La funcionaria de de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) Mónica Rodríguez enfrentará un juicio oral y público por lesión de confianza por el sobrecosto multimillonario en el pago a los dueños de propiedades que fueron afectadas por la construcción de la línea de 500 kV. Así resolvió la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo.
En el presente caso también está acusado el expresidente de la Ande Carlos Heisele, quien debido a la presentación de chicanas sigue dilatando la realización de la audiencia preliminar. Asimismo, la referida magistrada resolvió que los abogados René Aranda y Ángel Javier Galeano sean desvinculados del presente proceso penal.
El presente caso de corrupción ya lleva varios años sin poder avanzar y es así que la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar se fijó tras ser destrabado el presente proceso penal en la Corte Suprema de Justicia. La defensa del extitular de la Ande había planteado varias chicanas para seguir dilatando el proceso.
El proceso penal se inició tras varias publicaciones periodísticas que señalaron un sobrecosto millonario en el pago a los propietarios de los terrenos que fueron afectados por la construcción de la línea de 500 kV. Asimismo, de acuerdo a la acusación, se otorgaron indemnizaciones irregulares a 17 propietarios de inmuebles ubicados en la franja de dominio de la línea de 500 kV que une Itaipú y Presidente Hayes.
El fiscal Leonardi Guerrero indicó que la Ande pagó a los 17 dueños de inmuebles montos superiores a lo establecido por el dictamen de la Dirección de Topografía, que estableció el costo estimado de G. 3.000 millones. Se estima que el daño ocasionado oscila los G. 9.451.000.000.
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Tras juicio oral condenan a tres autores del atentado a jefe de Comando Tripartito
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un tribunal de sentencia condenó a tres personas como autores del intento de homicidio del subcomisario Fernando Ariel Ruiz Díaz, cuando se desempeñaba como jefe del Comando Tripartido. El atentado se había registrado en la localidad de Juan León Mallorquín (Alto Paraná) el 25 de abril de 2022.
Los sentenciados son: Wilson Francisco Neto Pintos (32) y Andrey Nunes Silva (19), ambos de nacionalidad brasileña, recibieron fallos de 20 y 10 años de prisión. También Ever Arnaldo Cañete, paraguayo (40), fue condenado a 10 años de cárcel. Tanto Nubes Silva como Cañete fueron juzgados como cómplices.
El fiscal acusador fue Miguel Angel Alvarenga, y los cargos por los cuales recibieron el citado fallo es tentativa de homicidio doloso, asociación criminal y detentación. El tribunal estuvo integrado por Herminio Montiel (Presidente), Zunilda Martínez y Marino Méndez.
Adriano Benítez Lima también había sido acusado, pero el mismo integró la nómina de 25 brasileños de facciones criminales expulsados en el marco del operativo “Joapy”, implementado por el Ministerio de Justicia.
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Antecedentes
Los hechos se registraron el 25 de abril del 2022, a las 08:15 aproximadamente, sobre la calle Felipe Molas López, a unos 20 metros de la Ruta Py02, del distrito de Juan León Mallorquín.
Resultó víctima el subcomisario Fernando Ariel Ruiz Díaz Ortega (39), quien en ese entonces se desempeñaba como jefe del Comando Tripartito.
En esa ocasión, los tres brasileños, a bordo de una camioneta Hyundai Creta, de color gris, con chapa WHFU 683, atacaron al policía, quien circulaba en una camioneta Toyota Fortuner, chapa HBG 801.
Los criminales abrieron fuego contra Ruiz Díaz, quien descendió de su vehículo y respondió a tiros el ataque, luego se refugió en una vivienda cercana, mientras su rodado fue a parar en una cuneta.
Los atacantes desaparecieron del lugar y horas después abandonaron la camioneta Hyundai en una zona boscosa. Policías realizaron rastrillajes por toda la zona, hasta que ubicaron el vehículo abandonado y localizaron a los tres extranjeros.
Fueron aprehendidos tras un enfrentamiento a tiros con el personal policial que los rodeó en el sitio. Resultaron baleados Adriano Benítez Lima y Andrey Nunes Silva, quienes permanecieron hospitalizados por un tiempo y posteriormente fueron encarcelados.
En prosecución de la investigación, también fue privado de libertad Ever Arnaldo Cañete, quien formaba parte de la organización criminal, sirviendo de nexo con los autores directos del ataque en contra del agente del orden. Ahora están los tres condenados y uno expulsado a Brasil.
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Cámara de Apelación debe estudiar si confirma juicio oral contra exjueza Tania Irún
El tribunal de Apelación integrado por los jueces Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín debe resolver si ratifica la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por el delito de prevaricato que soporta la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, quien habría entregado 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín.
La defensa de la exmagistrada Irún recurrió la determinación adoptada por el citado magistrado de Garantía, quien al tener suficientes elementos de prueba y a su vez la contundente acusación del fiscal General del Estado, decidió elevar a juicio oral el caso. Una vez que se destrabe el caso se deberá sortear el tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a la exjueza Irún. Del mismo modo, se fijará la fecha para el desarrollo de la audiencia oral en la que se expondrán todos los elementos de prueba que se tiene contra la exmagistrada civil.
