Jueza declaró rebeldía y dictó captura para supuestos miembros del grupo criminal ACA-EP
Compartir en redes
La jueza Lici Sánchez, del Juzgado Especializado en Crimen Organizado del Primer Turno de la capital, declaró rebeldía y dictó orden de captura para los presuntos integrantes del grupo criminal autodenominado Agrupación Campesina Armada Ejército del Pueblo (ACA-EP), Feliciano Bernal Maíz, Laubrindo Balbuena Mariz y Elizandro Balbuena Mariz.
Estas tres personas están imputadas por el Ministerio Público por los hechos punibles de terrorismo, asociación criminal, extorsión y extorsión agravada.
La determinación fue tomada por la magistrada a través del auto interlocutorio Nº 361 y ya libró oficio a la Comandancia de la Policía Nacional para dar cumplimiento a la aprehensión de los mencionados ciudadanos y ponerlos a disposición del juzgado.
De acuerdo con los antecedentes del caso, en el portón de una estancia ubicada en la ciudad de Concepción se halló una bolsa de polietileno en la cual estaba escrito a mano las siglas ACA-EP, estipulándose las obligaciones que debían cumplir los dueños de dicho establecimiento y entre las exigencias se encontraba el pago de US$ 20.000 como donación revolucionaria, la prohibición de la tala masiva de árboles, entre otras cosas.
Tras el incumplimiento de la exigencia del grupo criminal, sus integrantes rodearon a los peones que cumplen labores en la estancia a bordo de un tractor y los amenazaron de muerte, pero que en esa ocasión dejaban el mensaje de las intenciones y en consecuencia procedieron a cortar la manguera de combustible del tractor y posteriormente lo quemaron.
Asesinato del militar Moral: jueza decretó la prisión del imputado
Compartir en redes
La jueza Penal de Garantía, Cynthia Lovera, decretó la prisión preventiva de Carlos Báez, alias “Lulu”, detenido por la muerte del militar Guillermo Moral, ocurrida frente la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) de Trinidad. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares realizada vía telemática.
Días atrás, la Policía Nacional capturó a un hombre que estaría implicado en el crimen de Guillermo Moral, personal militar que fue asesinado frente a la Facultad de Derecho. Se presume que el detenido fue quien contrató a los sicarios y luego eliminó a uno de ellos. Según el reporte dado por los intervinientes, la aprehensión de Carlos Báez Guillén se logró en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.
En el momento de su detención, el hombre portaba un arma de fuego e intentó huir, pero finalmente se entregó a las autoridades.
Báez Guillén ya fue derivado al Departamento de Homicidios de la Policía en la ciudad de Asunción, donde brindó declaración e indicó que él no tendría vinculación con el crimen. El hombre contaba con orden de captura internacional porque está acusado de matar a tres personas en Argentina. El personal militar fue asesinado en la tarde del 2 de octubre del año pasado.
Uno de los sicarios fue identificado como Rogelio Díaz Brítez, que sigue con paradero desconocido, en tanto que un adolescente de 17 años fue sindicado como el que realizó los disparos. Este último fue hallado muerto en el río Paraná días después y habría sido ultimado por el ahora detenido.
La jueza de Curuguaty, Sonia Medina Paredes, fue denunciada ante la Corte por actuar de forma irregular en juicios civiles, otorgando medidas cautelares. Foto: Gentileza
Denuncian ante la Corte a jueza por irregularidades en juicios civiles
Compartir en redes
La abogada Gessy Ruiz Díaz presentó una denuncia ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, solicitando una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por la jueza de Primera Instancia de Curuguaty, Sonia Medina Paredes. La denuncia se centra en el manejo de dos juicios de interdicto y la celeridad inusual con la que se resolvió uno de ellos.
Lo más llamativo del caso es que Ruiz Díaz promovió un juicio de interdicto para recobrar la posesión de un inmueble el pasado 2 de febrero, en representación de colonos de Nueva Durango. Sin embargo, un segundo expediente, caratulado “Abrahan Krahn contra Isaak Wall Schmidt y otros sobre interdicto de retener la posesión”, fue presentado ante la misma magistrada recién el 5 de febrero y recibió un tratamiento privilegiado.
