaron al juez y luego a los camaristas
Otro de los frentes abiertos se centra en la integración de los órganos que deben resolver el caso. La defensa recusó al juez Humberto Otazú al sostener que una sucesión de actuaciones había comprometido la apariencia objetiva de imparcialidad del magistrado.
El Tribunal de Apelación rechazó la recusación mediante el A.I. N.º 119, dictado el 21 de agosto. Ese mismo día, a las 20:43, la defensa registró electrónicamente una apelación contra esa decisión.
En la resolución, según el escrito posterior del abogado Sergio Coscia, el Tribunal señaló que la intención de Wiens, bajo su patrocinio, era “al solo efecto dilatorio o lograr el apartamiento del Magistrado”.
La defensa respondió cuestionando esa conclusión y sostuvo que no existía base suficiente para atribuirle una finalidad dilatoria. También afirmó que la expresión afecta profesionalmente al abogado e insistió en que la Cámara no respondió el planteamiento sobre la imparcialidad objetiva.
La secuencia continuó al día siguiente. Después de que Paublino Escobar Garay, Mario Camilo Torres Leguizamón y José Waldir Servín Bernal rechazaran apartar a Otazú, Coscia presentó una recusación contra los tres integrantes del Tribunal de Apelación.
El escrito fue registrado el 22 de agosto a las 14:31, menos de 18 horas después de la apelación contra el rechazo de la recusación del juez.
La defensa sostiene que, luego de calificar uno de sus planteamientos como destinado a dilatar el proceso, los magistrados ya no ofrecerían la apariencia de neutralidad necesaria para estudiar los próximos recursos de Wiens. También invoca, de manera subsidiaria, una causal vinculada con enemistad, odio o resentimiento.
Cinco escritos en poco más de 63 horas
Cada una de estas herramientas forma parte de los mecanismos previstos dentro del proceso penal y cada planteamiento deberá ser analizado por los órganos competentes. El derecho a la defensa contempla la posibilidad de recurrir resoluciones, plantear nulidades y promover recusaciones cuando existan fundamentos.
Sin embargo, la particularidad de esta etapa del caso Metrobús radica en la acumulación y la concentración temporal de los incidentes.
Entre las 15:57 del 21 de agosto y las 07:00 del 24 de agosto, los registros electrónicos consignan cinco presentaciones distintas: la apelación por prescripción, la casación relacionada con el sobreseimiento de Jiménez Gaona y Benítez, la apelación contra el rechazo de la recusación de Otazú, la recusación contra los tres camaristas y el incidente de nulidad contra la acusación fiscal.
La secuencia también fue objeto de observación por parte del propio Tribunal de Apelación, que dejó constancia, respecto de una de las recusaciones, de que la intención sería “al solo efecto dilatorio o lograr el apartamiento del Magistrado”.
Wiens y su defensa rechazan esa conclusión. Tras esa afirmación, presentaron una nueva apelación y posteriormente recusaron a los magistrados que integraban el Tribunal.
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Mientras tanto, el fondo del caso continúa pendiente. La Fiscalía busca llevar a juicio las decisiones adoptadas durante la gestión de Wiens en el proyecto Metrobús, mientras que la defensa intenta, a través de distintos planteamientos, extinguir la causa por prescripción, anular la acusación fiscal, reabrir decisiones relacionadas con otros imputados y cuestionar a los magistrados que intervienen en el proceso.
Ahora corresponderá a la Justicia resolver si cada uno de estos recursos tiene sustento. Pero, antes de que la causa pueda avanzar hacia el juicio oral, el expediente deberá atravesar esta sucesión de apelaciones, nulidades y recusaciones promovidas por la defensa del exministro.
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Exviceministro afirma que recibió la orden de Giuzzio de negociar con narco brasileño
El exviceministro de Seguridad Interna, Pablo Ríos, afirmó este miércoles ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que recibió la orden por parte del exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, de negociar con el narcotraficante brasileño, Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, el blindaje de patrulleras pertenecientes a la Policía Nacional.
Las afirmaciones del comisario retirado surgieron en el marco del juicio oral y público que enfrenta el exfuncionario abdista por el hecho punible de cohecho pasivo agravado. “Ríos acabó de confirmar y ratificar que recibió la instrucción y la orden del entonces ministro Arnaldo Giuzzio para que sea él quien tenga una conversación directa con Marcus Vinicius sobre el blindaje de patrulleras, básicamente este testimonio complica aún más su situación procesal”, indicó el periodista de Nación Media, Aldo Ynsfrán, en una comunicación con el programa “Arriba hoy”.
