El pleno de la Corte Suprema de Justicia confirmó como jueza penal itinerante de Asunción a Yolanda María Ysabel Morel de Ramírez, esposa del ministro de la Corte Suprema de Justicia Manuel Ramírez Candia. Asimismo, la máxima instancia judicial confirmó a otros magistrados en sus respectivos cargos.
Actualmente la esposa del alto magistrado es jueza de sentencia y tiene a su cargo valorar las pruebas que se están debatiendo en el juicio oral y público del exsenador colorado Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González Chávez.
Los demás designados por la máxima instancia judicial son Andrea Cristina Vera Aldana en carácter de miembro del Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia de la capital, Circunscripción Judicial de Capital. Como integrante del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Central fue designado Helmut Herman Fortlage Núñez.
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Como fiscal en lo penal de Concepción fue designado Epifanio Anastasio Joel Díaz Ferreira; como fiscal del Chaco fue nombrado César Alberto Sosa Ayala. Fue confirmada como jueza civil de la capital María Margarita Judith Gauto Bozzano.
Igualmente, la Corte Suprema confirmó como juez penal de Garantías de Coronel Oviedo a Carlos Raúl Zelaya. El juramento de rigor se realizará el próximo lunes 5 de julio a las 12:00 cumpliendo las normas sanitarias, como el uso obligatorio de tapabocas, además de la previa desinfección exigida en el acceso principal y el distanciamiento prudencial.
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Ministro de Corte Garay aclara sobre su estado de salud y denuncia suplantación de identidad
El ministro de la Corte Suprema de Justicia y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), César Garay, aclaró a la opinión pública y a sus colegas que se encuentra realizando un tratamiento médico, pero que eso no le impide seguir trabajando en la máxima instancia judicial y en el JEM. De esta manera, el alto magistrado salió al paso de ciertos rumores sobre su estado de salud.
El ministro Garay afirmó igualmente que realizó una denuncia ante la sede del Ministerio Público debido a que personas inescrupulosas envían mensajes de WhatsApp en representación del alto magistrado pidiendo favores particulares.
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También, agradeció a la vicepresidenta del JEM Alicia Pucheta y a sus compañeros de este órgano juzgador por el aprecio, respeto y educación hacia su labor.
El titular de JEM participa de la sesión de este órgano vía telemática, así como lo hace igualmente en las sesiones plenarias de la Corte Suprema de Justicia. Garay es actualmente el presidente de la sala civil de la máxima instancia judicial y vicepresidente de la Corte.
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Decretan prisión de “La Maldad”, mano derecha de Sebastián Marset
La jueza del Crimen Organizado, Rosarito Montanía, decretó la prisión preventiva de José Fernando Estigarribia alias “La Maldad”, deportado desde los Emiratos Árabes y quien sería la mano derecha del supuesto narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset.
Estigarribia estará privado de su libertad en la cárcel Martín Mendoza, de la ciudad de Emboscada, específicamente en el pabellón de máxima seguridad.
La jueza decidió enviarlo a dicha penitenciaría considerando principalmente la peligrosidad de la delincuencia organizada de alto perfil y la lucha de poderes de este tipo de organizaciones, cuyos miembros se encuentran distribuidos en las distintas cárceles del país.
El imputado fue funcionario del Ministerio Público, específicamente de la Unidad Antidrogas y es conocido con el sobrenombre de “La Maldad”, en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA).
De acuerdo a los datos recabados, Estigarribia ingresó a la organización de Marset del que sería hombre de confianza, como guardaespaldas de su esposa y testaferro.
Según la investigación, esta persona aportó su imagen, experiencia y cuentas bancarias para crear empresas de fachada utilizadas para blanquear dinero, justificando egresos ficticios mediante publicidad y eventos, con el objetivo de simular operaciones comerciales lícitas.
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DD. HH. constató respeto de los derechos de la esposa de Marset en Viñas Cué
La jueza de Garantías Rosarito Montanía confirmó la constitución de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia tras denuncia de Gianina García Troche, esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien supuestamente habría recibido maltrato inhumano en el penal de Viñas Cue. La magistrada indicó que la mujer cuenta con un plantel de 8 abogados y estos van turnándose para imponer alguna acción.
La jueza fue consultada sobre la situación que está pasando la detenida y señaló que todos los trabajos que se han realizado respecto a la señora Gianina García están dentro del sistema al cual acceden todos sus abogados de defensa.
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“Efectivamente se realizó la constitución de Derechos Humanos a petición de esta magistratura. Ella cuenta con un régimen diferenciado de prisión. Ella tiene como ocho abogados actualmente y van turnándose, como una suerte de agotar las instancias”, refirió Rosarito Montanía en comunicación con radio 1080 AM.
Agregó que el pedido de constitución de DD. HH. no solo lo realizó en este caso de la esposa de Marset; sino también en el caso de Insfrán y en su momento con el caso de la señora Laura Villalba.
“Esto a los efectos de constatar su condición de habitabilidad y de reclusión; ya que son civiles guardando reclusión en el penal de Viñas Cué, que en teoría debería estar personal militar procesado. Pero ellos cuentan con un régimen diferenciado de prisión”, acotó.
