La sala penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 6 meses de cárcel, con suspensión de la ejecución de la condena, para el excapitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Rubén Valdez, quien fue sentenciado por haber sometido a sextorsión a una bombera.

El fallo lleva la firma de los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, quienes declararon inadmisible el recurso extraordinario de casación promovido por la defensa del condenado Valdez. La defensa apeló la resolución de segunda instancia que había igualmente ratificado la sentencia condenatoria.

El ministro Luis María Benítez Riera, explicó en su voto que el recurrente no explicó concretamente su escrito y a su vez no se cumplió con las formalidades legales por lo que corresponde declarar inadmisible el recurso. Mientras que el ministro Manuel Ramírez Candia votó por declarar admisible para su estudio el recurso debido a que no reúne los requisitos para poder estudiar el planteamiento de la defensa del condenado.

En su momento, el Ministerio Público formuló acusación contra el entonces capitán Rubén Valdez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), y sostuvo que contaba con elementos para afirmar que hubo grabación y difusión de imágenes íntimas sin conocimiento ni consentimiento de la afectada. El presente caso señala que el acusado presuntamente le había obligado a la mujer a realizar actos sexuales en presencia de otras mujeres, amenazándola con publicar sus videos si no accedía a las exigencias realizadas, luego le hizo otra propuesta que involucraba a otra mujer.

La denunciante, estando en la casa del acusado, se percató de que el mismo tenía guardados en soporte magnético, como ser computadora, pendrive y CD, todas las filmaciones y fotografías de actos íntimos con la misma y con otras mujeres. Según la investigación fiscal, en octubre del 2019 Valdez grabó actos íntimos con otra mujer en un motel ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora sin conocimiento ni consentimiento de la misma, posteriormente, el 5 de enero pasado, a través de terceras personas, empezaron a circular las imágenes de grabaciones entre amigos y camaradas.

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El juicio oral y público para el excandidato presidencial Paraguayo Cubas se realizará en Asunción. Así lo resolvió un Tribunal de Apelación, que ordenó que el juicio se realice en Asunción.

El tribunal de sentencia, integrado por Cándida Fleitas, Héctor Capurro y Cristian González, decidió que el caso debe ser juzgado en Alto Paraná.

Cubas debe enfrentar juicio oral por los disturbios ocurridos en las inmediaciones del TSJE. Los camaristas revocaron el fallo del Tribunal de Sentencia que había hecho lugar a la excepción de incompetencia.

Según el Tribunal de segunda instancia, cuando se declara la apertura del juicio oral, queda definitivamente “precluida” la posibilidad de controvertir la competencia territorial del Tribunal de Sentencia, tanto por parte de los sujetos procesales como por el propio órgano jurisdiccional.

Por otro lado, los camaristas dejaron sin efecto la decisión del Tribunal de Sentencia que había hecho lugar a un recurso contra la competencia territorial, según la Megacadena.Según el Tribunal de segunda instancia, cuando se declara la apertura del juicio oral, queda definitivamente precluida la posibilidad de controvertir la competencia territorial del Tribunal de Sentencia, tanto por parte de los sujetos procesales como por el propio órgano jurisdiccional (Tribunal). Con esto, enviaron el caso de vuelta a los jueces de Sentencia de Capital.“La resolución que hace lugar a la excepción de incompetencia territorial opuesta por la defensa resulta jurídicamente improcedente, por haber sido dictada en una etapa procesal en la que dicha cuestión ya no podía ser válidamente introducida ni resuelta conforme al ordenamiento procesal vigente”, indica parte del fundamento.

El empresario Enrique Vázquez García declaró en sede del Ministerio Publico en el marco de la investigación penal por los hechos de cohecho pasivo y tráfico de influencias que investiga la Fiscalía sobre Miguel Prieto y varios de sus leales.

Vázquez García fue contundente ante los fiscales Silvio Corbeta y Verónica Valdez y ratificó que los audios dados a conocer a la opinión pública sobre la coima que se tuvo que pagar por la adjudicación de la Costanera Ñane Renda de Ciudad del Este. Asimismo, mencionó cómo operaban los leales del actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, para poder cobrar el resto de la coima por la obra que se realizó.

