El titular del PLRA está acusado por la falsificación o clonación de facturas en la rendición de cuentas de la campaña electoral del 2018. Foto: Archivo.
El 7 de julio se sabrá si Efraín Alegre enfrentará o no juicio oral y público
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El 7 de julio, a las 09:30 de la mañana, se desarrollará la audiencia preliminar para el actual presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre. En dicha diligencia judicial la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolverá si Alegre estará sentado en el banquillo de los acusados por la falsificación o clonación de facturas en la rendición de cuentas de la campaña electoral del 2018.
En el presente caso también está acusado por los delitos de producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso Pascual Benítez Barrientos. La víctima de los delitos citados es Silvio Concepción Martínez Mendoza, propietario de la estación de servicios Catedral de Alto Paraná.
La denuncia es por la supuesta falsificación de una factura de combustible presentada por Alegre ante la Justicia Electoral para el cobro de subsidios. El monto era de G. 98 millones a nombre de dicha nucleación política, emitida en el mes de julio del 2018.
Dice la acusación que Silvio Martínez, propietario del surtidor, denunció la existencia de una factura a nombre del PLRA por valor de G. 98 millones de guaraníes.
El mismo refiere no haber prestado servicios al mencionado partido político por dicho monto. Asimismo, señala que el documento es una clonación o imitación de las facturas utilizadas por este en su estación de servicios. Sin embargo, la misma presenta visibles diferencias respecto a la auténtica.
En tal contexto señaló que, al verificar sus registros, encontró que la factura auténtica corresponde a la venta de combustible por tan solo G. 100.000 en fecha 8 de agosto del 2018 a nombre de Arnaldo David Martínez.
Destraban caso contra Prieto y aguardan fecha para audiencia
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El Tribunal de Apelación de la Primera Sala de Alto Paraná confirmó al juez penal de garantías Amílcar Marecos para continuar la causa que involucra al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y a otras 11 personas, investigadas por presuntos hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Este hecho habría ocasionado un perjuicio a las arcas del municipio de la capital de Alto Paraná de G. 311.580.000.
Con esta decisión del Tribunal de Apelación, el proceso judicial, conocido también como el caso de las ollas populares se reactiva y se deberá fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar, instancia en la que se definirá si la causa pasa o no a juicio oral y público.
El incidente presentado por la defensa menciona que “el juez Marecos habría actuado fuera de sus atribuciones al disponer de oficio medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento a la Municipalidad de Ciudad del Este, sin un pedido previo del Ministerio Público”. Esta misma resolución ya había sido posteriormente revocada por un Tribunal de Apelación.
Mientras tanto los integrantes de este tribunal concluyeron que los argumentos no eran suficientes para apartar al magistrado del caso. La resolución fue firmada por la camarista Marta Acosta, con la adhesión de sus colegas Raúl Insaurralde y Nilda Cáceres, los mismos consideraron que las decisiones cuestionadas se enmarcan dentro de las facultades jurisdiccionales y no evidencian parcialidad.
Según la Fiscalía, existen elementos de convicción suficientes para sostener la participación de los acusados en los hechos investigados, que habrían ocasionado un perjuicio superior de G. 311.580.000 a las arcas de la municipalidad de Ciudad del Este. De acuerdo con las investigaciones, se corroboró que las subcomisiones denominadas “Apoyo a voluntarios de ollas populares” y “Apoyo a voluntarios organizados” estaban integradas por personas con vínculos familiares cercanos entre sí.
JEM enjuicia a jueza y camaristas de Encarnación por presunto mal desempeño
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) enjuició por presunto mal desempeño en sus funciones a la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rosana Aurora Verón de Arca, así como a los camaristas del fuero civil Luis Alberto García Cabrera y Patricia Elena Bustamante Acuña. La acusación contra los magistrados fue presentada por la Municipalidad de Nueva Alborada.
Asimismo, los integrantes del JEM decidieron no solicitar a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de los enjuiciados. Por lo tanto, los mismos seguirán en sus cargos hasta que se dicte una resolución, la cual podría derivar en la destitución o en una sanción leve.
Los miembros del órgano juzgador señalaron que la jueza Verón de Arca violó la ley al ordenar el embargo ejecutivo de una cuenta corriente de la Municipalidad de Nueva Alborada. En relación con la actuación de los integrantes del Tribunal de Alzada enjuiciados, estos confirmaron la resolución de la jueza de primera instancia, por lo que también habrían actuado de forma irregular.
Del mismo modo, el Jurado sostuvo que “se puede visualizar el presunto mal desempeño en las funciones de la jueza, así como de los camaristas, debido a que los bienes públicos son inembargables”.
Jueza con otra acusación
El segundo caso que enfrenta la jueza civil Rosana Aurora Verón es más grave. La acusación fue presentada por Atilio Estigarribia, presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay. La magistrada fue acusada de anular sin fundamento un remate judicial realizado en noviembre de 2025, dentro del expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.
La jueza de Garantías, Rosarito Montanía, autorizó la extracción de datos de 10 dispositivos electrónicos incautados en el marco de la causa que investiga un esquema dedicado a la transferencia irregular de bienes de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. El pedido fue realizado por el fiscal José Martín Morínigo.
Entre los dispositivos que serán peritados se encuentran dos teléfonos del político luqueño Roberto Cubilla, al igual que los celulares de los imputados César García y Roberto Santiago Ayala.
Como puntos de pericia, se estableció la búsqueda y extracción de datos actuales y eliminados del archivo de mensajes de texto:
WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería (entrantes, salientes, guardados, borradores y mensajes de voz)
del archivo de llamadas (perdidas, recibidas, marcadas y otros relacionados)
de la agenda telefónica (números de contactos)
y del archivo de imágenes y videos guardados, entre otros.
Días atrás, la Policía Nacional allanó varias viviendas en Luque, en las que detuvo a un precandidato a concejal de esa ciudad como presunto líder de un esquema de lavado de dinero y transferencia irregular de inmuebles que pertenecieron a Eulalio Gomes. El comisario Luis López, jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado, dio los primeros detalles sobre el operativo “Copia Fiel 2.0”.
El detenido y hoy imputado es Roberto Cubilla Sanabria, abogado y precandidato a concejal por la ciudad de Luque. Se lo investiga por asociación criminal, transferencia irregular de inmuebles y lavado de dinero.
El juez Rodrigo Estigarribia admitió la imputación y fijó para el 10 de junio la audiencia de imposición de medidas para la magistrada Librada Peralta, imputada por presentar certificados presuntamente de contenido falso en el Consejo de la Magistratura. Foto: Archivo
Impondrán medidas a jueza que habría falsificado certificado para el Consejo de la Magistratura
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El juez Rodrigo Estigarribia, interino de su colega Francisco Acevedo, admitió la imputación contra la jueza Penal de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero, Librada Peralta, imputada por uso de documentos no auténticos debido a que habría presentado certificado falso para obtener mejor puntuación en un concurso ante el Consejo de la Magistratura.
La decisión judicial fue adoptada luego de que el juzgado recibiera la comunicación oficial del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sobre el desafuero de la magistrada, quien queda formalmente procesada. La imputación fue presentada por el fiscal Leonardi Guerrero por el supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos.
Según la investigación, Librada Peralta presentó varias constancias académicas que no figuraban en los registros oficiales y que contenían firmas idénticas, circunstancia que generó dudas sobre su autenticidad.
Días atrás el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM) hizo lugar al desafuero de la magistrada y debido a ello el juzgado Penal de Garantía admitió el presente y ha fijado para el miércoles 10 de junio la audiencia de imposición de medidas cautelares.