El Ministerio de Justicia informó que esta tarde falleció una persona privada de libertad (PPL). Se trata de una ciudadana de nacionalidad argentina, de 40 años de edad. La causa del deceso fue el COVID-19. La víctima fue trasladada desde la penitenciaría de Emboscada (antigua) por un cuadro respiratorio, por lo que se le practicó la prueba, que dio positivo al virus, estuvo durante seis días en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Caacupé.
Según reportó la Dirección de Salud Penitenciaria, padecía obesidad y no tenía otra patología. No obstante, recibió todas las atenciones necesarias y se realizó la derivación correspondiente al centro asistencial mencionado más arriba.
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Cabe mencionar que se trata del primer fallecimiento del año por COVID-19 dentro del sistema penitenciario y es el séptimo desde que se inició la pandemia.
El Ministerio de Justicia insta a la ciudadanía a no bajar la guardia y continuar con el modo COVID-19 de vivir, que consiste en el lavado constante de manos, distanciamiento físico de por lo menos dos metros, utilizar tapabocas, no compartir el mate, tereré, vasos, bolígrafos u otro tipo de utensilio personal y adquirir un comportamiento como si uno tuviera la enfermedad.
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Viuda apeló resolución que archivó denuncia y exige justicia por despojo de costoso inmueble en San Pedro
Blanca Beatriz Caballero, viuda de Barrios, exige justicia y pide a las autoridades que se continúe investigando varios hechos punibles presuntamente cometidos por el exsíndico de Quiebras, hoy condenado, Blas Velázquez. La denuncia también salpica a jueces, rematadores públicos y camaristas, quienes habrían avalado el despojo irregular de 1.000 hectáreas de tierras valuadas en millones de guaraníes, ubicadas en el departamento de San Pedro.
Caballero apeló la resolución del juez Humberto Otazú, quien había hecho lugar al pedido del Ministerio Público para desestimar la denuncia contra Velázquez, el rematador Mario Person, el exjuez y actual camarista Miguel Ángel Rodas, y el excamarista Carmelo Castiglioni, entre otros.
El abogado Andrés Casati, representante legal de la denunciante, sostiene que la investigación penal archivada incurrió en graves omisiones al no determinar la secuencia de uso de los documentos cuestionados, los cuales continúan produciendo efectos jurídicos en juicios civiles en curso. Asimismo, argumenta que la prescripción no puede utilizarse para beneficiar la inactividad del órgano investigador; motivo por el cual se ha accionado paralelamente contra la representación fiscal asignada por presunta frustración de la persecución penal.
La apelación deberá ser resuelta por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos. En caso de revocarse el fallo del juez de primera instancia, se ordenará la reapertura de la causa para continuar la investigación contra los implicados y determinar sus responsabilidades penales.
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En confuso episodio mataron a joven pasero en el río Paraná, cerca de la costa argentina
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Agentes policiales de la Comisaría 10 del barrio Tres Fronteras, de Presidente Franco, reportaron que hallaron a un joven baleado en el río Paraná, fue auxiliado por marinos de la Armada Paraguaya pero posterior a ello falleció en un sanatorio privado. La víctima fue identificada como Carlos Daniel Arrúa Adorno (23), quien vivía en el citado barrio.
El hecho ocurrió a las 16:00 de hoy martes en el lado argentino del río Paraná, a unos 150 metros de la orilla, en el lugar denominado Puerto Karumbe, según el reporte. Una prima del fallecido contó al personal policial que Carlos Daniel, acompañado de su hermano, Diego Armando y una tercera persona pasaron al lado argentino por el río Paraná, a bordo de una lancha, para el traslado de mercaderías.
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Al llegar al sitio mencionado fueron supuestamente emboscados por varias personas desconocidas, con arma de fuego, que en forma inmediata efectuaron disparos contra los que estaban en la embarcación y resultó herido el joven pasero, quien fue auxiliado por quienes lo acompañaban en la lancha hasta la Armada Paraguaya.
Desde la citada base marina el herido fue trasladado hasta el sanatorio San Camilo de Presidente Franco, donde ya llegó sin signos de vida, de acuerdo a los datos recabados por el personal policial interviniente. El caso fue comunicado a la Fiscalía de turno.
