El exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y su esposa María Selva Morínigo enfrentarán juicio oral y público por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Foto: Gentileza.
Confirman juicio oral y público para exfiscal general Javier Díaz Verón y su esposa
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La Cámara de Apelación conformada por los jueces Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández ratificó la elevación a juicio oral y público del proceso penal por enriquecimiento ilícito que enfrenta el exfiscal general del Estado, Francisco Díaz Verón, y su esposa María Selva Morínigo, acusada por lavado de dinero.
Ahora será un tribunal de sentencia el que tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la diligencia judicial para la pareja Díaz Verón-Morínigo. El 19 de agosto pasado, el juez Julián López resolvió elevar la presente causa a juicio oral.
La acusación del Ministerio Público señala que los hechos atribuidos al exfiscal general, en su calidad de funcionario público, consisten en la adquisición con posterioridad al inicio de su función de inmuebles, ganados, rodados e inversiones en empresas.
El fiscal Osmar Legal, en fecha 13 de agosto del 2019, presentó acusación contra Díaz Verón por enriquecimiento ilícito. Mismo pedido también se solicitó para Morínigo, esposa del extitular del Ministerio Público. La Fiscalía señala que cuenta con suficientes elementos para que el caso se pueda discutir en un juicio oral.
Díaz Verón guarda reclusión domiciliaria, estuvo varios meses con prisión preventiva en la Cárcel Militar de Viñas Cué y en Tacumbú. Mientras que su esposa María Selva Morínigo está procesada por lavado de dinero.
De acuerdo a la carpeta fiscal, entre el 2014 y el 2016, Díaz Verón acumuló una fortuna de G. 1.147.058.591 que no se justificaban con sus ingresos económicos. El exfiscal se expone hasta a 10 años de cárcel por el delito mencionado.
Juicio de Giuzzio: Fiscalía inició exposición de chats del exministro con Marcus Vinicius
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El Ministerio Público representado por la fiscal Verónica Valdez, produjo este martes varias pruebas documentales que guardan relación al intercambio de mensajes entre el exministro abdista Arnaldo Giuzzio y el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
El juicio oral y público contra el extitular del Interior, acusado por el hecho punible de cohecho pasivo agravado por presuntos vínculos con el empresario que se encuentra detenido en Brasil, será retomado el próximo 5 de junio a las 10:00.
La postergación del enjuiciamiento surgió teniendo en cuenta que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por Adriana Planás e integrado por Matías Garcete y Yolanda Morel, contaba con otro juicio agendado en la fecha.
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.
El pleno de la Corte ratificó que el síndico de Quiebras, Bernardino Caballero, cumplió con todos los requisitos para ser confirmado en el cargo por un periodo más. Foto: Gentileza
Corte confirma juramento del síndico Bernardino Caballero
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El pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó que el síndico de Quiebras, Bernardino Caballero, cumplió con todos los requisitos para ser confirmado en el cargo por un periodo más. Al no presentarse ningún cuestionamiento, se lo citó para este miércoles a fin de que preste el juramento correspondiente.
De esta manera, los ministros de la Corte dejaron en claro que respetaron íntegramente el proceso realizado por el órgano encargado de conformar las ternas. Esta ratificación surge a raíz de una nota presentada por el ministro Manuel Ramírez Candia, quien había solicitado suspender el juramento hasta que se esclareciera el caso durante la sesión de los altos magistrados.
El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, explicó a la ciudadanía que el síndico Caballero reúne y cumple con todos los requisitos para haber sido ternado y, posteriormente, confirmado en el cargo.
Dictamen del Consejo
El Consejo de la Magistratura, a través del dictamen jurídico N° 851/2025, dejó sentado que Bernardino Caballero reúne los requisitos legales para integrar la terna y ser confirmado en la función que desempeña desde hace varios años. El documento fue remitido a la máxima instancia judicial para respaldar su continuidad.
Asimismo, la asesoría del Consejo señaló que, para el cargo de agente síndico, no se requiere única y exclusivamente un título de grado en Ciencias Contables y Administrativas. Esto se desprende del análisis literal del artículo 4° de la Ley N° 4870, que expresa: “Los síndicos adjuntos y agentes síndicos deberán ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta años de edad, poseer título de abogado y un título que acredite su conocimiento de las ciencias contables y administrativas; y haber ejercido la profesión o la magistratura judicial por cinco años como mínimo”.
El Tribunal de Apelación integrado por Paublino Escobar, Camilo Torres y Arnulfo Arias, ratificó la condena de 13 años de cárcel para el senador con permiso Erico Galeano, quien fue encontrado culpable en primera instancia por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal.
La resolución de segunda instancia no hizo lugar a los agravios planteados por la defensa, al considerar que se cumplieron debidamente las normas procesales y penales, sin advertir errores u omisiones que invaliden la sentencia. Agrega que el fallo condenatorio reúne los requisitos formales y se sustenta en una valoración probatoria ajustada a las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia.
Ahora la defensa del parlamentario tendrá la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así, serán los integrantes del máximo tribunal quienes tendrán la última palabra.
El legislador fue sentenciado en marzo de este año tras comprobarse en juicio oral que brindó apoyo operativo a la organización criminal entre los años 2020 y 2021, recibiendo beneficios económicos e invirtiendo G. 10.370 millones en el Club Capiatá, donde integraba la Comisión Directiva. Asimismo, se acreditó que en octubre de 2020 vendió un inmueble en Altos por USD 1 millón en efectivo a Hugo González Ramos, señalado como testaferro de “Tío Rico”, con conocimiento del origen y condiciones de la operación.
Caso Atlas: abogado subraya la rigurosidad de la investigación fiscal por lavado de dinero
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“Acá se trata de la Confederación Sudamericana de Fútbol como víctima reclamando sus derechos. Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos", manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público contra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho procesados por lavado de dinero.
“Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información, no fue fácil porque tuvieron que acceder a varias fuentes. Es muy relevante el pronunciamiento del Ministerio Público y no hay que olvidar que es un caso de lavado de activos y está en juego la imagen del Paraguay de llevar con seriedad una investigación de este tenor, y yo creo que es lo que ocurrió”, afirmó Lovera, este viernes, a la 650 AM.
El requerimiento de juicio oral y público fue realizado ayer jueves por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez. Asimismo, la Fiscalía solicitó el comiso de USD 718.000, que deberá ser embargado de los bienes del banco Atlas.
Claudio Lovera, representante legal la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Foto: Gentileza
El abogado dijo que Zaldívar y los demás implicados, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, entre otros, se exponen a una expectativa de pena de 5 años por lavado de dinero, pero no descartó que en la discusión jurídica pueda elevarse hasta 10 años si se determinan circunstancias especialmente graves durante el juicio oral.
“El siguiente paso de la causa es que el juez Humberto Otazú convoque a una audiencia preliminar, en donde se tiene que analizar en primer lugar la solicitud de juicio oral y público por parte del Ministerio Público, si se cumple con los requisitos y también el planteamiento que puedan hacer las defensas, si entienden otra manera jurídica para resolver el caso", comentó.
Lovera acotó: “El juez tiene un plazo de tres días (para sentar una posición), una vez que la Fiscalía envíe la carpeta fiscal, y tiene que emitir un pronunciamiento que implica, primero colocar a disposición de las partes el resultado de la carpeta fiscal y convocar a una audiencia preliminar en donde se discutirá el cumplimiento o no de los requisitos para elevar a juicio. La próxima semana ya deberíamos tener el pronunciamiento respecto a fecha de audiencia preliminar“, detalló.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019,desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, así como firmó contratos de fideicomisos por valor de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, y otros contratos de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.