Durante el juicio por la causa A Ultranza PY, el Ministerio Público presentó más de 2.000 mensajes de chat encriptados que son atribuidos al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico”, entre ellos se reveló un mensaje en el que conversan sobre un presunto homicidio y la forma de “hacer desaparecer un cuerpo”.

La semana pasado, el fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, dio a conocer el contenido de los mensajes encriptados dentro una herramienta denominada Sky ECC, una plataforma comúnmente utilizada dentro del crimen organizado.

La presentación se dio en el marco de la producción de pruebas, que se está presentando contra alias Tío Rico y 17 acusados en el proceso que se desarrolla ante el Tribunal de Sentencia Especializada en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción.

Los investigadores mencionaron que las conversaciones entre Marset y Tío Ríco se produjeron entre el 2019 y el 2020. Entre los intercambios figura, en particular, la del 14 de setiembre del 2020, en la que el narcotraficante uruguayo le consulta a Tío Rico sobre “cómo hacer desaparecer un cuerpo que tengo”, y luego mencionan que hay mensajes que hablan de “cal y ácido”.

En otros mensajes de los criminales se muestra cómo coordinaban el traslado de grandes cantidades de drogas. En las conversaciones se puede observar la forma que organizaban los envíos ilícitos entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa.

La Fiscalía también señaló que en las transcripciones incluyen algunas menciones sobre una presunta participación de autoridades de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay que estarían vinculados en la estructura criminal que es investigada. Aunque indicaron que esas conversaciones se mostrarán en otra ocasión.

El Tribunal de Sentencia Especializada está presidido por María Luz Martínez e integrado por los jueces Dina Marchuk y Federico Rojas, quienes están a cargo del juicio oral por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal en el caso A Ultranza Py, en que también está involucrado el uruguayo Sebastián Marset, hoy preso y en proceso penal federal en los Estados Unidos.

Por otra parte, la Fiscalía estadounidense dio a conocer documentos que contienen mensajes intercambiados por el narcotraficante Marset, quien en tono desafiante dialogó con un agente de la DEA (por sus siglas en inglés de Administración de Control de Drogas) casi un año antes de ser capturado en Bolivia.

En esos mensajes, el uruguayo no solo rechazó entregarse, sino que además amenazó al funcionario norteamericano. De acuerdo a esos mensajes, incluso Marset se jactó de estar fuera del alcance de las autoridades de Estados Unidos.

Según la información de la fiscalía norteamericana, el contacto comenzó el 26 de marzo de 2025, cuando el agente especial Michael Greisen le escribió por WhatsApp para advertirle que las autoridades estadounidenses continuarían buscándolo y ofrecerle una salida negociada.

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En el escrito que consta en el expediente se lee que el agente de la DEA le mencionó: “Estados Unidos cuenta con un brazo de la justicia de largo alcance, vastos recursos y paciencia. Mantendremos la presión hasta capturarlo”.

Mientras que la inmediata respuesta de Marset fue: “No me van a capturar nunca”; “la justicia no existe” y “yo soy mucho más inteligente que toda la DEA junta”; luego que el agente de la DEA insistiera en que buscaba una solución para evitar consecuencias mayores para su entorno familiar.

La Fiscalía presentó sus alegatos iniciales en el juicio oral y público contra el destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en el caso “Tía Chela”, acusándolo de liderar una presunta trama para direccionar contrataciones de emergencia por la pandemia de covid-19, desde mediados de marzo de 2020. La causa, que proseguirá el lunes 21 de setiembre a las 8:00, analiza un supuesto perjuicio al patrimonio público de 2.130 millones de guaraníes mediante la compra simulada de kits de alimentos para familias vulnerables.

Durante la audiencia del 14 de setiembre, el Ministerio Público sostuvo que el exjefe municipal encabezó una red integrada por directores, jefes de área y colaboradores del sector privado para evitar los mecanismos de control habituales. La maniobra se habría ejecutado adjudicando contratos directos a la firma Tía Chela SRL, comercial que carecía del stock y la capacidad técnica para responder al compromiso de proveer 25.000 kits de alimentos.

La Fiscalía, representada por los agentes Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, sostiene su acusación sobre informes, memos, dictámenes y resoluciones municipales que detallan el proceso de licitación, con documentación remitida por la propia firma proveedora; así como dictámenes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República que señalan irregularidades en la solvencia técnica, económica y de experiencia de las empresas invitadas y adjudicadas; además del análisis de facturas y la reconstrucción de inventarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuya trazabilidad señala el millonario perjuicio patrimonial.

Según la acusación fiscal, la comuna utilizó la vía de la excepción sin argumentar motivos válidos de urgencia, omitiendo intencionalmente requisitos básicos de capacidad en los pliegos de bases. Esto permitió seleccionar a un proveedor sin antecedentes en el rubro, vulnerando los principios rectores de la contratación pública.

