La fiscal adjunta Matilde Moreno Irigoitia, de la Unidad Especializada de Narcotráfico y Crimen Organizado, dispuso que los billetes incautados en el marco de la causa por uso de documentos públicos de contenido falso en la que está procesada y presa Dalia Angélica López Troche, sean remitidos a la bóveda de seguridad del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Las evidencias, consistentes en billetes en guaraníes y dólares, se encontraban bajo guarda y custodia en el depósito central “La Piedad” del Ministerio Público. No obstante, desde la fecha, los mismos fueron remitidos por disposición fiscal al referido estamento.

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Conforme al antecedente, el 2 de abril de 2026, a las 17:40, el agente fiscal Federico Leguizamón, de la Fiscalía Barrial N. º 2, encabezó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Herrera de Asunción, que derivó en la detención de Dalia Angélica López Troche, quien se encontraba en rebeldía desde el 18 de marzo de 2020 y contaba con orden de captura internacional. El procedimiento fue realizado con apoyo de personal del Departamento de Tráfico de Armas de la Policía Nacional.

Igualmente, Dalia López designó a los abogados Álvaro Cáceres, Cristóbal Cáceres y Dante Gulino como nuevos defensores. Los mismos buscarán que la que estuvo prófuga por seis años pueda ser beneficiada con el arresto domiciliario.

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El diputado colorado Rodrigo Gamarra se refirió al caso Dalia López y las supuestas amenazas de muerte que habría recibido y que la detuvieron para presentarse ante la Justicia en todos estos años. El legislador indicó que, en primer término, la Justicia debe investigar a fondo la veracidad de esa amenaza y llegar a los responsables, caiga quien caiga, dejando atrás los “silencios selectivos”.

En una comunicación con La Nación/Nación Media, el parlamentario señaló que, en este caso, hay dos cosas graves que no se pueden pasar por alto. Apuntó igualmente, como hecho llamativo el silencio de algunos sectores y de ciertos medios que hoy miran para otro lado. “Cuando los hechos incomodan o involucran al gobierno anterior, parece que el interés por informar desaparece. Eso también es parte del problema”, expresó.

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No obstante, indicó que, en primero, sí es que hubo dichas amenazas de muerte contra la empresaria declarada en rebeldía por la Justicia. “Estamos hablando de un hecho de extrema gravedad que la Justicia tiene la obligación de investigar y esclarecer, quiénes fueron, por qué y bajo qué contexto. Eso no puede quedar en la nada”, enfatizó.

Asimismo, enfatizó en dejar en claro que ninguna amenaza —si es que existió— puede justificar eludir a la Justicia durante tanto tiempo. “Las instituciones están para ser usadas, no para ser evitadas. Hoy lo que corresponde es una investigación seria, sin protección para nadie, caiga quien caiga. Pero real, no discurso para encubrir como antes; Paraguay necesita la verdad, no relatos ni silencios selectivos”, concluyó.

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El fiscal Federico Leguizamón, de la Unidad 1 Fiscalía Barrial N° 2 del barrio Herrera, de Asunción, brindó algunos detalles del operativo que culminó con la captura de la empresaria Dalia López, luego de 6 años de permanecer en la clandestinidad, pese a contar con orden de captura nacional e internacional en su contra.

Durante una entrevista en la radio 1020 Am, mencionó que López había manifestado al momento de su detención que no se había presentado ante la Justicia durante todo este tiempo, porque recibió supuestas amenazas de muerte que habrían condicionado su decisión.

El fiscal explicó que la mujer manifestó que su intención en un principio fue ponerse a disposición de las autoridades judiciales, pero que una advertencia recibida a último momento cambió el rumbo de los hechos.

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“Ella dijo que se iba a presentar, pero que la noche anterior le llamaron a decir que, si pisaba una comisaría, estaría muerta. La señora señaló que tenía toda la intención de presentarse, pero cuando recibió esas amenazas retrocedió por miedo”, expresó.

En lo que respecta al operativo, destacó que fue muy tranquilo, ya que justo al momento de realizar el procedimiento, una persona se predisponía a salir de la casa.

