La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si corresponde o no el cambio de nombre de una persona transexual. Foto: Gentileza.
Ocho personas transexuales inician acciones judiciales para cambiar sus nombres
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La abogada trans Kymberly Ayala, representante legal de ocho personas transexuales, solicitó a la Justicia legalizar las identidades de los accionantes para que el Estado paraguayo las reconozca con su nombre social, para luego ser inscriptas en la cédula de identidad.
Ayala dijo que el pedido es corregir y adecuar el nombre social a la cédula de identidad, ya que los nombres masculinos que llevan no las representa. “Tenemos el amparo del artículo 25 de la Constitución Nacional, que habla de la libre expresión de la personalidad, que también sostiene que toda persona tiene derecho a construir su identidad”, manifestó la referida profesional del derecho.
Asimismo, la abogada señaló: “Según el artículo 42 del Código Civil, solo el juez puede modificar y tienen como antecedentes a Yren Rotela y Mariana Sepúlveda, cuyos casos están en segunda instancia, ya que el Ministerio Público había apelado dichas resoluciones”. Sostuvo que “el primer caso, de Yren Rotela, hace cuatro años está en segunda instancia, decimos que no se resuelve por discriminación “.
Cambio de nombre de transexual será debate en la Corte
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia van a debatir si corresponde o no el cambio de nombre de un transexual. El caso llegó a la máxima instancia judicial a través de una consulta constitucional que plantearon los integrantes de la Cámara de Apelación del fuero civil y comercial, Eusebio Melgarejo, Raúl Gómez Frutos y Giuseppe Fossati, quienes deberán resolver la apelación que presentó el Ministerio Público, debido a que en primera instancia se hizo lugar al cambio de nombre.
Los miembros del Tribunal de Alzada resolvieron remitir en consulta el presente expediente judicial en los términos del artículo 18 del Código Procesal Civil, acerca de la constitucionalidad y aplicabilidad del presente caso, de acuerdo al artículo 56 de la Ley 1.266/1987 que dispone: “El oficial del Registro Civil no inscribirá nombres ridículos o que puedan inducir al error sobre el sexo ni más de tres nombres”. Los ministros de la Corte deberán decir si el referido artículo es o no inconstitucional.
Una vez resuelta esta situación, se conocerá si se podrá modificar el nombre de Emmanuel Sepúlveda a Mariana Sepúlveda. Los ministros de la Corte que deberán tomar esa decisión son Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes, Antonio Fretes, César Garay Zuccolillo y Eugenio Jiménez.
Trump firma un decreto para cambiar el nombre del Lago Ontario a “Lago de América”
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este jueves su disputa con Canadá al ordenar que el lago Ontario, compartido por ambos países, pase a llamarse “Lago América”.
Trump escribió una orden ejecutiva sobre el cambio de nombre en la Casa Blanca, provocando aún más a Canadá en momentos en que ambos vecinos norteamericanos se hunden en una creciente guerra comercial.
“Vamos a cambiar el nombre del lago Ontario a lago América con efecto inmediato”, dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval.
Detrás del escritorio de Trump había dos mapas de la frontera entre Estados Unidos y Canadá: uno con las palabras “Lago América” en rojo sobre el lago y el otro con el encabezado “Haciendo que los Grandes Lagos sean aún más grandes”.
Cuando le preguntaron por qué castigaba a un aliado en lugar de a los adversarios de Estados Unidos, Trump respondió: “Los funcionarios canadienses nos han tratado muy mal. Son gente desagradable”.
“La gente a menudo me pregunta: ‘¿Con quién es más difícil negociar en materia comercial?’. Y yo digo: Canadá. Son los peores para comerciar”, añadió.
Ottawa no reaccionó de inmediato, pero es poco probable que acepte el cambio de nombre del lago Ontario -el más pequeño de los cinco Grandes Lagos por su superficie-, que limita con la provincia canadiense de Ontario y el estado de Nueva York.
Las negociaciones comerciales entre Washington y Ottawa fracasaron a última hora del viernes pasado y al día siguiente entraron en vigor nuevos aranceles estadounidenses a las importaciones desde Canadá.
El martes pasado Canadá respondió con nuevas tasas aduaneras.
El cambio de nombre del lago Ontario emula la modificación unilateral que Trump hizo del nombre del golfo de México, que pasó a llamarse golfo de América, el primer día de su nuevo mandato, en enero de 2025.
México ha rechazado cualquier intento de cambiarle el nombre y este carece de reconocimiento internacional.
Este jueves Trump también insinuó la posibilidad de cambiar el nombre de los océanos que bordean Estados Unidos.
“Tenemos un golfo y tenemos un lago. Ahora lo único que nos falta es un océano. Por eso, tal vez tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Quizás cambiemos ambos”, afirmó.
El destituido gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, cuya captura e extradición pide Estados Unidos por supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa. Foto: AFP/Archivo
Parlamentaria sustituye a gobernador mexicano acusado de narco por EE. UU.
