La Fiscalía de la Niñez de Ciudad del Este, de reciente creación, ya recibió una gran cantidad de denuncias por abuso sexual y el uso del Fono Ayuda es incesante. Foto: Archivo.
Alto Paraná: imputan a policía por abuso sexual e incesto
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
El martes pasado fue detenido en la Dirección de Policía de Alto Paraná un uniformado por supuesto abuso sexual a su hija durante varios años. Se trata del suboficial inspector cuyo nombre tiene las siglas C.A.R.B., de 39 años, quien prestaba servicio en una de las comisarías de la región.
La víctima, una joven que hoy tiene 17 años, confirmó a la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia de Ciudad del Este, a cargo de Vivian Coronel, que desde los 10 años fue abusada sexualmente por su padre, con quien había quedado a vivir después de que su madre fue a España a trabajar. Por eso, el policía está imputado por abuso sexual, coacción e incesto, teniendo en cuenta que el sometimiento empezó siendo la víctima una niña y siguió hasta su adolescencia.
De acuerdo al relato escuchado por la agente fiscal, en los últimos años el policía habría sedado a su hija para abusar de ella porque la misma indicó que quedaba como tonta o sin poder controlar su cuerpo. La víctima cree que los medicamentos que consumía para tratar otra dolencia pudieron haber sido cambiados por otro tipo de fármacos. Ella se despertaba encontrándose con rastros del abuso sexual.
La denuncia fue realizada por el sistema de Fono Ayuda con número 147 y los datos proporcionados permitieron llegar a la víctima, quien ya no vivía con su abusador desde el 1 de noviembre.
La fiscala Vivian Coronel indicó que fue una primera conversación con la víctima y espera que, en los siguientes relatos, ya en mejores condiciones y contenida sicológicamente pueda hacer saber más de todo lo que sufrió.
La Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia en el Ministerio Público de Ciudad del Este tiene solo poco más de tres meses y los casos de abuso sexual, estupro y maltrato llegan en forma incesante a la citada unidad.
Mujer muere en medio de tiroteo entre pandilleros en la Chacarita
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Una mujer identificada como Ingrid Cattebecke Ozorio (41) murió en la madrugada de este viernes en el barrio Ricardo Brugada de Asunción, conocido como la Chacarita, tras recibir una bala perdida, aparentemente en medio de un enfrentamiento entre pandilleros. Según la Policía, el autor de los disparos sería un menor de edad.
La señora habría salido a mirar al balcón al escuchar el enfrentamiento y fue ahí que recibió el proyectil en el pecho. Según su madre, la fallecida deja cuatro huérfanos; dos nenas y dos varones.
La pelea entre pandillas se registró aproximadamente a las 01:30 de la madrugada, sobre las calles Florencio Villamayor entre Independencia Nacional y Yegros.
Fueron los médicos del Hospital de Trauma -hasta donde fue llevada la persona herida- quienes reportaron el hecho a la Policía. La paciente fue sometida a una cirugía a la que no resistió. Según los intervinientes, la señora al escuchar los disparos realizados en la vereda de su vivienda salió a mirar y allí recibió el impacto de bala que le causó la muerte.
“Estuve en el lugar del incidente ocurrido a la madrugada referente a lesión por arma de fuego, que fue auxiliada esta persona hasta el Hospital de Trauma y posteriormente falleció lastimosamente”, dijo el comisario Víctor Presentado, jefe de la Comisaria Quinta de Asunción a la 780 AM.
Intervención CDE: auditoría del sistema informático detectó preocupante falta de control
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El economista Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los principales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.
Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informático del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.
“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.
Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes.
Ramón Ramírez, interventor Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días. Foto: Archivo
Reducir las presunciones
Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehacientemente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.
“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.
Asimismo, reconoció las dificultades que están sorteando, de tal modo que el servicio municipal no se vea afectado, pese a la notarias directrices para obstruir la intervención.
El interventor valoró que pese a las grandes trabas que están poniendo algunos funcionarios municipales para llevar adelante la gestión municipal; destacó que hay otros funcionarios que “se ha puesto verdaderamente la camiseta de la institución”, y está permitiendo cumplir con los servicios.
En cuanto a las recaudaciones, señaló que sí están con indicadores negativos en relación a los meses del año pasado. Aclaró que el mes de julio, siempre ha tenido la particularidad de ser los meses de menor recaudación en el histórico.
No obstante, instó a la ciudadanía a acercarse a realizar los pagos de sus tributos, de tal modo a que el municipio tenga el oxígeno necesario para cumplir con sus obligaciones.
“El ambiente de desconfianza en el municipio es tremendo. Nosotros a puertas cerradas, nos dicen que tratan de colaborar al máximo. Pero también nos dicen que, al salir por esa puerta, reciben fuertes presiones y fuertes observaciones”, comentó.
