La Corte Suprema de Justicia, en el marco del quinto aniversario de la implementación del expediente judicial electrónico, realizó varias encuestas dirigidas a funcionarios, magistrados, abogados, defensores públicos, fiscales y a la ciudadanía en general, a fin de recabar la percepción sobre el expediente electrónico.
El ministro de la Corte, Alberto Joaquín Martínez Simón, brindó los datos sobre la aceptación de parte de los actores de justicia con relación a la implementación del expediente electrónico en todo el país. En ese sentido, el nivel de satisfacción de la herramienta entre los abogados es del 77,1%. En la misma consulta, magistrados y funcionarios manifestaron en un 85,6% su satisfacción con respecto a la implementación del expediente electrónico.
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Igualmente, en un 74% los abogados, fiscales y defensores públicos expresaron que el expediente electrónico es fácil de utilizar. Mientras que los magistrados también coincidieron con la facilidad de manejar la herramienta digital.
9 millones de actuaciones judiciales
El ministro de la Corte Suprema de Justicia y encargado de la Dirección de la Tecnología y las Comunicaciones, Alberto Martínez Simón, presentó un informe de gestión en el acto de conmemoración del quinto aniversario de implementación del expediente judicial electrónico. En el mismo destacó las 9.650.894 actuaciones electrónicas desde el 2016 hasta la fecha. En el acto estuvieron presentes el titular de la máxima instancia judicial, César Diesel, y los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y Antonio Fretes (de forma telemática).
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CSJ y Fiscalía General exponen sus necesidades presupuestarias para 2027
La Comisión Bicameral de Presupuesto, encargada de estudiar el proyecto de ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027, recibió ayer lunes, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quienes expusieron las principales prioridades y necesidades presupuestarias de ambas instituciones.
En primer término, Martínez Simón presentó la propuesta presupuestaria de la institución, que establece como meta incrementar en un 5 % la resolución de causas ingresadas a nivel nacional, con el propósito de contribuir a reducir la congestión judicial.
Asimismo, destacó la integración del Registro Unificado Nacional (RUN), en el marco de la Ley N.º 7424/2025, y la necesidad de dar continuidad a la implementación tecnológica y financiera de este sistema, orientado a fortalecer la gestión registral y avanzar en el proceso de transformación digital.
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La propuesta presupuestaria de la CSJ asciende a G. 2.444.386.000.000, equivalentes a aproximadamente USD 428,4 millones. Los recursos se destinarán a servicios personales y no personales, bienes de consumo e insumos, inversión física, servicio de la deuda, transferencias, gastos judiciales y otros conceptos.
En comparación con el presupuesto vigente, la propuesta representa un incremento del 19 %, equivalente a G. 397.642 millones
Ministerio Público
Por su parte, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó la propuesta presupuestaria del Ministerio Público, estructurada en torno a ejes estratégicos vinculados con la eficacia y eficiencia de la gestión institucional, así como con el control de calidad de la gestión fiscal.
Entre los objetivos expuestos, mencionó el fortalecimiento del sistema de gestión fiscal, la promoción de una atención inclusiva y de calidad, y la mitigación de riesgos que puedan afectar el desempeño de la institución.
También señaló la necesidad de ampliar la cobertura de las unidades fiscales penales en los distintos departamentos del país. Según lo expuesto, la cantidad actual de fiscales permitiría cubrir únicamente las necesidades de las agencias de Asunción, Central, Caaguazú, Alto Paraná e Itapúa.
La propuesta del Ministerio Público asciende a G. 1.286.764.270.960 y contempla el financiamiento con recursos del Tesoro y recursos propios. Entre los principales requerimientos figuran la creación de nuevos cargos para el área misional, el apoyo técnico a la gestión fiscal y las áreas de administración financiera y apoyo.
En cuanto a la inversión física, se prevén la adquisición de vehículos, la modernización del laboratorio forense, la ejecución de obras institucionales, la compra de equipos informáticos, la renovación de chalecos antibalas y la adquisición de software especializado, muebles y útiles de oficina.
La Comisión Bicameral de Presupuesto es presidida por la diputada Cristina Villalba e integrada por senadores y diputados. Las reuniones se desarrollan en modalidad presencial y virtual, desde la sala de sesiones de la Cámara de Diputados.
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Fiscales piden protección urgente ante amenazas de Arnaldo Giuzzio
Una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio profirió amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso.
El día de ayer, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, mediante una nota dirigida a la Corte Suprema de Justicia, solicitó la adopción de medidas de seguridad de carácter urgente para los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, luego de amenazas que recibieron por parte del exministro del Interior y extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio, al término de la audiencia del juicio oral que enfrenta por cohecho pasivo agravado.
El gremio calificó lo sucedido en los pasillos de la Corte como un hecho de “suma gravedad institucional” y pidió medidas de protección para los representantes del Ministerio Público que intervienen en la causa “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.
Además, menciona que todo lo sucedido quedó grabado en vídeos que posteriormente fueron difundidos en los medios de comunicación y redes sociales.
El documento señala que, una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio profirió amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso.
En ese contexto, solicita el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas que resten del debate, además de custodia personal para ambos fiscales durante su permanencia en la sede judicial, incluyendo su ingreso, el desarrollo de las audiencias y su retiro del edificio.
