El juez penal de Garantías Miguel Palacios dio cumplimiento a la resolución del Tribunal de Apelación que revocó el arresto domiciliario y ordenó la prisión preventiva de Valentín Domínguez, conocido como el abogado “leopardo”, quien volvió a la cárcel de Tacumbú.
El abogado Alfredo Delgado explicó que llama la atención la resolución del Tribunal de Apelación debido a que su representado reúne todos los requisitos para que pueda estar en su domicilio. Asimismo, sostuvo que van a arrimar más garantías para recuperar nuevamente su libertad.
Imputación
El fiscal Marcelo Pecci formuló imputación contra cinco personas por el supuesto hecho punible de detentación, producción de riesgos comunes y resistencia, y solicitó la prisión preventiva de los imputados. Estos portaban presuntamente armas de guerra y fueron aprehendidos tras la denuncia de vecinos del barrio Tacumbú, de la ciudad de Asunción, quienes alertaron sobre los disparos de armas de fuego en la zona.
Los imputados fueron Venancio Valentín Domínguez Morel, abogado “leopardo”; Matías Emmanuel Ojeda Saldívar, Alfredo Fabián Cubilla Martínez, Ángel David Pérez Agüero y Sergio Francia Bernal.
De acuerdo al acta de imputación, el pasado 19 de setiembre del 2021, a las 16:00, aproximadamente, tanto Domínguez como los demás imputados estaban en la vía pública, calle Ursicino Velazco y Pajagua Naranja, en un ámbito geográfico en el que se habrían producido los disparos de arma de fuego.
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Penitenciaría de Minga Guazú: incautan estoques y celulares en módulos de máxima seguridad
Personal de agrupaciones de acciones tácticas de la Policía Nacional llevó a cabo ayer una requisa en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú. Durante la intervención fueron incautados varios elementos prohibidos, entre los que se destaca estoques y teléfonos celulares.
La inspección se centró en los módulos 7 y 8 (planta baja y alta), destinados a reclusos considerados de alta peligrosidad. La misma se realizó con personal del establecimiento penitenciaría y la Jefatura de Seguridad, con el apoyo de agentes del Grupo de Operaciones Tácticas (GEO), efectivos de la Comisaría 8.ª de Minga Guazú y personal de apoyo táctico de la Penitenciaría Regional de Villarrica, informó este jueves el Ministerio de Justicia.
Entre lo requisado se hallaron seis estoques, cinco aparatos celulares, un cargador portátil y cables de conexión, una bombilla, cajas de cigarrillos y dos encendedores; además de una bolsa de polietileno que contenía una sustancia en polvo de color marrón claro que arrojó 43,7 gramos.
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La institución detalló que la sustancia decomisada fue analizada por el Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, arrojando resultado negativo a supuesta cocaína.
La intervención fue liderada por el comisario principal Dario Núñez. El procedimiento fue comunicado al fiscal Especializado en la Lucha contra el Narcotráfico, Manuel Rojas, quien dispuso la entrega de la sustancia analizada a la Policía Nacional para su remisión e inspección en el Laboratorio Forense de la Fiscalía.
El Ministerio de Justicia afirmó que “continuará ejecutando estos operativos de forma periódica, sosteniendo una postura firme de tolerancia cero ante cualquier irregularidad”.
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Gobierno prepara kits de víveres para mantener Hambre Cero ante El Niño
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, señaló que el Gobierno está comenzando a dispersar la alerta y organizar la prevención ante una eventual llegada del fenómeno climático El Niño. Ante esta situación anunció que se prepara un mecanismo para garantizar la continuidad de programa Hambre Cero ante una eventual emergencia.
A fin de ir coordinando los trabajos, el ministro Rojas señaló que junto a sus colegas ministros de Defensa Nacional, Óscar González; el de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja y el viceministro de Niñez y Adolescencia, Eduardo Escobar, acudieron por invitación del Consejo de Gobernadores para una mesa de trabajo para coordinar todas las acciones que se podrían dar ante una eventual emergencia.
En conversación con La Nación/Nación, señaló que si las inundaciones obligan a suspender las clases, ya existe una resolución del Consejo Nacional de Alimentación Escolar para garantizar que, si se declara una emergencia y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dispone la suspensión de clases, la alimentación escolar debe de continuar sin interrupción.
Para ello, señaló que se prevé entregar kits de víveres a los padres para evitar que los niños queden sin alimentación escolar. Destacó además el compromiso que asumieron los gobernadores de cooperar en el esfuerzo de prevenir, pero también de asistir rápidamente a las familias, en donde se den algunas situaciones de riesgo.
Resaltó el gran avance que están teniendo en materia de planificación de la provisión de kits de víveres, para ello, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición está previendo los requisitos técnicos.
“Si se da la emergencia nacional y suspensión oficial de clases por parte del Ministerio de Educación, que la alimentación escolar no sea interrumpida y que sean proveídos a los padres de los kits de víveres para los niños y puedan estos ser alimentados por sus padres”, explicó.
Agregó que en la medida en que el MEC determine que las clases se impartirán a distancia o en la modalidad que decidan; lo concreto es que no se permitirá la suspensión de la alimentación escolar a los niños en caso de que haya algún tipo de impedimento por el fenómeno natural.
Preparación conjunta
Asimismo, el ministro Rojas señaló que el objetivo de este tipo de reuniones que se están llevando adelante es para que estén todas las autoridades departamentales y locales, preparadas para cuando se venga este fenómeno climatológico, de tal modo se pueda prevenir los posibles escenarios teniendo todas las herramientas necesarias.