El objetivo de esta constitución de DD. HH. fue a los efectos de constatar de que no se están vulnerando los derechos. Como magistrada encargada del proceso no está restringiendo sus derechos a la procesada, quien estuvo reclamando más tiempo con sus hijos, así como autorizar la visita de algunos parientes que estaban llegando del Uruguay.
Plantel de 8 abogados
La jueza Montania explicó que el problema surgió con un impasse respecto a la resolución que establecía de forma clara los días de visita, la modalidad, las personas que podían ingresar que son los familiares directos de ella. Esto implica que no podrán ingresar otras personas ajenas al parentesco.
“Surgió así algunos problemas con la defensa que comenzaron a atacar la decisión de esta magistratura. Ingresaron varios abogados, ella tiene 8 abogados actualmente, que van turnándose como una suerte de buscar agotar las instancias”, precisó.
De hecho, en la fecha surgió la información que la defensa de García Troche ha planteado la nulidad absoluta de actuaciones fiscales y judiciales. Además, se pidió la extinción de la acción penal alegando el fenecimiento del plazo de la etapa preparatoria. Así como solicitó se dicte su inmediata libertad y que se aparte del cargo la jueza Rosarito Montanía.
Resaltó que afortunadamente la propia directora de Derechos Humanos de la CSJ, la doctora Nury Montiel, se ha constituido en el penal para recabar todos los datos. Indicó que su misión fue a más de entrevistar a la procesada, también entrevistó al director del penal de Viñas Cué; así como observar personalmente la forma que está viviendo dentro de la cárcel.
“Se hicieron las fotos, las entrevistas y efectivamente la señora García continuó reclamando mayor tiempo con sus hijos. Cuando hace más de 32 días se le amplió el tiempo con sus hijos, estableciendo los días sábados de 8 a 14 horas. Eso es muchísimo tiempo, aún así ella sigue reclamando”, explicó.
Indicó que independiente a esto, la defensa sigue presentando permiso de visitas familiares, las cuales se realizan de forma individual, porque no son visitas colectivas. Explicó que si se presentan 5 personas, cada una de ellas ingresa de forma individual; y ellos deben manejar su tiempo; ya que el horario de visita establecido en general son de 9:30 a 11:30.
“Entonces, no estamos incumpliendo, ni estamos violando sus derechos, procesales, ni constitucionales; y mucho menos se está violando sus derechos humanos”, acotó.
Remarcó que en todo el tiempo, desde su detención en el país, la señora García está contando con atención médica, psicológica y psiquiátrica, lo cual está todo respaldado con documentaciones.
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Abdo offshore: Fiscalía debe identificar quién forma parte de las empresas, dice Preda
El abogado Ricardo Preda insistió en que el Ministerio Público debe identificar a las personas que forman parte de las sociedades remitentes o intermediarias vinculadas a las supuestas cuentas bancarias ocultas que tendrían por beneficiarios finales al exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, y su esposa Silvana López Moreira, en el paraíso fiscal de las islas Seychelles (África).
“La decisión para poder abrir una investigación tiene que ver con la calidad de la información y no la fuente de la información. En este caso concreto se determinan los números de cuentas, montos, fechas de transferencias. La Fiscalía tendría que identificar quiénes son o forman parte de esas empresas que fueron las que transfirieron dinero a las cuentas”, refirió el experto en derecho penal económico en una entrevista con el programa “Cara o cruz” de Unicanal.
Los fondos ocultos por Abdo Benítez y López Moreira estarían canalizados a través de firmas offshore, específicamente Star Capital y Exchange Contract, que habrían recibido depósitos desde otras firmas creadas en Hong Kong y Dubái, según la investigación del portal argentino PeriodismoyPunto del periodista Luis Gasulla, publicada el pasado 20 de julio.
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Diversas aristas
“Habría que ver quiénes son los beneficiarios finales de esas sociedades para determinar si en alguna parte hay conexión con el expresidente, su familia o familia política. Hay muchas aristas a ser investigadas, no es solamente enviar una carta a Seychelles y solicitar información sobre esas cuentas nada más (Star Capital y Exchange Contract)“, refirió Preda.
“Esto no nació del movimiento Honor Colorado, el movimiento está totalmente lejos y ajeno a esta información que surgió en el país vecino. Esta denuncia contra Abdo da una información con datos y nombres certeros, concretos, para que las instituciones puedan hacer la verificación si es o no correcto. Yo hacía denuncias en época de pandemia de que nos estaban asaltando, robando, saqueando y ahora nos encontramos con esto, casualmente posterior a ese periodo tan nefasto”, dijo el diputado Rodrigo Gamarra, respaldando las afirmaciones del abogado Preda.
El informe periodístico refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión en el caso de haberse omitido su mención de las declaraciones juradas.
Detalles del informe argentino
La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.
Detalla que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran Abdo Benítez y López Moreira. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391 y fue abierta en setiembre del 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado. En junio del 2025, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02, y también tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y su esposa.
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