El abogado Óscar Germán Latorre, defensor del extitular del Indert, Justo Pastor Cárdenas, solicitó al tribunal de sentencia la absolución de culpa y pena de su representado debido a que no se acreditaron los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El tribunal de sentencia que juzga a Cárdenas y sus hijos está integrado por los jueces Manuel Aguirre, Blanca Gorostiaga y Rossana Maldonado.
El juicio oral y público continúa este lunes 5 de abril a partir de las 7:30 con la réplica del Ministerio Público y la defensa para luego ingresar el tribunal de sentencia a deliberar y dictar la sentencia de primera instancia.
Además del extitular del Indert, están sentados en el banquillo de los acusados sus hijos Justo Pastor Cárdenas Pappalardo, María Alexandra Cárdenas Pappalardo y Allan Cárdenas Rodríguez.
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La fiscala Natalia Fuster había solicitado la pena de 11 años de cárcel para Justo Pastor Cárdenas Nunes, mientras que dos años y medio para Justo Pastor Cárdenas Pappalardo, dos años para María Alexandra Cárdenas Pappalardo y un año para Alan Israel Cárdenas Rodríguez, quienes son hijos del extitular del Indert.
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Legisladores del bloque repudian inestabilidad en Bolivia y recuerdan vigencia del Protocolo de Ushuaia
Durante la CVIII sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur (Parlasur), que se realizó este lunes en la Cámara de Diputados en Asunción, el cuerpo legislativo emitió una declaración oficial en la que manifiesta su enérgico rechazo y profunda preocupación ante la inestabilidad institucional y los recientes hechos de violencia que afectan al Estado Plurinacional de Bolivia.
El cuerpo legislativo sentó una postura firme en defensa del orden constitucional de sus países miembros. En ese sentido, hizo un llamado directo tanto a las autoridades gubernamentales como a la ciudadanía boliviana para deponer posturas extremas y garantizar el cumplimiento estricto de los tratados internacionales vigentes.
El eje central del documento radica en la exigencia del respeto al sistema democrático. Los parlamentarios del bloque regional hicieron especial énfasis en la vigencia del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur.
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Este mecanismo constituye la “cláusula democrática” del bloque y prevé sanciones de carácter político y comercial ante eventuales rupturas o alteraciones del orden constitucional en cualquiera de los Estados parte.
El texto oficial argumenta que la estabilidad del bloque depende de la solidez institucional de cada uno de sus integrantes, calificando como inaceptable cualquier tipo de salida fáctica o de violencia que ponga en riesgo los derechos ciudadanos y la paz social en territorio boliviano.
La declaración institucional lleva las firmas oficiales del diputado Rodrigo Gamarra, representante paraguayo y presidente del Parlasur, y del abogado Edgar Lugo, secretario parlamentario del organismo.
Con este documento, la conducción del bloque enfatiza el rol del parlamento como un celoso custodio de la democracia y la paz en la región, según esgrimió, finalizado el encuentro, el diputado.
Clausula democrática
El Protocolo de Ushuaia, firmado en 1998 por los países del Mercosur, establece que la vigencia de la democracia es una condición fundamental para formar parte del bloque regional. En la práctica, el acuerdo prevé que si en uno de los Estados miembros se produce una alteración o ruptura del orden democrático, los demás países pueden analizar la situación y adoptar medidas conjuntas.
Entre las sanciones contempladas figuran desde la suspensión de la participación del país afectado en los órganos del Mercosur hasta la restricción de algunos beneficios derivados del proceso de integración regional.
Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 2012, cuando Paraguay fue suspendido temporalmente del bloque tras la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, una decisión que generó cuestionamientos por parte de los demás socios del Mercosur sobre el desarrollo del proceso político que derivó en su salida del cargo.
Dicha sanción fue levantada el 15 de agosto de 2013 con la asunción del presidente Horacio Cartes, luego de que los países del bloque consideraran restablecido el orden democrático mediante las elecciones generales celebradas ese año.
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Los 3 millones que escandalizan y los 45 que callan
- Jorge Torres Romero.
La política tiene sus miserias. La prensa también, y esto se evidenció la semana pasada cuando sectores de la prensa vinculados al abdismo y dirigentes opositores han intentado instalar un escándalo alrededor del patrimonio del presidente de la República, Santiago Peña, a partir de un informe de la Contraloría General de la República.
Sin embargo, el detalle que deliberadamente omiten es el más importante de todos: la Contraloría no encontró inconsistencias en su declaración jurada de bienes.
Es decir, después de toda la expectativa creada, después de todos los titulares y comentarios cargados de sospechas, la institución encargada de controlar la evolución patrimonial de las autoridades no halló irregularidades. Fin de la historia. O al menos debería serlo para quienes practican un periodismo honesto.
Pero no. El problema para estos sectores no es la existencia de irregularidades. El problema es que Santiago Peña ganó dinero. Y lo ganó en el sector privado, fuera de la función pública, ejerciendo actividades profesionales y empresariales que le permitieron acumular más de USD 3 millones de antes de llegar a la Presidencia.
La pregunta es inevitable: ¿desde cuándo el éxito profesional se convirtió en un delito?
La respuesta es sencilla. Desde que el objetivo dejó de ser informar para convertirse en una operación política permanente.