Detalló que Ríos también mencionó que la firma Ombú S. A., propiedad de Marcus Vinicius, y a través de su gerente Gilberto Enciso, llegó a presentar por nota al Ministerio del Interior un presupuesto para el blindaje de las patrulleras. “Dicho presupuesto fue recepcionado por el propio Ríos quien le entregó al entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio”, dijo Ynsfrán.
Antecedentes
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.
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Exejecutivo de Ombú SA confirma reuniones de Giuzzio y Marcus Vinicius en sede policial
En el marco del juicio oral y público que enfrenta Arnaldo Giuzzio, este miércoles prestó su declaración ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, Adolfo D’Ecclesiis, quien confirmó que el exministro abdista y Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua compartieron una prueba balística de material proveído por la empresa del brasileño, en la Agrupación FOPE de la Policía Nacional, en el barrio Tacumbú de Asunción, el 10 de diciembre de 2021.
D’Ecclesiis se desempeñaba en el cargo de ejecutivo comercial y vendedor en la empresa Ombú S.A, propiedad de Marcus Vinicius. Durante su declaración testifical detalló que los encuentros contaron con la presencia de Gilberto Enciso, gerente de la firma.
Detalló que previo al encuentro en la FOPE se concretó una reunión en la que hablaron sobre reparaciones de camionetas del Estado. Agregó que, además de servicios de blindados para vehículos, mencionaron a Giuzzio que también podrían confeccionar chalecos antibalas, dentro del portafolio de servicios de la firma.
D’Ecclesiis señaló que la coordinación de reuniones con Giuzzio fueron mediante mensajes de texto y que brindaban los servicios mediante las concesionarias y que no trabajaban directamente con el sector público.
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Antecedentes
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.
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Ratifican suspensión de fusión de bancos Atlas y Familiar
La resolución judicial de segunda instancia lleva la firma de Linneo Ynsfrán, Estebán Kriskovich y Antonia López.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de Asunción, integrada por Linneo Ynsfrán, Esteban Kriskovich y Antonia López, ratificó la medida cautelar que mantiene suspendida la fusión entre los bancos Atlas SA y Familiar SAECA. La resolución también ratifica la orden dirigida al Banco Central del Paraguay (BCP) para que se abstenga de aprobar la puesta en producción de la fusión hasta que se descarte la existencia de probables violaciones a los derechos de propiedad intelectual de ITTI sobre el software ITGF, utilizado por banco Atlas.
El colegiado sostuvo que la medida cautelar tiene un alcance material, funcional y temporal definido, ya que busca proteger exclusivamente la eventual utilización no autorizada del software. Agregó que permanecerá vigente mientras subsista el riesgo que motivó su dictado y cesará una vez que se compruebe técnicamente que dicho riesgo ya no existe.
“La verosimilitud del derecho no se sustenta solamente en la titularidad del software, sino también en los límites de la licencia, la intervención de un tercero no licenciatario, la fusión y la migración tecnológica reconocida; el peligro en la demora deriva de la posibilidad de consolidación de una utilización no autorizada antes de la comprobación técnica; y la contracautela aceptada resulta, en el estado actual de las actuaciones, suficiente dentro del margen prudencial conferido al juzgador”, señala el voto de los camaristas.
En el mes de octubre de 2025, el juez en lo civil y comercial de Asunción, Juan Francisco Blanco, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la firma ITTI SAECA e ITTI USA, LLC y ordenó la paralización de la fusión entre los bancos Atlas y Familiar hasta que se determine, mediante pericias, que no se afectan los derechos de propiedad intelectual de ITTI en su calidad de licenciante del software ITGF.
Al hacer lugar la Justicia a la medida cautelar, se ordenó al Banco Central del Paraguay (BCP) que “se abstenga de pronunciarse respecto del proceso de fusión por consolidación entre banco Atlas SA y banco Familiar, que involucra la puesta en producción del nuevo core bancario de las entidades fusionadas, hasta tanto se determine, a través de pericias técnicas, que este no afecta los derechos de propiedad intelectual de ITTI en su calidad de autor y licenciante”.