Los acusados por lesión de confianza y asociación criminal son Miguel Prieto Vallejos, quien desempeñó un rol central como intendente municipal y ordenador de gastos; los funcionarios municipales: Magui Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Infrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Francisco Raimundo Barruga Álvarez; junto con Fermín Ávalos Britos (de la firma Tía Chela SRL) y Emili Vanessa Florentín Páez (vinculada a la firma Vanemi SA).

Tanto la Contraloría General de la República como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas concluyeron que la licitación ID 382177 presentó irregularidades desde su etapa de planificación. Las entidades fiscalizadoras confirmaron la falta de justificación para omitir la licitación pública y la ausencia de garantías financieras adecuadas.

Asimismo, la investigación expuso que las invitaciones para concursar se enviaron de manera dirigida a un grupo reducido de firmas interconectadas. La firma beneficiada se inscribió en el registro de proveedores el mismo día de la invitación, confirmando la falta de trayectoria técnica para cumplir con las exigencias. Los dictámenes oficiales remarcan que la municipalidad tampoco exigió notas de recepción ni verificaciones de entrega en tiempo y forma. Esta omisión facilitó el aval documental a operaciones que carecían de respaldo logístico real.

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actualmente DNIT) aportó análisis fundamentales al reconstruir los inventarios de las empresas involucradas. El informe evidenció que los comercios declarados como subproveedores registraban saldos en cero o figuraban como contribuyentes ficticios dentro del sistema tributario.

Para justificar la posesión de las mercaderías, la red utilizó esquemas de facturación falsa y triangulaciones con empresas vinculadas, entre ellas Vanemi SA. Sin embargo, los cruces de datos demostraron que los bienes nunca ingresaron a los depósitos municipales en los volúmenes contratados.

Esta inconsistencia en la cadena de suministros ratificó que el contrato consistió en un montaje administrativo para justificar desembolsos millonarios. El perjuicio patrimonial se consumó al autorizar pagos por insumos que jamás llegaron a los sectores vulnerables.

Según la acusación fiscal expuesta en el juicio, el encubrimiento de la falta de mercaderías (los kits de alimentos que debían proveerse a familias de escasos recursos) se realizó a través de un esquema coordinado de simulación documental y administrativa. Los excolaboradores de Prieto suscribieron actas dejando constancia de la recepción de 25.000 kits de alimentos, a pesar de que estos no habían ingresado físicamente a la institución.

- Miguel Prieto (intendente de CDE): se le atribuye haber impulsado la licitación por la vía de la excepción para la compra de cestas básicas; su intervención fue determinante para la aprobación del llamado, la firma del contrato y la autorización de los desembolsos. Además, se señala el vínculo de confianza con la presidenta de la principal firma subproveedora, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la intendencia.

- Maggi Fariña (coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones, UOC): responsable de elaborar el pliego de bases y condiciones con requisitos mínimos y omitir exigencias de capacidad técnica o financiera, además de cursar las invitaciones dirigidas a empresas específicas.

- Sebastián Martínez (director de Desarrollo Social): promovió el llamado, integró el comité de evaluación que recomendó la adjudicación a ‘Tía Chela SRL’ y actuó como administrador del contrato, suscribiendo además documentos de recepción de kits que no llegaron a la institución.

- José Félix Cáceres (jefe de Desarrollo Comunitario): Integró el comité de evaluación que avaló la contratación y participó en la firma de documentos para certificar una ejecución contractual que no fue real.

- Julián Benítez Gamarra (jefe de Almacenes): figura como receptor formal de las entregas de los kits de alimentos, validando documentalmente la recepción de mercaderías que, en la realidad, no fueron provistas en su totalidad.

- Francisco Arúa (director de Administración y Finanzas) e Higinio Ramón Acuña (jefe de Adquisiciones): suscribieron órdenes de compra y gestionaron los procedimientos administrativos de pago a la empresa proveedora.

- Nelson Segovia (tesorero): Participó en el proceso de desembolso de los fondos municipales destinados a la firma adjudicada.

Por su parte, en la audiencia del 15 de setiembre, las defensas alegaron que Tía Chela SRL cumplió con el contrato de provisión de alimentos, para lo cual anuncian que durante el juicio se presentarán pruebas documentales, fotografías, videos y testimonios de la supuesta entrega de las cestas. También cuestionan que la investigación fiscal haya recurrido a informes de entes técnicos como DNCP o DNIT para analizar la trazabilidad documental.

Injustificación de la urgencia: no se acreditó suficientemente la “urgencia impostergable” como causal válida para saltar los procesos ordinarios de contratación, determinando el uso incorrecto de la vía de excepción.

Irregularidades técnicas: el pliego de bases y condiciones omitió criterios esenciales de evaluación, como la capacidad financiera, técnica y de experiencia de los oferentes, direccionando supuestamente la licitación a la empresa Tía Chela SRL.

Operaciones ficticias: la empresa Tía Chela SRL habría simulado una cadena de compraventa para tapar la falta de stock, emitiendo facturas a través de la subproveedora Vanemi SA, que, a su vez, declaró contribuyentes ficticios en las compras.

