Jueza declaró rebeldía y dictó captura para supuestos miembros del grupo criminal ACA-EP
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La jueza Lici Sánchez, del Juzgado Especializado en Crimen Organizado del Primer Turno de la capital, declaró rebeldía y dictó orden de captura para los presuntos integrantes del grupo criminal autodenominado Agrupación Campesina Armada Ejército del Pueblo (ACA-EP), Feliciano Bernal Maíz, Laubrindo Balbuena Mariz y Elizandro Balbuena Mariz.
Estas tres personas están imputadas por el Ministerio Público por los hechos punibles de terrorismo, asociación criminal, extorsión y extorsión agravada.
La determinación fue tomada por la magistrada a través del auto interlocutorio Nº 361 y ya libró oficio a la Comandancia de la Policía Nacional para dar cumplimiento a la aprehensión de los mencionados ciudadanos y ponerlos a disposición del juzgado.
De acuerdo con los antecedentes del caso, en el portón de una estancia ubicada en la ciudad de Concepción se halló una bolsa de polietileno en la cual estaba escrito a mano las siglas ACA-EP, estipulándose las obligaciones que debían cumplir los dueños de dicho establecimiento y entre las exigencias se encontraba el pago de US$ 20.000 como donación revolucionaria, la prohibición de la tala masiva de árboles, entre otras cosas.
Tras el incumplimiento de la exigencia del grupo criminal, sus integrantes rodearon a los peones que cumplen labores en la estancia a bordo de un tractor y los amenazaron de muerte, pero que en esa ocasión dejaban el mensaje de las intenciones y en consecuencia procedieron a cortar la manguera de combustible del tractor y posteriormente lo quemaron.
JEM enjuicia a jueza y camaristas de Encarnación por presunto mal desempeño
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) enjuició por presunto mal desempeño en sus funciones a la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rosana Aurora Verón de Arca, así como a los camaristas del fuero civil Luis Alberto García Cabrera y Patricia Elena Bustamante Acuña. La acusación contra los magistrados fue presentada por la Municipalidad de Nueva Alborada.
Asimismo, los integrantes del JEM decidieron no solicitar a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de los enjuiciados. Por lo tanto, los mismos seguirán en sus cargos hasta que se dicte una resolución, la cual podría derivar en la destitución o en una sanción leve.
Los miembros del órgano juzgador señalaron que la jueza Verón de Arca violó la ley al ordenar el embargo ejecutivo de una cuenta corriente de la Municipalidad de Nueva Alborada. En relación con la actuación de los integrantes del Tribunal de Alzada enjuiciados, estos confirmaron la resolución de la jueza de primera instancia, por lo que también habrían actuado de forma irregular.
Del mismo modo, el Jurado sostuvo que “se puede visualizar el presunto mal desempeño en las funciones de la jueza, así como de los camaristas, debido a que los bienes públicos son inembargables”.
Jueza con otra acusación
El segundo caso que enfrenta la jueza civil Rosana Aurora Verón es más grave. La acusación fue presentada por Atilio Estigarribia, presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay. La magistrada fue acusada de anular sin fundamento un remate judicial realizado en noviembre de 2025, dentro del expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.
La jueza de Garantías, Rosarito Montanía, autorizó la extracción de datos de 10 dispositivos electrónicos incautados en el marco de la causa que investiga un esquema dedicado a la transferencia irregular de bienes de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. El pedido fue realizado por el fiscal José Martín Morínigo.
Entre los dispositivos que serán peritados se encuentran dos teléfonos del político luqueño Roberto Cubilla, al igual que los celulares de los imputados César García y Roberto Santiago Ayala.
Como puntos de pericia, se estableció la búsqueda y extracción de datos actuales y eliminados del archivo de mensajes de texto:
WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería (entrantes, salientes, guardados, borradores y mensajes de voz)
del archivo de llamadas (perdidas, recibidas, marcadas y otros relacionados)
de la agenda telefónica (números de contactos)
y del archivo de imágenes y videos guardados, entre otros.
Días atrás, la Policía Nacional allanó varias viviendas en Luque, en las que detuvo a un precandidato a concejal de esa ciudad como presunto líder de un esquema de lavado de dinero y transferencia irregular de inmuebles que pertenecieron a Eulalio Gomes. El comisario Luis López, jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado, dio los primeros detalles sobre el operativo “Copia Fiel 2.0”.
El detenido y hoy imputado es Roberto Cubilla Sanabria, abogado y precandidato a concejal por la ciudad de Luque. Se lo investiga por asociación criminal, transferencia irregular de inmuebles y lavado de dinero.
El juez Rodrigo Estigarribia admitió la imputación y fijó para el 10 de junio la audiencia de imposición de medidas para la magistrada Librada Peralta, imputada por presentar certificados presuntamente de contenido falso en el Consejo de la Magistratura. Foto: Archivo
Impondrán medidas a jueza que habría falsificado certificado para el Consejo de la Magistratura
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El juez Rodrigo Estigarribia, interino de su colega Francisco Acevedo, admitió la imputación contra la jueza Penal de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero, Librada Peralta, imputada por uso de documentos no auténticos debido a que habría presentado certificado falso para obtener mejor puntuación en un concurso ante el Consejo de la Magistratura.
La decisión judicial fue adoptada luego de que el juzgado recibiera la comunicación oficial del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sobre el desafuero de la magistrada, quien queda formalmente procesada. La imputación fue presentada por el fiscal Leonardi Guerrero por el supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos.
Según la investigación, Librada Peralta presentó varias constancias académicas que no figuraban en los registros oficiales y que contenían firmas idénticas, circunstancia que generó dudas sobre su autenticidad.
Días atrás el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM) hizo lugar al desafuero de la magistrada y debido a ello el juzgado Penal de Garantía admitió el presente y ha fijado para el miércoles 10 de junio la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Senad destruyó cargamentos de marihuana premium valuados en USD 5,6 millones
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La Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) procedió a la destrucción de dos importantes cargamentos de marihuana premium que habían sido incautados durante dos procedimientos llevados a cabo en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Las sustancias destruidas superaban los 400 kilogramos y representaban un valor superior a los 5,6 millones de dólares dentro de los circuitos del narcotráfico internacional.
La medida fue firmada por las juezas Rosarito Montanía y Lici Teresita Sánchez, con participación de la fiscal interviniente, Ingrid Cubilla,y de los agentes especiales de la Senad responsables de los procedimientos que permitieron la incautación de las cargas.
Las evidencias fueron trasladadas desde la Dirección de Evidencias de la Senad hasta la sede institucional de Chaco’i, donde realizaron los análisis primarios de campo, el pesaje correspondiente y la verificación documental previa. Posteriormente, y en presencia de todas las autoridades participantes, se procedió a la incineración y destrucción total de las sustancias.
Con este procedimiento se concreta la etapa final de la intervención estatal contra el narcotráfico, eliminando definitivamente del circuito ilegal el producto destinado a generar ganancias para las organizaciones criminales.
En el transcurso de una sola semana, la Senad retiró y destruyó drogas por un valor superior a los 5,6 millones de dólares, consolidando una ofensiva sostenida contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas.