El personal del Ministerio de Justicia, mediante un trabajo conjunto realizado con la Policía Nacional, logró incautar dos teléfonos móviles que se encontraban en poder de una persona privada de libertad con frondosos antecedentes en el Centro de Rehabilitación Social Itapúa (Cereso). Tras recibir datos de inteligencia, agentes penitenciarios procedieron en la siesta de hoy a realizar un cateo en la celda de Ever Alejandro Ozuna López, ubicado en el pabellón Sanidad.
En el lugar se encontraron dos teléfonos móviles que, según datos de inteligencia, se habrían utilizado en un intento de extorsión a una persona residente en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Además, se incautaron varios cargadores de teléfono, dos pinzas y una sierra de mano para cortar hierro.
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Ozuna López cuenta con frondosos antecedentes. Fue condenado en el 2013 por tráfico de marihuana, cometió un homicidio dentro del penal de Pedro Juan Caballero y por ese motivo fue trasladado a Concepción, de donde se fugó, pero terminó siendo recapturado en diciembre del año pasado. Por su incorregible conducta, debió ser trasladado en varias ocasiones. Al percatarse del procedimiento, el hombre intentó destruir los teléfonos que estaban en su poder.
Agentes del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional acudieron hasta el Cereso para retirar lo incautado y labrar acta de lo ocurrido, junto con los agentes penitenciarios. Ozuna López fue aislado del resto de la población penitenciaria en una sala de disciplina, a disposición de la Jefatura de Seguridad del Cereso.
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Gobierno fortalece atención adolescente con nuevo servicio en Encarnación
El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó la habilitación del Servicio de Atención Integral al Adolescente del Hospital Regional de Encarnación, una iniciativa orientada a ampliar el acceso a servicios de salud especializados para jóvenes del departamento de Itapúa y zonas aledañas.
Desde la Presidencia de la República, destacaron que la incorporación de este nuevo espacio forma parte de los esfuerzos impulsados por el Gobierno del Paraguay para fortalecer la red pública de salud y brindar una atención diferenciada a adolescentes, considerando las necesidades específicas de esta etapa de la vida.
Atención especializada
Señalan que el nuevo servicio permitirá brindar una atención integral a adolescentes, incorporando un enfoque multidisciplinario que contempla aspectos físicos, emocionales y sociales, contribuyendo a una mejor calidad de vida y al acceso oportuno a prestaciones de salud.
Mencionaron que la habilitación de este espacio se suma a las inversiones realizadas por el Gobierno para fortalecer la infraestructura sanitaria, ampliar la cobertura de servicios especializados y acercar respuestas a necesidades puntuales de la población.
Compromiso con la salud de los jóvenes
La ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, destacó que la puesta en funcionamiento de este servicio representa un avance importante para la atención de los adolescentes, reafirmando el compromiso institucional de seguir fortaleciendo los espacios destinados a este sector.
Agregó que iniciativas como esta permiten acercar servicios especializados a los jóvenes y consolidar una atención más integral dentro de la red pública de salud. “El Gobierno del Paraguay continúa impulsando acciones orientadas a garantizar una atención de calidad, con mayor cobertura y acceso oportuno a los servicios sanitarios para todos los paraguayos", resaltó.
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Ciclismo internacional: L’Étape Encarnación proyecta inyectar USD 4 millones a la economía local
Una cifra estimada en unos USD 4 millones es el impacto económico de L’Étape Encarnación 2026 by Tour de France, acontecimiento deportivo de alcance mundial previsto para el próximo 31 de mayo, según cálculos de los organizadores.
La competencia reunirá en la ciudad de Encarnación a ciclistas nacionales e internacionales provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y otros países, consolidando a Paraguay como un nuevo destino para eventos deportivos de alto nivel.
El evento es organizado por Rebelocity y su socio fundador Víctor Heredia destaca que esta edición representa un punto de inflexión para el desarrollo del ciclismo en el país y una oportunidad para que los atletas locales vivan una experiencia oficial del Tour de France sin salir del territorio nacional.
Heredia mencionó que la capital de Itapúa fue elegida para la competencia por su infraestructura urbana, su entorno turístico y su capacidad hotelera.
Heredia, empresario y atleta mexicano, es socio fundador de Rebelocity, empresa dedicada a la organización de eventos deportivos internacionales de alto rendimiento en Paraguay.
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Bajo su liderazgo, Rebelocity ha traído al país las marcas Ironman y L’Étape by Tour de France, posicionando a Paraguay como un referente del deporte de resistencia en América del Sur.
DERRAME ECONÓMICO
Los datos de la organización proyectan un importante derrame económico mediante este evento deportivo mundial.
En alojamiento se estiman un ingreso en torno a los G. 8.000 millones (USD 1,09 millones). Esto incluye el gasto de los atletas y acompañantes.
En alimentación, transporte y actividades turísticas estiman unos G. 4.600 millones (USD 620.000), y en cuanto a contribución directa total de atletas y acompañantes prevén un ingreso de G 12.689.600.000, equivalentes a USD 1,7 millones, lo que totalizarían entre 3,5 y 5 millones de dólares.
Esta cifra incluye no solo el gasto de atletas y acompañantes, sino también la inversión en la operación del evento, la contratación de servicios locales, logística, personal y la atracción de visitantes y turistas adicionales que se suman al ambiente del evento.
“El Tour de France trae ciclistas de todo el mundo a nuestra región. Cada atleta internacional que viaja a competir viene con su familia, su equipo, sus días de turismo. Ese movimiento de personas genera una cadena económica real que beneficia a Posadas tanto como a Encarnación. Es una oportunidad que la región no puede desaprovechar,” señaló Víctor Heredia, co-director de Rebelocity.
