Una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio profirió amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso.

El día de ayer, la Aso­ciación de Agentes Fiscales del Para­guay, mediante una nota dirigida a la Corte Suprema de Justicia, solicitó la adop­ción de medidas de seguri­dad de carácter urgente para los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, luego de amena­zas que recibieron por parte del exministro del Interior y extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio, al término de la audiencia del juicio oral que enfrenta por cohecho pasivo agravado.

El gremio calificó lo suce­dido en los pasillos de la Corte como un hecho de “suma gra­vedad institucional” y pidió medidas de protección para los representantes del Minis­terio Público que intervie­nen en la causa “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.

Además, menciona que todo lo sucedido quedó grabado en vídeos que posterior­mente fueron difundidos en los medios de comunicación y redes sociales.

El documento señala que, una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio profirió amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso.

En ese contexto, solicita el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas que resten del debate, además de custodia personal para ambos fiscales durante su permanencia en la sede judi­cial, incluyendo su ingreso, el desarrollo de las audiencias y su retiro del edificio.

El gremio también pidió que las medidas se mantengan mientras persista el riesgo, al considerar que se trata de una medida preventiva ante una amenaza concreta que ya se habría materializado. Además, advirtió que situaciones de amenazas y amedrenta­mientos durante juicios ora­les no afectan únicamente a los agentes involucrados, sino que pueden comprometer el normal desarrollo de los pro­cesos penales y el libre ejerci­cio de la función fiscal, entre otros puntos.

La amenaza contra los agentes fiscales mencionados ocurrió al finalizar la jornada de juicio del lunes 24 de agosto. Una cámara de GEN/Nación Media captó el momento en que Giuzzio increpó a los fiscales, apuntando con el dedo hacia Jorge Arce.

“Vamos a hablar después”, habría manifestado el exministro durante el cruce con los agentes fiscales; previamente, Arce le había pedido concentrarse en su defensa. Los fiscales adelan­taron que comunicarán formalmente el episodio al Tribunal de Sentencia, integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, durante la próxima audiencia, prevista para el 1 de setiembre a las 10:30.

La fiscal Yeimy Adle indicó que el Ministerio Público aguarda el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en torno al millonario litigio entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa portuguesa Mota Engil para ampliar o no la cifra del daño patrimonial causado por el exministro abdista Arnoldo Wiens. Esto, en el marco de la causa por el fallido proyecto metrobús.

“El MOPC le intimó a Mota Engil a que renueve la garantía de fiel cumplimiento del contrato. La firma Mota Engil le envía una primera nota y le indica que no renovará esa garantía porque en ese momento no se estaba cumpliendo con el contrato”, relató la agente de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, este miércoles al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, sobre la cronología de los hechos en el año 2018, cuando se inicia el gobierno de Mario Abdo Benítez con la gestión de Wiens.

Adle manifestó que “el MOPC le envía otra nota a la empresa diciendo que rescindirá el contrato, entonces la empresa le remitió otra nota al MOPC indicando que no está de acuerdo, pero que renovará la garantía. Paraguay o el MOPC ya no le contestó esa nota y directamente rescinde el contrato y ejecuta la garantía anterior”.

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La agente fiscal acotó: “Todo esto se discute en el laudo arbitral y el arbitraje dice que no se cumplió con la renovación de la garantía de fiel cumplimiento, entonces el contrato fue rescindido de manera correcta, pero en el siguiente párrafo le condena a Paraguay a pagar casi 5 millones de dólares porque no debió cobrar la garantía, teniendo en cuenta que no se estaba cumplimiento fielmente con el contrato en atención a las obras del acta de entendimiento”.

De acuerdo con el Ministerio Público, el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

“Esto no introducimos como perjuicio dentro de la acusación contra Wiens, porque el Paraguay apeló y ahora está en discusión en la Corte Suprema de Justicia y hasta que eso quede firme o no, no podemos introducirlo dentro de nuestra investigación porque debe ser objetiva”, mencionó.

