Desde la Corte Suprema de Justicia informaron que este viernes Jueces de Ejecución Penal y de Garantías del departamento de Guairá, junto con funcionarios de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte, realizaron una jornada de control y verificación en la Penitenciaría Regional de Villarrica.

Indicaron que el presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Guairá, magistrado Juan Carlos Bordón, recibió a los funcionarios judiciales a fin de coordinar las labores previstas.

“En la oportunidad se desarrollaron entrevistas programadas con personas privadas de libertad (PPL), con el objetivo de recabar información sobre la situación procesal de sus respectivas causas”, expusieron.

Según indicaron, de la catividad participaron los jueces penales de Ejecución y de Garantías:

• Marlene Romero, Derlis Johnny Duarte (1.er Turno)
• Marcela Mallorquín (2.º Turno)
• Dionicia Alfonso (3.er Turno)
• Juan Ruiz Díaz (4.º Turno)
• Marcelo Ramírez (5.º Turno)
• Porfirio Martínez (juez penal de Garantías de Colonia Independencia)
• Omar Baeza (juez de Ejecución Penal de Caaguazú).

También estuvieron presentes representantes del Ministerio de la Defensa Pública, abogados:

• Rosa Bernal
• Abel Téllez
• Cristian Fernández
• Edgar Vázquez

Estos trabajaron de forma conjunta con el equipo de la Coordinación desde tempranas horas. Asimismo, participaron representantes del Ministerio de Salud.

La doctora Lilian Luraschi, encargada de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la CSJ, participó de la actividad junto con su equipo técnico.

La iniciativa tuvo como finalidad brindar asistencia jurídica y procesal a las personas privadas de libertad, mediante intervenciones articuladas entre los jueces penales de Garantías y de Ejecución, con la colaboración del director del establecimiento penitenciario, Darío Cristaldo, quien facilitó la provisión de datos para el seguimiento de los procesos.

• Quito, Ecuador. AFP.

Ecuador investigará el origen del patrimonio de jueces y fiscales que liberen a narcotraficantes, secuestradores y homicidas, informó el gobierno de Daniel Noboa, cuya bandera es la mano dura contra el delito. El país sufre una sangrienta guerra entre narcos y mafias internacionales. Ecuador cerró 2024 con una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de Latinoamérica.

“En innumerables ocasiones, la Policía Nacional ha tenido que capturar hasta diez veces a un mismo criminal porque ha recibido beneficios de la justicia. Esto se acabó“, señaló la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un comunicado. La entidad agregó que “desde ahora se ejecutará el análisis del origen patrimonial y licitud del origen de los fondos de todos aquellos jueces, fiscales y su entorno, que otorgan medidas procesales sustitutivas o la libertad” a asesinos, secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes.

Recientemente se conoció que un grupo de presuntos secuestradores fue liberado por orden de un juez después de raptar a cuatro comerciantes, entre ellos una ciudadana china, en el puerto de Guayaquil. Las víctimas aparecieron muertas días más tarde encadenadas y dentro de un pozo.

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“Las economías criminales mantienen a flote sus estructuras, extendiendo sus tentáculos en los entramados judiciales de los que se benefician para lograr la impunidad”, dijo el ministro del Interior, Jhon Reimberg, en un video difundido en X. Entre enero y abril de 2025 el Ministerio del Interior registró 3.084 homicidios.

A inicios de junio, el Congreso, de mayoría oficialista, aprobó una ley para combatir las bandas criminales. Una de las medidas es extender el tiempo máximo de prisión preventiva para así evitar que los acusados queden libres durante el proceso. La norma también contempla otorgar un indulto presidencial a miembros de la fuerza pública condenados por hechos ocurridos en combate.

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• México, México. AFP.

La justicia en México entró en una etapa de incertidumbre, tras unas inéditas elecciones de jueces marcadas por el abstencionismo e inquietudes sobre la independencia judicial y la relación económica con Estados Unidos. Con una participación de entre 12 % y 13 %, los mexicanos eligieron el domingo a 2.680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia, un caso único en el mundo.

Entre los miles de candidatos había antiguos abogados de la mafia, como Silvia Delgado, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Esas postulaciones alimentaron sospechas sobre la posible injerencia de políticos y criminales en el poder judicial.