El apoderado de la firma Ñande Ypoty, Vázquez García, fue contundente al declarar sobre su relación con Diego Zárate. “Hice un contrato privado para formar el Consorcio Ñande Ypoty, yo me encargué de la empresa como titular y representante legal, llegué a un acuerdo a través de su unipersonal. El señor Diego Zarate no tenía contacto con la gente de la Municipalidad de Ciudad del Este. La única persona que tuvo contacto con la gente de CDE fui yo, funcionarios, entre otros. Lo que sé y me consta es que el Sr. Diego Marciano Zárate era tío o pariente del actual intendente Luis Yd, de Encarnación”.

Agregó el testigo: “Llegué a conversar pocas veces con el intendente de Ciudad del Este, unas 5o 6 veces, siempre dependía de sus secretarios, sobre temas de logística, tema de obras, planos, problemas con la gente de la Dirección de obras, entre otras cuestiones más respecto a la ejecución de la obra. De cuestión de dinero nunca hablé con él, sino con sus secretarios: Pedro Acuña y Víctor Lugo, y en una sola oportunidad el señor Hugo Benítez, quien fue a buscar una sola vez la plata, junto con los dos precitados”.

Acotó que “el primer pago que le hice a Pedro Acuña y Víctor Lugo, y en una sola oportunidad el señor Hugo Benítez, fue por el solo hecho de adjudicarme con la obra que fue de G. 650 millones y para ello fuimos hasta la ciudad de Encarnación para obtener el dinero, en esa ocasión conseguí un préstamo con Diego Marciano Zárate quien actuó de garante. Él saco la plata, desconozco de dónde, me prestó el dinero, me hizo firmar un pagaré y le di la plata a Pedro Acuña y Víctor Lugo, y Hugo Benítez” refirió Vázquez.

También declaró ante los fiscales que “luego hubo un segundo pago, que corresponde al anticipo de la primera orden de pago, me pidieron G. 550 millones para los concejales, que supuestamente le correspondían G. 50 millones a cada uno, ese dinero solo le entregue al señor Víctor Lugo. Ese cheque correspondía al primer pago por el inicio de la obra, el cual lo cobré en Banco Continental, Avda. km 4 y Lugo me esperó afuera y le entregué el dinero. Víctor Lugo me prometió que iban a dar más obras de las cuales iba tener supuestamente una ganancia, que por el momento no me preocupara. Apenas ni comenzada la obra ya me sacaron en total G. 1.200 millones después me cobraron el 10 % por cada orden de pago”, manifestó el testigo.

Del mismo modo, siguió diciendo Vázquez que “Lugo y Acuña, me sacaban el 10 % de cada certificado de obra, yo me iba al Banco y ellos me esperaban afuera del Banco Continental, y luego les entregaba a ellos ese dinero. Hasta que llegó un momento que no terminé de cobrar la obra, no cobré G. 2.000 millones por la Costanera Nane Renda, es decir, ellos me siguen debiendo”.

En otra parte de la declaración, Vázquez señalo que “justo en ese momento, se dio la filtración de los audios donde yo contaba todo lo que pasé, entonces todos ellos se enojaron conmigo. Todos estos eventos ocurrieron después de la filtración de los audios, el intendente Miguel Prieto en su despacho, haciéndome sacar el celular previamente, me lanzó improperios, me insultó, incluso me agredió físicamente con empujones, me maltrató, me dijo hijo de puta, te voy a reventar, yo estaba sentado frente a él, esa fue la última vez que lo vi”.

Sostuvo que “luego de esos eventos en la Municipalidad dije ya no doy más, me retiré de la obra, ahí me obligaron la contadora María Angélica Orué, Pedro Acuña, Víctor Lugo, entre otros, a firmar un poder a Horacio Daniel Fleitas Branda, quien era conocido de ellos, a quien autoricé mediante poder en nombre del Consorcio Ñande Ypoty a cobrar el resto del dinero, también me obligaron a dar mi factura por el monto total, pero quien terminó cobrando el resto fue el citado apoderado Horacio Daniel Fleitas Branda. En pocas palabras, ellos sí llegaron a efectivizar el dinero quien llegó a cobrar cerca de G.1.100 millones, yo no pude hacerlo porque me vi forzado a firmar el poder a este señor” expresó Vázquez García.