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Una diputada regional consideró el martes el gobierno del estado de Sinaloa en México para completar el mandato del gobernador caído en desgracia por sus intentos de retomar el poder en medio de una investigación por narcotráfico.
El Congreso de este estado designó como gobernadora a Graciela Domínguez.
Sustituye a Rubén Rocha, cuya captura y extradición pide Estados Unidos por supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa, que encabezó a Joaquín “El Chapo” Guzmán. La fiscalía mexicana abrió una investigación propia.
Rocha -que niega la acusación- pidió primero licencia de su cargo el 1 de mayo e intentó retomarlo sorpresivamente el 21 de agosto.
La presidenta Claudia Sheinbaum y su partido le dieron la espalda y lo forzaron a pedir esta nueva licencia indefinida, en principio, hasta el fin del mandato en 2027.
Domínguez fue secretaria de Educación estatal de Rocha.
“Sinaloa necesita certeza e instituciones fuertes, un gobierno presente y una sociedad que pueda recuperar la tranquilidad (...) Nuestra prioridad será la paz”, declaró Domínguez al tomar juramento.
Sheinbaum dijo en su conferencia diaria que la nueva gobernadora era una “mujer honesta” y se comprometió a trabajar coordinadamente en temas como la seguridad.
El gobierno informó el mismo martes que envió 300 militares más a Sinaloa, que se unen a los 18,000 ya desplegados.
Sinaloa ahora es el centro de una guerra entre dos facciones del cartel, que ha dejado millas de muertos.
Hoy se conocerá la sentencia para los cinco adultos que presuntamente intentaron entorpecer la investigación y ocultar evidencias en el crimen de María Fernanda. Foto: Néstor Soto
Padres de María Fernanda piden la pena máxima para los acusados del horrendo crimen
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Los padres de María Fernanda Benítez Martínez, la adolescente de 17 años que estaba embarazada y cuyo cuerpo fue hallado calcinado en Coronel Oviedo el 31 de mayo de 2025, pidieron hoy la pena máxima para los acusados del horrendo crimen ante el Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo.
“Son unos monstruos y tienen que pagar hasta lo último por lo que hicieron”, expresó Leonardo Benítez, padre de María Fernanda, a los magistrados encargados de dictar sentencia en la fecha. Asimismo, solicitó una fuerte condena para los demás involucrados por haber encubierto el caso. “Los padres deben pagar también por ser cómplices”, sentenció.
Hizo hincapié en que los autores del hecho actuaron de manera premeditada, atendiendo las evidencias recabadas durante la investigación. “Fue intencional lo que hicieron, porque un mes antes planearon lo que le iban a hacer a mi hija y cometieron un doble crimen, ya que le mataron a mi hija y a mi nietito. Y se merecen que vayan 30 años a la cárcel para que no vuelva a pasar esto a otra familia”, manifestó.
Los acusados: los padres del adolescente, presunto autor material del hecho; la amiga, el farmacéutico y un vecino que ocultó la motocicleta utilizada por el principal sospechoso. Foto: Gentileza
Igualmente, doña Nilda Martínez, mamá de la joven víctima, solicitó que se aplique la “cadena perpetua” para los responsables de la muerte de su hija por el terrible daño que le causaron a su familia. “Me hicieron un daño físico y emocional”, lamentó.
Por otro lado, cuestionó el actuar de los padres del menor, principal sospechoso del homicidio. “Cómo van a ayudar a un asesino”, exclamó. También se refirió a la amiga del presunto autor material. “Mikaela le mandó matar a mi hija, ella sabía y también merece la pena máxima”, apuntó.
Por su parte, el padre del adolescente acusado dijo de manera breve: “Una vez más le pido perdón a los familiares”. Este martes se dictará sentencia para cinco acusados por el crimen de la adolescente.
Según explicaciones del fiscal Fermín Segovia, el juicio corresponde a los adultos, que presuntamente intentaron entorpecer la investigación y ocultar evidencias. Foto: Néstor Soto
Según explicaciones del fiscal Fermín Segovia, el juicio corresponde a los adultos, que presuntamente intentaron entorpecer la investigación y ocultar evidencias.
Entre los acusados se encuentra Mikhaela Rolón, amiga del adolescente, quien habría dado instrucciones sobre cómo matar a una persona. También enfrenta juicio Franco Acosta, propietario de una farmacia, quien habría proveído medicamentos abortivos.
Asimismo, está acusado Ricardo Villamayor, quien presuntamente habría ocultado en su domicilio la motocicleta utilizada por el principal acusado para trasladar a María Fernanda. También son procesados los padres del adolescente, quienes habían presentado una denuncia por la supuesta “desaparición” de su hijo.
Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
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Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
La abogada Gilda María Portillo acompañando al destituido intendente por corrupción Miguel Prieto en la Fiscalía. Foto: Captura de pantalla
Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Mensajes de apoyo de la abogada Gilda María Portillo Vera a favor del exintendente Miguel Prieto. Foto: Gentileza
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.
Documento que será presentado por los miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este a la Contraloría General de la República. Foto: Gentileza