El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia designó al director de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, Rodolfo Heyn Arias, como encargado de despacho de la Superintendencia General de Justicia sin perjuicio de sus funciones en virtud a la renuncia del funcionario Mario Elizeche. El documento lleva la firma de los ministros César Diesel y Luis María Benítez Riera.
Días atrás el pleno de la máxima instancia judicial aceptó la renuncia de Elizeche exsuperintendente general de Justicia. El mismo dejó de ser funcionario luego de 24 años de ocupar varios cargos en la Corte.
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La Superintendencia General de Justicia debe investigar con eficiencia las denuncias institucionales y ciudadanas e instruir sumarios administrativos que aseguren el debido proceso con miras a los intereses de la institución y precautelar el derecho de los ciudadanos para el acceso efectivo y eficaz al servicio de la justicia.
Asimismo, se encarga de observar el debido cumplimiento de las decisiones del órgano superior y dar seguimiento ante las instancias jurisdiccionales y administrativas a todas las eventuales irregularidades denunciadas contra los magistrados, auxiliares de justicia y funcionarios del Poder Judicial.
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Piden a la Justicia que inicie proceso de quiebra del Grupo Vázquez
Los abogados Marcial Bordas, Federico Campos López Moreira y José Acosta Cazal, representantes legales de los empresarios Gustavo Adolfo Gamarra Montefusco y María Carolina Morínigo de Gamarra, pidieron al Juzgado Civil y Comercial de Asunción que se declare la quiebra del Grupo Vázquez S.A.E.
Los accionantes alegan que la firma incumplió una deuda derivada de un contrato de inversión y un pagaré suscritos el 14 de diciembre de 2020. De acuerdo con el escrito, la sociedad fue intimada judicialmente a pagar G. 5.570 millones, pero no cumplió, pese a que el 5 de noviembre de 2026 se ordenó iniciar el juicio ejecutivo y librar el mandamiento de intimación de pago y embargo.
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Los demandantes mencionan que el Grupo Vázquez perdió la capacidad de atender regularmente sus obligaciones y vinculan esa situación con el deterioro de su liquidez, la crisis de Ueno Bank y las restricciones sobre sus bienes y cuentas dispuestas en sede penal. El Grupo Vázquez (a través de su cabecera Grupo Vázquez S.A.E.) está integrado por entre 28 y 39 firmas.
El juez en lo civil y comercial de Asunción Heinrich Von Lucken Gamarra es quien deberá estudiar si corresponde hacer lugar al pedido presentado por los accionantes.
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Justicia ordena suspensión total de la causa penal que afectaba a Ana Kim y directivos
La jueza Cinthia María Garcete Urunaga hizo lugar a la cuestión prejudicial y ordenó la suspensión total del proceso penal contra Elizabeth Kim Jang, Ana Kim Jang, Namjun Kwon, Alexis Florentín Gauto y Antonio Ramón Galeano Vega.
El caso tiene que ver con una supuesta retención de dinero por el rescate de acciones, aunque este pago se encuentra en pleno juicio civil de cobro de guaraníes, según expediente n.º 135/2026)
En efecto, el juzgado de garantías n.º 5 de Ciudad del Este frenó el avance del proceso penal hasta que se resuelvan las controversias civiles y comerciales que sustentan las acusaciones y cuyos antecedentes la Fiscalía utilizó como elementos de convicción sin siquiera realizar diligencias previas, con total desconocimiento de los afectados.
Para la defensa, el fallo deja al descubierto una actuación arbitraria por parte de la Fiscalía, que imputó apresuradamente delitos graves por un conflicto entre socios que ya se estaba tramitando en el fuero civil y comercial.
En vez de esperar a que la justicia civil defina si las deudas existen o si las asambleas son válidas, el Ministerio Público se apuró a armar una causa penal sobre hechos que todavía estaban en plena discusión comercial.
A esto se sumó la postura de la querella, que, según cuestionó la defensa, abusó de sus derechos procesales al pretender usar la vía criminal como un método de presión para doblarles el brazo a los imputados y cobrar por la fuerza lo que debe resolverse en el ámbito mercantil.
La resolución dejó en claro tres puntos clave:
Apropiación y deuda pendiente de definición: se acusaba una supuesta retención de dinero por el rescate de acciones, pero ese pago está en pleno juicio civil de cobro de guaraníes (Expte. N.º 135/2026). Si un juez civil todavía no determinó si existe la deuda o cuánto se debe, esa definición resulta necesaria para evaluar la acusación penal por apropiación.