Falta de contraprestación: la firma solo realizó una entrega mínima de los kits de alimentos, a pesar de haber recibido pagos millonarios del municipio, además con plazos incumplidos para casos de urgencia impostergable.

El volante uruguayo Santiago Arias, del Cienciano de Perú, denunció que un alto directivo del Montevideo City Torque supuestamente ofreció dinero a los jugadores del club peruano para que se hicieran expulsar en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La supuesta dádiva se habría hecho en el marco del encuentro disputado el jueves en la capital uruguaya, donde Montevideo City Torque se impuso por 3-0 (global 3-2) y clasificó por primera vez a la semifinal del torneo regional.

Arias contó sobre la supuesta propuesta irregular al regresar a Perú el viernes y en medio de publicaciones del City Torque en redes sociales que hinchas de Cienciano consideraron burlescas y provocadoras.

En uno de los mensajes en la red X el cuadro uruguayo señaló que el equipo cusqueño habría destacado únicamente por jugar en la altura de Cusco (3.400 metros sobre el nivel del mar).

“Les faltó poner (en los mensajes, ndlr) que el presidente anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros”, dijo Arias, de 31 años, al canal Inka Digital TV.

El mediocampista consideró “muy fuerte” lo sucedido y aseguró que el plantel de Cienciano, campeón de la Sudamericana en 2003, rechazó “rotundamente” la supuesta propuesta.

El charrúa aseguró que la proposición vino de parte del “presidente” del City Torque, aunque ese club no tiene esa figura en su organigrama. Sin embargo, consideró que sus rivales fueron justos ganadores de la serie.

El defensor mundialista paraguayo José Canale renovó su contrato con Lanús de la Argentina hasta diciembre de 2028.

La firma del nuevo vínculo se dio en las oficinas de La Fortaleza con por el presidente Nicolás Russo y el vicepresidente Alejandro Marón.

Canale acumula 78 partidos oficiales y 6 goles convertidos con la camiseta granate. Fue campeón de la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026.

• Juan Marcelo Pereira
• pereira.juan.pereira@nacionmedia.com.

“En nuestro proyecto municipal tenemos una combinación muy importante entre experiencia y renovación”, indicó el candidato a intendente de Ciudad del Este Rigoberto “Rigo” Chamorro al destacar la nómina de candidatos a concejales municipales de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

“Lo que más destaco es que tenemos un equipo diverso, con jóvenes, profesionales y personas con experiencia que conocen profundamente la realidad de Ciudad del Este. Tenemos jóvenes que quieren involucrarse, aportar ideas y asumir responsabilidades, eso para mí es fundamental, porque Ciudad del Este necesita de una nueva generación de dirigentes preparada para participar activamente en la gestión pública”, refirió en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

El empresario agregó que no quiere concejales que estén solamente para levantar la mano o acompañar decisiones. “Quiero concejales que estudien los proyectos, controlen, propongan y trabajen junto a la ciudadanía”, indicó.

Agregó que cada candidato tiene una historia de trabajo y una capacidad que puede aportar al municipio. “Nuestro equipo entiende que ser concejal implica una gran responsabilidad con los esteños, queremos recuperar el valor de la palabra, del compromiso y del trabajo. La ciudad necesita representantes que estén cerca de los barrios y escuchen permanentemente a la gente”, sostuvo.

La Junta Municipal de Ciudad del Este cuenta con un total de 12 bancas y la lista de aspirantes colorados se encuentra integrada por Silvio Morel, Isra Barreto, Ernesto “Poroto” Guerin, Federico González, Javito Ocampos, Juan Ángel Núñez, Karen Barreto, Hugo Barreto, Blas Guerrero, Wilberto Cabañas, Osvaldo Sánchez y Osvaldito Abadie.

“Ellos conocen nuevas formas de comunicarse, de emprender y de encontrar soluciones por eso quiero que tengan un protagonismo real dentro de nuestro proyecto. La renovación no significa dejar de lado la experiencia, sino sumar nuevas capacidades.

Ese es el equipo que estamos construyendo: plural, preparado y comprometido con Ciudad del Este, ya que queremos incorporar nuevas herramientas de gestión, tecnología y transparencia. Los jóvenes tienen mucho que aportar en ese proceso”, comentó.

Chamorro agregó también que más que pedir un voto por una persona, quieren que los ciudadanos conozcan qué equipo estamos proponiendo y qué quieren. “Nuestra propuesta parte de una idea sencilla: el municipio debe estar al servicio de la gente, necesitamos concejales que acompañen los buenos proyectos, pero que también ejerzan con responsabilidad su función de control”, indicó.

Agregó que buscan una Junta Municipal que debata, estudie y proponga soluciones, ya que Ciudad del Este tiene enormes posibilidades, pero también problemas que necesitan gestión y planificación. “Por eso estamos incorporando profesionales y jóvenes con ganas de trabajar”, puntualizó.