Indicó que la presión se da en todas las escalas o los niveles del funcionariado, desde el funcionario menor o modesto hasta los niveles superiores.
Uso de caja chica
El interventor aseguró que toda la información que está reportando está respaldada en hechos demostrables y documentaciones. Indicó que encontró 22 cajas chicas distribuidas en toda la administración, lo que involucraba a unos 150 millones de guaraníes, entre todas las asignaciones ya sea de G. 5 millones a G. 15 millones.
Explicó que, de acuerdo a su experiencia en otras instituciones, la distribución de las cajas chicas por direcciones, solo se debe dar si existe un control estricto. Ya que en la administración en general están concentradas en la dirección de administración y finanzas.
“Sorprende aquí la segmentación de esa figura, podría decir que en algunos podría ser necesarias, para una respuesta rápida. Pero eso hace que el uso sea de forma discrecional”, acotó.
Como interventor, señaló que ahora está en constante control bajo su director de finanzas que lleva adelante un diario monitoreo del área de tesorería y recaudaciones, sobre todo.
Licitaciones
El interventor Ramírez ratificó una vez más que en materia de las licitaciones y los procesos de contratación promovidos por el intendente Prieto, mantienen un patrón de “ganadores consuetudinarios”.
Entre los que puso como, por ejemplo, la firma de SERMAQ, de Fredy Guzmán Martínez Báez, socio de tragos de Miguel Prieto, quien, desde el inicio de la gestión del hoy jefe comunal cesado, tuvo en menos de tres años contratos por 13 mil millones de guaraníes.
“Sus esquemas de llamados son calcados, hacían obras con contratos abiertos, con montos mínimos y máximos, pero al final todos se hacían con el precio máximo. Son cuestiones que hacen que se presuman el direccionamiento en las Contrataciones Públicas”, explicó.
Policía alcoholizado chocó contra una casa en Luque
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Un oficial de la Policía Nacional que se encontraba conduciendo en estado de ebriedad terminó chocando contra una vivienda ubicada en el barrio Molino de la ciudad de Luque.
El oficial inspector Julio César Cáceres, de 40 años, fue detenido por los vecinos luego de haber estrellado su automóvil contra una vivienda. El conductor tras el percance intentó darse a la fuga.
Como parte del procedimiento, Cáceres fue sometido a la prueba de alcotest, la cual arrojó como resultado 0,647 gramos por litro. Igualmente, en el interior del automóvil fueron encontradas varias latas de cerveza.
El automóvil del oficial habría impactado primeramente por el portón de la casa y terminó ingresando al predio de la misma hasta chocar contra la vivienda. El automóvil tumbó varios pilares que sostienen la estructura, por lo que el techo se derrumbó. El vehículo debió ser retirado de la sala de la casa.
Afortunadamente, la familia que habita el lugar no se encontraba en el momento del accidente, ya que estaban trabajando en el negocio familiar distante aproximadamente una cuadra del sitio.
“Una vecina me avisó del accidente; cuando estaba llegando a casa, me crucé con el hombre que intentaba darse a la fuga y le atajé. No podía ni hablar de lo mal que estaba. Yo exijo que se haga responsable de los destrozos y que mande reparar todos los daños”, indicó José González, propietario de la casa afectada, en conversación con canal Trece.
Comenzó el juicio al policía Oliver Lezcano, acusado por el crimen del militar Líder Ríos
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Este miércoles 30 de julio dio comienzo al juicio oral y público para el agente policial Oliver Lezcano y su pareja, Ada Ruiz Díaz, quienes están acusados por el homicidio doloso del militar Líder Javier Ríos, ocurrido en enero del 2023. El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a los acusados está integrado por los jueces Fabián Weisensee, Cándida Fleitas y Laura Ocampo.
Desde el Ministerio Público valoran el trabajo técnico policial sobre el cual se basa la acusación y que ha sido atacado por las defensas a través de numerosos incidentes, todos ellos rechazados en etapa preliminar como también al inicio del juicio oral.
Al inicio del juicio oral se presentaron más de 24 incidentes por parte de los acusados, numerosos de ellos relacionados a las actuaciones policiales en el marco de la investigación del asesinato del efectivo militar, quien además trabajaba de manera independiente como chofer de plataforma de transporte.
Se fugó de Tacumbú
El agente policial Oliver Lezcano se fugó de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú el 28 de setiembre del año pasado, donde cumplía prisión preventiva desde el 26 de enero de 2023. Su fuga fue motivo de polémica debido a que el propio ministro de Justicia, Ángel Barchini, había asegurado a pesar de no contar con pruebas que el mismo fue asesinado y desmembrado dentro de la cárcel, versión que posteriormente fue desmentida con un video por parte del procesado agente policial.