El agente fiscal de Salto del Guairá (departamento de Canindeyú) Vicente Rodríguez denunció que fue víctima de amenaza por parte de una persona que presuntamente sería Andrés José da Costa Amaral, hermano de Bruno da Costa Amaral, condenado a 3 años y 6 meses de cárcel por la incautación de billetes venezolanos hallados en febrero del 2017.
En comunicación con PDS radio y tv Digital, el agente del Ministerio Público señaló: “Me veo en la obligación de denunciar el hecho, y evidentemente, la intención del sujeto es amedrentarme para que no realice mi trabajo. Ese día que se dictó la sentencia, que fue el jueves, empecé a recibir llamadas de parte de una persona, y por su perfil decía que era el prófugo Andrés da Costa Amaral”, dijo el fiscal.
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Leve condena
Un Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá, integrado por los jueces Cynthia Espínola, Sofía Giménez y Bonifacio Rojas, llamativamente aplicó una leve condena de 3 años y 6 meses de cárcel para Bruno da Costa Amaral, quien fue juzgado por los delitos de lavado de dinero, asociación criminal y contrabando, por el conocido caso de la incautación de 530 bolsas arpilleras llenas de billetes de 50 y 100 bolívares venezolanos.
Las juezas de Sentencia votaron por la leve sanción condenatoria, mientras que el magistrado Rojas votó de forma llamativa por la absolución del procesado.
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Feminicidio de María Fernanda: tribunal aplicó penas de entre 10 y 3 años de cárcel a los acusados
Un Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo condenó a los cinco adultos acusados por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez. La lectura de la sentencia comenzó poco antes de las 23:00 del martes 25, atendiendo a la gravedad del juzgamiento a los acusados.
El colegiado integrado por los jueces Luis Ovelar, Víctor Vera y Andrea Riquelme emitieron su veredicto final tras finalizar el debate oral y escuchar a todas las partes. Además, durante la jornada de hoy dio la posibilidad de brindar algunas declaraciones a los procesados.
A la joven Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, acusada por instigación al feminicidio, asociación criminal y omisión de aviso, los jueces la encontraron culpable a las 23:59 y la condenaron a una pena de 10 años de cárcel.
A continuación, Ricardo Villamayor, acusado por ocultamiento de indicios y omisión de denuncia, a las 00:23 del miércoles fue condenado a 3 años de cárcel.
A las 01:05, Franco Antonio Acosta, acusado por complicidad en tentativa de aborto y frustración de la persecución penal, fue condenado a 5 años de privación de libertad.
Finalmente, a las 01:22, este colegiado decidió que los padres del joven de 17 años sindicado como principal responsable del feminicidio, Armando Silva y Karent Villar, sean condenados a 4 años y 6 meses de cárcel, luego de ser encontrados culpables por exposición al peligro, simulación de hecho punible y frustración de la persecución penal.
Antecedentes del caso
El fiscal Fermín Segovia pidió 10 años de prisión para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo por su presunta participación en el feminicidio. En tanto que, para los padres del autor principal 4 años y medio; para Franco Antonio Acosta 4 años de cárcel por complicidad y para Ricardo Villamayor solicitó 3 años de pena privativa de libertad por ocultamiento de indicios y omisión de denuncia.
El feminicidio de María Fernanda Benítez Martínez, de 17 años, se reportó el 27 de mayo del 2025 en la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, pero el hallazgo del cuerpo de la joven se dio recién el 31 de mayo de ese mismo año. Este estaba enterrado y totalmente calcinado en un patio baldío del barrio Villa del Maestro.
El presunto autor material del crimen al ser menor de edad al momento del hecho enfrenta un juicio en paralelo bajo el régimen penal adolescente con un pedido de pena máxima de 8 años.
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Fiscales piden protección urgente ante presunta amenaza de Giuzzio
Este martes, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, mediante una nota dirigida a la Corte Suprema de Justicia, solicitó la adopción de medidas de seguridad de carácter urgente para los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, luego de las presuntas amenazas que habrían recibido por parte del exministro del Interior y extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, al término de la audiencia del juicio oral que enfrenta por cohecho pasivo agravado.
El gremio calificó lo sucedido en los pasillos de la Corte como un hecho de “suma gravedad institucional” y pidió medidas de protección para los representantes del Ministerio Público que intervienen en la causa “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”. Además, menciona que todo lo sucedido quedó grabado en vídeos que posteriormente fueron difundidos en los medios de comunicación y redes sociales.
El documento señala que, una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio habría proferido amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso. En ese contexto, solicita el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas que resten del debate, además de custodia personal para ambos fiscales durante su permanencia en la sede judicial, incluyendo su ingreso, el desarrollo de las audiencias y su retiro del edificio.
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El gremio también pidió que las medidas se mantengan mientras persista el riesgo, al considerar que se trata de una medida preventiva ante una amenaza concreta que ya se habría materializado. Además, advirtió que situaciones de amenazas y amedrentamientos durante juicios orales no afectan únicamente a los agentes involucrados, sino que pueden comprometer el normal desarrollo de los procesos penales y el libre ejercicio de la función fiscal, entre otros puntos.
