La corte suprema de Brasil decidirá a partir del 2 de septiembre si el expresidente Jair Bolsonaro es culpable de haber tramado un golpe de Estado contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, lo que puede llevarlo a la cárcel. El fallo de los magistrados concluirá un proceso penal iniciado en marzo contra el exmandatario (2019-2022) por supuestamente haber intentado impedir la asunción de Lula, luego de que este lo derrotara en las elecciones de 2022.

El magistrado Cristiano Zanin, presidente de la sala del supremo que lleva el juicio, convocó varias sesiones entre el 2 y el 12 de septiembre, aunque el veredicto puede tener lugar antes de esa última fecha. De ser hallado culpable, Bolsonaro, de 70 años, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. Según la fiscalía, el supuesto plan golpista se habría frustrado por falta de apoyo de la cúpula de las fuerzas armadas.

Bolsonaro, líder de la derecha y extrema derecha brasileñas, se ha declarado inocente y dice ser un “perseguido”. El expresidente se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde principios de agosto, ya que el juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, consideró que violó medidas cautelares que le prohibían manifestarse a través de redes sociales.

Pero este sábado dejará su residencia temporalmente para realizarse exámenes médicos en un centro hospitalario en Brasilia. El Supremo Tribunal Federal también juzga por golpismo a siete excolaboradores de Bolsonaro. El juicio ha desatado una crisis diplomática y comercial entre Estados Unidos y Brasil. El presidente estadounidense, Donald Trump, lo calificó de “caza de brujas” y en represalia implementó aranceles comerciales de hasta 50% a Brasil. Estados Unidos también impuso sanciones a Moraes y a otros siete magistrados de la corte.

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La sesión fijada para el 2 de septiembre comenzará con la lectura de Moraes de su relatoría del juicio. Luego habrá lugar para las últimas palabras de la fiscalía y las defensas. Finalmente, los jueces darán a conocer sus votos y sus justificaciones sobre la culpabilidad o inocencia de cada acusado en relación con cada delito imputado. Se pronunciarán por turnos y de forma oral y pública. Los acusados, por su parte, pueden optar por estar presentes o no en la sala.

Las fechas para emitir el veredicto sobre Bolsonaro se cruzan con la convocatoria el 7 de septiembre a manifestaciones en defensa del exmandatario en varias ciudades brasileñas. El llamado a esos actos había sido lanzado previamente, con motivo de la fiesta nacional. Durante el juicio, Bolsonaro no sólo fue indagado sobre la presunta trama golpista sino también sobre un supuesto plan para asesinar al izquierdista Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y a Moraes.

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Bolsonaro negó la existencia de ese plan, aunque admitió haber evaluado “si existía alguna hipótesis de un dispositivo constitucional” para impugnar los resultados de las presidenciales de 2022, que perdió por un estrecho margen y sobre las que aún hoy arroja sospechas de fraude.

El capitán retirado del Ejército se encuentra inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema de votación brasileño, lo que le impide presentarse a los comicios del próximo año. Bolsonaro también niega responsabilidad en los hechos del 8 de enero de 2023, cuando centenares de sus seguidores asaltaron las sedes de los poderes públicos en Brasilia pocos días después de la asunción de Lula. La fiscalía ve los disturbios como un último intento del expresidente de aferrarse al poder.

Fuente: AFP.

La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro pidió ayer miércoles a la corte suprema su absolución, en los alegatos de clausura del juicio por un supuesto intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. En un documento de 197 páginas al que accedió la AFP, presentado al máximo tribunal, los abogados de Bolsonaro sostuvieron que el exmandatario ultraderechista “es inocente de todos los cargos presentados en la denuncia” y que “se demostró la absoluta falta de pruebas”.

