El abogado Óscar Germán Latorre, defensor del extitular del Indert, Justo Pastor Cárdenas, solicitó al tribunal de sentencia la absolución de culpa y pena de su representado debido a que no se acreditaron los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El tribunal de sentencia que juzga a Cárdenas y sus hijos está integrado por los jueces Manuel Aguirre, Blanca Gorostiaga y Rossana Maldonado.
El juicio oral y público continúa este lunes 5 de abril a partir de las 7:30 con la réplica del Ministerio Público y la defensa para luego ingresar el tribunal de sentencia a deliberar y dictar la sentencia de primera instancia.
Además del extitular del Indert, están sentados en el banquillo de los acusados sus hijos Justo Pastor Cárdenas Pappalardo, María Alexandra Cárdenas Pappalardo y Allan Cárdenas Rodríguez.
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La fiscala Natalia Fuster había solicitado la pena de 11 años de cárcel para Justo Pastor Cárdenas Nunes, mientras que dos años y medio para Justo Pastor Cárdenas Pappalardo, dos años para María Alexandra Cárdenas Pappalardo y un año para Alan Israel Cárdenas Rodríguez, quienes son hijos del extitular del Indert.
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Paraguay prepara una nueva defensa ante las amenazas sanitarias
Este vienes, el Ministerio de Salud anunció que mediante la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS), avanza en la consolidación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana que apunta a detectar riesgos con mayor anticipación y activar respuestas coordinadas antes de que una situación pueda convertirse en una emergencia de mayor impacto.
Las autoridades indicaron que la estrategia parte de una premisa clave para la salud pública: cuando aparece una amenaza, anticiparse puede marcar la diferencia. La detección temprana, el análisis oportuno de la información y la coordinación entre instituciones permiten reducir los tiempos de respuesta y mejorar la protección de la población.
También explicaron que el proyecto cobra especial relevancia ante un escenario sanitario cada vez más complejo, en el que los brotes y otros riesgos pueden superar rápidamente las fronteras y afectar simultáneamente a distintos sectores. Frente a esta realidad, Paraguay trabaja en un modelo que busca dejar atrás los sistemas aislados y avanzar hacia una estructura capaz de reunir información, mejorar su calidad y facilitar decisiones rápidas.
A partir de este diagnóstico se elaboraron documentos técnicos y normativos y se diseñó una arquitectura orientada a la interoperabilidad, tomando como referencia estándares internacionales como HL7 FHIR, una tecnología que facilita que diferentes sistemas puedan intercambiar y utilizar información de manera estructurada.
Uno de los principales cambios que plantea esta iniciativa es la necesidad de que las instituciones hablen el mismo lenguaje, compartan información y trabajen bajo reglas comunes. Para ello se avanzó en acuerdos interinstitucionales, estándares compartidos y mecanismos de gobernanza destinados a reducir la fragmentación existente.
Frente a las amenazas
El nuevo modelo también amplía la mirada sobre los riesgos sanitarios mediante el concepto de “Una Salud”, que reconoce la estrecha relación entre la salud de las personas, los animales y el ambiente.
Esto significa que una amenaza no necesariamente comienza en un hospital o centro de salud. Puede surgir en poblaciones animales, en el ambiente o en otros ámbitos y posteriormente representar un riesgo para las personas. Por eso, la integración de información de diferentes sectores puede convertirse en una herramienta decisiva para detectar señales de alerta antes de que el problema crezca.
El siguiente gran paso será el desarrollo de una plataforma central interoperable, que permitirá incorporar de manera progresiva los sistemas prioritarios de vigilancia humana, animal y ambiental.
La tecnología será el instrumento para construir una capacidad nacional de respuesta más rápida, integrada y sostenible, capaz de transformar datos dispersos en información útil para la toma de decisiones.
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Caso Renato: familia expresa su dolor tras absolución de médica y cuestiona conclusiones
La familia de Renato Rojas Talavera (2), fallecido en agosto de 2019 en un sanatorio privado por una presunta negligencia médica, decidió pronunciarse luego de la resolución de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la absolución de la médica Laura Sena.
En una carta publicada por la abuela del niño, expresan su dolor ante el desenlace judicial y cuestionan algunas afirmaciones realizadas durante el juicio acerca de la salud del niño, entre ellas que padecía una cardiopatía incompatible con la vida, que no sostenía la cabeza o que podía presentar un síndrome.
