Un Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Gloria Hermosa, Mesalina Fernández y Dina Marchuk condenó a 18 años de cárcel a Paulo Vicente Freitas Tavares, Alexis Frutos Pérez, Carlos Antonio Mendieta Ortiz y a Rafael Sanabria Martínez a 12 años de prisión tras ser encontrados culpables por narcotráfico y asociación criminal luego de ser detenidos durante un procedimiento fiscal donde se incautaron 513 kilos de cocaína en el 2017.
El fiscal del presente caso fue Marcelo Pecci, quien logró sostener la acusación del Ministerio Público y a su vez pudo probar la responsabilidad de cada uno de los acusados en el presente proceso penal.
De acuerdo a los antecedentes del caso, el procedimiento llevado a cabo por el Ministerio Público se realizó en una pista clandestina ubicada a unos 20 kilómetros al sur del distrito de Bella Vista Norte, departamento de Amambay, a metros de la línea fronteriza con Brasil.
Te puede interesar: Corte confirmó en sus cargos a fiscales, jueces y camaristas
En el allanamiento se incautó una avioneta con matrícula paraguaya ZP-BCU, al mando de los hoy condenados. La aeronave fue retenida en el aeropuerto de Pedro Juan Caballero tras la descargara de la cocaína en la pista clandestina.
El fiscal Marcelo Pecci sostuvo que la avioneta en que se movilizaban los ahora condenados quedó sin combustible, por lo que fueron hasta el aeropuerto de Pedro Juan Caballero para poder abastecerse, donde fue detenido el piloto, Paulo Freitas.
Podés leer: Tribunal confirma que Efraín Alegre enfrentará juicio oral y público
Dejanos tu comentario
JEM admite acusación por mal desempeño contra jueces de Central
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) deberá estudiar si corresponde iniciar un enjuiciamiento por presunto mal desempeño en sus funciones contra los jueces de Sentencia de Central, Dina Marchuk, Julio Granada y Letizia de Gásperi. La acusación fue presentada por Graciela Beatriz Pintos Orué y Óscar López, padres de Axel Fabián López Orué, un joven que había sido condenado a 12 años de cárcel en un caso de supuesta coacción sexual y otros delitos, cuya sentencia fue posteriormente anulada por un Tribunal de Apelación.
La acusación, que ya fue admitida por el órgano juzgador de magistrados, refiere que los citados magistrados desconocieron la ley y demostraron una clara ignorancia en la aplicación de la Constitución Nacional. Según los denunciantes, esto quedó en evidencia durante el juicio oral, en el que se dictó la condena de 12 años sin contar con elementos de prueba suficientes, incurriendo en una abierta violación de las garantías constitucionales y procesales que tutelan el debido proceso.
Te puede interesar: Villa Elisa: hallan sin vida a reciclador de 32 años en la vía pública
Del mismo modo, la acusación señala que los jueces admitieron de forma irregular pruebas que ya habían sido rechazadas previamente, vulnerando el desarrollo legal del juicio. Ahora, los integrantes del JEM deberán evaluar si corresponde iniciar el enjuiciamiento formal contra los tres magistrados. De ser así, también tendrán que definir si el proceso se realizará con la suspensión de sus funciones o si, por el contrario, se rechaza la acusación presentada.
Igualmente otro hecho irregular que habría cometido el Tribunal de Sentencia es que el joven Axel López estuvo con arresto domiciliario 8 años 4 meses y fue privado de libertad 4 meses 11 días a hasta que se anuló la condena y volvió a recuperar su libertad.
Juicio suspendido
Por pedido de la abogada Noelia Núñez, querellante en el presente proceso penal, se pospuso el nuevo juicio oral y público que debe enfrentar el joven Axel López. La citada profesional del derecho presentó un certificado médico justificando su pedido de posponer la audiencia oral.
Podes leer: Imputan por enriquecimiento y lavado a exdirector de la Senad
Dejanos tu comentario
EE. UU. designa organización terrorista a la banda ecuatoriana Los Tiguerones
Estados Unidos designó el miércoles como organización terrorista extranjera a la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones como parte de su estrategia para soportar el combate a los grupos del narcotráfico en América Latina.
“No estamos hablando de una mafia normal, no estamos hablando de criminales, estamos hablando de terroristas”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, durante una visita a Quito para reunirse con el mandatario Daniel Noboa, aliado cercano de Donald Trump.
Los grupos armados de Ecuador “tienen capacidad terrorista ya nivel de la región. Y eso hay que enfrentarlo, eso hay que desmantelarlo, eso hay que derrotarlo”, añadió el secretario de origen cubano durante su gira de tres días en Ecuador, Colombia y Perú.
Rubio señaló ante la prensa que Los Tiguerones son responsables de ataques contra civiles, miembros de la fuerza pública y periodistas.
La organización ilegal participó en enero de 2024 en el asalto armado al canal TC Televisión, que fue transmitido en vivo en medio de una ola de violencia desatada por la fuga del capo del narco Adolfo ‘Fito’ Macías, jefe máximo de Los Choneros y que fue extraditado en 2025 a Estados Unidos.
La organización se dedica al tráfico de drogas y armas, así como a la minería ilegal, lavado de activos, extorsión y sicariato, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
Este es uno de los mayores actores en la guerra entre agrupaciones criminales en Ecuador, convertido en el país más violento de la región con una tasa de homicidios de 51 por cada 100.000 habitantes en 2025, equivalente a uno cada hora.
Se estima que el 70 % de la cocaína producida en los Colombia y Perú pasa por Ecuador.
Noboa, quien es uno de los principales aliados de Trump en la región, sostiene desde 2024 una lucha frontal contra el crimen organizada con apoyo militar de Estados Unidos.
Desde 2025 el Departamento de Estado también ha designado organizaciones terroristas a los grupos ecuatorianos Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers.
- Fuente: AFP
Lea más: EE. UU. anuncia incorporación de Perú al Escudo de las Américas
Dejanos tu comentario
Presunto exsecretario de Marset era el nexo con el esquema narco en las cárceles
En un procedimiento del denominado operativo Nexus 2, realizado ayer en Itacurubí de la Cordillera, fue capturado Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, presunto exsecretario del narco uruguayo Sebastián Marset (hoy detenido en Estados Unidos); y está imputado por tráfico de drogas y asociación criminal dentro del esquema “A Ultranza Py”. Se encontraba prófugo desde febrero y afronta una pena de hasta 30 años.
La investigación, que empleó técnicas especiales como la interceptación de llamadas telefónicas, reveló que la red delictiva operaba de manera coordinada tanto desde el interior de establecimientos penitenciarios como desde el exterior. El sospechoso capturado cumplía el rol de brazo ejecutor fuera de los reclusorios.
“Y dentro de lo que es la investigación del caso señalaba una estructura que operaba incluso desde establecimientos penitenciarios, personas que ya estaban privadas de libertad en el marco de la causa A Ultranza Py. Y en ese sentido se han identificado personas que también estaban operando para esta estructura desde fuera de esos establecimientos penitenciarios. Una de esas personas es el procesado que fue capturado ayer”, explicó este lunes la fiscal Ingrid Cubilla en comunicación con “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La agente del Ministerio Público agregó: “De hecho, el mismo ya estaba identificado, se había formulado imputación ya en febrero de este año y como consecuencia de la detención que no fue posible efectivizar y que él no fue localizado en el domicilio, en su momento se solicitó una declaración de rebeldía que fue acogida favorablemente por el juzgado y ya con información de que el mismo nuevamente había retornado al domicilio, que estaba identificado en nuestro caso, es que se procedió a una solicitud de allanamiento judicial para la detención, así como también incautación de evidencias que pudiera tener en su poder al tiempo de esa detención”.
“Nosotros ya el día de ayer le convocamos a sede fiscal, le informamos los hechos que se le atribuyen, él estuvo en presencia de su abogado de confianza y los hechos punibles concretamente son los dispuestos en los artículos 21, 44 y 42 de la Ley de drogas. Todos relacionados al tráfico dentro de lo que sería el ingreso ilícito de sustancias prohibidas al territorio nacional, la comercialización, así como la asociación para acometer ilícitos establecidos en la ley de drogas”, detalló la fiscal Cubilla.
Durante las indagaciones también se confirmó el nexo del procesado con el ámbito deportivo. Si bien al momento de su captura no ejercía funciones activas, anteriormente estuvo vinculado al Club Deportivo Capiatá y a un club local de la zona de Itacurubí de la Cordillera.
Dejanos tu comentario
Condenan a 18 años de cárcel a un hombre por abuso sexual en niños
Un tribunal de sentencia condenó a 18 años de pena privativa de libertad a un hombre encontrado culpable por el hecho punible de abuso sexual en niños. La agente fiscal, Cynthia Carolina Huespe Ortega, estuvo a cargo de sostener la acusación fiscal.
El hoy condenado abusó en reiteradas ocasiones de una niña de 11 años, entre los años 2019 y 2020. Durante el juicio oral, la representación fiscal expuso de manera detallada el daño psicológico y físico ocasionado a la víctima.
Las declaraciones de la menor (realizadas bajo el sistema de Cámara Gesell para evitar su revictimización), los testimonios de familiares y los informes de los peritos médicos y psicológicos, así como las demás pruebas documentales ofrecidas, fueron producidas ante el Tribunal de Sentencia. Dicho colegiado dictó la pena de 18 años de encierro al quedar plenamente demostrada la conducta reprochable del acusado en el hecho.
Tras la lectura íntegra del fallo, la defensa del condenado cuenta con el plazo legal establecido por la ley para interponer un recurso de apelación especial. En caso de presentarse dicha objeción, el caso será remitido a un Tribunal de Apelación en lo Penal. Esta instancia de alzada tendrá la responsabilidad de examinar el proceso y definir si corresponde confirmar, revocar o modificar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia.
Podes leer: Detienen a una pareja e incautan un fusil de guerra en Ypané