El ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, visitó este martes la ciudad de Fernando de la Mora para constatar los avances de la construcción del nuevo edificio que albergará los Juzgados de Primera Instancia en los fueros Penal, Civil y Comercial, Laboral, y de la Niñez y Adolescencia.

Durante la inspección se informó que la obra registra actualmente un avance del 60 % en su estructura general. También participaron de la visita las senadoras nacionales Hermelinda Alvarenga y Noelia Cabrera; los miembros titulares del Consejo de Administración de Central: la presidenta, la camarista María Teresa González de Daniel y otras autoridades jurisdiccionales.

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También acompañaron al ministro Jiménez la directora de la Dirección de Infraestructura Física, Carolina Ruffinelli, y el arquitecto Juan Pablo Chamorro, responsable del proyecto, quien ofreció detalles técnicos y estructurales sobre la ejecución de la obra.

El recorrido inició en el área destinada al estacionamiento para funcionarios y se extendió hasta el sexto nivel del edificio en construcción. La edificación principal está dividida en dos bloques: el primero, en forma de “L”, destinado a las actividades jurisdiccionales y de atención al público, contempla diez niveles que abarcan desde dos subsuelos hasta la azotea en el séptimo piso.

El segundo bloque, con acceso independiente, albergará el Juzgado de Paz, una cafetería y un salón de usos múltiples, ambos conectados por la explanada principal. El edificio contará con una guardería infantil para hijos de funcionarios, en consonancia con las políticas institucionales orientadas al bienestar del personal.

Con esta obra, la Corte Suprema de Justicia reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial y la descentralización de los servicios, con el objetivo de facilitar el acceso a la Justicia para toda la ciudadanía.

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El programa Hambre Cero en las Escuelas ya logra beneficiar a 1.040.000 niños a nivel nacional, confirmó este lunes el ministro Tadeo Rojas, titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), luego de la reunión del presidente de la República, Santiago Peña, con el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), que preside el secretario de Estado.

“En el 2024 anunciamos que para el presente año estaremos cubrieron el 100 % del país, mencionamos que llegaríamos a aproximadamente 980.000 niños, pero hoy podemos anunciar de que estamos llegando a 1.040.000 alumnos en todo el país, quienes se han ido sumando mediante traslados de escuelas subvencionadas a escuelas públicas y algunos que han vuelto a reincorporarse al ámbito educativo habiendo concluido su sexto grado para el séptimo, octavo y noveno", sostuvo Rojas, través de una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga.

Añadió que los recursos del programa impulsado por el gobierno de Peña están garantizados con miras a un potencial aumento de estudiantes rumbo al 2026, tal como sucedió este año, en el que se tuvo un incremento de beneficiarios.

“El presidente Peña fue claro en indicar que los recursos tienen que ser asegurados para la provisión de la alimentación escolar. Estamos tranquilos y convencidos de que recursos para la cobertura de la alimentación escolar no va a faltar”, remarcó.

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Agregó que la meta superada expone una “visión de que realmente el programa de alimentación está teniendo un impacto muy importante que es lo que esperábamos en el ámbito educativo y por supuesto también en el sector económico. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las empresas cumplan en tiempo y forma con sus contratos y que puedan percibir lo que le corresponde”, manifestó.

Asimismo, informó que el presupuesto aprobado para el ejercicio 2026 supera los USD 375 millones. Señaló también que trabajarán junto con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para asegurar el correcto uso del Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), herramienta aplicada para salvaguardar la eficiencia, transparencia y rapidez del proceso administrativo.

Por su parte, el presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, ratificó el respaldo del bloque a las gestiones impulsadas por el Poder Ejecutivo, sobre todo a lo relacionado con el control del programa.

“Estamos trabajando para que esto sea lo más transparente posible, como administrador de contratos debemos cuidar esos aspectos. Se está desarrollando el programa con normalidad en todos los departamentos, un servicio en forma como se merecen nuestros niños, hoy para el Consejo de Gobernadores, Hambre Cero es una prioridad“, puntualizó.

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El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, dijo este viernes que existe un compromiso por parte del Brasil en remitir en el transcurso de las próximas semanas un informe sobre el espionaje cibernético perpetrado contra autoridades paraguayas, en el marco de las negociaciones sobre el costo de la tarifa de la entidad binacional Itaipú.

“La situación actual es que seguimos aguardando el dosier. El gobierno brasileño se comprometió a darnos las explicaciones sobre este hecho lamentable de espionaje al Gobierno de Paraguay, que fue aceptado por la Cancillería del Brasil. Las explicaciones son necesarias para volver a la mesa de revisión”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El espionaje se inició en la ges­tión de Jair Bolsonaro y siguió siendo eje­cutado en los primeros meses de la era de Luiz Inácio Lula da Silva. Según publicaciones de medios como UOL y el diario O Estado, la operación fue eje­cutada por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin).

El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, refirió el gobierno de Lula, mediante un comunicado difundido el 31 de marzo pasado, responsabilizando exclusivamente a Bolsonaro.

