El submarino argentino que implosionó en 2017 con 44 tripulantes estaba en condiciones de navegar, declaró ante el tribunal uno de los exoficiales acusados en el juicio que intenta esclarecer por qué sucedió la mayor tragedia de la Armada, sin certezas de hallar respuesta. El submarino perdió contacto luego de reportar un desperfecto eléctrico y un principio de incendio cuando navegaba de regreso a su base en Mar del Plata, al sur de Buenos Aires, desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina.

Los restos de la nave fueron hallados un año después a 900 metros de profundidad y 500 kilómetros de la costa luego de una búsqueda internacional que mantuvo en vilo al país. “El submarino cumplió las normas y los requisitos establecidos. Es falso que no estaba en condiciones de navegar”, afirmó ayer miércoles Claudio Villamide, excomandante de la fuerza de submarinos a cargo del “ARA San Juan”, al declarar ante un tribunal en Río Gallegos, 2.500 km al sur de Buenos Aires.

Villamide es uno de los cuatro exoficiales juzgados en el proceso que comenzó el martes sin la presencia de ninguno de los familiares de las víctimas, 43 hombres y una mujer. Al igual que los otros acusados, afronta cargos por incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo, con penas de entre 1 a 5 años de prisión.

En la audiencia respondió preguntas del tribunal y de la querella. El jueves el juicio proseguirá con la indagatoria al resto de los acusados. Luego comenzarán a declarar los más de 90 testigos, en un proceso que se estima se extenderá hasta mediados de año.

En la apertura del proceso, la fiscalía expuso que el hundimiento “no se debió a un hecho fortuito, sino que fue un desenlace previsible por el estado de la unidad, que hizo posible el naufragio”. Villamide rechaza esta teoría. “El buque estaba en condiciones de navegar en seguridad, contaba con sus cajas de herramientas y manuales necesarios, elementos de seguridad y de escape”, insistió el exoficial destituido por un tribunal de guerra en 2021 debido al caso.

En una extensa exposición técnica, el exoficial admitió que el submarino presentaba una treintena de desperfectos reportados por escrito a lo largo de la cadena de mando, pero que ninguno de ellos le impedía navegar con seguridad.

“Hay cuestiones de las que no habló y son los puntos débiles: cuando hizo el detalle de cómo fueron los llamados de aquella madrugada, no dijo que en dos oportunidades el capitán (del submarino) le preguntó dónde está la flota de superficie. Esa pregunta es importante porque lo que querían saber es cuánto tardaban en llegar”, dijo a la AFP la abogada querellante Valeria Carreras.

La hipótesis de la fiscalía es que el fallo de una válvula de la tubería de refrigeración permitió el ingreso de agua al compartimento de baterías, lo que provocó un incendio y luego la implosión del aparato.

El “ARA San Juan” tenía una restricción de inmersión a 100 metros por tener pruebas pendientes luego de cumplir reparaciones.

Villamide declaró que “está comprobado que la implosión se produjo a los 550 metros de profundidad. Es una prueba de que el buque no se había inundado y el casco y las válvulas estaban en buen estado”, concluyó.

“Las familias de los tripulantes continúan atravesando este proceso con enorme entereza, pero también enfrentando lo que perciben como intentos de minimizar responsabilidades”, expresaron mediante un comunicado.

El abogado defensor del exoficial, Juan Pablo Vigliero, expresó a la AFP que confía “absolutamente en una absolución” de su defendido, al destacar que el juicio carece de pruebas “esenciales” para llegar a una condena.

“Acá murieron 44 personas, se hundió una nave militar del Estado argentino y no hay pericia mecánica, es insólito. El problema es que ahora no se puede hacer porque el submarino quedó a 900 metros de profundidad, sería tan grave como querer reflotar el Titanic”, afirmó.

El defensor señaló que esa circunstancia favorece su estrategia de defensa, y por extensión la de los demás acusados.

“La realidad con toda justicia es que al día de hoy no se sabe qué pasó, por qué se hundió y se fue a pique más allá de una situación de colapso”, dijo.

Las dudas razonables pueden dejar a los familiares con las manos vacías de justicia y respuestas.

El juicio tendrá audiencias cuatro días consecutivos cada dos semanas. Río Gallegos, una de las capitales provinciales menos pobladas de Argentina, alberga el proceso con relativa indiferencia. A las puertas del juzgado una pequeña bandera con los rostros de los 44 tripulantes fallecidos en la tragedia es la única referencia al caso.