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Presentan acusación ante el JEM contra jueza de Encarnación por mal desempeño en sus funciones
El presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay, Atilio Estigarribia, presentó una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones contra la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rossana Aurora Verón, por anular sin fundamento un remate judicial llevado a cabo en noviembre de 2025. El caso corresponde al expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.
El denunciante solicita a los integrantes del Jurado que se inicie el enjuiciamiento y se ordene la suspensión en sus funciones de la cuestionada magistrada. Ahora, el JEM deberá estudiar si corresponde iniciar la investigación y dar curso al pedido.
La acusación señala: “En el expediente judicial referido fui designado como rematador público a los efectos de llevar adelante la subasta de derechos y acciones hereditarios pertenecientes al señor Miguel Moskalik Duarte. Procedí a la publicación de los edictos correspondientes, dejándose expresa constancia en los mismos de que el comprador debía abonar el importe íntegro de su compra conforme al régimen legal vigente”.
Refiere que “en fecha 5 de noviembre de 2025, en el horario fijado judicialmente, se llevó adelante el acto público de subasta con todas las formalidades legales correspondientes y bajo las facultades conferidas por las leyes procesales vigentes. Al acto concurrió la ejecutante, la abogada Gladys Noemí Bianchetto Sandoval, y Yeniel Iglesias Romero, desarrollándose normalmente la puja entre los postores presentes”.
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Indica igualmente que, luego de diversas posturas, la ejecutante resultó inicialmente adjudicataria, por lo que debía proceder al pago íntegro y al contado del precio ofertado. Sin embargo, ella manifestó no poseer la totalidad del dinero necesario para perfeccionar la compra e intentó completar el pago mediante transferencias parciales y pagos fragmentados, inclusive provenientes de terceros, sin llegar a integrar el monto total.
Ante dicho incumplimiento, y luego de aguardarse un tiempo prudencial conforme a las facultades del rematador, se procedió a reanudar la subasta. Resultó finalmente adjudicatario el señor Yeniel Iglesias Romero por la suma de G. 20 millones, por constituir la mejor postura existente en ese momento.
La acusación expresa que, llamativamente, la magistrada dictó el A.I. N° 268 de fecha 22 de mayo de 2026, resolviendo hacer lugar al incidente de nulidad y declarar nulo el remate. El denunciante califica la conducta de la jueza como “manifiestamente arbitraria” y apartada de las constancias objetivas del expediente, incurriendo en una valoración parcial, antojadiza e infundada de los hechos.
Sostiene que la jueza prescindió del análisis integral de las disposiciones del Código Procesal Civil que regulan los remates, especialmente en lo relativo al pago al contado y a las consecuencias del incumplimiento del adjudicatario inicial, extremo que fue reconocido en los autos por la propia incidentista.
También refiere que la resolución cuestionada atribuye irregularidades graves al rematador sin que exista prueba concluyente, suficiente ni objetiva de una conducta dolosa o fraudulenta. Afirma que la jueza arribó a conclusiones sustentadas únicamente en apreciaciones subjetivas.
Estigarribia recuerda que, conforme al artículo 487 del Código Procesal Civil, el rematador judicial es el único responsable de recibir el dinero proveniente de la compra, la seña o las sumas entregadas por los postores, para luego depositarlo en la cuenta judicial correspondiente. Por ello, critica que la jueza considerara la recepción del dinero por parte del rematador como una irregularidad invalidante.
Finalmente, el escrito menciona que esta actuación no es un hecho aislado, sino que la magistrada ya cuenta con cuestionamientos previos por desconocimiento e incorrecta aplicación de normas legales.
La acusación alega la transgresión del artículo 168 del Código de Organización Judicial; los artículos 476, 484, 485, 487 y 492 del Código Procesal Civil; el artículo 558 del Código Civil; y el artículo 3 del Código de Organización Judicial.
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Justicia falla a favor de un peluquero que estuvo preso de forma ilegal durante 644 días
La jueza civil y comercial de Asunción, Rossana Frutos, resolvió que la Justicia debe pagar una indemnización de G. 221.807.288 más intereses a Marcelo Manuel Romero, un peluquero que estuvo privado de libertad por 22 meses por un proceso penal en el que luego fue desvinculado.
Según los antecedentes, Romero fue imputado, acusado y enviado a juicio oral pese a que el hecho investigado ocurrió cuando se encontraba fuera del país. Posteriormente, el Ministerio Público retiró la acusación al inicio del juicio oral y el hombre fue sobreseído definitivamente.
La magistrada concluyó que, aunque la prisión preventiva fue dictada dentro de un proceso formalmente regular, el resultado final del caso evidenció la existencia de un error judicial que generó daños indemnizables. El fallo tuvo por acreditado que Romero estuvo privado de libertad durante 644 días, circunstancia considerada como el hecho dañoso principal.
En concepto de lucro cesante, el juzgado fijó una indemnización de G. 71.807.288. Si bien el afectado no logró demostrar plenamente sus ingresos, la jueza aplicó criterios legales para determinar el monto correspondiente al perjuicio patrimonial sufrido.
En relación al daño moral, la resolución consideró probado el perjuicio emocional a partir de las circunstancias del caso y de un informe psiquiátrico que diagnosticó estrés postraumático. Por ello, se estableció una reparación adicional de G. 150.000.000.
La sentencia dispone que el pago deberá realizarse dentro de los diez días posteriores a que la resolución quede firme. Además, se ordenó el pago de intereses desde la notificación de la demanda, calculados conforme a la tasa promedio vigente más un 2,5 % mensual, lo que podría elevar considerablemente el monto final de la indemnización.
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