La información sobre el espionaje fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre de 2024 y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.

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“Ellos prometieron que las informaciones serían remitidas en las próximas semanas. Hay que reconstruir la confianza, no es poca cosa lo que pasó, cuando uno está en una relación con un país hermano, en una entidad tan importante como es Itaipú. Esto erosionó la confianza, no se puede minimizar lo que ocurrió, necesitamos y exigimos las explicaciones para volver a reencauzar la revisión", refirió Giménez, quien también se desempeña como consejero de la hidroeléctrica.

“Paraguay está listo para la renegociación, viene trabajando con un equipo técnicos y por consejeros que son a la vez ministros del Ejecutivo. Estamos aguardando que se concrete este arreglo mediante las cancillerías y dar vuelta esta página que es desagradable y volver a incursionar en una agenda positiva que estoy seguro que ocurrirá”, comentó.

Las afirmaciones de Giménez surgen ante la intención de Brasil en revertir el acuerdo concretado en mayo del 2024, consistente en la fijación del precio de la tarifa de Itaipú a USD 19.28 por kW/mes para los próximos tres años. “Esto se encuentra fuera de discusión, la tarifa ya se pacto a nivel de consejo, está aprobado por ambos países”, refirió.

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• Brasilia, Brasil. AFP.

La corte suprema de Brasil retomó este miércoles pasado un juicio que debe decidir sobre la regulación de las redes sociales, en un proceso pionero en América Latina sobre el papel de las plataformas en la propagación de noticias falsas y discursos de odio. Tras varios meses de pausa, la corte vuelve a analizar varios casos referidos a las reglas para las plataformas y a su responsabilidad sobre los contenidos publicados por los usuarios.

El proceso ocurre en paralelo a un juicio en la corte al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y varios excolaboradores, por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva. Según la fiscalía, los supuestos golpistas usaron las redes sociales para desinformar sobre la fiabilidad del sistema electoral y justificar sus acciones.

El debate sobre las redes sociales en el máximo tribunal debe definir de qué manera las plataformas pueden recibir sanciones por publicaciones ilegales de los usuarios. Otro punto clave es si las empresas tecnológicas deben fiscalizar y eventualmente retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial como dicta el marco regulatorio actual.

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Ocho de once magistrados aún deben votar sobre la constitucionalidad de un artículo del llamado Marco Civil de Internet, vigente desde 2014, que establece que las plataformas solo son responsables por daños causados por publicaciones de usuarios si se niegan a acatar un mandato judicial para eliminar dichos contenidos.

Los tres que ya lo hicieron, entre ellos el presidente de la corte, Luis Roberto Barroso, se pronunciaron por una mayor responsabilización de esas empresas. “Establecer los criterios que regirán los casos que llegan al poder judicial es nuestro deber (...) y no tiene nada que ver con censura. Estamos hablando de responsabilidad civil”, resumió el miércoles Barroso al abrir la sesión.

Aunque se analizan casos puntuales, lo que defina el tribunal sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general en Brasil.

Uno de los casos bajo análisis se originó por una apelación de Facebook contra un fallo que obligó a la compañía a indemnizar a una mujer que descubrió un perfil falso con su nombre e imagen para divulgar material ofensivo.

El magistrado Luiz Fux argumentó en su voto que en casos de incitación al odio o a la violencia, racismo, pederastia y apología de golpe de Estado, las plataformas deberían “supervisar activamente” y eliminar el contenido de inmediato, sin necesidad de orden judicial.

El bolsonarismo se ha mostrado crítico con ese proceso. Existe “preocupación ante la posibilidad de que el poder judicial imponga, de forma unilateral, restricciones severas a la libertad digital en Brasil”, señaló la semana pasada en una nota la bancada bolsonarista en la Cámara de Diputados. El sensible debate ante el supremo no tiene fecha de finalización.

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La potencia sudamericana ganó protagonismo mundial en torno a las responsabilidades de las plataformas en agosto de 2024, cuando otro de los jueces de la corte suprema, Alexandre de Moraes, ordenó bloquear el acceso a la red X en todo el país por negarse a acatar órdenes judiciales relacionadas con el combate a la desinformación.

El dueño de X, el multimillonario Elon Musk, ignoró los pedidos de eliminar cuentas de partidarios de Bolsonaro, en medio de un pulso con Moraes sobre los límites de la libertad de expresión y las amenazas a la democracia. Después de 40 días suspendida, Musk cedió y X volvió a funcionar normalmente en Brasil.

El gobierno estadounidense de Donald Trump estudia actualmente posibles sanciones contra Moraes, luego de que el entorno de Bolsonaro lo acusara de “perseguir” al exmandatario (2019-2022). Por su parte, el presidente Lula abogó el martes por “acelerar la reglamentación” de las plataformas. “No es posible que un tipo intente dar un golpe de Estado (...) y diga que eso es libertad de expresión”, dijo en rueda de prensa el izquierdista, en alusión a Bolsonaro.