“Las gobernaciones siempre tienen recursos de gasto sociales cuando se declara emergencia, eso a ellos les facilita indudablemente ejecución de algunos recursos que se les asignan. Es un tema que se viene hablando permanentemente a nivel de Gabinete del presidente Peña y estamos empezando ahora a dispersar un poco más las alertas y la prevención que tenemos que organizar con tiempo”, comentó.
El ministro Rojas explicó que si bien no maneja con precisión el periodo en que se desarrollará este fenómeno climático, hoy escuchó decir al ministro de Defensa, quien sí está manejando estos datos, que en principio se prevén unas lluvias intensas para fin de septiembre, pero que como se viene hablando, la etapa más crítica podría ser en el mes de diciembre, más o menos.
Finalmente resaltó que existe un buen ambiente en el diálogo con los gobernadores de los 17 departamentos del país, resaltando que hoy ratificaron el compromiso para colaborar muy de cerca con las acciones del Gobierno central, obviamente como parte del Poder Ejecutivo en cuanto se dé la necesidad, por lo que pueda ser este fenómeno climático.
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Condenan a 40 años de cárcel a sicarios que asesinaron a hija de exgobernador de Amambay
Un Tribunal de Sentencia condenó a 30 años de cárcel más 10 años de medidas de seguridad, totalizando así 40 años de pena privativa de libertad, a Julio César Centurión Cantaluppi y Diego Alexi Vázquez Martínez, por el cuádruple homicidio ocurrido en octubre de 2021 en Pedro Juan Caballero, donde también fue asesinada Haylee Acevedo, hija del exgobernador de Amambay, Ronald Acevedo.
Asimismo, fue sentenciado a 23 años de cárcel más 6 de medidas de seguridad, sumando un total de 29 años, Derlis Javier López Arce. Los dos primeros fueron encontrados culpables de ejecutar, junto con Edson Vargas (actualmente prófugo), el ataque en el que murieron Haylee Acevedo, su pareja -el presunto narcotraficante Osmar Vicente Álvarez, alias “Bebeto”- y las estudiantes de Medicina Rhannye Jamilly Borges de Oliveira y Kaline Reinoso de Oliveira.
El terrible suceso se registró el 9 de octubre de 2021 y, según el fallo de primera instancia, estuvo relacionado con una disputa de territorio para el tráfico de drogas entre el grupo de Marcio Ariel Sánchez, alias “Aguacate” y “Bebeto”. El colegiado encontró culpables a los procesados por homicidio doloso, asociación criminal, detentación ilegal de armas y lesión grave, esta última respecto a tres víctimas colaterales.
Durante el ataque se realizaron más de 100 disparos con armas largas que también alcanzaron a Bruno Elías Pereira Sánchez, Iris Esiely Molinari Villasboa y a la brasileña Rhafaelli Alves do Nascimento, quienes resultaron heridos.
Los jueces de sentencia Federico Rojas, María Luz Martínez y Dina Marchuck tuvieron en cuenta imágenes de circuito cerrado y declaraciones de agentes policiales. Las grabaciones muestran a las víctimas dentro del vehículo en el momento en que fueron atacadas. El Tribunal concluyó que los condenados formaban parte de la estructura criminal de “Aguacate”, cuyo objetivo incluía la ejecución de personas por encargo (sicariato).
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La hija de Bill Gates queda bajo fuego por un supuesto fraude que podría terminar en prisión
La hija de uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo quedó en el centro de un escándalo que amenaza con convertirse en un serio problema judicial, informó este jueves la agencia RT. Phoebe Gates, hija de Bill Gates, enfrenta cuestionamientos por el funcionamiento de Phia, la startup de compras digitales que cofundó y que habría utilizado mecanismos para atribuirse ventas que, según las acusaciones, no había generado.
El caso cobró una nueva dimensión después de que una investigación de Bloomberg señalara que Gates y su socia, Sophia Kianni, aparentemente conocían desde hacía varios meses determinadas funciones del software que permitían colocar automáticamente cookies de seguimiento y reclamar comisiones por operaciones realizadas en internet.
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Phia funciona como un asistente digital de compras y dispone de una extensión para navegadores que ayuda a los usuarios a encontrar descuentos y cupones. Su modelo de negocios contempla recibir una comisión cuando una compra es atribuida a la plataforma. El problema surge cuando esa atribución se produce aunque Phia no haya generado realmente la venta.
La práctica cuestionada es conocida como “cookie stuffing”, una técnica mediante la cual se introducen cookies de afiliación en el navegador para hacer aparecer a una determinada plataforma como responsable de una compra. De esta manera, puede terminar cobrando una comisión correspondiente a una venta que en realidad fue impulsada por otro canal.
“El problema”
Lo que inicialmente fue presentado por la empresa como un problema detectado recientemente tomó otro cariz con las nuevas revelaciones. De acuerdo con los reportes citados, comunicaciones internas y elementos del código de Phia indicarían que determinadas funciones destinadas a colocar automáticamente esas cookies estaban en discusión desde diciembre de 2025.
El escándalo también golpeó las cifras del negocio. Tras desactivar las funciones cuestionadas en julio, los ingresos diarios promedio de Phia habrían caído desde aproximadamente USD 80.000 hasta un rango de entre USD 10.000 y USD 28.000, aunque la compañía sostiene que la caída también obedeció a la suspensión de otras herramientas de monetización y cuestiona parte de las conclusiones sobre el impacto del mecanismo.
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La dimensión legal es la que ahora genera mayor preocupación. El abogado Ariel Givner advirtió que una conducta de este tipo puede ser considerada en Estados Unidos como fraude electrónico federal, delito cuya legislación contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión, además de posibles multas y restituciones.