Acusación
En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el Departamento de Alto Paraguay, consistentes en 310.000 hectáreas, aproximadamente, a favor de las firmas, presumiblemente de maletín.
También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.
Asimismo, la acusación refiere que “lo más grave es que en la sentencia no habría ninguna referencia o mención a las circunstancias establecidas en el Art. 4° de la misma ley que establece como requisito legal para aquellos que pretendan ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza, que las acciones sean nominativas y no endosables”.
Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que “no existirían en el expediente civil constancias; informaciones o verificaciones de dichas circunstancias realizadas por parte de la magistrada Tania Irún al momento de dictar sentencia definitiva, en incumpliendo a la Ley 2532/05, ley especial, por la cual ordenó la transferencia de dominio de los inmuebles ubicados en el Alto Paraguay, a las empresas de maletín”, dice la acusación de la Fiscalía.
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Juez admite imputación contra el intendente de Asunción
El juez Rodrigo Estigarribia admitió la imputación formulada contra el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, investigado por lesión de confianza y asociación criminal por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.
El magistrado estableció para el 3 de octubre, a las 8:30, la fecha para la audiencia de imposición de medidas, informó el cronista de judiciales de canal Gen/Nación Media Aldo Insfrán. El Ministerio Público requirió algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva para los imputados.
En la causa, impulsada por el equipo fiscal conformado por Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta, también están imputadas otras 21 personas, algunas ya exfuncionarias. Para la Fiscalía, el jefe comunal fue la cabeza del esquema fraudulento denunciado durante la pandemia que además involucró a propietarios de las empresas proveedoras.
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Rodríguez se defendió indicando que los fiscales lo imputaron por su labor como intendente. “Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos”, expresó ayer al programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El jefe comunal sostuvo que no firmó “ningún documento que no sea la única resolución” para la compra y remarcó que ”según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”.
Por su parte, el abogado Claudio Lovera, representante del titular de la Municipalidad de Asunción, sostuvo que no existe una conducta penalmente relevante cometida por su defendido en la investigación y calificó de “forzada” la imputación contra su cliente.
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Denuncia número 41 contra Miguel Prieto, esta vez por licitación para mensura de exfinca 66
Miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este presentaron la décima denuncia por lesión de confianza y asociación criminal contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. Es por la Licitación Pública Nacional para la contratación de una empresa consultora que se encargue de la mensura de la exfinca 66.
“Hemos detectado graves irregularidades cometidas por el intendente de Ciudad del Este, en la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, conforme contrato de servicio de fecha 19 de mayo de 2021, por la suma de casi 2.700 millones (G. 2.673.000.000)”, dice parte del escrito de denuncia.
“De acuerdo a nuestro análisis, el intendente municipal abonó al margen de la ley, sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad, causando un grave perjuicio patrimonial”, refiere la Contraloría Ciudadana.
Una de las pruebas presentadas es la lista de servicios y costos que contiene el contrato, en el que todos los trabajos tienen exactamente los mismos montos cada uno. Según la denuncia, cada uno de los trabajos tiene el mismo costo de 267 millones de guaraníes, totalizando los 2.673 millones de guaraníes.
Estudios de antecedentes de título, relevamientos y amojonamiento de los inmuebles, publicación de la mensura judicial, constitución de un juez para el inicio de la mensura y, acompañamiento del MOPC y del Servicio Nacional de Catastro, son los cincos trabajos que figuran en el contrato, con los costos iguales.
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“La licitación para instaurar la acción de mensura judicial era absolutamente innecesaria porque la institución municipal tiene una dirección jurídica, unos 40 asesores jurídicos y, todos los otros casos fueron hechos por misma dirección sin contratación externa”, refirió a La Nación/Nación Media, el abogado Víctor Enriquez, abogado y miembro de Contraloría Ciudadana.
Igualmente, señalan que la comuna cuenta en su plantel con cuatro profesionales topógrafos que podían haber sido parte de un equipo de trabajo municipal, sin necesidad de contratar a una consultoría y, sobre todo, por el monto millonario que supuestamente se usó para eso, según el abogado Enriquez.
“Como se puede observar, todos los rubros citados, llamativamente tuvieron el mismo costo. Esto demuestra que, debido a la poca importancia que le dan al manejo de la cosa pública y lo importante es apropiarse de los fondos de la municipalidad, ni siquiera se preocuparon en diferenciar los costos de cada servicio”, dice la denuncia.
En la denuncia sostienen que algunos de los ítems por los cuales fueron pagados, en realidad tienen costo cero y en otros se pagaron sumas mucho más grandes que los costos reales de esos servicios. Como sustento de la denuncia, también relataron sobre cada uno de los servicios que contempla el contrato y el costo que en realidad debería haber tenido.
La denuncia presentada contra el intendente Miguel Prieto, es la número 41, de las cuales, diez fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana, incluyendo la de ayer.