“Vamos a hablar después”
La presunta amenaza contra los agentes fiscales mencionados, ocurrió al finalizar la jornada de juicio ayer lunes 24 de agosto. Una cámara de GEN/Nación Media captó el momento en que Giuzzio increpó a los fiscales, apuntando con el dedo hacia Jorge Arce. “Vamos a hablar después”, habría manifestado el exministro durante el cruce con los agentes fiscales, previamente, Arce le había pedido concentrarse en su defensa.
Los fiscales adelantaron que comunicarán formalmente el episodio al Tribunal de Sentencia, integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, durante la próxima audiencia, prevista para el 1 de septiembre a las 10:30.
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Padres de María Fernanda piden la pena máxima para los acusados del horrendo crimen
Los padres de María Fernanda Benítez Martínez, la adolescente de 17 años que estaba embarazada y cuyo cuerpo fue hallado calcinado en Coronel Oviedo el 31 de mayo de 2025, pidieron hoy la pena máxima para los acusados del horrendo crimen ante el Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo.
“Son unos monstruos y tienen que pagar hasta lo último por lo que hicieron”, expresó Leonardo Benítez, padre de María Fernanda, a los magistrados encargados de dictar sentencia en la fecha. Asimismo, solicitó una fuerte condena para los demás involucrados por haber encubierto el caso. “Los padres deben pagar también por ser cómplices”, sentenció.
Hizo hincapié en que los autores del hecho actuaron de manera premeditada, atendiendo las evidencias recabadas durante la investigación. “Fue intencional lo que hicieron, porque un mes antes planearon lo que le iban a hacer a mi hija y cometieron un doble crimen, ya que le mataron a mi hija y a mi nietito. Y se merecen que vayan 30 años a la cárcel para que no vuelva a pasar esto a otra familia”, manifestó.
Igualmente, doña Nilda Martínez, mamá de la joven víctima, solicitó que se aplique la “cadena perpetua” para los responsables de la muerte de su hija por el terrible daño que le causaron a su familia. “Me hicieron un daño físico y emocional”, lamentó.
Por otro lado, cuestionó el actuar de los padres del menor, principal sospechoso del homicidio. “Cómo van a ayudar a un asesino”, exclamó. También se refirió a la amiga del presunto autor material. “Mikaela le mandó matar a mi hija, ella sabía y también merece la pena máxima”, apuntó.
Por su parte, el padre del adolescente acusado dijo de manera breve: “Una vez más le pido perdón a los familiares”. Este martes se dictará sentencia para cinco acusados por el crimen de la adolescente.
Según explicaciones del fiscal Fermín Segovia, el juicio corresponde a los adultos, que presuntamente intentaron entorpecer la investigación y ocultar evidencias.
Entre los acusados se encuentra Mikhaela Rolón, amiga del adolescente, quien habría dado instrucciones sobre cómo matar a una persona. También enfrenta juicio Franco Acosta, propietario de una farmacia, quien habría proveído medicamentos abortivos.
Asimismo, está acusado Ricardo Villamayor, quien presuntamente habría ocultado en su domicilio la motocicleta utilizada por el principal acusado para trasladar a María Fernanda. También son procesados los padres del adolescente, quienes habían presentado una denuncia por la supuesta “desaparición” de su hijo.
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Desnudan contradicciones del fiscal en el caso Bataglia: investigación apunta al hermano
El Juzgado de Delitos Económicos, a cargo del juez Rodrigo Estigarribia, desnudó la incoherencia del agente fiscal Julio Ortiz durante la audiencia de imposición de medidas cautelares para el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia.
El pasado 12 de agosto, el procesado por supuesta lesión de confianza se presentó ante el representante del Ministerio Público; sin embargo, este tomó la determinación de liberarlo en lugar de ponerlo a disposición del juzgado competente. Esta acción contradice el procedimiento habitual en otros casos, donde se comunica inmediatamente al juez y se realiza la audiencia de imposición de medidas.
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Esta situación se generó debido a que el fiscal sabía que Bataglia estaba en Europa y que no ingresó de forma regular al país, sino que lo hizo de forma clandestina. A pesar de esto, el representante fiscal ordenó su liberación. El hecho fue mencionado por el juez Rodrigo Estigarribia para fundamentar su resolución, en la cual decretó el arresto domiciliario del imputado con el uso de tobilleras electrónicas.
Hermano de Bataglia
Asimismo, la investigación se estaría ampliando hacia Carlos Bataglia, hermano del extitular del IPS. Esto se debe a que existen indicios bajo análisis que lo señalarían como el presunto nexo con las empresas proveedoras. Según los elementos recabados, su función había sido de nexo con el entonces titular de la previsional para direccionar ciertas adjudicaciones en las licitaciones que se realizaron en IPS.
Informe de Migraciones
La Dirección Nacional de Migraciones remitió un informe al juzgado de Rodrigo Estigarribia donde ratifica que el imputado ingresó de forma clandestina al país desde Europa. Este documento sirvió para que el magistrado decidiera decretar el arresto domiciliario, atendiendo a que existe un evidente peligro de fuga por parte del procesado.