La jueza Medina hizo lugar a una medida cautelar a favor del accionante del segundo juicio en un plazo extremadamente breve, dejando sin análisis el proceso presentado originalmente el 2 de febrero. Según la denuncia, esta “velocidad luz” en el despacho judicial levanta sospechas que deberían ser analizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).”
“Verificamos que se ha dictado una medida cautelar de forma prácticamente ‘express’, a diferencia de lo ocurrido con la demanda que presentamos con anterioridad. Hemos analizado dos expedientes que tenían básicamente el mismo objeto procesal”, indicó Ruiz Díaz.
Blas Pablo Melgarejo Benítez, alias Chopalé, fue trasladado hoy desde la Dirección de Policía de Alto Paraná al penal Martín Mendoza de Emboscada. Estaba amenazando con amotinarse. Foto: Gentileza
Chopalé fue trasladado a Emboscada tras amenazar con motín en el calabozo
Compartir en redes
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El líder de gavillas criminales, Blas Pablo Melgarejo Benítez (33), alias Chopalé, fue trasladado desde el calabozo de la Dirección de Policía de Alto Paraná al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de Emboscada, según confirmó el comisario Humberto Galeano, jefe de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional en el departamento. La salida fue a las 12:10 de hoy.
Melgarejo Benítez estuvo amenazando con hacer que los otros presos, unos 40 privados de su libertad en los calabozos, se amotinen y quemen colchones, explicó el comisario Galeano. “En realidad era solo de boca, teníamos montado un esquema de alta seguridad, con unos ocho fusileros alrededor, pero estuvo creando problemas desde el primer día”, expresó el jefe policial.
El hombre fue detenido en la madrugada del 28 de enero durante un allanamiento, y desde esa fecha se encontraba aguardando su destino hasta que hoy fue llevado a Emboscada. Estuvo prófugo casi un año tras fugarse en marzo de 2025 del pabellón para reclusos de alta peligrosidad del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú.
El fiscal Luis Fernando Escobar es uno de los que tiene causa contra Chopalé por asociación criminal y donde está sindicado como el líder de una banda criminal responsable de robos agravados.
El fiscal Osvaldo Zaracho tiene otro proceso donde Blas Pablo Melgarejo estaba a punto de someterse a un juicio oral cuando se fugó en marzo del año pasado y también en la Fiscalía de Asunción obra otra causa.
La magistrada Ruth Contrera hizo lugar a una medida cautelar de urgencia de prohibición de innovar ante el posible atropello de terceras personas a una propiedad cuyo legitimo ocupante es Leonardo Pereira. Foto: Gentileza
Justicia garantiza continuidad de cosecha a productor de soja en Canindeyú
Compartir en redes
La jueza de Salto del Guairá, Ruth Contrera Martínez, garantizó que el productor de soja Leandro Aparecido Pereira di Camargo, pueda seguir cosechando en la propiedad de 16 mil hectáreas, ubicada en la zona de Pindoty Porã, departamento de Canindeyú. El mismo es legítimo ocupante de la propiedad y posee una sentencia firme de interdicto de retener la posesión, dictada por un juzgado competente.
La magistrada hizo lugar a una medida cautelar de urgencia de prohibición de innovar ante el posible atropello de terceras personas que pretenden evitar que el accionante siga trabajando en la propiedad mencionada.
En su resolución para otorgar la medida, la magistrada señaló que “se ha acreditado la verosimilitud del derecho invocado, justificado prima facie con los documentos agregados por los recurrentes” —representados por el abogado Aldo Gabilán—. Específicamente, se presentaron pruebas documentales consistentes en un contrato privado de reconocimiento y usufructo de la propiedad entre Leandro Pereira y Diego Troche, representante de la firma Americana Agropecuaria.
Con la determinación adoptada por la jueza Contrera, ninguna persona ajena está autorizada a ingresar a la Estancia Americana. Asimismo, se estableció una contracautela como garantía de G. 600 millones y se libraron varios oficios al Ministerio del Interior, a la Comandancia de la Policía Nacional, a la Dirección de Policía del departamento de Canindeyú, a los efectos de resguardar el inmueble y evitar cualquier tipo de invasión. Del mismo modo, se envió un oficio al Ministerio Público para que tome conocimiento sobre cualquier situación irregular que se pueda generar.
Cualquier persona, distinta a Pereira di Camargo, que pretenda ingresar a la mencionada propiedad, estaría violando la determinación adoptada por la jueza.