El recorte presupuestario que sufrió el Ministerio Público por parte del Senado y que ronda los G. 22 mil millones generó molestias en las diferentes asociaciones de fiscales de la institución. La decisión terminará afectando finalmente a la ciudadanía porque se cerra­rían varias sedes fiscales. El Minis­terio Público sufrió recortes en su presupuesto los últimos 5 años por valor de G. 80 mil millones.

Un comunicado emitido por el Frente Unido, grupo integrado por varios gremios fiscales, “rechaza de forma categórica y contundente el agravio a nuestra institución, el manoseo continuo de la clase política en general”, dice parte del documento para la opinión pública.

Las asociaciones que componen el mencionado Frente Unido están conformadas por funcionarios contratados y permanentes, entre los cuales se menciona a peritos, médicos y psicólogos forenses, técnicos, asistentes fiscales, trabajadores sociales y agentes del Ministerio Público, quienes en el comunicado hecho público presentaron algunos pedidos a la doctora Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado.

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Los profesionales piden no obligar a los funcionarios a participar del Operativo Caacupé ni tampoco de otros, puesto que estos se realizan de manera solidaria y sin recursos.

Regreso de comisionado

Además pidieron que los cerca de 200 compañeros que se encuentran comisionados en diferentes instituciones a lo largo y ancho del país retornen a sus respectivos puestos de manera de “aplacar” la gran carga laboral generada y además solicitan una profunda reorganización de toda la institución a fin de ordenar gastos y necesidades financieras.

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Instaron a denunciar toda injerencia política en el trabajo del Ministerio Público y a promover la lucha contra el uso irregular de recursos del Estado, algo que debe ser tomado como prioridad y, para el efecto, los gremios asociados al Frente Unido instalarán una oficina de monitoreo interno de anticorrupción.

Duro golpe

La Fiscalía General del Estado sufrió un duro golpe ante el recorte presupuestario, e incluso se corre el riesgo de no contar con elementos básicos e imprescindibles para el trabajo que realizan como reactivos o pruebas laboratoriales, algo frecuente sobre todo en casos de violencia en contra de menores.

Finalmente, expresaron su apoyo a la labor que Quiñónez viene cumpliendo al frente de la institución y consideraron un castigo hacia su trabajo y su profesionalidad por parte de la clase política.

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