El exfiscal General del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morinígo están acusados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Foto: Archivo/970AM.
Exfiscal general y su esposa recusan a fiscala y se define si ambos van a prisión
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El exfiscal general Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo presentaron una recusación contra la fiscala Nathalia Silva, quien había solicitado la rebeldía del matrimonio y la revocación de las medidas cautelares y, en consecuencia, la prisión preventiva, al ser suspendida una vez más la audiencia preliminar que debía de llevarse a cabo ayer miércoles.
Ante la nueva suspensión de la diligencia judicial, el juez penal de Garantías Julián López dispuso que el director de Medicina Legal del Ministerio Público, Pablo Lemir, se constituya en el domicilio del exfiscal general para verificar el estado de salud del procesado. Ahora el médico forense deberá informar al magistrado López, quien deberá decidir si hace lugar al pedido del Ministerio Público y ordena la prisión de Díaz Verón y su esposa, o en su defecto vuelve a ratificar el arresto domiciliario.
Asimismo, el citado magistrado rechazó una chicana que presentó la pareja y ahora el expediente judicial deberá ser elevado al Tribunal de Apelación, que una vez más deberá destrabar el presente caso y esperar que el juez López vuelva a fijar una nueva fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar.
Francisco Javier Díaz Verón fue acusado de cometer el hecho punible de enriquecimiento ilícito. Por su parte, a María Selva Morínigo se la acusa de incurrir en el ilícito de lavado de dinero. Ambos se exponen a penas altas en caso de que sean condenados.
La Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), deberá realizar un estudio de factibilidad para la aplicación de una tobillera electrónica a Dalia López. Foto: Archivo
Juez libró oficio judicial para saber si Dalia López puede usar tobillera electrónica
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El juez de Garantías, Francisco Acevedo, libró un oficio judicial a la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), a efectos de realizar un estudio de factibilidad para la aplicación de una tobillera electrónica a Dalia López.
La procesada permaneció prófuga, burlándose de la Justicia durante seis años, tras ser imputada por facilitar cédulas de identidad y pasaportes falsos al exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y a su hermano.
La medida fue solicitada por la defensa de López, quien busca allanar el camino para obtener el beneficio del arresto domiciliario. Con esta estrategia, se pretende dilatar el proceso penal y asegurar que una eventual condena de cárcel se cumpla en su residencia. Según la determinación judicial —una situación poco habitual—, el personal de la dependencia de monitoreo deberá trasladarse hasta el domicilio propuesto para la reclusión.
De otorgarse la libertad a López para que abandone el penal de mujeres de Emboscada, se sentaría un precedente negativo, considerando su largo historial de evasión judicial. Días atrás, el propio juez Acevedo había ratificado la prisión preventiva de López en Emboscada. Sin embargo, la procesada insiste en abandonar su lugar de reclusión.
Fuentes judiciales mencionan que, presuntamente, políticos e integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) estarían operando para favorecer a la mujer.
Celda VIP
Recientemente se descubrió que Dalia López estaba montando una “celda VIP” en el Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, hecho que generó un fuerte repudio en la ciudadanía y puso bajo la lupa los privilegios a los que intenta acceder.
Tras violar arresto, juez ordenó la aplicación de tobillera electrónica a Thiago Gorostiaga
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El juez Penal de Garantía, Raúl Florentín, ordenó la aplicación de la tobillera electrónica para Thiago Gorostiaga, exalumno de un prestigioso colegio de Asunción, acusado por supuesta coacción sexual, cuya víctima es un adolescente. La medida se adopta para fortalecer el control sobre el sometimiento al proceso y resguardar a la víctima.
La decisión del citado magistrado fue adoptada tras una audiencia de revisión que el juzgado realizó de oficio, ante la violación del arresto domiciliario por parte de Gorostiaga.