Por tanto, “exigen la absolución (...) de todas las acusaciones”. Bolsonaro, de 70 años, está siendo juzgado por conspirar para aferrarse al poder luego de perder los comicios ante el izquierdista Lula. El exjefe de Estado (2019-2022), líder de la derecha brasileña y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, es acusado “tentativa de abolición del estado democrático”, “golpe de Estado” y otros delitos que podrían llevarlo a cumplir más de 40 años de cárcel.

Él se declara inocente y dice ser un “perseguido”. Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria por violar una prohibición de usar las redes sociales ligada a su juicio. Desde mediados de julio lleva una tobillera electrónica.

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La Fiscalía sostiene que Bolsonaro lideró una “organización criminal armada” que articuló el intento de golpe y fue el principal beneficiario del plan. Según la acusación, el expresidente actuó “de forma sistemática” durante su mandato “para incitar la insurrección y la desestabilización del Estado Democrático de Derecho” y “generar un ambiente propicio para la violencia y el golpe”.

El expediente se centra también en reuniones donde se habrían presentado minutas de decreto que incluían la posible prisión de autoridades como jueces de la corte suprema. Pero la defensa subrayó que “no hay manera de condenar” a Bolsonaro “con base en las pruebas presentadas en los autos, que demostraron ampliamente que ordenó la transición” de poder para Lula.

Los abogados también cuestionan la validez de la delación premiada del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, sobre cuyo testimonio se sostiene buena parte de la acusación. Los alegatos destacaron que después de las elecciones de 2022, Bolsonaro ordenó la transición del gobierno de forma “pacífica e inmediata”, incluyendo la nominación de comandantes militares indicados por el nuevo gobierno, lo que contradice, según el escrito, la narrativa de un intento de golpe.

La defensa también cuestionó la imputación relacionada con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes invadieron las sedes de la Presidencia, la corte suprema y el Congreso. Argumenta que estos fueron “delitos multitudinarios” sin conexión directa con Bolsonaro, quien se encontraba en Estados Unidos en ese momento. La corte suprema debe juzgar el caso en las próximas semanas.

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La situación judicial del expresidente está en el centro de una fuerte tensión diplomática entre Brasil y Estados Unidos. El gobierno de Trump suspendió la visa del juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio, y le aplicó la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a violadores de los derechos humanos en el mundo.

Además, Trump impuso aranceles punitivos de 50 % a muchos productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra el exmandatario. “La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro (...) es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo”, escribió Trump al anunciar los gravámenes en una carta destinada a Lula.

Fuente: AFP.

El Centro Azucarero y Alcoholero del Paraguay emitió un comunicado denunciado el ingreso de azúcar de contrabando en el territorio nacional desde la Argentina, lo que consideran un perjuicio grave a la industria local.

De acuerdo con el comunicado, el sector se está viendo sumamente afectado por el azúcar de contrabando que ingresa irregularmente al país y arriesga la producción local, además de la zafra actual.

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“El contrabando continúa perjudicando gravemente a la industria nacional del azúcar, la producción local se encuentra en riesgo y la actual zafra, tenemos informaciones del ingreso de azúcar al territorio paraguayo proveniente de la Argentina”, se lee el documento.

En ese sentido, los productores solicitan a las autoridades pertinentes actuación ante la problemática, a fin de resguardar la producción del pequeño productor y la cadena de valor de la caña de azúcar.

“Solicitamos a las autoridades responsables velar por nuestras industrias y por toda la cadena de valor —desde el pequeño productor hasta las plantas industriales— que adopten medidas urgentes para detener este flagelo, que afecta seriamente a quienes dependen de esta actividad para su sustento“, señalan.

Los afectados consideran que el contrabando de azúcar está lejos de disminuir y que en las últimas semanas incluso aumentó de manera “descontrolada”, arriesgando las inversiones y las previsiones del sector.

“Este problema, lejos de disminuir, se ha incrementado de manera descontrolada en las últimas semanas, poniendo en riesgo empleos, inversiones y la estabilidad de un sector clave para la economía nacional”, señalan.

Los productores insisten en que una inacción de parte de las autoridades competentes mantendría la competencia desigual y desleal.

“La inacción frente a esta situación solo favorecerá a las redes de contrabandistas y condenará a la producción local a una competencia desigual e insostenible”, se lee en el comunicado.

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La fiscalía estadounidense descartó pedir la pena de muerte para el mexicano Ismael “Mayo” Zambada, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, acusado de narcotráfico en una corte de Nueva York, informaron fuentes judiciales ayer martes. La decisión de la fiscal general, Pam Bondi, cierra así la posibilidad de que en caso de que Zambada, de 77 años, se siente en el banquillo de los acusados pueda ser castigado con la pena capital.

“El gobierno presenta respetuosamente esta carta para informar al tribunal y a la defensa que la fiscal general ha autorizado e instruido a esta oficina a no buscar la pena de muerte contra el acusado Ismael Zambada García“, señala el oficio del fiscal del Tribunal del Distrito Este de Brooklyn, Joseph Nocella.

Tras eludir a la justicia mexicana durante cuatro décadas, Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en suelo estadounidense tras llegar en un pequeño avión en compañía de Joaquín Guzmán López, un hijo del célebre narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán.

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Zambada dijo haber sido víctima de una emboscada y engañado por Guzmán López, uno de los denominados “Chapitos”, para ser traído a la fuerza a Estados Unidos a cambio de ventajas judiciales para él y sus hermanos, cuyos casos se instruyen en un tribunal de Chicago, Illinois (norte).

El pasado 14 de septiembre, Zambada se declaró no culpable de los 17 cargos de los que le acusa la justicia estadounidense, entre ellos asesinato y tráfico de armas y drogas, en particular el fentanilo, un poderoso narcótico 50 veces más potente que la cocaína, causante de decenas de miles de muertes al año en Estados Unidos por sobredosis.

Esta decisión de la fiscal estadounidense, equivalente a ministra de Justicia, abre la puerta a un posible acuerdo de culpabilidad que le evitaría eventualmente un juicio, como al que se sometió su socio en el cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en el mismo tribunal y por el mismo juez, Brian Cogan, que instruye ahora el caso de Zambada.

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La suerte de Zambada está estrechamente vinculada a dos hijos del Chapo, detenidos en Illinois. Uno de ellos, Ovidio Guzmán López, conocido también como “Ratón”, que fue extraditado a Estados Unidos en 2023, se declaró el pasado 11 de julio culpable de cargos de narcotráfico, lo que le evita ir a juicio. Es también probable que tenga una pena más corta que la de su padre.

En caso de que Zambada se someta a juicio, sin duda, Ovidio Guzmán, de 35 años, será uno de los testigos estrella de la fiscalía. Su hermano Joaquín, que llegó junto a Zambada, también está detenido en Illinois y se espera que también llegue un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía de Chicago a cambio de rebajas carcelarias.

Las autoridades estadounidenses acusan a Ovidio, a Joaquín y a sus medio hermanos Archivaldo Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar (estos dos últimos en libertad) de liderar desde 2016, cuando fue detenido su padre, el cartel de Sinaloa, designado por el gobierno de Donald Trump como organización “terrorista” global. México ha reclamado la extradición del Mayo, cuya captura desató una guerra interna entre sus herederos y los hijos del Chapo que ha dejado más de 1.200 muertos y 1.400 desaparecidos en el estado de Sinaloa, según cifras oficiales.

Además del Mayo y los Chapitos, en suelo estadounidense se encuentran en espera de juicio un grupo de 29 notorios narcotraficantes, entregados por el gobierno mexicano. Entre ellos, el veterano capo Rafael Caro Quintero, acusado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985 y que también puede ser punible con la pena de muerte. En julio, México extraditó a Héctor Manuel Avendaño Ojeda, presunto operador de Zambada, acusado también de narcotráfico.

Fuente: AFP.