El gremio también pidió que las medidas se mantengan mientras persista el riesgo, al considerar que se trata de una medida preventiva ante una amenaza concreta que ya se habría materializado. Además, advirtió que situaciones de amenazas y amedrentamientos durante juicios orales no afectan únicamente a los agentes involucrados, sino que pueden comprometer el normal desarrollo de los procesos penales y el libre ejercicio de la función fiscal, entre otros puntos.
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“Vamos a hablar después”
La amenaza contra los agentes fiscales mencionados ocurrió al finalizar la jornada de juicio del lunes 24 de agosto. Una cámara de GEN/Nación Media captó el momento en que Giuzzio increpó a los fiscales, apuntando con el dedo hacia Jorge Arce.
“Vamos a hablar después”, habría manifestado el exministro durante el cruce con los agentes fiscales; previamente, Arce le había pedido concentrarse en su defensa. Los fiscales adelantaron que comunicarán formalmente el episodio al Tribunal de Sentencia, integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, durante la próxima audiencia, prevista para el 1 de setiembre a las 10:30.
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Metrobús: fallo de la Corte sobre rescisión de contrato podría ampliar responsabilidad de Wiens
La fiscal Yeimy Adle indicó que el Ministerio Público aguarda el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en torno al millonario litigio entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa portuguesa Mota Engil para ampliar o no la cifra del daño patrimonial causado por el exministro abdista Arnoldo Wiens. Esto, en el marco de la causa por el fallido proyecto metrobús.
“El MOPC le intimó a Mota Engil a que renueve la garantía de fiel cumplimiento del contrato. La firma Mota Engil le envía una primera nota y le indica que no renovará esa garantía porque en ese momento no se estaba cumpliendo con el contrato”, relató la agente de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, este miércoles al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, sobre la cronología de los hechos en el año 2018, cuando se inicia el gobierno de Mario Abdo Benítez con la gestión de Wiens.
Adle manifestó que “el MOPC le envía otra nota a la empresa diciendo que rescindirá el contrato, entonces la empresa le remitió otra nota al MOPC indicando que no está de acuerdo, pero que renovará la garantía. Paraguay o el MOPC ya no le contestó esa nota y directamente rescinde el contrato y ejecuta la garantía anterior”.
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La agente fiscal acotó: “Todo esto se discute en el laudo arbitral y el arbitraje dice que no se cumplió con la renovación de la garantía de fiel cumplimiento, entonces el contrato fue rescindido de manera correcta, pero en el siguiente párrafo le condena a Paraguay a pagar casi 5 millones de dólares porque no debió cobrar la garantía, teniendo en cuenta que no se estaba cumplimiento fielmente con el contrato en atención a las obras del acta de entendimiento”.
De acuerdo con el Ministerio Público, el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.
“Esto no introducimos como perjuicio dentro de la acusación contra Wiens, porque el Paraguay apeló y ahora está en discusión en la Corte Suprema de Justicia y hasta que eso quede firme o no, no podemos introducirlo dentro de nuestra investigación porque debe ser objetiva”, mencionó.
Desde el Ministerio Público sostienen que Wiens recibió un proyecto con el 40 % de avance en el 2018 por parte de la administración del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona.
A la vez, argumentan que la iniciativa contaba con un financiamiento asegurado y contratos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finalidad para la cual fueron adquiridos.
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Sedeco apuesta por la digitalización para agilizar reclamos y fortalecer defensa al consumidor
La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) busca transformar su modelo de atención con una gestión más digital, accesible y preventiva, según destacó la ministra, Sara Irún. En conversación con La Nación/Nación Media, precisó que entre los principales cambios implementados se encuentran la posibilidad de presentar reclamos a través de la página web, las audiencias virtuales y el expediente electrónico, herramientas que permiten mejorar la trazabilidad y el seguimiento de los casos.
Durante el primer semestre de 2026, la institución registró casi 10.000 consultas y más de 4.500 reclamos, mientras que el valor recuperado a favor de los consumidores superó los G. 1.000 millones. A esto se suma una tasa superior al 94 % de conciliaciones, mediante acuerdos entre consumidores y proveedores, devolución de cobros indebidos, restitución de dinero y reparación o sustitución de productos, entre otras soluciones.
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Para Irún, el objetivo es que la Sedeco no se limite a actuar una vez producido el conflicto, sino que avance hacia un esquema preventivo, utilizando también las denuncias, etiquetas y comentarios publicados en redes sociales como señales para detectar posibles irregularidades y actuar con mayor rapidez, especialmente cuando puedan afectar la salud o seguridad de los consumidores.
En ese marco, durante los primeros seis meses del año se realizaron 226 fiscalizaciones, de las cuales solo 12 derivaron en sumarios administrativos, equivalente a cerca del 5 %. La institución interpreta este resultado como una señal de que aproximadamente el 95 % de los establecimientos fiscalizados cumplió o adecuó sus prácticas.
Sin embargo, el crecimiento de la demanda también representa un desafío para la institución. Los reclamos aumentaron 345 % en 2025 frente al año anterior y volvieron a crecer 57 % durante el primer semestre de 2026.
Irún reconoció que Sedeco cuenta con una estructura reducida y recursos humanos limitados, por lo que se impulsan mejoras en los procesos y herramientas de gestión, además de solicitudes para fortalecer su capacidad operativa.