La Cámara de Apelación, integrada por los magistrados Arnaldo Fleitas, Camilo Torres y José Waldir Servín, ratificó de manera unánime que Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y los demás implicados en el caso Berilo deberán enfrentar un juicio oral y público. Con esta resolución, el tribunal de alzada confirmó la determinación previa adoptada por el juez penal de Garantías, Miguel Palacios.

Tras esta confirmación, el siguiente paso procesal consistirá en el sorteo correspondiente para designar a los jueces que integrarán el Tribunal de Sentencia, quienes tendrán la responsabilidad de juzgar a los acusados. La causa judicial, enmarcada en el conocido “Operativo Berilo”, investiga una compleja estructura criminal presuntamente dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero.

Según las pesquisas de la Fiscalía, esta red civil y comercial operaba transportando cargamentos de estupefacientes procedentes de Bolivia, cruzando el territorio paraguayo, para finalmente introducirlos en el mercado de Brasil.

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La acusación del Ministerio Público refiere que “Cucho” Cabaña se desempeñaba como el supuesto líder y principal financista de la organización criminal. Por su parte, varios de sus familiares directos y un entorno de colaboradores cercanos cumplían roles específicos y tareas logísticas diferenciadas dentro del esquema.

En lo que respecta al exdiputado Ulises Quintana, también procesado en la causa, la Fiscalía le atribuye haber realizado supuestas gestiones de influencia para facilitar las operaciones de la banda, así como intervenciones directas para lograr la liberación de personas vinculadas al grupo y de sumas de dinero incautadas.

Al analizar los recursos presentados por las defensas técnicas, la Cámara de Apelación sostuvo firmemente que la resolución que elevó la causa a juicio oral no presenta vicios de nulidad ni errores en la aplicación de la ley. Al verificar que el proceso se ajustó estrictamente a las normas vigentes, los camaristas rechazaron las apelaciones y ratificaron la validez de la remisión del expediente a la etapa de juzgamiento público.

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El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, hizo entrega este martes al Congreso Nacional del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. El plan de gastos para el próximo año contempla G. 166,3 billones, unos USD 25.751 millones, e incluye incrementos en los sectores de salud y social en relación con el presupuesto del 2026.

El PGN 2027 prioriza sectores considerados claves como salud pública, educación y seguridad. Así también asegura la continuidad de proyectos de infraestructura y refuerza los mecanismos de protección social, pilares fundamentales para el desarrollo del país.

Una nueva encuesta realizada por la empresa Grau & Asociados da una amplia ventaja de 19 puntos para el candidato de la Lista 1 del Partido Colorado, Camilo Pérez, para la intendencia de Asunción. Esta medición ubica al intendentable en el 43,6 % de preferencia de votos, sacando casi 20 puntos por encima de la candidata de la oposición, Soledad Núñez, que cuenta con solo el 22,6 % y registró una baja en la preferencia del electorado con miras al 4 de octubre.

A poco más de un mes de las elecciones municipales, Camilo Pérez aumenta los números a su favor. En la encuesta anterior, realizada por la misma empresa, el candidato colorado contaba con 41,2 % en el mes de julio, y aumentó a 43,6 % en el reciente sondeo. Mientras que la candidata de la oposición registró una disminución del 4,1 %.

Ante las presuntas amenazas efectuadas por Arnaldo Giuzzio contra los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, el juicio oral y público contra el exministro del Interior se reanudó este martes 1 de setiembre bajo una fuerte custodia policial. Acusado por cohecho pasivo agravado, el exfuncionario fue captado durante un cruce contra los agentes de la unidad especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Este tipo de situaciones solo se observa cuando son juzgados peligrosos delincuentes vinculados con las mafias, como es el caso de integrantes de las facciones criminales del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho.

“Estamos abiertos al diálogo para evacuar dudas y consultas, hacerles entender que pretendemos el fortalecimiento de la Administración Nacional de Electricidad”, sostuvo el viceministro de Minas y Energías, Mauricio Bejarano, en torno al planteamiento del gobierno de Santiago Peña de impulsar la creación del Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburo y del Ente Regulador de Energía (ERE).

“Nosotros no queremos quitarle a la Ande sus atribuciones o disminuir sus capacidades como ellos mencionan”, aclaró Bejarano, este martes, respecto a los reclamos de sectores gremialistas de la empresa estatal; durante una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) convocó nuevamente a una asamblea general extraordinaria para este jueves a fin de analizar nuevas medidas de fuerza, incluida otra huelga.

Los asociados están convocados para las 19:30 y para las 20:00, en el ex Seminario Metropolitano, sobre la calle Kubitsheck entre 25 de Mayo y Celsa Speratti de Asunción, a metros de Mburuvicha Róga. El anuncio se da luego de que el Gobierno tomara la decisión de otorgar un aumento del presupuesto 2027 a medicamentos e insumos, además de la desprecarización de casi 2.400 médicos, quienes pasarían a ser nombrados.

En el marco de la operación JEOG, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), a través de la Dirección de Registro y Fiscalización, en coordinación con la Fiscalía, ejecutan tres allanamientos simultáneos en la zona del Mercado 4 de Asunción.