“Coincidió que justo al abrirse el portón ya nos encontrábamos ahí en frente, por lo que no se forzó ni el portón ni las puertas. Les informamos sobre el operativo, y todas las personas en la casa se sometieron tranquilamente, confirmando que la señora Dalia López se encontraba en la habitación de la casa y se procedió a la detención de la misma”, precisó.

Mencionó que al momento de su detención la mujer se encontraba lúcida, colaboradora, pero se la veía decaída. Informó que solicitó la constitución de paramédicos para corroborar que todo estaba en condiciones respecto a su salud, ya que se encontró gran cantidad de medicamentos en su habitación y manifestó una serie de enfermedades de base.

“Ella manifestó ser diabética, con presión alta y de tener algún tipo de arritmia. Se encontraron mucha cantidad de medicamentos en la habitación”, añadió.

En cuanto a las evidencias incautadas indicaron que se levantaron una importante cantidad de documentos, así como una millonaria suma de dinero en efectivo tanto en guaraníes como en dólares americanos. El fiscal Federico Leguizamón detalló que el monto alcanzaba los G. 440 millones y 220.000 dólares, distribuidos en distintos sectores de la habitación, principalmente en el placard y diversos armarios de la casa incluso en frascos de cafés.

“Según manifestaron, el origen de ese dinero es de sus actividades comerciales de la empresa”, dijo el fiscal. “Expresaron que a partir de la orden de captura de la señora Dalia las cuentas de la empresa fueron congeladas y que no tenían forma de bancarizar, pero que estaban todo contabilizados, registrados y que tenían forma de justificar. Eso manifestaron”, sostuvo.

Leguizamón señaló que fue el departamento de Inteligencia el que manejó la investigación para dar con el paradero de López, y que el Ministerio Público actuó en el momento que recibió la información de que la policía contaba con alto indicio del lugar de su paradero.

Informó, además, que su función como fiscal, culminó el jueves por la noche cuando finalizó la primera indagatoria donde López se abstuvo de declarar.

Confirmó además, que el caso ahora ya quedó a cargo de la Unidad de Crimen Organizado, a cargo del equipo de fiscales que ya cuenta conlourdes la causa, que son los fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortiz y Alejandro Cardozo y Juan Sandoval.

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Cerca de la medianoche de este martes, Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y el exdiputado Ulises Quintana, abandonaron el Centro Penitenciario Tacumbú, luego de que la Justicia disponga medidas alternativas de la prisión, en tanto aguardan el inicio del juicio oral y público por el caso Berilo.

La disposición del juzgado se dio tras culminar las audiencias preliminares que se desarrollaron ayer martes, y resolvió que tanto "Cucho" Cabaña, el exparlamentario Quintana, junto a otras 21 personas serán sometidos a juicio oral y público por presunto narcotráfico. El juzgado consideró que existen elementos para sostener la acusación contra los procesados.

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Asimismo, dispuso la sustitución de la prisión preventiva por medidas alternativas, entre ellas el uso de dispositivos de control electrónico. Si bien, el juez Miguel Palacio otorgó la libertad ambulatoria con reglas de conducta a cumplir, en el caso del diputado Quintana. Mientras que para “Cucho” Cabañas dispuso que deberá usar tobillera electrónica en todo momento y solo podrá movilizarse entre Asunción y Lambaré, con prohibición de salida del país.

Al respecto, el abogado Nelson López, defensor de los dos principales procesados, mencionó que se consiguió estas medidas alternativas, pero cuestionó que a uno de sus defendidos se le haya impuesto medidas de control como el uso de tobilleras y restricción en la libertad ambulatoria.

“Estamos contentos con este resultado, era lo mínimo que esperábamos. Vamos a analizar si recurrimos esa parte de la resolución, porque consideramos que es una medida excesiva, teniendo en cuenta que Cabañas ya cumplió la pena mínima de 7 años de prisión. Entonces la ley es clara en ese sentido, que no se debería imponer ninguna restricción más cuando ya se ha cumplido la pena mínima”, acotó.

Cerrándose la etapa de audiencias preliminares tras reiteradas dilaciones, la Justicia resolvió elevar la causa a juicio oral, donde ambos acusados junto a la veintena de personas que presumiblemente integrarían la banda criminal, deberán responder a las acusaciones de tráfico de drogas que fue desarticulado durante el operativo Berilo, que se desarrolló en septiembre del 2018.

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