“¿En qué evidencia se sustentaron esas conclusiones?”, plantea la familia, que sostiene que algunas de las personas que realizaron esas afirmaciones no habrían atendido ni examinado personalmente al niño.
Como respaldo de sus interrogantes, menciona opiniones de cardiólogos pediátricos, un informe pericial dirigido al Ministerio Público y antecedentes de profesionales que realizaron el seguimiento de Renato, entre ellos su cardióloga René Swaco, la doctora Leticia Gutiérrez y su pediatra, el doctor Antonio Arbo.
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Señalan que las evaluaciones médicas con las que cuenta describen hallazgos cardíacos que no correspondían a cuadros severos o que requirieran procedimientos a corto plazo, mientras que un informe pericial de noviembre de 2020 sostuvo que existió retardo en la atención del niño.
A partir de estos antecedentes, la familia plantea cómo una eventual condición cardíaca de extrema gravedad podría no haber sido advertida previamente durante los controles médicos de Renato.
“No pretendemos saber más que los médicos. Pero creemos que ningún título, cargo o prestigio profesional puede estar por encima de la evidencia. Toda afirmación sobre la salud de un niño debe poder demostrarse”, expresa Carmen Romero, abuela de Renato.
La familia aclara que, con el proceso judicial concluido, estos cuestionamientos no constituyen un pedido de revisión del fallo, sino la expresión de los interrogantes que mantiene sobre lo ocurrido y su intención de preservar la memoria del niño.
“No buscamos venganza”, señala la carta. Y resume el pedido de la abuela en una de sus frases centrales: “No miren solamente el expediente. Miren al niño. Miren a Renato”.
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La Armada Paraguaya celebra su día reafirmando su misión de defender la soberanía nacional
El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó este jueves el acto de conmemoración del Día de la Armada Paraguaya, una jornada en la que se puso en relieve el papel estratégico de la institución en la defensa de la soberanía nacional y el control de los principales corredores fluviales del país. La ceremonia se desarrolló en el Comando de la Aviación Naval, ubicado en el barrio Sajonia de Asunción.
Durante la celebración, el comandante de la Armada Paraguaya, vicealmirante Cristhian José Rotela Valdez, resaltó que la institución mantiene como una de sus principales responsabilidades la custodia de los ríos y la protección de los intereses nacionales en el ámbito fluvial.
El jefe militar señaló que esta tarea adquiere especial relevancia ante el avance de distintas amenazas que trascienden las fronteras. Entre ellas mencionó al crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico ilegal de armas y la trata de personas, fenómenos que requieren una vigilancia permanente y una mayor capacidad de respuesta.
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Tecnología para vigilar los ríos
Rotela también destacó las inversiones impulsadas durante la actual administración para fortalecer las capacidades operativas de la institución. Entre los avances mencionó la puesta en funcionamiento de un puesto de mando y control, destinado a modernizar el monitoreo de las vías fluviales y permitir una vigilancia más eficiente.
Uno de los momentos destacados de la ceremonia fue la entrega de la Orden del Mérito Naval “Tte. 1.º de Marina José María Fariña”, en el grado de Gran Cruz, considerada la máxima distinción otorgada por la Armada Paraguaya.
La condecoración fue concedida a autoridades de instituciones navales y marítimas de países amigos, como reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al fortalecimiento de los vínculos entre las fuerzas navales.
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Fiscalía pidió ratificar juicio oral contra hermano de una agente fiscal
La fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al Tribunal de Apelación de San Lorenzo —integrado por Ana Orrego, Dionicio Nicolás Frutos y Gustavo Bóbeda— que ratifique íntegramente la resolución que elevó a juicio oral y público el proceso penal por abuso sexual en niños, cuyo presunto autor es el hermano de una representante del Ministerio Público.
Ríos Dos Santos contestó la apelación presentada por la defensa del acusado, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya fue confirmada por la Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace dos meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para intentar favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones planteadas por las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo sobre un hecho determinado, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
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Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar concretamente qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar.
Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral.
La Fiscalía sostiene que “la hipótesis fáctica se sostiene con todos los elementos colectados a lo largo de la investigación, los cuales se encuentran agregados al cuaderno de investigación fiscal”.
Entre estas pruebas se destacan declaraciones testificales, un diagnóstico médico, contención psicológica con relato del hecho, informes psicológicos, la Cámara Gesell, un informe fonoaudiológico, un informe psicopedagógico inicial y un perfil neurocognitivo.