La Fiscalía revisará las cámaras de vigilancia para llegar a la verdad sobre lo acontecido en la cárcel donde se encuentra privado de libertad el exgobernador de Central, Hugo Javier González, quien habría sufrido una supuesta agresión física. El agente asignado a la investigación es el fiscal Luis Chamorro, quien informó que Hugo Javier fue encontrado ayer domingo en el baño alrededor de las 23:00.

Según explicó, el exgobernador habría ingresado al lugar con un compañero de celda y posteriormente fue hallado tendido en el piso. El representante del Ministerio Público señaló que analizarán las imágenes de seguridad para determinar qué ocurrió.

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También mencionó que la luz del recinto estaba apagada. Del mismo modo, el fiscal indicó que convocará a los guardias de turno para que presten declaración sobre lo sucedido y añadió que aguarda un informe médico completo sobre el estado de salud del condenado.

En principio, el director del Hospital de Barrio Obrero, Adán Godoy, había dicho que Hugo Javier sufrió un accidente cerebrovascular (ACV); sin embargo, esa posibilidad fue desmentida por el médico forense.

Posteriormente, el juez de ejecución Carlos Mendoza ordenó una inspección médica en la unidad de terapia del Hospital Nacional de Itauguá, donde el exgobernador fue intervenido de urgencia debido a un traumatismo craneoencefálico.

De acuerdo con los reportes, la cirugía resultó exitosa, pero el condenado permanecerá en cuidados intensivos.

Igualmente, el doctor Miguel Ferreira del Hospital Nacional de Itaugua señaló que están queriendo precisar el origen del trauma, aunque no se descarta que haya sufrido un ACV, según dijo.

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El tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos, Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, dio continuidad este lunes al juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El tribunal definió sobre los incidentes planteados tanto por el Ministerio Público, parte acusadora, como de la defensa de Prieto y los demás acusados en el caso conocido como Tía Chela.

La acusación es por lesión de confianza y asociación criminal tras el presunto desvío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales con la distribución de kits de alimentos en época de la pandemia, por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este, cuando Prieto era intendente.

Uno de los incidentes planteados por la Fiscalía es una nota del 28 de marzo del 2020, que ya se encontraba en la carpeta fiscal, en este caso se presentó el pedido de solicitar informes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit), sobre el cambio de productos incluidos en el kit de alimentos.

“El tribunal, al haber constatado la existencia de la referida nota, que ya obraba en la carpeta fiscal, no se configura en la circunstancia de hecho nuevo invocado por el Ministerio Público como fundamento de su petición. En consecuencia corresponde rechazar la inclusión de los informes solicitados”, fue la respuesta del tribunal.

Agrega que, “no obstante, si en el transcurso del debate el Tribunal considera necesario de contar con algunos de los dichos informes, pueda disponer la solicitud de los mismos conforme a las facultades que le confiere el artículo 394 del Código Procesal Penal, como medida de mejor proveer”.

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El tribunal también se expidió sobre el pedido de incluir la declaración testifical del director de la DNCP, Agustín Encina. “Debe señalarse que la prueba testimonial tiene por objeto incorporar al juicio el conocimiento que una persona posee respecto a hechos o circunstancias que ha percibido y que guarda relación con el objeto del proceso. Este tribunal advierte que el Ministerio Público no señaló concretamente hecho u objeto del presente juicio había conocido el señor Agustín Encina, ni que el mismo haya tenido intervención directa en las circunstancias fácticas contenidas de la acusación”, mencionan.

Mientras tanto, el tribunal señala que “al fundamentar su pedido el Ministerio Público sostuvo que su declaración resulta necesaria por tratarse de un testigo calificado y experto que podría responder consultas sobre la pertinencia de la nota del 28 de marzo del 2020 sobre su regularidad o irregularidad y explicar si resulta factible ese tipo de procedimientos en materia de contrataciones públicas. Se rechaza dicha incidencia”.

Sobre la inclusión probatoria de 28 enlaces o links correspondientes a publicaciones realizadas en redes sociales que habían sido ofrecidas durante la audiencia preliminar y que no habían sido admitidas por el juzgado penal de Garantías, correspondientes a publicaciones y registros audiovisuales vinculados, entre otros aspectos con la adquisición, preparación y entrega de los kits de alimentos y publicaciones de medios periodísticos, el tribunal considera que corresponde diferir sobre su resolución.

La defensa dividió la solicitud en dos grupos, el primer grupo cuatro personas, “se sustentó en hechos nuevos señalando que dichas personas fueron localizadas pocos días antes del inicio del juicio, las mismas se encuentran individualizadas entre las 25 personas mencionadas en el informe y sus declaraciones permitirían establecer si se recibieron los kits de alimentos, si las firmas obrantes en las planillas les pertenece, y dónde residía al momento de los hechos, así como confrontar tales circunstancias con el contenido del informe”.

Por lo que el tribunal definió que “sus testimonios pueden resultar útiles para el esclarecimiento de los hechos y para la elaboración del elemento probatorio, razón por la cual corresponde admitirlos”. De igual manera admitió los 56 testigos, ofrecidos por la defensa en un segundo grupo, que no fueron admitidos por el juzgado penal de Garantías, fueron seleccionados de una nómina de 126 personas, afectadas a la preparación y distribución y entrega de los kits de alimentos en distintos.