El presente proceso penal está paralizado debido a las chicanas que presentó la defensa de Gorostiaga. Una vez que se destrabe el caso, el juez Florentín tendrá que fijar nueva fecha para el desarrollo de la diligencia judicial en la que se definirá si el acusado va a juicio oral, así como pidió la Fiscalía.
Días atrás la Cámara de Apelación Penal Adolescente confirmó la resolución que elevó a juicio oral la causa contra un exalumno de un prestigioso colegio de Asunción, acusado por supuesto abuso sexual en personas indefensas. Actualmente, el procesado es mayor de edad, pero los hechos habrían ocurrido cuando era menor, por lo cual la causa se tramita en el fuero penal adolescente.
En el caso particular, el joven es acusado de haber manoseado a una menor de 15 años, estando la misma bajo los efectos del alcohol. El hecho se habría dado en el año 2023, en la habitación del hijo de un expresidente de la República.
El juez Rodrigo Estigarribia fijó para el 6 de mayo la audiencia preliminar del exsenador Rodolfo Friedmann, acusado por un caso de merienda escolar cuando el mismo era gobernador de Guairá. Foto: Archivo
Juez fija para el 6 de mayo la audiencia preliminar para Rodolfo Friedmann
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El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, fijó para los días 6, 7 y 8 de mayo la audiencia preliminar para el exsenador Rodolfo Friedmann y otros acusados por el presunto esquema de corrupción con la merienda escolar en la Gobernación de Guairá. En este proceso penal, el exdiputado Ever Noguera ya fue elevado a juicio oral y público.
Friedmann fue acusado por la supuesta comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal.
También están procesados en la causa Lourdes María Auxiliadora González, tesorera de la empresa ESSA S.A., y Eduardo Domínguez, quien se desempeñaba como secretario del exsenador durante su gestión como gobernador.
Según la investigación, Friedmann habría montado un esquema para adjudicarse licitaciones de la gobernación destinadas a la provisión del almuerzo escolar a través de la empresa Eventos y Servicios S.A. (ESSA), de la cual sería el principal accionista.
El abogado Marcio Battilana, defensor de Eleno Martínez, recusó al ministro de la Corte Luis María Benítez Riera a los efectos de trabar el proceso penal de Miguel Zaldívar y demás imputados por lavado de dinero. Foto: Archivo
Recusan a ministro de Corte con el objetivo de trabar causa penal de Miguel Zaldívar y otros
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El abogado Marcio Battilana, representante legal de Eleno Martínez —imputado junto a Miguel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, por lavado de dinero—, recusó al ministro e integrante de la Sala Penal de la Corte, Luis María Benítez Riera. De esta manera, continúa la línea obstruccionista que busca paralizar el curso del caso.
Con esta nueva chicana presentada por el abogado Battilana, primero se deberá conformar la Sala Penal para estudiar la recusación; posteriormente, se analizarán los incidentes planteados por Zaldívar y los demás imputados en el proceso. La defensa de los procesados ha presentado diversos incidentes ante la máxima instancia judicial con el único fin de evitar someterse a la Justicia.
La recusación contra el ministro Benítez Riera argumenta que un hermano del alto magistrado trabajó en el Banco Atlas entre los años 2006 y 2010, motivo por el cual solicitan su apartamiento. Actualmente, la Sala Penal de la Corte se encuentra desintegrada, debido a que los ministros Carolina Llanes y Gustavo Santander ya se han apartado del expediente. El caso se encuentra ahora para consulta de integración con el ministro César Diesel, de la Sala Constitucional.
Zaldívar podría ir a la cárcel
Ante la actitud obstruccionista al debido proceso, manifestada en las reiteradas maniobras dilatorias presentadas por Miguel Ángel Zaldívar y los demás imputados por lavado de dinero —en el marco de la denuncia realizada por la Conmebol—, el juez de la causa podría evaluar la aplicación de otras medidas establecidas en el ordenamiento jurídico. Entre ellas destaca la posibilidad de decretar la prisión preventiva para los imputados que, hasta el momento, no se han sometido a la Justicia.