El viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social, Raúl Ramírez, manifestó que la meta del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, con relación a la pensión universal para adultos mayores es la inclusión de 45.000 nuevos beneficiarios este año. Detalló que de enero a marzo ya se logró la incorporación de otras 24.000 personas dentro del programa.

“Estamos avanzando bastante rápido. Nosotros tenemos una planificación bien estructura y la estamos aplicando efectivamente como establece la ley 7322/24 de mayor a menor edad, según la disponibilidad presupuestaria. En este 2026 la meta es llegar a 45.000 nuevos adjudicados como mínimo y a esta altura desde enero a marzo ya hemos incluido a prácticamente 24.000 adultos“, dijo en el programa “Cara o cruz” de Unicanal.

El programa ya alcanzó 360.283 adjudicados, abarcando actualmente la franja a partir de los 69 años. Con la vigencia de la ley de pensión universal impulsada desde octubre del 2024, el gobierno de Peña ya incorporó a 58.000 nuevos beneficiarios.

“Al bajar el rango de 70 años para abajo hay más cantidad de adultos que ya están con edad para ingresar dentro del sistema, desde los 68 años hasta los 65 años. Tenemos corroborado con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística aproximadamente 97.000 personas fuera del sistema que deben ingresar”, remarcó.

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Ramírez ratificó que el gobierno apunta a llegar al 100 % de la cobertura en el primer semestre del 2028. “La ley establece la inclusión como mínimo de 30.000 por año. Lastimosamente muchos adultos mayores fallecen, entonces y eso genera algunas vacancias por mes entre 1.000 a 1.200, que en el año se tiene prácticamente entre 15.000 a 16.000 vacancias", mencionó.

Desde el ministerio detallaron que el presupuesto destinado al programa es de USD 495 millones anuales. La ley elimina el censo previo y garantiza una pensión mensual a mayores de 65 años en condiciones de vulnerabilidad.

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El fiscal Irán Suárez Galeano presentó imputación contra cuatro funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) por los hechos punibles de quebrantamiento de depósito, afectación de cosas gravadas y hurto agravado. Asimismo, solicitó la prisión preventiva de los imputados.

La investigación se inició a raíz de una denuncia recibida en octubre de 2025 por la Dirección Jurídica de dicha institución, relacionada con el supuesto hurto de evidencias (motores de vehículos, baterías, faros y demás accesorios) que se encontraban depositadas en la sede de la Senad, ubicada en la localidad de Nueva Asunción.

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Conforme a la denuncia y a las pesquisas realizadas, los funcionarios habrían participado y facilitado la sustracción de dichas evidencias, pese a su deber de custodia. Entre los faltantes, se habría contabilizado, por ejemplo, el hurto de más de 20 motores de vehículos, además de otros accesorios pertenecientes a los rodados que se encuentran bajo guarda en el lugar.

El fiscal Suárez se constituyó en diciembre de 2025 en el sitio, donde constató la existencia de los hechos denunciados, acompañado por funcionarios del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional.

Ahora se deberá realizar una audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se definirá si los imputados estarán en libertad o serán remitidos a una penitenciaria.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Un hombre acusado por robo agravado, fue condenado a 6 años de prisión en juicio oral y público desarrollado en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este. Se trata de Diego Armando Zaracho (33), quien fue enjuiciado por un hecho ocurrido en diciembre del 2017 y ocho años después el proceso concluye en un fallo.

El Tribunal que dictó sentencia estuvo conformado por Óscar Gabriel Genez, Lourdes Morínigo y Evangelina Villalba. El fiscal que defendió la acusación fue Luis Fernando Escobar, titular de la Unidad Penal N° 7 de Ciudad del Este.

Durante el juzgamiento se expuso que, el 5 de diciembre de 2017, alrededor de las 11:30, Zaracho Espínola y otro cómplice cometieron el hecho en el microcentro de Ciudad del Este, en la avenida Adrián Jara y Bernardino Caballero.

En el lugar, golpearon con un arma de fuego en la cabeza a la víctima, Delfo Santa Cruz. Como consecuencia, la víctima cayó al suelo y fue despojada de una cartera que contenía 18 millones guaraníes. Acto seguido, los agresores se dieron a la fuga en una motocicleta y se dirigieron al hotel Acaray, donde abordaron un taxi para continuar su escape.

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Sin embargo, Diego Armando Zaracho fue detenido posteriormente y puesto a disposición del Ministerio Público. El fiscal sostuvo durante el juicio que la conducta del acusado se encuadraba dentro del tipo penal de robo agravado, considerando que la acción fue realizada mediante violencia y amenaza con arma de fuego.