Fuente: AFP.

La justicia argentina abre este martes un juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan que implosionó sumergido con sus 44 tripulantes en 2017 sin que se haya logrado dilucidar cómo ocurrió esa tragedia, la mayor de la Armada en tiempos de paz. Los restos deformados del submarino fueron localizados un año después. Todavía permanecen a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de Santa Cruz, en cuya capital Río Gallegos comienza el primer juicio.

El submarino había zarpado en patrullaje siete días antes de su desaparición desde el austral puerto de Ushuaia y regresaba a la base en Mar del Plata (sur de Buenos Aires). El 15 de noviembre de 2017 reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio. Fue su último mensaje. Su búsqueda aunó esfuerzos de decenas de países y mantuvo en vilo a la sociedad y al gobierno del expresidente de derecha Mauricio Macri (2015-2019).

No se espera la presencia en el juicio de ninguno de los familiares de las víctimas, 43 hombres y una mujer. “No pueden ni pagar las fotocopias, menos un avión y hospedaje. Lo más importante es haber llegado a juicio”, explicó a la AFP la abogada Valeria Carreras que representa a 34 familias de víctimas.

“Son personas sin poder, dinero ni apellido, se han sentido los nadies en estos ocho años, por eso hay mucha expectativa. Es importante la visibilidad para que el olvido y el tiempo no sean cómplices de la impunidad”, agregó. Las penas posibles -de uno a 5 años de prisión- contrastan con la dimensión de los hechos. Se sospecha faltas administrativas, de mantenimiento y seguridad.

“Fue una tragedia evitable, pero está mal visto en la Armada decir tengo miedo, existen riesgos, hay una cultura de silencio”, dijo Carreras al recordar que la Marina “fue la fuerza de mayor hermetismo durante la dictadura” (1976-1983). Los cargos son incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo agravado.

Los acusados, que llegan a juicio en libertad, son el extitular del Comando de Adiestramiento Luis López Mazzeo, el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, el exjefe del Estado Mayor del Comando Submarinos Héctor Alonso y el exjefe de Operaciones Hugo Correa. En 2021 un Consejo de Guerra destituyó a Villamide por negligencia y castigó con arresto de hasta 45 días a otros oficiales por ocultar información.

La justicia desoyó un pedido del abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro -muerto en el ARA a los 27 años-, para que el juicio se realice en Mar del Plata, a 400 km de la capital argentina, donde residían los tripulantes. Allí los familiares realizaron protestas frente a los edificios de la Armada en el tiempo que duró la búsqueda y también luego del hallazgo, una exposición que incomodó a la fuerza.

Los familiares denunciaron que fueron víctimas de espionaje, una causa en la que Macri fue procesado y que la Corte Suprema cerró en 2025. “Llevando el debate a Río Gallegos, a tanta distancia de Buenos Aires, buscan invisibilizar la tragedia”, dijo a la AFP el abogado que representa a una veintena de familiares.

El juicio se fijó allí por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. “Este es el primer proceso, todavía no se terminó la investigación respecto a los demás responsables de la línea de mando que llega hasta Macri”, agregó el abogado al recordar que restan analizar “67.000 fotografías y horas de video”. De su lado Carreras confió en que durante este juicio los más de 90 testigos aporten pruebas. En la instrucción “a muchos les falló la memoria, ahora eso puede cambiar”, opinó.

Las audiencias se desarrollarán durante cuatro días consecutivos, con pausas de una semana antes de la siguiente tanda. La hipótesis es que el submarino tuvo un fallo de válvula que permitió el ingreso de agua al compartimiento de baterías, desató un incendio y luego una explosión. Pero para corroborarla deberían reflotarse los restos, un operativo millonario, dicen querellantes.

“Es muy difícil condenar a alguien por un delito cuando no se sabe realmente lo que ocurrió. El juicio puede terminar en absolución”, dijo Tagliapietra. “Hubo muchas falencias previo al hundimiento, los mandos en tierra no tomaron decisiones adecuadas, pero todavía no sabemos por qué se hundió”, dijo Tagliapietra. “Hay resignación de familiares. Yo sigo luchando, es la promesa que le hice a mi hijo”.

Fuente: AFP.

