El Ministerio de Justicia informó que esta tarde falleció una persona privada de libertad (PPL). Se trata de una ciudadana de nacionalidad argentina, de 40 años de edad. La causa del deceso fue el COVID-19. La víctima fue trasladada desde la penitenciaría de Emboscada (antigua) por un cuadro respiratorio, por lo que se le practicó la prueba, que dio positivo al virus, estuvo durante seis días en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Caacupé.
Según reportó la Dirección de Salud Penitenciaria, padecía obesidad y no tenía otra patología. No obstante, recibió todas las atenciones necesarias y se realizó la derivación correspondiente al centro asistencial mencionado más arriba.
Podes leer: Condenan a dos personas a 10 años de cárcel por robo agravado
Cabe mencionar que se trata del primer fallecimiento del año por COVID-19 dentro del sistema penitenciario y es el séptimo desde que se inició la pandemia.
El Ministerio de Justicia insta a la ciudadanía a no bajar la guardia y continuar con el modo COVID-19 de vivir, que consiste en el lavado constante de manos, distanciamiento físico de por lo menos dos metros, utilizar tapabocas, no compartir el mate, tereré, vasos, bolígrafos u otro tipo de utensilio personal y adquirir un comportamiento como si uno tuviera la enfermedad.
Dejanos tu comentario
Pobladores de Nueva Asunción se movilizaron para exigir justicia por Sara Prieto
Los familiares y ciudadanos de Nueva Asunción, departamento de Presidente Hayes, se manifestaron para exigir justicia por Sara Prieto, presunta víctima de feminicidio. De acuerdo con la denuncia pública, el caso pretende ser catalogado como un suicidio; motivo por el cual la justicia ya ordenó la libertad del principal sospechoso del suceso. Asimismo, la comunidad critica la supuesta protección política brindada a la pareja de la víctima.
A pocas horas de realizarse el sepelio de la joven de 18 años, sus familiares, amigos y vecinos se autoconvocaron para exigir que su muerte no quede impune ni se archive bajo la carátula de suicidio. La indignación popular estalló al confirmarse la liberación de Carlos Walter Mencía, pareja de la víctima y principal sospechoso de haber perpetrado el crimen.
Te puede interesar: Hombre alcoholizado protagonizó accidente y mató a un joven de 18 años
La joven fue encontrada sin vida en el baño de la vivienda que compartía con Mencía. La investigación preliminar revela que el cuerpo presenta hematomas y marcas de agresiones físicas que encendieron las alarmas de los peritos. Pese a estas evidencias y al historial de maltratos relatado por la familia, la justicia dispuso la libertad del sospechoso en tiempo récord, lo que generó el repudio generalizado de la comunidad.
Guillermo Prieto y María Estigarribia, padres de la víctima, encabezaron la movilización sumidos en el dolor por la falta de justicia, pero adelantaron que seguirán con sus reclamos en memoria de su hija.
El padre hizo un llamado desesperado a las autoridades judiciales para que la causa no quede en el oparei. Prieto aseguró que la Fiscalía cuenta con elementos suficientes en su poder, incluyendo capturas de pantalla, audios de WhatsApp y mensajes de texto que evidencian las amenazas y los constantes episodios de violencia de género a los que era sometida la joven.
Podés leer: Aparatoso vuelco en la autopista Ñu Guasu deja un herido y daños materiales
Dejanos tu comentario
Justicia realizó transferencia de G. 25.000 millones y USD 11 millones a la Senabico que fueron comisados a RDG
El Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Crimen Organizado y Delitos Económicos N.º 1 de la Capital, a cargo de la jueza Sandra Kirchhofer, realizó este viernes 30 de octubre la entrega de certificados de depósito de ahorro (CDA) correspondientes a dos entidades bancarias, en el marco de la causa por lavado de dinero que involucra a Ramón González Daher y a su hijo. Como parte de esta actuación, la magistrada confirmó la transferencia de fondos a la cuenta de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
La jueza precisó que la transferencia de fondos comprendió G. 25.000 millones y USD 11 millones. Detalló que, en relación con la suma en moneda nacional, se entregaron seis certificados de depósito como parte de las medidas de ejecución patrimonial dispuestas por el juzgado.
Kirchhofer calificó esta actuación como histórica para la Justicia paraguaya por la magnitud de los recursos involucrados y su vinculación con una causa emblemática en materia de lavado de dinero. Asimismo, señaló que el caso figura en los registros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Al referirse al alcance de la ejecución del comiso, la jueza manifestó: “Esta es una muestra de que la Justicia no solo impone sanciones de penas privativas de libertad, sino que también privamos de los beneficios del delito, tanto económicos como patrimoniales, a las personas que fueron condenadas por determinados hechos punibles”.
