El Ministerio de Justicia informó que esta tarde falleció una persona privada de libertad (PPL). Se trata de una ciudadana de nacionalidad argentina, de 40 años de edad. La causa del deceso fue el COVID-19. La víctima fue trasladada desde la penitenciaría de Emboscada (antigua) por un cuadro respiratorio, por lo que se le practicó la prueba, que dio positivo al virus, estuvo durante seis días en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Caacupé.
Según reportó la Dirección de Salud Penitenciaria, padecía obesidad y no tenía otra patología. No obstante, recibió todas las atenciones necesarias y se realizó la derivación correspondiente al centro asistencial mencionado más arriba.
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Cabe mencionar que se trata del primer fallecimiento del año por COVID-19 dentro del sistema penitenciario y es el séptimo desde que se inició la pandemia.
El Ministerio de Justicia insta a la ciudadanía a no bajar la guardia y continuar con el modo COVID-19 de vivir, que consiste en el lavado constante de manos, distanciamiento físico de por lo menos dos metros, utilizar tapabocas, no compartir el mate, tereré, vasos, bolígrafos u otro tipo de utensilio personal y adquirir un comportamiento como si uno tuviera la enfermedad.
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Aumento de la recaudación: valoración positiva y un problema
Los importantes incrementos logrados desde el Ministerio de Economía, específicamente por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios ( DNIT) de más de 457 millones de dólares en estos días, resulta auspicioso, por un lado, y por el otro, también puede convertirse en un problema.
Por un lado, el aumento de la recaudación es una forma de calzar los gastos previstos en el presupuesto del mismo modo que contribuye a la reducción del déficit fiscal, hecho que impacta sobre la inflación puesto que se podrá pagar los gastos públicos con dinero genuino sin tener que apelar a la emisión monetaria.
No obstante, y por otro lado, sucede que cuando la recaudación aumenta también puede convertirse en un problema si eventualmente el ingreso de los nuevos fondos obtenidos se vuelcan a financiar las solicitudes que llegan al Congreso que terminan en reprogramaciones presupuestarias.
De manera que estamos ante un hecho en el que merece ser congratulado el Gobierno. Se está haciendo una labor eficiente en esa permanente búsqueda de conseguir recursos para el cumplimiento del plan de trabajo establecido en el Presupuesto de Gastos.
La atribución recaudatoria por parte del Estado en categoría de aumento de los ingresos sin tener que aumentar la carga impositiva, esto es, sin tener que apelar al aumento de los tributos pagados por los contribuyentes, significa que la actividad de la DNIT está mostrando eficiencia recaudatoria propia y necesaria en cualquier lugar del mundo.
Aumentar los ingresos tributarios mediante la creación de nuevos impuestos o subir los existentes en ningún modo es un camino correcto para un país que necesita crecer más allá incluso del 6 por ciento anual del producto interno bruto (PIB).
Dicho esto, también resulta que por la coyuntura propia de la política similar en todos los países ocurre que cuando aumentan los ingresos en las arcas estatales se da inmediatamente un sinnúmero de solicitudes para disponer de esos nuevos fondos ingresados.
Esto no es de extrañarnos porque como sabemos la política responde a los requerimientos de sectores que desean disponer de dinero. Lo que sí debe ser una cuestión a tomar muy en serio es que los requerimientos no se conviertan en una herramienta para disponer del nuevo dinero ingresado para actividades donde claramente no se están usando de modo transparente los recursos de los que se disponen.
Especialmente el Congreso debe mostrarse responsable por lo que el Ejecutivo va logrando como lo es este caso el aumento de nuevos ingresos; caso contrario, se estaría dando una situación donde volveríamos a estar en el mismo lugar desde donde se partió para que el déficit fiscal se vuelva a subir.
De darse esta situación, lamentable por cierto, entonces quiere decir que el esfuerzo no solo del poder administrador en manos del Ejecutivo sino de los mismos contribuyentes que pagan sus obligaciones tributarias sería un sin sentido y provocaría en poco tiempo problemas para la economía nacional.
El déficit fiscal volvería a subir para así preparar un camino peligroso por las solicitudes de más y más gastos sin correspondencia y rendición de cuentas para finalmente encontrarnos ante el indeseable escenario de crear o subir los impuestos.
Celebramos el aumento de la recaudación que lleva a cabo el Gobierno sin tener que aumentar tributos, pero también decimos que los nuevos fondos ingresados no sean comprometidos para financiar a sectores y programas, que primero deben rendir cuentas con transparencia del dinero del que ya disponen.
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Autoridades de justicia y fuerzas públicas buscan implementar acciones en políticas criminales
Este martes se desarrolló una reunión entre los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y el ministro del Interior, Enrique Riera, en el marco de la implementación de las acciones de políticas criminales. El objetivo es buscar destrabar y acelerar los procesos judiciales y un trabajo coordinado entre todas las instituciones involucradas en la justicia.