Desde el Ministerio Público sostienen que Wiens recibió un proyecto con el 40 % de avance en el 2018 por parte de la administración del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona.

A la vez, argumentan que la iniciativa contaba con un financia­miento asegurado y contra­tos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finali­dad para la cual fueron adqui­ridos.

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La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) busca transformar su modelo de atención con una gestión más digital, accesible y preventiva, según destacó la ministra, Sara Irún. En conversación con La Nación/Nación Media, precisó que entre los principales cambios implementados se encuentran la posibilidad de presentar reclamos a través de la página web, las audiencias virtuales y el expediente electrónico, herramientas que permiten mejorar la trazabilidad y el seguimiento de los casos.

Durante el primer semestre de 2026, la institución registró casi 10.000 consultas y más de 4.500 reclamos, mientras que el valor recuperado a favor de los consumidores superó los G. 1.000 millones. A esto se suma una tasa superior al 94 % de conciliaciones, mediante acuerdos entre consumidores y proveedores, devolución de cobros indebidos, restitución de dinero y reparación o sustitución de productos, entre otras soluciones.

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Para Irún, el objetivo es que la Sedeco no se limite a actuar una vez producido el conflicto, sino que avance hacia un esquema preventivo, utilizando también las denuncias, etiquetas y comentarios publicados en redes sociales como señales para detectar posibles irregularidades y actuar con mayor rapidez, especialmente cuando puedan afectar la salud o seguridad de los consumidores.

En ese marco, durante los primeros seis meses del año se realizaron 226 fiscalizaciones, de las cuales solo 12 derivaron en sumarios administrativos, equivalente a cerca del 5 %. La institución interpreta este resultado como una señal de que aproximadamente el 95 % de los establecimientos fiscalizados cumplió o adecuó sus prácticas.

Sin embargo, el crecimiento de la demanda también representa un desafío para la institución. Los reclamos aumentaron 345 % en 2025 frente al año anterior y volvieron a crecer 57 % durante el primer semestre de 2026.

Irún reconoció que Sedeco cuenta con una estructura reducida y recursos humanos limitados, por lo que se impulsan mejoras en los procesos y herramientas de gestión, además de solicitudes para fortalecer su capacidad operativa.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó este viernes el traspaso del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Registro Unificado Nacional (RUN) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como parte del proceso de consolidación del nuevo sistema que integra el Catastro y el Registro de Inmuebles bajo una administración unificada.

El acto fue encabezado por el ministro de Economía, Óscar Lovera, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, quienes coincidieron en que el RUN constituye una de las principales reformas institucionales para modernizar la gestión de la propiedad inmobiliaria y fortalecer la seguridad jurídica en el país.

La transferencia forma parte del proceso iniciado en enero de este año, cuando las funciones relacionadas con el Catastro comenzaron a pasar al Poder Judicial tras la creación del Registro Unificado Nacional.

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Durante el encuentro también participaron autoridades del MEF, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y funcionarios de las instituciones involucradas en la implementación del proyecto.

Lovera destacó que el funcionamiento del RUN tendrá un impacto que trasciende el ámbito administrativo. “En economía mucho se mueve por expectativas. Cuando empecemos a dar señales de que el sistema está funcionando, de que la decisión fue la correcta y que el proceso de gestión unificado comienza a mostrar resultados, se generará un cambio importante, tanto para la ciudadanía como para quienes buscan invertir en Paraguay”, afirmó.

Creado mediante la Ley N.º 7.424/2025, el RUN unifica en una sola plataforma la información catastral y registral de los inmuebles, con el objetivo de simplificar los trámites relacionados con la propiedad, mejorar la calidad y confiabilidad de los datos y reducir los tiempos de gestión.

Desde el Gobierno sostienen que esta transformación permitirá brindar mayor previsibilidad al mercado inmobiliario, fortalecer la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y mejorar el clima de negocios.

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