Tras la resolución del juez Rubén Darío López que obliga a la senadora Norma Aquino “Yamy Nal” a desbloquear de X a la abogada Alejandra Peralta Merlo, la legisladora adelantó que apelará esta resolución judicial. La parlamentaria se sostiene en que tiene potestad de restringir su cuenta a quien considere pertinente dado que ella no es fuente de información pública.

“Mañana estaríamos presentando el recurso de apelación. Un juez no puede desconocer la ley, el sentido de la misma y es claro yo no soy fuente de información pública, según lo que dice la ley de transparencia N° 5282, entonces lastimosamente se debe subsanar el error cometido”, aseveró Aquino en conversación con La Nación/Nación Media.

Asimismo añadió, “si ellos se mantienen en esto que no está bien, voy a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia si es necesario”. Para la senadora, este fallo judicial deja un mal precedente puesto que obliga a los funcionarios públicos de cualquier jerarquía a someterse al amedrentamiento a través de redes sociales.

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“Lo que hoy se produjo fue un adefesio jurídico que sienta un precedente horrible para la justicia porque quiere decir que si de por ahí hay una persona que te está molestando en tu perfil personal, le tenes que aceptar y no bloquear porque de lo contrario te pueden hacer un recurso de amparo”, cuestionó.

Aquino recordó que hay una diferencia entre un perfil personal y una cuenta institucional, por lo que ella puede restringir sus redes sociales para ciertas personas si así lo desea. La senadora afirmó que se ceñirá a lo dispuesto por el juez y que desbloqueará momentáneamente a la abogada Peralta Merlo, esto en tanto, se resuelve el recurso de apelación.

“Yo persisto en mi postura en que está equivocada esta señora, imagínense que esto se siente como jurisprudencia, esto atenta contra al derecho a la privacidad de las personas. Creo que es la primera vez en que todo el mundo está de acuerdo conmigo, inclusive periodistas de varios medios me han dado la razón por primera vez”, expresó.

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El fiscal de Luque, Jorge Escobar, presentó imputación contra el intendente de Luque, Carlos Echeverría (ANR), por los delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo por el fallecimiento de una madre y su hija, quienes fueron arrastradas por el raudal en dicha ciudad. El proceso penal está a cargo de la jueza de Garantías Cecilia Ocampos, de Luque.

En el lamentable hecho fallecieron Sara Benítez (48) y su hija Nilda Luján Barrios Benítez (19), quienes el pasado 25 de abril en horas de la madrugada fueran arrastradas por el caudal de agua que desemboca en el cauce del arroyo San Juan.

El escrito del acta de imputación refiere que conforme a los datos recolectados se tiene elementos de sospecha que hacen presumir que, al momento en que habría caído el vehículo donde iban madre e hija a la zanja, habría deficiencias en el sistema de seguridad vial, es decir, una nula señalización de advertencias de peligro e instalaciones de protección a peatones y vehículos y carencia de barrera de protección eficaz ante raudales.

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Asimismo, el documento del Ministerio Público señala que “en carácter de Intendente Municipal de Luque, Echeverría sería la persona responsable de dirigir y ejecutar obras para la seguridad vial de la ciudad y en ese sentido, no habría realizado las debidas diligencias para disminuir el riesgo en la circulación del tránsito vehicular e inclusive peatonal de la zona identificada como zanja San Juan, situada en el lado derecho de las calles Francisco Solano López y Curupayty de Luque, omisión que generó el fallecimiento de ambas mujeres”, refiere el escrito.

Ahora el juzgado penal de garantías deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el jefe comunal de Luque va a prisión o es beneficiado con medidas alternativas a la prisión.

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El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, explicó el proceso de instalación de mesas de protección social, que hasta el momento ya se logró en 12 distritos de 7 departamentos. Indicó que todas las instituciones del Estado trabajan de manera coordinada en el plan de la protección social.

“Todas las instituciones que conforman el Gabinete Social trabajan localmente en la mesa de protección social y hacen un diagnóstico de todos los problemas que hacen relación a sus roles y se elabora un plan de acción territorial”, indicó en entrevista a Paraguay TV.

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Este plan de acción territorial establece las prioridades, las necesidades que tiene cada distrito, en todos los ámbitos, de acuerdo a las explicaciones del ministro Rojas.

“Ese plan de acción territorial establece las prioridades de las necesidades que tiene ese distrito, ya sea en programa social, ya sea en agricultura, ya sea en salud, en educación, en caminos, en seguridad, en violencia contra los derechos de la mujer, los derechos del niño, todo lo que hace relación a la vida de la ciudadanía”, mencionó.

Indicó además, que una vez que se haya elaborado en un documento firmado por todos los integrantes de la mesa, este plan de acción territorial se elevará al gabinete social y, posteriormente, el presidente de la República, Santiago Peña, encargará a sus ministros los trabajos que estarán a cargo.

“El presidente en su momento, cuando tengamos todos los planes de acciones territoriales de cada distrito, va a convocar al gabinete y le va dar la misión a cada ministerio para que funcione ese plan de acción se puedan ejecutar las acciones”, detalló el ministro de Desarrollo.

Finalmente, adelanto que “habrán acciones inmediatas, corto, mediano, largo plazo, pero sí enfocarse sobre los problemas y las necesidades más prioritarias que tienen estos distritos”.

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En el transcurso de la mañana de ayer jueves, el fis­cal Silvio Corbeta, de la Uni­dad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrup­ción, acusó y pidió juicio oral y público para el exminis­tro de la Secretaría Emer­gencia Nacional (SEN) Joa­quín Roa, quien se encuentra procesado penalmente en el marco del megaoperativo contra el crimen organizado en Paraguay denominado A Ultranza Py.

Roa es acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agra­vado, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio. La exau­toridad fue imputado por el Ministerio Público en 2021.

El requerimiento fue pre­sentado ante el juzgado del magistrado Rodrigo Estiga­rribia, que fijará la audien­cia y resolverá si la causa va o no a juicio oral. También fue acusado por el agente en la misma causa el empresario y presunto narcotraficante Alberto Koube, quien habría entregado al exfuncionario de Estado una embarcación valuada en USD 450.000 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de la institución pública.

Las investigaciones de la Fis­calía revelaron cómo Roa y Koube acordaban las licita­ciones e inflaban los precios para posteriormente repar­tirse el dinero entre ambos. A cambio de estos beneficios recibidos, Roa amañó un total de 11 licitaciones a las firmas de Koube y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, ordenando concre­tar pagos por un valor apro­ximado de G. 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia.