La jueza Lici Sánchez, del Juzgado Especializado en Crimen Organizado del Primer Turno de la capital, declaró rebeldía y dictó orden de captura para los presuntos integrantes del grupo criminal autodenominado Agrupación Campesina Armada Ejército del Pueblo (ACA-EP), Feliciano Bernal Maíz, Laubrindo Balbuena Mariz y Elizandro Balbuena Mariz.
Estas tres personas están imputadas por el Ministerio Público por los hechos punibles de terrorismo, asociación criminal, extorsión y extorsión agravada.
La determinación fue tomada por la magistrada a través del auto interlocutorio Nº 361 y ya libró oficio a la Comandancia de la Policía Nacional para dar cumplimiento a la aprehensión de los mencionados ciudadanos y ponerlos a disposición del juzgado.
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De acuerdo con los antecedentes del caso, en el portón de una estancia ubicada en la ciudad de Concepción se halló una bolsa de polietileno en la cual estaba escrito a mano las siglas ACA-EP, estipulándose las obligaciones que debían cumplir los dueños de dicho establecimiento y entre las exigencias se encontraba el pago de US$ 20.000 como donación revolucionaria, la prohibición de la tala masiva de árboles, entre otras cosas.
Tras el incumplimiento de la exigencia del grupo criminal, sus integrantes rodearon a los peones que cumplen labores en la estancia a bordo de un tractor y los amenazaron de muerte, pero que en esa ocasión dejaban el mensaje de las intenciones y en consecuencia procedieron a cortar la manguera de combustible del tractor y posteriormente lo quemaron.
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Decretan prisión de pastor colombiano imputado por abuso sexual en personas indefensas
La jueza Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Luis Guillermo Álvarez Jaramillo, pastor y referente de CENFOL, imputado por supuesto abuso sexual en personas indefensas y acoso sexual. El colombiano fue puesto a disposición de la Justicia luego de ser detenido en la Argentina y trasladado a nuestro país.
La resolución judicial de la jueza Sánchez se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Según la imputación, se habría valido de su posición de autoridad y de relaciones de confianza para realizar presuntos tocamientos sin consentimiento. Además, se habría presentado como médico para reforzar la confianza de las víctimas.
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Una de las víctimas relató que, tras acudir al investigado por lesiones en las manos en marzo de este año, durante una supuesta revisión médica habría sufrido tocamientos en sus genitales y zona anal. Posteriormente, el imputado supuestamente le solicitó fotografías íntimas, le pidió mantener los hechos en secreto y le realizaba obsequios.
Otra víctima señaló que desde 2023 comenzó a recibir contactos físicos que le generaban incomodidad y que, durante 2024, estos habrían evolucionado a tocamientos en sus partes íntimas. También afirmó que le solicitaron fotografías íntimas.
Un tercer joven manifestó que, mientras se recuperaba de un accidente y estaba bajo medicación, el imputado habría acudido reiteradamente a su domicilio entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Según su relato, habría realizado tocamientos en sus genitales mientras descansaba y durante supuestos exámenes médicos.
Una cuarta víctima señaló que en junio de 2025 acudió al investigado por una afección en sus partes íntimas y que, durante una supuesta evaluación médica, este habría inspeccionado y palpado sus genitales. Este hecho continúa bajo investigación.
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Jueza ordenó captura de condenadas por la muerte de Sol Chávez
La jueza de Ejecución Penal, Liz Rosana Bogarín, ordenó la captura de la odontóloga Lilia Graciela Espinoza, condenada a 4 años de cárcel, y de la bioquímica Sandra Hermosa, sentenciada a 3 años de pena privativa de libertad. Ambas fueron halladas culpables por el fallecimiento de la joven María Sol Chávez, quien murió el 9 de abril de 2021 a causa de una sobredosis de flúor.
Ambas profesionales deberán cumplir sus condenas en la cárcel de mujeres de Emboscada. La orden judicial se emitió luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la sentencia, quedando firme la resolución de que vayan a prisión.
“Para nosotros, hoy es un día de gloria en nombre de nuestra hija María Sol. De alguna manera, se hace un poco de justicia, porque nada me va a devolver a mi hija y el dolor de su ausencia para mí es eterno. No hay un día que no la recordemos. La forma en que ella murió en estos días se me vino a la mente; no pude salvarle”, comentó al canal Gen María Edith Franco de Chávez, madre de la víctima. Esta confirmación llega tras un largo proceso judicial desde el fallecimiento de la universitaria.
De acuerdo con los hechos acreditados en el proceso, Sol Chávez falleció el 9 de abril de 2021 tras consumir cuatro cápsulas de flúor de 500 miligramos cada una, conforme a la prescripción realizada por la odontóloga, totalizando 2.000 miligramos. Según expuso la Fiscalía durante el juicio, la cantidad administrada superaba ampliamente los parámetros señalados por la ciencia médica.
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Emiten orden de captura contra Evo por disturbios
La Fiscalía de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión contra Evo Morales por los 53 días de bloqueos en Bolivia.
- La Paz, Bolivia. AFP.
La Fiscalía de Bolivia ordenó ayer miércoles la detención del expresidente socialista Evo Morales, al que investiga por supuestamente liderar las recientes protestas contra el gobierno que paralizaron el país por más de 50 días, informó la institución. Entre mayo y junio, Bolivia registró movilizaciones callejeras y bloqueos de carreteras contra el gobierno del presidente centroderechista, Rodrigo Paz. Campesinos, obreros y otros sectores pedían su renuncia por no dar una salida a la peor crisis económica en el país en cuatro décadas.
Durante las protestas, Paz recibió el espaldarazo de Estados Unidos y sus socios del Escudo de las Américas, integrado entre otros por Argentina, Chile y El Salvador, que denunciaron a inicios de junio “esfuerzos para derrocar” al mandatario boliviano. El gobierno denunció entonces un intento de alterar el “orden democrático” por parte de “narcoterroristas”, y acusó a Morales de estar detrás de las medidas de presión.
“El día de hoy (...) se ha librado una orden de aprehensión” contra Morales, en el marco de una pesquisa por los cortes de rutas, informó este miércoles a la prensa Roger Mariaca, fiscal general del Estado. La Paz y El Alto fueron las ciudades más afectadas por las protestas, lo que provocó un agudo desabastecimiento.
Los precios de los alimentos se dispararon, las medicinas escasearon en los hospitales y en las gasolineras se formaron filas que llegaron a durar días. La investigación fiscal contra Morales parte de una denuncia hecha a inicios de julio por el Comité Cívico Pro Santa Cruz por los presuntos delitos de “terrorismo” y “alzamiento armado”.
Este comité es una agrupación de empresarios y líderes civiles. A la denuncia después se sumó el Ministerio de Gobierno. Las protestas se dispersaron a mediados de junio, luego de que el presidente Paz alcanzara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, el sindicato obrero más grande del país. El gobierno también decretó un estado de excepción para desactivar con ayuda de militares los bloqueos que persistían.
Prófugo
“No nos van a intimidar”, dijo Morales, de 66 años, quien también denunció una “persecución” en su cuenta de X. “Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social”, agregó. Rodrigo Paz asumió la presidencia en noviembre y puso fin a un ciclo de 20 años de gobiernos socialistas, liderados por Morales y Luis Arce (2020-2025).
Durante las jornadas de protestas, Morales señaló en una entrevista con la AFP que el país andino vivía una “rebelión” contra un gobierno “sometido” a Estados Unidos. El centroderechista Paz busca dar un giro liberal a la política económica boliviana, que entonces muchos manifestantes rechazaron. También se acercó a Estados Unidos, con el que Morales rompió relaciones en 2008.
El nuevo acercamiento de Washington despierta las alarmas de los partidarios de Morales, que temen que preste su apoyo para detenerlo. Esta es la segunda orden de captura vigente contra Morales, que está prófugo desde octubre de 2024.
La policía ya lo buscaba por una acusación de presunta trata de una menor, con la que Morales habría tenido una hija cuando era presidente, un caso que él rechaza y denuncia como persecución. El expresidente, de 66 años, se encuentra en la zona cocalera del Chapare, protegido por campesinos que montan guardias permanentes para evitar una incursión policial.
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Jueza rechaza restitución internacional y niña localizada en Argentina seguirá con su madre
La jueza de la Niñez y la Adolescencia de Asunción, Natalia Ortellado, rechazó restituir a la niña de dos años —localizada en Resistencia, Argentina— a su padre, quien había iniciado un juicio de restitución internacional en el citado fuero buscando que la menor fuera trasladada a Chile. Con esta determinación judicial, la niña seguirá bajo el cuidado de su madre.
La representante legal del padre, quien hoy está imputado en nuestro país por desacato a una orden judicial y violación del deber de cuidado, puede apelar el fallo. En caso de ser así, un tribunal de apelación del fuero de la Niñez y la Adolescencia tendrá que definir si corresponde confirmar la resolución dictada en primera instancia.
Días atrás, la niña de dos años fue localizada en Resistencia, Chaco, Argentina, y su padre fue detenido en dicho país. Actualmente, la justicia paraguaya solicitó la rebeldía y la captura internacional del hombre. Ahora se tendrá que arbitrar los medios necesarios para lograr su extradición a Paraguay, donde enfrenta el proceso penal por los delitos ya mencionados.
Imputación
Según el acta de imputación, el hecho habría ocurrido el 8 de julio de 2026, cuando el ahora procesado retiró a su hija menor de edad en el marco del régimen de relacionamiento dispuesto por una resolución del juzgado de la Niñez y la Adolescencia.
Sin embargo, una vez cumplido el horario establecido para la devolución, no la restituyó a su madre y dejó de responder las llamadas y mensajes.
Posteriormente, el hombre se habría comunicado con la madre para informarle que se encontraba con la niña en la ciudad de San Bernardino, incumpliendo presuntamente el régimen judicial vigente. Con base en los elementos colectados durante la investigación, el Ministerio Público consideró que existen suficientes indicios de la participación del imputado en los hechos y presentó la imputación correspondiente.
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