El fiscal de turno de la Unidad 6 de Ciudad del Este, Luis Alberto Trinidad, solicitó al jefe policial del departamento de Alto Paraná que comisione y designe el suficiente personal policial que le permita despejar el tránsito en la ruta PY02, a la altura del km 10 en Ciudad del Este y km 30 en Minga Guazú. Esto tras el paro de camioneros que impide el libre tránsito.
El agente fiscal solicitó los refuerzos para dar cumplimiento al artículo 41 de la Constitución Nacional, por el cual se garantiza el libre tránsito por todo el territorio. En la Carta Magna se habla que de ser necesario se debe utilizar la fuerza pública a fin de garantizar el derecho de terceras personas que se ven afectadas.
Desde la semana pasada los camioneros están con la medida de fuerza que incluye cierre de rutas, lo que impide que otros vehículos, especialmente de cargas, puedan transitar libremente. Los camioneros solicitan que por ley se pueda aplicar el precio del flete y en principio pedían una utilidad del 25%, a lo que finalmente renunciaron.
Sin embargo, el polémico proyecto fue presentado, estudiado y aprobado en general en la Cámara de Senadores, donde su estudio en particular quedó para el martes.
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Los camioneros actúan azuzados por parlamentarios de la izquierda, mientras que cuentan con el respaldo en el Congreso para la aprobación del proyecto del sector Abdo-luguista.
Anoche se realizó una reunión en Palacio de Gobierno con sectores de la producción y la industria. Sin embargo, hoy principales gremios productivos e industriales del país como UGP, Fecoprod, Capeco, Feprinco y la UIP señalaron en un comunicado que se retiran de la mesa de negociación convocada por el Ejecutivo para buscar una salida al paro de camioneros que tiene en vilo a toda la economía debido al desabastecimiento que genera la medida.
El abogado Ricardo Preda señaló que un eventual acuerdo entre el Gobierno y los camioneros para despejar las rutas no exonera de los hechos punibles cometidos por los trabajadores del sector, y el proceso en la Fiscalía igual debe continuar tras la denuncia presentada por varios gremios bajo su patrocinio.
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“El acuerdo no exonera la comisión de un hecho punible. Si ellos revén su posición podría servir ya en el marco de un juicio como una cuestión de atenuar la eventual sanción, pero no exime de la comisión del hecho punible”, explicó el abogado en una entrevista con canal Trece.