“Será durante el debate del juicio cuando podrá determinarse si resulta necesaria la declaración de los testigos admitidos, pudiendo prescindirse de aquellos cuyos testimonios resulten repetitivos o sobreabundante”, definió el tribunal.

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Por otra parte, el tribunal resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa, de utilizar las redes sociales del exintendente para la transmisión del juicio, argumentando que los canales institucionales de la Corte y los diferentes medios de comunicación ya están transmitiendo cumpliendo el principio de publicidad.

En la mañana de este lunes se reanudo el juicio oral al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en la causa conocida como Tía Chela.

El exjefe comunal esteño enfrenta juicio oral y público por lesión de confianza y asociación cri­minal tras el presunto des­vío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales. Este proceso representa un paso crucial para el Ministerio Público, que busca una sentencia conde­natoria ejemplar ante la gra­vedad de un hecho que golpeó directamente los recursos de los ciudadanos del Este.

En el Día Internacional de Cooperación Policial, el comisario Carlos Dure, jefe del Comando Tripartito, destacó hoy los resultados alcanzados con la operación Conexión Armadillo que permitió la captura de personas ligadas a organizaciones criminales.

“La operación Armadillo es una articulación realizada con la Policía Federal de Brasil, específicamente de la Policía de San Pablo, con relación a la búsqueda de personas con captura vinculadas a organizaciones criminales, principalmente al Comando Vermelho”, expresó este lunes en conferencia de prensa.

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) dio a conocer su informe de gestión actualizado a julio, en el cual se puede apreciar el gran incremento en los desembolsos realizados, especialmente en dólares. Sobre el total, el sector de la vivienda sigue teniendo la mayor participación.

Acumulados, al cierre del séptimo mes del ejercicio, los desembolsos alcanzaron G. 2,4 billones, ante los G. 1,68 billones del mismo periodo del año pasado, lo que representa un incremento del 42 %.

A punto de cumplirse seis años del secuestro del exvicepresidente Óscar Denis por parte del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), su hija Lorena volvió a pedir el apoyo de la ciudadanía. La familia reiteró su llamado a los miembros de la banda armada para que aporten datos que permitan dar con su paradero.

“A dos días de cumplirse 6 años, es mucho tiempo para una familia y es mucho tiempo para que el Estado no nos de una respuesta definitiva. Creo que es el momento que usen todas las herramientas para buscar y encontrar a estos tres paraguayos que siguen secuestrados. Mi papá, en dos días se cumplen 6 años de su secuestro, pero las familias de Edelio (Morínigo) y de Félix (Urbieta) están hace años buscando a sus seres queridos”, señaló Lorena a Unicanal.

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2027 fue remitido al Congreso Nacional y sus números son públicos. Al respecto, el economista Jorge Garicoche valoró el documento considerando que aporta mayor sinceridad, sobre todo en lo que hace al déficit fiscal, que rondaría el 3,9 %; sin embargo alertó sobre un posible dólar bajo y sus implicancias en los ingresos.

El profesional conversó con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media y explicó que, de acuerdo con sus proyecciones, y de otras fuentes consultadas, el dólar estará en torno a los G. 6.200 el próximo año, cifra inferior a los G. 6.450 consignada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El director del Hospital Nacional de Itauguá, Miguel Ferreira, detalló que el exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González, se encuentra con pronóstico reservado tras ser hallado ayer domingo inconscientemente en su lugar de reclusión en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, localizada en el barrio Tacumbú de Asunción.

“Hugo Javier está con un cuadro muy delicado, con pronóstico reservado, está intubado, con asistencia mecánica respiratoria y los métodos auxiliares del diagnóstico nos dirá cuál será la terapéutica definitiva para él”, expresó Ferreira este lunes a los medios de comunicación.

“La salud es prioridad para el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña”, dijo la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, quien abogó al gremio médico del sector público por una mayor flexibilidad en las negociaciones que son encaradas en el marco del reclamo de un reajuste salarial generalizado.

“Yo confío en que los negociadores de la huelga en la mesa que abrirá el Ministerio del Trabajo tendrán la suficiente luz para entender lo que proponemos. En su época hubo negociaciones con los docentes y cualquier tipo de incremento fue progresivo, pero lo que no queremos es que esto tenga un efecto arrastre, porque se empezará a pedir y ahí el Estado puede llegar a complicarse”, afirmó la secretaria de Estado al programa “Cara o cruz” de Unicanal.

Este lunes prosiguió el juicio oral y público contra Arnaldo Giuzzio con una sesión corta en que se alistaron pruebas documentales y concluyó, a los diez minutos, debido a una indisposición de salud de la abogada Gilvi Quiñonez, representante legal del exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). El proceso continuará el próximo lunes 14 de setiembre.

Giuzzio está acusado por cohecho pasivo agravado, por haber recibido presuntamente favores del empresario brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marquéz de Padua, detenido en Brasil por narcotráfico; mientras ocupaba el cargo de ministro del Interior durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, hasta su destitución en febrero de 2022, a causa del escándalo vinculado por dicho relacionamiento.

El proceso judicial en contra del exministro se encuentra en su etapa final, de acuerdo a la presentación de la acusación por parte de la fiscalía, Giuzzio tuvo pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideró hasta febrero del 2022.

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En el marco del juicio oral, la fiscalía expuso la hipótesis que trabajaron en el caso conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius.

Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta particular del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022. La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, integrada por los fiscales Diego Arzamendia y Jorge Arce, realizó la acusación por cohecho pasivo agravado el 16 de agosto del 2023.

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