El abogado Gerardo Benítez Steward, defensor del acusado Silvio Álvaro Alfaro y primo del senador colorado Rodolfo Friedmann, recusó al juez de Delitos Económicos, José Delmás, y con la chicana mencionada pretende evitar la realización de la audiencia preliminar fijada para el próximo 4 de agosto, a las 8:30.
En la referida diligencia judicial se pretendía definir si Friedmann, su esposa Marly Figueredo y los demás acusados por lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación criminal, iban o no a juicio oral y público por el sonado caso relacionado a la compra de merienda escolar en el departamento de Guairá, que involucra al mencionado legislador.
Ahora será el Tribunal de Apelación el que tendrá que estudiar, si corresponde separar del cargo al juez Delmás, o en su defecto confirmarlo para que el mismo pueda seguir al frente del presente proceso penal.
La acusación fiscal que pesa sobre Rodolfo Friedmann y su esposa Marly Figueredo es por el hecho punible de lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo, cuando el citado parlamentario ocupaba el cargo de gobernador de Guairá.
El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, acusó igualmente a María Auxiliadora González y a Eduardo Domínguez, para quienes también se pidió juicio oral y público. De acuerdo con los antecedentes del caso, el entonces gobernador de Guairá firmó un contrato para la provisión de bienes con una firma que operaba bajo su misma dirección.
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Sala Penal destraba chicana de Prieto en caso Tía Chela
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación general que interpuso la defensa del destituido intendente esteño Miguel Prieto Vallejos, en la causa relacionada a los kits de alimentos a través de la firma proveedora Tía Chela SRL. El fallo, emitido este 20 de agosto con firma de los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo, permite al juez Humberto Otazú volver a fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van o no a juicio oral y público.
En la causa caratulada “Miguel Prieto Vallejos y otros s/lesión de confianza (Ley n.° 6379) superior a 5.500 jornales”, expediente n.° 4.524 del año 2020, los abogados Gilda María Portillo Vera y Andrés Casati Caballero, representantes legales de Prieto, habían presentado esta chicana, el 6 de agosto de 2024, contra el Auto Interlocutorio n.° 158 de fecha 2 de agosto de 2024, dictado por la Cámara Especializada de Delitos Económicos, que dispuso no hacer lugar a la recusación contra el juez Humberto Otazú, del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos del Primer Turno.
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El 18 de julio de 2023, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia imputaron a Miguel Prieto, y a otros diez implicados, por una supuesta compra fraudulenta de unas 25.000 cestas de alimentos durante la pandemia, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este por la compra efectuada en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL, supuestamente para familias de escasos recursos.
Los procesados son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
La decisión de la Corte ratifica lo resuelto por el tribunal de apelación, manteniendo la validez de las actuaciones procesales dentro de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación para la adquisición y distribución de los kits de alimentos durante la pandemia, operación realizada a través de la firma proveedora Tía Chela SRL.
Unas 50 denuncias
Este fallo se suma a otro proceso que enfrenta Prieto, quien cuenta con 50 denuncias formuladas contra el ahora ya destituido intendente de Ciudad del Este; y constituye un precedente relevante dentro del expediente, ya que limita las posibilidades de la defensa de revertir las resoluciones judiciales en instancias superiores.
Hay que resaltar que la intervención municipal, que estuvo a cargo del economista Ramón Ramírez, la cual culminó la semana pasada, ha revelado la forma en la que operaba el esquema que organizó el destituido intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas.
El resultado de esta intervención, se presentó a la Cámara de Diputados que resolvió ayer martes la destitución del jefe comunal debido las graves irregularidades denunciadas por la Contraloría General de la República y que fueron corroboradas por el interventor.
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Vínculo narco: Corte rechazó chicana de Giuzzio y se destraba el caso
Una vez más la sala penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó una nueva chicana presentada por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien debe estar sentado en el banquillo de los acusados por cohecho pasivo agravado, por sus supuestos vínculos con el sindicado narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
Giuzzio paralizó el normal desarrollo del juicio oral recusando a los jueces de sentencia Adriana Planas y Ubaldo Matías Garcete. El expediente subió al tribunal de apelación donde Giuzzio a su fiel estilo chicanero recusó a los camaristas Andrea Vera y Arnulfo Arias.
Los ministros de la Corte, Alberto Martínez Simón y Carolina Llanes, y la disidencia de Víctor Ríos, rechazaron la recusación contra los dos miembros del Tribunal de Apelación Penal Especializado, mencionados más arriba.