Resulta particularmente indignante observar cómo los mismos medios de comunicación que durante el gobierno de Mario Abdo Benítez recibieron millonarios recursos públicos, y la misma oposición que actuó como satélite político de aquella administración, hoy pretenden erigirse en guardianes de la moral pública.
La diferencia entre ambos casos es abismal.
Mientras intentan construir sospechas sobre recursos obtenidos por Peña en el sector privado, guardan un silencio sepulcral respecto a una cuestión infinitamente más grave: el crecimiento patrimonial de Mario Abdo Benítez durante su paso por la Presidencia de la República. Ese crecimiento fue de USD 45 millones.
Hasta hoy, siguen pendientes explicaciones convincentes sobre cómo aumentó significativamente su patrimonio mientras ejercía la máxima magistratura del país. Hasta hoy persisten interrogantes sobre los negocios vinculados a la venta de asfalto a empresas proveedoras del Estado. Hasta hoy existen cuestionamientos que no encuentran respuestas claras. Y, sin embargo, no vemos portadas incendiarias, campañas mediáticas ni editoriales moralistas.
Silencio.
Un silencio que revela que el problema nunca fue la transparencia. El problema es quién ocupa el poder.
La ciudadanía tiene derecho a exigir transparencia a todos los gobernantes. A todos. Sin excepciones. Pero también tiene derecho a exigir honestidad intelectual a quienes pretenden informar.
Porque si ganar dinero legítimamente en el sector privado se convierte en escándalo, mientras el crecimiento patrimonial de un presidente en ejercicio apenas merece un bostezo periodístico, entonces ya no estamos frente a una investigación. Estamos frente a una operación.
Y esa operación no solamente es grosera. Es ofensiva para la inteligencia de los paraguayos.
La Contraloría habló. No encontró inconsistencias en la declaración jurada de Santiago Peña. Los hechos están sobre la mesa.
Lo verdaderamente escandaloso no es lo que ganó Peña fuera del Estado. Lo verdaderamente escandaloso es la capacidad de ciertos sectores para indignarse selectivamente, callar cuando les conviene y convertir la hipocresía en línea editorial.
Y eso sí debería producir asco a cualquier ciudadano que crea en la igualdad ante la ley y en un periodismo que mida a todos con la misma vara. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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Peña y cardenal Martínez analizan plan de hogares
El presidente de la República, Santiago Peña, y el cardenal Adalberto Martínez evaluaron avance del proyecto habitacional en la ciudad de Limpio. Además, el Gobierno manifestó interés de invitar al papa León XIV a visitar el Paraguay.
“Recibí con mucha alegría al primer cardenal paraguayo Adalberto Martínez, con quien conversamos sobre los valores que compartimos, las acciones que llevamos en el ámbito de lo social para acompañar a nuestros compatriotas más necesitados y la importancia de seguir trabajando para generar oportunidades para ellos”, expresó el mandatario en una publicación en X.
A través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) se impulsa un proyecto conjunto con el Arzobispado de Asunción. La obra busca beneficiar con viviendas a 51 familias que viven en condiciones vulnerables y que serán reasentadas en el citado distrito del departamento Central.
Desde el Arzobispado se informó que Martínez compartió con el jefe de Estado algunas reflexiones sobre la reciente encíclica Magnifica Humanitas que publicó el lunes último el sumo pontífice y que posteriormente envió a Peña un ejemplar del nuevo documento pontificio.
INVITACIÓN
En la ocasión, el jefe de Estado expresó el interés del Gobierno de invitar a Robert Francis Prevost a visitar el Paraguay, de darse eventualmente algún futuro viaje apostólico a los países del Cono Sur.
El cardenal informó luego a Peña sobre la iniciativa de erigir un monumento a Nuestra Señora de la Asunción en la Costanera, que ya cuenta con la aprobación de la Municipalidad de Asunción y actualmente se trabaja en la elaboración de la imagen.
Durante el diálogo mencionaron además la gran expectativa en torno a la Copa Mundial del Fútbol en la que Paraguay estará presente a través de su selección nacional. El cardenal comunicó el deseo de acompañar con la oración a los jugadores y a toda la delegación paraguaya
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Elevan a juicio oral la causa por violación contra Thiago Gorostiaga
El juez Penal de Garantías, Raúl Florentín, elevó a juicio oral y público el proceso penal por coacción sexual y violación que enfrenta Thiago Gorostiaga, exalumno de un prestigioso colegio de Asunción. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
Actualmente, Gorostiaga cumple arresto domiciliario con el uso de tobillera electrónica, tras haber violado inicialmente dicha medida cautelar. Ahora se deberá sortear a los jueces de sentencia que tendrán a su cargo juzgar al acusado.
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El Ministerio Público cuenta con suficientes elementos probatorios para debatir en el juicio oral y demostrar la responsabilidad del procesado en el grave suceso registrado. La misma posición sostiene la querella adhesiva, representada por el abogado Santiago Lovera.
Otro caso va a juicio oral
En otro tema, días atrás, la Cámara de Apelación Penal de la Adolescencia confirmó la resolución que elevó a juicio oral la causa contra un exalumno de un prestigioso colegio de Asunción, acusado por supuesto abuso sexual en personas indefensas.
En este caso particular, el joven está acusado de haber manoseado a una menor de 15 años que se encontraba bajo los efectos del alcohol.
El hecho habría ocurrido en el año 2023, en la habitación del hijo de un expresidente de la República. Asimismo, el acusado afronta un tercer proceso penal por abuso sexual.
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