De acuerdo con el reporte de la Senad, el procedimiento tiene como principal objetivo desarticular un presunto esquema de comercialización irregular de medicamentos controlados y productos de contrabando, que tendría como puntos de distribución dos establecimientos ubicados en el corazón del populoso centro comercial capitalino.

De cara al estudio del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) 2027, docentes exigen mejoras salariales en base a acuerdos ya establecidos y advierten con medidas de fuerza en caso de no ser cumplidos.

“Las organizaciones estamos en conversación de emplazar hasta setiembre y si no hay acuerdo llegaríamos a movilizaciones”, señaló este martes Gabriel Espínola, secretario de la Organización de Trabajadores de la Educación Auténtica (OTEP-A), en el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las autoridades mexicanas atribuyeron el lunes al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación el inusual atentado con coche bomba contra una comisaría que dejó diez heridos en una zona clave para el trasiego de droga donde repunta la violencia. La potente explosión ocurrió la noche del domingo en la localidad de Ojocaliente, en el estado de Zacatecas, en plena celebración de sus fiestas patronales.

Dos de los heridos son policías y ocho civiles, tres de ellos, menores de edad. Dos sufrieron heridas graves, aunque las autoridades no precisaron si se trata de agentes o vecinos. Este lunes, la calle del atentado permanecía acordonada por la policía. En ella yacían al menos seis autos destruidos entre los escombros de los inmuebles cercanos, comprobó una periodista de la AFP.

La onda expansiva también golpeó las fachadas de las viviendas y retorció la puerta metálica de un negocio, mientras pedazos de ladrillos y vidrios quedaron regados en el suelo. Este es el último incidente en el reciente repunte de la violencia en este estado del centro de México con rutas claves para el tráfico de drogas. En julio se hallaron cinco cuerpos colgados de un puente en una población a unos 75 km de Ojocaliente.

Es además el tercer ataque con explosivos en Zacatecas en menos de una semana, pese a que este tipo de atentados suelen ser poco utilizados por los grupos criminales mexicanos.

Un hombre estacionó el auto cargado de explosivos tras una patrulla de la policía municipal, lo dejó encendido y se fue caminando, explicó el secretario de gobierno Rodrigo Reyes Mugüerza en conferencia de prensa. Una mujer policía “iba a revisar el vehículo y justo antes de salir de la comandancia se activó el mecanismo explosivo”, agregó Reyes. El automóvil había sido robado en abril en el vecino estado de Jalisco.

“Mi hijo estaba en este cuarto (...) y dice que sintió un aire caliente y en eso sintió que se estremeció toda la casa”, declaró a la AFP una vecina que declinó dar su nombre por razones de seguridad. El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho, informó que el ataque se dio tras la detención el sábado de un joven de 18 años que manifestó “ser sicario perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.

“No descartamos que la agresión de ayer sea una reacción” a esta captura, dijo Camacho a la radio Fórmula. “Todo indica” que la explosión fue obra de dicho grupo criminal, agregó. Designado por Estados Unidos en febrero de 2025 como “organización terrorista extranjera”, el CJNG ha extendido su influencia por todo México, según un informe de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA.

Junto al Cártel de Sinaloa, se ha convertido en uno de los principales blancos de la lucha contra el tráfico de droga en el país.

La explosión, de gran potencia, dañó 17 inmuebles y 11 autos, según el reporte de las autoridades que suspendieron el inicio de clases previsto para este lunes. Zacatecas parecía haber dejado atrás sus años más cruentos, cuando las matanzas a manos del crimen organizado y el desplazamiento forzado eran cotidianas. Sin embargo, desde julio la violencia criminal vuelve a sacudir esta región.

Fuente: AFP.

Tras un breve receso y algunos incidentes, esta tarde se retomó el juicio oral contra Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, acusado por lesión de confianza, en el caso conocido como “Tía Chela”, asociado con la compra de kit de alimentos en pandemia por valor de casi G. 3.000 millones.

Ahora la Fiscalía tendrá que contestar los incidentes presentados por la defensa de Prieto y los demás acusados. Una vez que el Ministerio Público conteste los incidentes, el Tribunal de Sentencia deberá resolver los pedidos de la defensa de los acusados, por lo que el juicio continuará el próximo lunes 7 de septiembre, desde las 08:00.

La apertura de la audiencia tuvo un primer incidente con uno de los abogados defensores, Martín Prieto, representante del acusado Julián Benítez Gamarra, quien pidió la suspensión del juicio al alegar que no había tenido acceso a la investigación.

Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo y dispuso además una sanción disciplinaria contra el abogado.

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Específicamente la audiencia inició con la presentación de algunos incidentes probatorios por parte del fiscal Silvio Corbeta, con el testimonio del actual director de contrataciones públicas, Agustín Encina.

El juicio comienza más de un año después de la acusación formal presentada en junio de 2024, y define la responsabilidad penal de Prieto y los otros diez acusados por el presunto desvío de G. 2.949.650.000 de las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este.

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