Con la presente resolución de la máxima instancia judicial, los integrantes del tribunal de alzada podrán estudiar la recusación contra los jueces de sentencia, Adriana Planás y Ubaldo Matías Garcete, quienes deben juzgar el caso del exministro del Interior.
Los ministros Martínez Simón y Llanes fueron contundentes en mencionar que “debe recordarse que, el apartamiento de un magistrado solo puede darse cuando se prueba de modo categórico o según posiciones muy sólidas sobre la base de indicios y medios de prueba suficientemente acreditados, pero en este caso no existe tal situación ni pruebas por lo que no existen motivos para poder apartar a los jueces del presente caso”, señala el voto del ministro.
También Llanes fue tajante en señalar que “los motivos aducidos por el recusante carecen de fundamentación fáctica y jurídica, puesto que del análisis de las constancias de autos se advierte la inexistencia del aval probatorio que demuestre la supuesta opinión, dictamen, pre juzgamiento de los recusados y ante la inexistencia de motivos corresponde rechazar la recusación”, indica el voto de la ministra.
Vínculo con otro supuesto narco
La Fiscalía solicitó al Tribunal de Sentencia especializado en delitos económicos, al inicio del juicio oral, que se incluyan como prueba los datos extraídos del celular del narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado. El pedido fue realizado ante los magistrados Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel.
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto de 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce. Ambos sostienen que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones del narco de contactar con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, para la provisión de servicios y equipamientos a la Policía Nacional.
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Caso Seprelad: Corte estudia chicana y debe destrabar el caso
El ministro de la Corte Manuel Ramírez Candía es el preopinante para destrabar, una vez más, el proceso penal que enfrentan los exministros de Mario Abdo Benítez acusados por asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).
Igualmente integran la sala penal de la máxima instancia judicial César Diesel y Gustavo Santander.
El expediente está en el gabinete del ministro Ramírez Candia desde el 17 de julio, y una vez que el alto magistrado termine de dar su voto, deberán igualmente votar los dos ministros restantes para poder destrabar el presente proceso penal.
Los exministros Abdo recurrieron a la Corte buscando dejar sin efecto la resolución del tribunal de apelación que confirmó la determinación adoptada por la jueza Cynthia Lovera quien decidió estudiar los doce incidentes iniciales del presente caso, pero a raíz de las chicanas no se pudo analizar aún.
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En el presente caso están acusados y con pedido de juicio oral y público debido a que tiene más de 206 elementos probatorios René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, Daniel Farías, Carmen Pereira, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.
En el mes de junio los camaristas María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas han rechazado una chicana más presentada por la defensa de los acusados, pero la defensa de los mismos volvieron a recurrir el caso a la sala penal de la Corte que hoy ya tiene suficientes motivos para poder aplicar una sanción disciplinaria a los abogados y acusados que presentan escritos dilatorios.
Chicanas pendientes de estudio
Desde abril del 2024 siguen pendientes de estudio y resolución doce chicanas presentadas por la defensa de cada uno de los hoy acusados exministros de Mario Abdo Benítez. Las chicanas deben ser analizadas por la penal de garantía Cynthia Lovera.
El Ministerio Público presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acusados.
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Miguel Prieto recusó a siete fiscales y un juez para trabar audiencia preliminar
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sigue dilatando el avance de uno de los procesos de la Justicia en su contra, y recusó a 6 agentes fiscales y a una fiscal adjunta, además del juez Humberto Otazú, lo que podría suspender la audiencia preliminar prevista para este miércoles.
Las recusaciones son contra los fiscales Silvio Corbeta, María Verónica Valdez, Jaime Adler Monjes, Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, además de la fiscal adjunta Soledad Machuca, en la acusación por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por la compra de alimentos durante la pandemia, informó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Los agentes fiscales recusados son de la Unidad de Delitos Económicos. Esta nueva recusación debe ser estudiada por el propio fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón.
Esta nueva recusación evita que se pueda realizar en la fecha la audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú, quien había convocado a Prieto para que el mismo y otros acusados para resolver si la causa es elevada a un juicio oral y público como lo había solicitado el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.
En este caso, la Fiscalía sostiene que con la compra de alimentos en pandemia del covid-19 se generó un perjuicio de G. 350 millones para la Municipalidad de Ciudad del Este. Los representantes legales de Prieto presentaron la recusación contra el juez Humberto Otazú, lo cual refuerza la intención del intendente de no enfrentar la audiencia preliminar.
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