Estafa y lesión de confianza sujetas a la decisión civil: todo el reclamo por las asambleas y la distribución de acciones se está juzgando en la demanda de nulidad civil (Expte. N.º 150/2026). Si la justicia civil confirma que los actos de la empresa fueron legales, esa decisión incidirá directamente en el sustento de las acusaciones penales.
Protección a los imputados: la resolución bloqueó cualquier intento de citar a los imputados para imponerles medidas cautelares o restricciones a su libertad mientras la causa penal siga suspendida. Para la defensa, resultaba absurdo querer aplicar medidas coercitivas sobre hechos cuya validez ni siquiera está definida en el fuero correspondiente.
Al final, hasta la propia Fiscalía terminó aceptando la suspensión ante los argumentos presentados por la defensa. Para el equipo jurídico de los afectados, esta resolución no solo frena un manoseo penal injustificado, sino que rectifica un procedimiento torcido y recuerda que la justicia penal no está para resolver peleas comerciales ni para prestarse al juego de querellas abusivas.
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Liderazgo femenino: ministra Llanes recibió a la comitiva de la Federación Internacional de Mujeres FIFCJ
La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, recibió en la Sala del Pleno del Palacio de Justicia de Asunción a representantes de la Federación Internacional de Mujeres en las Carreras Jurídicas (FIFCJ), con quienes intercambió experiencias sobre los desafíos de la participación femenina y la representatividad de las mujeres en los espacios de toma de decisiones del sistema judicial.
La presidenta de la FIFCJ, Manoela Gonçalves Silva, manifestó que la presencia de la ministra Llanes en la máxima instancia judicial constituye un referente del liderazgo femenino en la toma de decisiones y en el fortalecimiento de la eficacia de la prestación jurisdiccional. Asimismo, las representantes reafirmaron el objetivo de continuar promoviendo el acceso de más mujeres a cargos de alta responsabilidad en el sistema de justicia.
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Visita guiada y espacios de intercambio
Como parte del módulo de visita guiada del programa “Educando en Justicia”, la comitiva participó de una disertación en la Sala de Conferencias del octavo piso de la Torre Norte, a cargo del magistrado Jorge Barboza, miembro del Tribunal de Apelación Laboral. Durante su exposición, abordó el rol de la Justicia laboral en Paraguay y su intervención en la resolución de conflictos vinculados con los derechos patrimoniales y personales en el ámbito de las empresas e instituciones.
Posteriormente, las delegadas mantuvieron un espacio de intercambio con los magistrados Gloria Benítez y Guillermo Trovato, miembros del Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia. En la ocasión, formularon consultas sobre la suspensión o pérdida de la patria potestad en situaciones de violencia intrafamiliar en las que la madre o el niño resultan víctimas por parte del cónyuge o conviviente.
La delegación estuvo integrada por representantes de Turquía, Mozambique, Brasil y Argentina, como parte de la agenda desarrollada por la FIFCJ junto con la Asociación Paraguaya de Mujeres con Carreras Jurídicas y Sociales.
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Corte gestiona recuperación de más de G. 250 millones retenidos en ueno bank
La Corte Suprema de Justicia informó que se encuentran pendientes de transferencia por parte de ueno bank los ingresos percibidos en concepto de tasas judiciales y registrales correspondientes al 2 de noviembre de 2026, por un valor de G. 248.441.083, y al 3 de noviembre, por G. 2.007.877. El monto total asciende a G. 250.448.960, conforme al contrato suscrito con la entidad bancaria.
El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank. En ese marco, la Ley N° 2334/03 establece una cobertura general del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 75 salarios mínimos por depositante y por entidad financiera, lo que actualmente equivale a G. 228.300.000. Asimismo, la Ley N° 7745/2026 incorpora un mecanismo de anticipo de dicha garantía, sujeto a las condiciones legales aplicables a los depositantes.
La Corte Suprema de Justicia realizará las gestiones necesarias ante las instancias competentes para procurar el recupero de los fondos y, en caso de ser necesario, ejecutará la garantía de fiel cumplimiento prevista en el contrato respectivo.
Finalmente, se recuerda que el cobro de tasas a través de ueno bank se encuentra suspendido. Los pagos pueden efectuarse en las demás entidades habilitadas: Itaú, Basa, Continental y Sudameris.