La joven Paloma Chaparro, imputada por perturbación de la paz pública y de protección de patrimonio cultural, daños a cosas de interés común y Ley 716/96 que sanciona delitos contra el medioambiente por haber participado de la quema y daños causados al Panteón Nacional de los Héroes, fue beneficiada con la suspensión condicional del procedimiento, por lo que se salvó de ir a un juicio oral y público. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar.

El magistrado hizo lugar a dicha suspensión y dispuso que Chaparro done la suma de G. 10 millones para la lucha contra el COVID-19. Asimismo, tiene la prohibición de salir del país, deberá comparecer de forma bimestral ante el juzgado de ejecución para la firma del acta judicial, entre otras medidas impuestas por el referido magistrado.

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Antecedentes

El sábado 5 de setiembre del 2020, un grupo de manifestantes se encontraba frente al Panteón de los Héroes en el microcentro de Asunción exigiendo el esclarecimiento del caso de las menores víctimas fatales durante un supuesto enfrentamiento entre integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

En un momento dado, algunas personas traspasaron la valla perimetral del edificio y empezaron a escribir con aerosol por las paredes de la fachada del edificio histórico. En otro momento, comenzaron a prender fuego a la bandera paraguaya que adorna la entrada del panteón.

Asimismo, están imputadas en el presente caso Mariángela Guiditta Abdala Carísimo y Giselle Noemí Ferrer por el hecho punible de daños a bienes de patrimonio cultural y otros hechos punibles. Las procesadas Abdala y Ferrer están con orden de detención con fines de extradición en vista de que no se presentaron ante la Justicia.

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