Además, se determinó que el acusado actuó de manera consciente y voluntaria, sin desconocer el empleo de violencia ni cometer el hecho por error o desconocimiento del tipo legal. No se identificaron indicios de trastorno mental que excluyeran la reprochabilidad del hecho, según se dictó en juicio.

Por el contrario, las pruebas indicaron que el acusado planificó el ataque y actuó lúcidamente durante la atraco y la huida, demostrando plena responsabilidad de sus actos. Con estos elementos, el juicio oral confirmó la existencia del hecho punible, según el fallo dictado.

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Desafiando los chillidos de las sirenas y las explosiones, los repartidores a domicilio de los países del Golfo siguen entregando comida a los habitantes confinados en sus casas para evitar los ataques de represalia iraníes. A lo largo de la semana, aeropuertos, embajadas, zonas residenciales e instalaciones militares fueron atacados en toda la región por misiles y drones iraníes, desde que el sábado estalló el conflicto entre la república islámica, Israel y Estados Unidos.

Circular en el denso tráfico de las metrópolis del Golfo nunca fue muy seguro, pero los repartidores se enfrentan ahora a un nuevo peligro proveniente del cielo, en particular las caídas de escombros de drones interceptados. Miles de repartidores en moto llevan sin embargo comida o productos domésticos, satisfaciendo así los incesantes pedidos de los clientes que usan sus aplicaciones favoritas.

Agyemang Ata, repartidor de 27 años, entró en pánico al escuchar las primeras explosiones el sábado, cuando esperaba un pedido para entregar en un gran centro comercial de Dubái. “Salí corriendo del centro comercial tras recibir una alerta en mi teléfono y escuché tres explosiones”, relató.

“Mi madre, mi hermana y mi familia me llamaron, pero les dije que iba bien y no se preocuparan por mí”, dijo el joven a la AFP, y subrayó su firme intención de “quedarme aquí y seguir trabajando”. “Para mí, Dubái es un lugar seguro”, añadió. Para la mayoría de los habitantes, los repartidores como Ata pertenecían hasta ahora solo a un ejército anónimo que evita los problemas de la vida cotidiana y se enfrenta a las rutas muy frecuentadas.

Ahora la gente saluda su papel esencial, calificándolos incluso en las redes sociales de “héroes” que arriesgan su vida para garantizar el buen funcionamiento del Golfo. En Kuwait, Walid Rabie cuenta que el miedo no lo abandona nunca: “Transportamos nuestras vidas al mismo tiempo que los pedidos”, indicó. Desde el inicio de los ataques iraníes, al menos siete civiles murieron en el país del Golfo, en su mayoría trabajadores extranjeros.

Los Emiratos indicaron que interceptaron más de 900 drones y unos 200 misiles que tenían como objetivo su territorio. “Tengo miedo, no voy a mentir”, dice Franklin, repartidor en Dubái, que lamenta pese a todo la baja de los pedidos. “Antes me encargaba de entre 10 y 15 pedidos diarios”, precisa el repartidor, quien con dificultad llega ahora a 8 pedidos. La vida de los repartidores contrasta fuertemente con la de muchos influenciadores de la región que pueblan las redes sociales y siguen haciendo sus fiestas, o con los expatriados ricos de la ciudad, algunos de los cuales gastaron fortunas para irse en vuelos chárteres desde países vecinos.

“Salgo a trabajar casi todos los días, sigo la actualidad y espero que la crisis termine”, dice por su parte a la AFP Ajit Arun, repartidor extranjero de 32 años que trabaja en Baréin. “Tomamos precauciones cuando conducimos, en particular cuando suenan las sirenas”, precisa. En los países del Golfo, los gobiernos pidieron a sus residentes no publicar informaciones erróneas sobre la guerra y ceñirse a las fuentes oficiales para informarse. Algunos también trataron de mostrar una imagen de normalidad.

El presidente emiratí, sheij Mohammed ben Zayed Al Nahyan, se paseó con una imponente escolta por un centro comercial de Dubái, deteniéndose a veces para tomarse selfis con la gente. Pero en las calles de la ciudad, la realidad de la guerra pesa fuertemente, y algunos se preguntan si seguirán en el Golfo. “Si las cosas siguen así, yo no puedo arriesgar mi vida”, declara Franklin. “Quisiera mejor regresar a mi país”.

Fuente: AFP.