La ministra de la Corte, Carolina Llanes, explicó que con esta reunión se reactivó la cumbre de poderes, con el objetivo de definir los procesos, de manera a que todo el sistema pueda desarrollarse con fluidez y los resultados puedan ser positivos.
“Retomamos la cumbre de poderes que fuera realizada a inicio de la asunción del gobierno del presidente Santiago Peña, a los efectos de poder definir primeramente las líneas de política criminal del Estado paraguayo y establecer las estrategias y las acciones a los efectos de poder cumplir con los objetivos que hemos definido”, indicó tras la reunión.
El ministro del Interior, Enrique Riera, por su parte explicó que se solicitó esta reunión a fin de hablar de los temas que ocupan a estas instituciones. “La Policía es auxiliar de la justicia, en tanto la justicia pueda funcionar coordinadamente, tanto el sector que de alguna manera representa a la sociedad, sostiene y acusa, como los que juzgan”, apuntó. Detalló que la idea es, en el corto plazo, incorporar una mesa interinstitucional en el marco de la seguridad y la justicia, con compromisos puntuales que serán incluidos en el transcurso del desarrollo de la mesa de trabajo.
“También la idea es, en el corto plazo, incorporar e intentar, amparado con ese documento original, que nazcan otros compromisos más puntuales que sería como una mesa interinstitucional por la seguridad y la justicia, en la cual estaría la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud Pública, el Poder Legislativo, el Ministerio del Interior”, expresó.
La ministra dijo que este tipo de reuniones se irán dando periódicamente, también con reuniones rotativas para continuar con este trabajo coordinado e identificar los problemas estructurales de la justicia. A su vez, el fiscal general, Emiliano Rolón, indicó que “la respuesta rápida es que hay intención en el sistema de justicia penal, esencialmente, en las reacciones rápidas en la necesidad de contar con mayor eficacia en la perspectiva de tener mayor operatividad”.
Además de ir formulando entre las instituciones acuerdos y convenios para dar respuesta rápida a la ciudadanía. “La acción concreta es la necesidad de ir formulando acuerdos, convenios marcos, a instalar para que precisamente esa actividad coordinada sea percibida por la comunidad y también por los medios de prensa, que son los vectores y también los informantes de todo lo que sucede”, sentenció.
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Hallan un túnel en la cárcel de Ciudad del Este
En la penitenciaria Regional de Ciudad del Este, situada sobre la Avda. Rogelio Benítez del Barrio Boquerón, se encontró un túnel que presuntamente podría ser utilizado para la fuga de los reclusos que están privados de su libertad en la mencionada cárcel.
Ya han tomado intervención las autoridades penitenciarias de Alto Paraná que a su vez van a poner a conocimiento del Ministerio Público que tendrá que investigar el presente hecho.
Durante la intervención se encontró e incautaron de varias herramientas que eran utilizadas para cavar el túnel. Todos los elementos incautados serán puestos a disposición de las autoridades competentes para su estudio correspondiente. En caso de que se pueda identificar a los autores de este hecho, los mismos podrían ser pasibles de una imputación siempre y cuando se tengan elementos de prueba.
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En el año 2022, El Ministerio de Justicia informó que tras un trabajo de inteligencia penitenciaria en colaboración con la Policía Nacional, se detectó un túnel en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.
El túnel fue hallado en una celda del pabellón en el que se encuentran recluidos internos pertenecientes a la facción criminal Primer Comando Capital (PCC). En su momento, fueron identificadas 16 personas privadas de libertad como las responsables de la excavación.
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Corte suspendió sin goce de sueldo a juez de Paz del Chaco
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió hacer efectiva la suspensión sin goce de sueldo al juez de Paz de José E. Díaz (Pdte. Hayes), Pablo Luis Martínez Cardozo, quien fue enjuiciado de oficio por mal desempeño en sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que ya había iniciado el enjuiciamiento del citado magistrado quien está siendo investigado por tener ausencias reiteradas e injustificadas, por lo que podría ser destituido de su cargo.
Ante esto, el ministro César Garay, superintendente de Presidente Hayes, sostuvo durante la sesión que los elementos y circunstancias son convergentes en cuanto a actitudes desdorosas que no son ni pertinentes ni admisibles en el cabal ejercicio de la magistratura, indicó el alto magistrado.
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Asimismo, el ministro Víctor Ríos votó en disidencia por la suspensión, pero con goce de sueldo básico. Ahora el magistrado suspendido en sus funciones deberá defenderse ante el JEM, que deberá estudiar el presente caso y resolver si corresponde la destitución o alguna sanción para Martínez.
Participaron de la sesión los ministros Luis María Benítez Riera, César Diesel, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, César Garay, Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander, Eugenio Jiménez y Víctor Ríos. Durante el pleno de la Corte se llevó a votación en relación a la suspensión del juez con o sin salario. Por mayoría se impuso la suspensión sin goce de sueldo.
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