La magistrada destacó que la entrega de los certificados no constituyó únicamente un acto protocolar, sino el resultado de varios años de trabajo del juzgado a su cargo para dar cumplimiento a las decisiones judiciales relacionadas con la recuperación de bienes.
En ese sentido, expresó su expectativa de que estos recursos sean administrados por el Estado de manera responsable, transparente y eficiente, en beneficio de la sociedad. Finalmente, informó que aún quedan 15 certificados de depósito pendientes de transferencia y presentación ante el juzgado en el marco de la misma causa.
Podes leer: Fiscalía dio inicio oficial a las obras de la primera sede propia en Katueté
Dejanos tu comentario
ARP pide garantías para la propiedad privada tras avance judicial en el caso Pindó
A más de 14 años del inicio del conflicto, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por la ocupación de tierras de Agroganadera Pindó, una decisión que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificó como un “avance significativo”.
El proceso penal afecta directamente a Jorge Mercado Méndez, imputado como uno de los principales dirigentes de la invasión de inmuebles de la firma agroganadera en el departamento de Canindeyú.
A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales en la fecha, el gremio rural celebró la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.
“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.
Legalidad sobre la ocupación
Así también, la ARP instó a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. En el documento se señala que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que “la propiedad privada es inviolable”.
Remarca que su respeto constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.
“Las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes”, manifiesta una parte del escrito.
Asimismo, refiere que la seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos. “Requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresa en su pronunciamiento.
En juicio se establecerán responsabilidades
Resalta además que, la apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad; teniendo en cuenta que las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso.
De esa manera el gremio señala que es fundamental el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sin excepciones ni actuaciones al margen de la ley, con pleno respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, el Código Civil, el Código Penal y demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.
“En esencia, no se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales, garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta administración de justicia”, remarca el comunicado.
Finalmente, exhorta a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.
Siga informado con: Peña y Alliana convocan a intendentes y ediles electos para el 6 de noviembre
Dejanos tu comentario
Fiscalía requisa documentos de Establecimientos Penitenciarios, tras fuga
Durante un procedimiento realizado en las primeras horas de la tarde de hoy jueves, la fiscala Fabiola Sosa se constituyó en la sede de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios para la requisa de varios documentos, auditar registros y recabar pruebas tras la fuga de dos privados de libertad.
Entre los documentos, se incautaron además de celulares, notebooks que estaban en el centro penitenciario “Martín Mendoza”, de Emboscada.
Este allanamiento se realiza tras la fuga de dos personas privadas de libertad (PPL), ocurrida en la madrugada del domingo pasado, y lo que derivó en la detención del director de la cárcel de máxima seguridad, y del jefe y subjefe de seguridad del lugar.
Los fugados fueron: Ever Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba. El primero, procesado por asociación criminal y narcotráfico, el segundo por robo agravado. Los mismos siguen con paradero desconocido.
Te puede interesar: Ministro aclara que centro penitenciario de Emboscada no cuenta con celdas VIP
Igualmente, luego de esta fuga, la fiscala Sosa imputó al exdirector de Inteligencia Penitenciaria, subcomisario Derlis Cáceres, por frustración de la persecución y ejecución penal, ya que el mismo presuntamente se encuentra implicado en la liberación de los presos.
La representante del Ministerio Público, de Emboscada, solicitó prisión preventiva para el exdirector de Inteligencia Penitenciaria. Ayer miércoles se entregó en la Fiscalía de Emboscada para ponerse a disposición de la Justicia.
Sosa mencionó que Cáceres se abstuvo de declarar hoy jueves.
DESIGNACIÓN Y RENUNCIA
Es de recordar que durante una conferencia de prensa, el ministro Rodrigo Nicora puso en el cargo de director general de Establecimientos Penitenciarios al comisario (R) Óscar Pereira en reemplazo de Rubén Darío Peña Weisensee.
En la ocasión, el viceministro de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel Guerreño, presentó su renuncia hoy jueves, ya que su hermano es abogado defensor de uno de los reos “privilegiados” que estaba ocupando una celda diferenciada del penal de “máxima seguridad”, en Emboscada.
Poderosos capos narcos y criminales de alto perfil eran huéspedes de la celda del módulo 7 (planta alta) en el penal de “máxima seguridad”, de Emboscada
El grupo de reclusos estaba formado por: José Pastor Insfrán (caso A Ultranza), Alexandre Rodrigues Gomes (hijo de Eulalio “Lalo” Gomes), Alexis González (caso A Ultranza), entre otros más.
Lea más: Saltan nombres de capos narcos y criminales de alto perfil como huéspedes en celdas VIP