Las preocupaciones alcanzan la vital relación con Estados Unidos de cara a la revisión del acuerdo comercial T-MEC, prevista para este año, según la firma británica Capital Economics. La elección “puede complicar” estas negociaciones, advirtió la consultora, en medio de las presiones arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a México y Canadá.

En agosto pasado, cuando aún era senador, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, firmó una carta en la que el comité de relaciones exteriores advirtió que la reforma que dio origen a los comicios pondría en “peligro intereses económicos y de seguridad” bilaterales.

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Se espera que el Instituto Nacional Electoral anuncie este lunes a los nueve miembros de la Suprema Corte, y en los días siguientes a los demás elegidos. El máximo tribunal fue la manzana de la discordia que llevó al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a impulsar la elección de jueces mediante una enmienda constitucional.

La Corte bloqueó varios proyectos de López Obrador, por lo que éste y su sucesora, Claudia Sheinbaum, acusan a ministros salientes y otros jueces de defender intereses corruptos, de una impunidad que supera 90 % y de nepotismo.

“No es una reforma que busque mejorar el sistema de justicia, sino capturarlo”, dijo a la AFP Juan Jesús Garza, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La izquierda ya controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de la segunda economía latinoamericana.

Tres ministras del Supremo actual, afines al gobierno, buscaban permanecer en el cargo.

Los comicios no requerían un porcentaje mínimo de participación para ser válidos, pero el alto abstencionismo debilita el argumento oficialista de que los ciudadanos anhelaban elegir a sus jueces, opina Garza. “Por más que la elección sea válida en lo jurídico, en lo político y en lo ético va a ser muy difícil” defenderla, advierte este doctor en filosofía del derecho.

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Las elecciones estuvieron signadas por la confusión ante la multiplicidad de boletas y extensas listas de aspirantes. Algunos votantes conocieron a los candidatos por TikTok y decidieron su apoyo incluso tras contactarlos telefónicamente o por simple “intuición”, según testimonios obtenidos por AFP en Ciudad de México y Guadalajara (oeste).

El escaso conocimiento de los perfiles y dudas sobre la idoneidad de los aspirantes también generan incertidumbre. Además, algunos fallos podrían retrasarse pues los nuevos jueces recién asumirán funciones en septiembre.

“La justicia no va a cambiar de la noche a la mañana (...) Por el contrario, va a retrasarse todavía más en lo que se asignan los puestos”, advierte Garza.

Pero también existe la posibilidad de que muchos funcionarios del actual poder judicial, que participaron en los comicios, conserven sus puestos.

“El mejor escenario sería que tengamos jueces y magistrados de carrera judicial comprometidos”, comentó a la AFP el exmagistrado Carlos Soto. Otros 4.000 jueces serán elegidos en 2027.

Los partidos de oposición, muy debilitados, habían llamado al abstencionismo al advertir que los comicios consolidarían un “régimen autoritario”. Bajo este argumento, unas mil personas protestaron el domingo en Ciudad de México. Pero Sheinbaum, quien este lunes cumple un año de ser elegida y disfruta de una popularidad de 70 %, sostiene que quienes defienden esa tesis solo quieren mantener la “corrupción y privilegios” del poder judicial.

Expertos coinciden en que la reforma a la justicia no ataca las raíces del problema, en un país donde cada año se registran unos 30.000 homicidios y hay más de 120.000 desaparecidos por la violencia del narcotráfico. Para Juan Jesús Garza, se deben mejorar las capacidades investigativas de las fiscalías -desbordadas de expedientes- y ampliar la red de defensores públicos para los sectores más empobrecidos.

Pese a que algunos de los requisitos para postular en las votaciones eran tener buena reputación y carecer de antecedentes penales, la oenegé Defensorxs identificó una veintena de candidatos “riesgosos”. Entre ellos figura la abogada Delgado, quien buscaba ser elegida jueza en Ciudad Juárez y asegura que su única relación con el “Chapo” Guzmán fue profesional.

También, Fernando Escamilla, candidato a juez estatal en Nuevo León (noreste), quien fue abogado de Miguel Ángel Treviño, antiguo líder de Los Zetas, un extinto cártel conocido por su brutalidad. Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.

• México. AFP.

Los mexicanos empezarán a elegir el próximo domingo a todos sus jueces, un ejercicio inédito en el mundo que el oficialismo de izquierda defiende como panacea contra la impunidad, pero que según sus críticos consolidará un régimen autoritario y abrirá una rendija a los criminales. La elección es fruto de una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien enfrentó el bloqueo judicial a ambiciosos proyectos, desde cambios constitucionales hasta grandes obras.

Su sucesora y copartidaria, la izquierdista Claudia Sheinbaum, argumenta que el voto popular ayudará a reducir los intolerables niveles de impunidad: 90% de casos sin sentencia. Pero para sus detractores, el verdadero objetivo es controlar el poder judicial y acabar con el único contrapeso al oficialismo, que domina el legislativo y la mayoría de gobernaciones.

“Hay quienes dicen que el pueblo no sabe. Pues están muy equivocados. El pueblo es muy inteligente y sabe por quién va a votar”, asegura la popular mandataria, quien rechaza que los mexicanos sean indiferentes a la elección.

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Sin embargo, se estima que solo la mitad de los electores sabe la fecha de los comicios y cuatro de cada 10 están seguros de participar, según encuestas de los diarios El Universal y El País.

En un contexto de franco debilitamiento de los partidos opositores, activistas llamaron a protestar el domingo contra esta primera etapa, en la que serán elegidos 2.600 jueces federales y magistrados de 19 de 32 estados. Los restantes 4.000 jueces locales serán votados en 2027.

La jornada no tiene antecedentes, pues si bien países como Estados Unidos o Bolivia contemplan la elección popular de algunos jueces, en ninguno se había empleado hasta ahora para designar a todos los magistrados.

Aunque en el papel el proceso es apartidista, expertos opinan que la Suprema Corte de Justicia -gran piedra en el zapato de López Obrador- podría quedar con una mayoría afín al gobierno.

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En un país golpeado por la corrupción y la violencia criminal, la elección aumenta el temor de que los jueces terminen sometidos al poder político y económico, o a las amenazas de narcotraficantes.

Una oenegé crítica de los comicios detectó a 19 candidatos señalados por vínculos con cárteles, corrupción y abuso sexual.

Incluso Silvia Delgado, una antigua abogada del legendario narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, preso a perpetuidad en Estados Unidos, es candidata a jueza del estado de Chihuahua (norte).

La eventual victoria de personas cuestionadas solo podrá impugnarse tras la votación, en la que participan miles de aspirantes que fueron seleccionados por los tres poderes del Estado.

La elección también desafía la independencia de la justicia.

“Podría incrementar el riesgo de que los candidatos (...) busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección”, lo que comprometería la imparcialidad, advirtió en un informe Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.

Para Olimpia Rojas Luviano, abogada de 28 años, “la justicia no se vota” porque ante todo requiere funcionarios especializados y con experiencia. La sociedad mexicana “no está preparada para este ejercicio”, añade a la salida de un despacho judicial capitalino.

La impunidad y la desconfianza apuntalan el discurso de Sheinbaum, quien en su conferencia de prensa diaria exhibe a jueces que -según ella- favorecen a delincuentes y entorpecen la administración de justicia.

“En mis cuarenta y pico de años de litigante, jamás le he dado a un juez, mucho menos a un magistrado, ni un solo centavo para que dicten una sentencia a mi favor”, asevera Claudia Rojas, abogada civil con 48 años de carrera.

Expertos sostienen que la liberación de muchos sospechosos suele ser resultado de investigaciones deficientes de las fiscalías, entes autónomos que no fueron tocados por la reforma.

Otros factores que complican la elección han sido las restricciones para promocionar a los candidatos, que en su mayoría apelaron a las redes sociales, y la complejidad del sufragio.

En el caso de Ciudad de México los votantes deberán marcar nueve boletas (6 para jueces federales, 3 para locales). Solo los candidatos federales suman 3.414, debido a lo cual los resultados recién se conocerán a partir del 2 de junio. “Creo que hasta las propias personas que lo idearon ni siquiera saben cómo se hace”, afirma Rojas Luviano, quien pese a sus reparos acudirá a votar. “Salgan a votar y participen, porque no es solo criticar”, añade.