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Capiatá: motociclista murió en trágico accidente sobre la ruta PY02
Este viernes se reportó un trágico accidente de tránsito con derivación fatal sobre la ruta PY02, en la ciudad de Capiatá. Un joven motociclista perdió la vida luego de rozar contra un vehículo y caer al pavimento, donde fue arrollado por un camión de gran porte. En la zona se reporta una gran congestión vehicular e instan a evitar la arteria.
Según el reporte policial, el fatal accidente se registró durante la tarde de hoy, sobre la ruta PY02 en el carril que va con dirección a la ciudad de Itauguá, específicamente a la altura del kilómetro 22 en inmediaciones de la ciclovía y del arroyo Capiatá.
En el percance rutero se vieron involucrados una motocicleta de color negro, guiada por Aníbal Valdéz Romero, identificado como la víctima fatal. Además, un automóvil y un camión de gran porte tipo cisterna. El hombre estaba por llegar a su vivienda y se presume que realizó una maniobra de adelantamiento.
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Testigos indicaron que Romero estaba circulando sobre la ruta y ante la gran cantidad de vehículos decidió realizar una maniobra de adelantamiento, durante ese procedimiento terminó rozando contra un automóvil que iba delante suyo. En ese momento perdió el equilibrio y cayó sobre la capa asfáltica.
Lastimosamente, en ese mismo carril circulaba el camión cisterna cuyo conductor ya no pudo evitar el trágico desenlace. El motociclista falleció de manera instantánea y el conductor del vehículo pesado indicó a los intervinientes que solo sintió el impacto y que no vio cuando el hombre cayó.
El tránsito está siendo reorganizado por agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT). Hasta el lugar llegaron representantes del Ministerio Público y familiares de la víctima, quien aparentemente reside en las inmediaciones y estaba apunto de llegar a su vivienda.
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Padres de María Fernanda piden la pena máxima para los acusados del horrendo crimen
Los padres de María Fernanda Benítez Martínez, la adolescente de 17 años que estaba embarazada y cuyo cuerpo fue hallado calcinado en Coronel Oviedo el 31 de mayo de 2025, pidieron hoy la pena máxima para los acusados del horrendo crimen ante el Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo.
“Son unos monstruos y tienen que pagar hasta lo último por lo que hicieron”, expresó Leonardo Benítez, padre de María Fernanda, a los magistrados encargados de dictar sentencia en la fecha. Asimismo, solicitó una fuerte condena para los demás involucrados por haber encubierto el caso. “Los padres deben pagar también por ser cómplices”, sentenció.
Hizo hincapié en que los autores del hecho actuaron de manera premeditada, atendiendo las evidencias recabadas durante la investigación. “Fue intencional lo que hicieron, porque un mes antes planearon lo que le iban a hacer a mi hija y cometieron un doble crimen, ya que le mataron a mi hija y a mi nietito. Y se merecen que vayan 30 años a la cárcel para que no vuelva a pasar esto a otra familia”, manifestó.
Igualmente, doña Nilda Martínez, mamá de la joven víctima, solicitó que se aplique la “cadena perpetua” para los responsables de la muerte de su hija por el terrible daño que le causaron a su familia. “Me hicieron un daño físico y emocional”, lamentó.
Por otro lado, cuestionó el actuar de los padres del menor, principal sospechoso del homicidio. “Cómo van a ayudar a un asesino”, exclamó. También se refirió a la amiga del presunto autor material. “Mikaela le mandó matar a mi hija, ella sabía y también merece la pena máxima”, apuntó.
Por su parte, el padre del adolescente acusado dijo de manera breve: “Una vez más le pido perdón a los familiares”. Este martes se dictará sentencia para cinco acusados por el crimen de la adolescente.
Según explicaciones del fiscal Fermín Segovia, el juicio corresponde a los adultos, que presuntamente intentaron entorpecer la investigación y ocultar evidencias.
Entre los acusados se encuentra Mikhaela Rolón, amiga del adolescente, quien habría dado instrucciones sobre cómo matar a una persona. También enfrenta juicio Franco Acosta, propietario de una farmacia, quien habría proveído medicamentos abortivos.
Asimismo, está acusado Ricardo Villamayor, quien presuntamente habría ocultado en su domicilio la motocicleta utilizada por el principal acusado para trasladar a María Fernanda. También son procesados los padres del adolescente, quienes habían presentado una denuncia por la supuesta “desaparición” de su hijo.
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