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En la reciente conferencia de prensa de su empresa para explicar la participación en la fallida construcción que terminó desplomándose el pasado 2 de abril en Encarnación, el diputado Carlos Pereira Rieve, conocido hoy como “El mago del sur” por su meteórico ascenso económico, alardeó resultados de un estudio de correspondencia por parte de la Contraloría. Atribuyó el citado estudio a “intereses políticos”, pero en realidad es un análisis que había solicitado el Ministerio Público en el marco de una investigación sobre enriquecimiento ilícito.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Nadie sabe o nadie quiere hablar del tema. Después de aquella condena de un agente de la Senad por pre­sunto pedido de coima en el cual, apareció como víctima en extrañas circunstancias el entonces intendente de Cambyretã, Francisco Javier Pereira Rieve, actual gober­nador y hermano del hoy cali­ficado “Mago del sur”, dipu­tado Carlos Pereira Rieve, el Ministerio Público continuó la pesquisa y al parecer, los roles cambiaron.

Y mientras el hoy diputado Carlos Pereira Rieve, cono­cido “Mago del sur” por su fortuna en tiempo récord, dijo hace unos días a la prensa que tiene en manos un estu­dio de correspondencia con resultados brillantes que le había realizado la Contralo­ría General de la República (CGR), “a pedido de intere­ses políticos”, los documen­tos cuentan otra historia que, raramente se guarda con mucha reserva.

El parlamentario había men­cionado el estudio de corres­pondencia de bienes de la CGR al ser abordado sobre el origen del dinero para inver­siones en dos empresas en tiempo récord. Cabe recordar que el mismo, 6 meses antes de ingresar como concejal departamental de Itapúa, armó junto con otros tres socios una empresa denomi­nada Mega Servicios de Inge­niería SRL con un modesto capital de G. 200 millones.

Según la escritura de cons­titución en su página 5, Car­los Pereira Rieve integró la sociedad con la módica suma de G. 2,5 millones, una note­book, escritorio y silla de oficina, un archivero y algu­nos materiales técnicos que sumados dan G. 50 millo­nes. Esta empresa no figura en la declaración jurada pre­sentada por Pereira Rieve al asumir como concejal depar­tamental, pero lo más llama­tivo es el salto financiero para pasar de unos pocos muebles a una empresa con capital social de G. 6.000 millones en la que de entrada integra­ron G. 4.150 millones.

Precisamente, la empresa hoy valuada en más de USD 2 millones según los entendi­dos en la materia, es la hormi­gonera Mega Concret SA que proveyó el concreto y cargó las losas del edificio caído que, fuera aprobado por la admi­nistración de su aliado polí­tico, Luis Yd en condiciones muy dudosas.

El diputado Pereira Rieve, dijo a la prensa que todo está muy bien justificado en sus finanzas. “Justamente tengo finalizado, concluido, remi­tido por la Contraloría Gene­ral de la República un examen especial de correspondencia hecho sobre mi persona a pedido de intereses políticos que estamos superbién. No se encuentra ninguna irre­gularidad”, había remarcado.

Es cierto que la CGR inició un examen de correspondencia de bienes de los hermanos Pereira Rieve que están en la Función Pública. Es decir, al actual gobernador, su her­mano el diputado y a Gladys Estela Pereira Rieve, secre­taria privada de su hermano en la Gobernación de Itapúa.

El dato no menor y que no con­dice con la versión que brindó el diputado liberal es que el examen de correspondencia que inició la CGR es pedido del Ministerio Público en el marco de una causa abierta caratulada: “Francisco Javier Pereira Rieve S/Enriqueci­miento y otros”, que se man­tiene de manera casi oculta y que data de diciembre de 2022.

El pedido del examen de correspondencia lo había rea­lizado el exfiscal Omar Legal, 4 meses después de que con­denaran a un agente antidro­gas que cayó por denuncia de Francisco Javier Pereira Rieve, entonces intendente de Cambyretã, hoy día gober­nador de Itapúa.

Además del presunto enri­quecimiento ilícito de los hermanos Pereira Rieve, fuentes de la institución hablan de investigaciones que estaban vinculadas al narcotráfico que posible­mente estén relacionadas a los informes de inteligencia recabados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que quedaron en el limbo, cuando el agente antidrogas mordió el anzuelo y acordó un presunto cobro para limpiar el expediente de su investigado Francisco Javier Pereira Rieve. De esta forma, el investigado se convirtió en víctima y denunciante.

El proceso continuó y llegó a la condena del agente anti­drogas, pero nada se sabe de los informes recabados ni el curso de las investigacio­nes que involucraban al hoy gobernador como presunto líder de una organización criminal.

Ante el silencio de las ins­tituciones consultamos al diputado Pereira Rieve sobre la investigación fis­cal por presunto enrique­cimiento ilícito y respon­dió que no está al tanto. “No sé, no tengo ninguna causa sobre eso en la Fiscalía, pero capaz ustedes mane­jan mejor la info”.