El Poder Legislativo enciende los motores desde esta semana, para retomar con mucha fuerza las actividades parlamentarias, en un año completamente atípico y en medio de una fuerte contienda electoral. Si bien, la clase política estará bastante ocupada con las internas partidarias del 7 de junio, primeramente y luego las Elecciones Municipales del 4 de octubre; en paralelo ya se visualiza una frondosa agenda legislativa que promete grandes debates en ambas cámaras.

Para conocer un poco las expectativas para este año, La Nación/Nación Media, conversó con los senadores Derlis Maidana, de la bancada colorada oficialista y con su colega liberal, Dionisio Amarilla, quienes coincidieron plenamente en señalar que sería “una hipocresía”, no reconocer que este año, una buena parte de la atención estará concentrada en los comicios partidarios.

“Este año será un año de elecciones en cada municipio, pero el presidente de la República, Santiago Peña, ya nos ha adelantado que tiene una agenda bien cargada en lo que él llamó el segundo tiempo de su Gobierno”, expresó el senador Maidana.

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Así mismo, el legislador Amarilla indicó que gran parte de la energía legislativa va a estar orientada a los trabajos vinculados a los desafíos electorales partidarios, teniendo en cuenta que las elecciones generales del 2028, tienen como antesala o preliminar las municipales del 2026.

“Los políticos que pretenden volver en el 2028 están armando estructuras de competición para este junio y también para octubre próximo, y eso va a ocupar un poco de tiempo”, acotó.

No obstante, ambos legisladores coincidieron en señalar que este nuevo periodo legislativo anual se inicia con un enorme desafío que demandará una fuerte atención de parte del colegiado y tiene que ver con la reforma de la Caja Fiscal, que se suma igualmente al debate de la Caja Parlamentaria.

Pero también está en agenda legislativa y ya comienza a generar las primeras opiniones de sus colegas temas como el Acuerdo Mercosur - Unión Europea, que fue firmado bajo la presidencia Pro Tempore del Paraguay, en diciembre pasado, y que a la fecha ya cuenta con el visto bueno de los parlamentos de Uruguay y la Argentina, quedando pendiente Paraguay y los otros Estados partes del Mercosur.

También el senador Amarilla señaló que está en lista de la agenda parlamentaria, el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) entre Paraguay y Estados Unidos, firmado en diciembre de 2025. “Son temas que van a generar debate, seguramente un poco de euforia, discusiones ideológicas, otras cuestiones. Es lo que creo que va a formar parte de la dinámica legislativa en este año”, expresó Amarilla.

No obstante, enfatizó que se debe de escuchar a todos los gremios que son afectados con esta reforma, pero también ellos deben de entender que la reforma es necesaria, ya que según las cifras que dio a conocer el Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo corto, el déficit fiscal afectará el pago a los jubilados del sector público.

“La gente tiene que digerir esto, no es un tema que yo le pueda imponer de la noche a la mañana en el cerebro y decirle que se hace esta reforma sí o sí, o no cobrarán sus haberes. Hay que tomarse el tiempo, permitir a la gente que converse en sus círculos y a partir de ahí generar un gran consenso para que eso posteriormente se modifique”, comentó.

En tanto, el senador Maidana indicó que lo principal ante todo, será llegar al mejor consenso que se pueda con respecto a la ley de la reforma de la Caja Fiscal. “Luego estaremos trabajando para que la microeconomía pueda mejorar y trabajaremos también en leyes que faciliten las oportunidades de bienestar a la clase media”, precisó.

El senador colorado enfatizó que la idea es seguir haciendo que la estabilidad macroeconómica sólida que logró el Gobierno del Presidente Peña llegue a la clase trabajadora.

Finalmente, el senador Amarilla insistió en que se viene un año de mucha adrenalina política. “Esto le hace muy bien a la clase política, especialmente a los partidos tradicionales, que son los grandes movilizadores de masa. Pero, también deseamos que sea la constante de los partidos de maletín que vayan creciendo, y que no resuelvan sus internas solamente entre cuatro paredes”, concluyó.

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A partir de esta semana inician nuevamente las actividades parlamentarias para ambas Cámaras, Senadores y Diputados. El receso parlamentario 2025-2026 estuvo marcado por constantes actividades y el tratamiento de proyectos trascendentales para el país. Una de estos proyectos fue la reforma de la Caja Parlamentaria, que generó controversia, pero así también dejó expuesta la necesidad urgente de cambiar el sistema de jubilaciones.

El diputado Alejandro Aguilera, miembro de la Comisión Permanente, sostiene que este fue uno de los periodos más movidos. La Permanente queda a cargo del Congreso Nacional mientras dura el receso, que va desde el 21 de diciembre hasta el 1 de marzo del siguiente año. En este periodo, la presidencia de la Permanente estuvo a cargo del senador Colym Soroka.

“Tuvimos prácticamente audiencias todas las semanas, tuvimos sesiones cada quince días, pero los lunes, martes, miércoles, jueves inclusive, de todas las semanas estuvimos recibiendo a gremios de todo el país. Fue realmente muy movido, no como los otros años”, expresó en entrevista para La Nación/Nación Media.

La presentación del proyecto de reforma de la Caja Fiscal fue uno de los temas que movió bastante a los legisladores, se realizaron audiencias públicas para el análisis del documento con los sectores afectados, sindicatos, gremios, representantes del Gobierno, y miembros del cuerpo legislativo.

“Tuvimos mucho movimiento porque el presidente de la República presentó el proyecto de reforma de la Caja Fiscal el 30 de diciembre (del año pasado), entonces nos tocó a nosotros desde la Comisión Permanente hacer las primeras audiencias con todos los sindicatos y gremios que van a ser afectados con ese proyecto de ley y como es una de las reformas más importantes de las últimas décadas obviamente requirió de muchas reuniones, muchas conversaciones, mucho análisis”, menciona.

El diputado destacó la decisión tomada por el presidente de la República, Santiago Peña, y sus ministros. “Este Gobierno del presidente Santiago Peña es un gobierno reformista, ha hecho reformas que ningún otro gobierno se ha animado a hacer y eso también hace que el Poder Legislativo se mueva de otra manera”, resaltó.

Aguilera señaló que el “proyecto de reforma de la Caja Fiscal es una reforma que ya se debería haber hecho hace muchísimos años atrás, pero ningún gobierno tuvo el liderazgo suficiente o le dio la importancia que debería darle a semejante reforma, Santiago Peña sí lo ha hecho, obviamente eso amerita también que el Poder Legislativo esté a la altura de todo esto y que hayamos trabajado también de esa manera”.

El legislador resaltó además el abordaje que tuvo la Permanente con la situación del Instituto de Previsión Social (IPS), marcado por varias denuncias de falta de medicamentos y carencias en la asistencia médica. Para ello, la Permanente convocó al presidente de la previsional, Jorge Brítez.

“También otro tema bastante importante que es la situación del Instituto de previsión social, donde también le convocamos al presidente del IPS, el doctor Britez con todo su equipo técnico, que más que una audiencia prácticamente fue una interpelación a la que se sometió el presidente de IPS, que ha respondido a absolutamente todas las inquietudes, todas las preguntas que le hicieron los legisladores de distintos signos políticos”, resaltó.

Aseguró que estos “son temas obviamente demasiado importantes, de mucha relevancia para la República del Paraguay”.

El Poder Ejecutivo también remitió el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), firmado en Asunción en enero de este año, bajo la presidencia pro tempore de Paraguay. “La Comisión Permanente ya ha girado eso al Senado, ya va a depender la mesa directiva del Senado para ver cuándo tratan, cuándo estudian la ratificación del tratado del Mercosur con la Unión Europea”, aclaró.

Para tratar el documento, la Comisión también desarrolló audiencias públicas para el abordaje con la presencia del jefe de Gabinete Civil de la presidencia, Javier Giménez, representantes de gremios de producción, y legisladores, esto con el objetivo de discutir sobre los beneficios que tendrá Paraguay con el acuerdo comercial.

“Realmente es de mucha relevancia para el campo económico de nuestro país, nos abre un mercado de cientos de millones de personas, y el Paraguay va quitar muchas ventajas como la colocación de etanol, en la colocación de azúcar, y también obviamente a todo lo que se refiere a alimentos, nosotros somos un país exportador de alimentos, de primera categoría y esto nos va dar una oportunidad demasiado importante para que el Paraguay reciba más divisas y por ende genere mayor fuente de trabajo”, resaltó.

El acuerdo deberá ser analizado primeramente por el Senado una vez que inicie las actividades y posteriormente pasará a la Cámara Baja. “Ojalá que el Senado en sus primeras sesiones ya pueda tratar esto este tema y luego pase a Diputados y nosotros también le daremos la importancia que debe de tener”, concluyó.