Se suspendió audiencia de imposición de medidas del exintendente de Asunción
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Se suspendió la audiencia de imposición para el exintendente de Asunción Mario Ferreiro, imputado por producción de documentos no auténticos. La diligencia judicial se pospuso debido a que la Cámara de Apelaciones solicitó el expediente judicial en vista a que otros imputados presentaron varios incidentes que están pendientes de resolución en el Tribunal de Apelación.
Una vez que se destrabe el proceso, la jueza penal de Garantías Hilda Benítez deberá fijar una nueva fecha para que se pueda desarrollar la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Imputación
La fiscala Stella Mary Cano imputó al exintendente de Asunción, al actual jefe comunal; concejales y a la exdirectora de Contrataciones de la comuna capitalina por el supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos en el marco de una licitación en la cual fue beneficiada la empresa recolectora Empo Ltda. mediante documentos de contenido falso.
Los imputados habrían permitido el uso del certificado de cumplimiento tributario de contenido falso y con ello indujeron en las relaciones jurídicas al error sobre su autenticidad para lograr el pago de G. 1.701.107.120 a la empresa Empo Ltda. y Asociados para prestación de servicios de disposición final de residuos sólidos, urbanos y de servicios complementarios.
Además de Ferreiro y Rodríguez, fueron imputados Javier Pintos, Fabiana Benegas, Mariano Cáceres, Antonio Gaona, René Calonga, Augusto Wagner, Félix Ayala, María Laura Schiavo, Ireneo Román y Elena Alfonsi. El actual jefe comunal de Asunción rechazó la imputación formulada en su contra afirmando que es “selectiva y política”.
La defensa de Miguel Prieto y otros imputados pretenden que el proceso penal sea trasladado a Ciudad del Este y es por ello que presentaron varios incidentes. Foto: Archivo
Tras chicana de Prieto y otros imputados, suspenden imposición de medidas
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Se suspendió la audiencia de imposición de medidas cautelares para Miguel Prieto, actual intendente de Ciudad del Este, quien enfrenta su segundo proceso penal por el delito de lesión de confianza. La diligencia judicial se pospuso debido a que la defensa de Prieto y otros imputados presentaron varios incidentes que deberán ser analizados por el juez Humberto Otazú.
Prieto planteó una excepción de incompetencia material y territorial, donde cuestiona que el presente caso debe tramitarse en un juzgado de Ciudad del Este y no de Asunción. Primero, el magistrado Otazú deberá estudiar este incidente y luego analizar los demás que se ha presentado en el presente caso.
También la defensa de los demás imputados presentó varios incidentes, entre ellos la nulidad del acta de imputación que deberá ser analizado por el mencionado magistrado.
El segundo proceso penal es por una licitación supuestamente direccionada que fue realizada en el año 2020, donde se realizó una compra por la vía de excepción para la adquisición de insumos con el objetivo de la elaboración de panificados para familias de escasos recursos por la pandemia Covid 19, con supuestos fines sociales.
El Ministerio Público sospecha que Prieto y los demás imputados ocasionaron un perjuicio de una suma superior a los G. 306 millones, a través del pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes.
Manifestación
Del mismo modo, un grupo de personas se manifestaron frente al Poder Judicial para exigir celeridad en el proceso penal de Prieto y demás imputados en el presente caso.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por el exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas, condenado a 8 años de cárcel, por lesión de confianza en la causa penal por la reparación y remodelación de instituciones educativas, donde debido a obras deficientes, el techo de una de las aulas se derrumbó sobre los alumnos del Colegio Nacional de la ciudad.
Con la resolución judicial, el exjefe comunal debe ser enviado a la cárcel para cumplir su condena por lesión de confianza por la construcción irregular de 15 instituciones educativas, en las que se causó un perjuicio patrimonial a la comuna de G. 859.559.122.
La resolución judicial lleva la firma de los ministros Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diésel. Los mismos llegaron a la conclusión que corresponde rechazar la acción presentada por Cárdenas.
ANTECEDENTES
El caso data de diciembre de 2016, tras la imputación por lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción, investigación que se inició ante la sospecha de sobrefacturación en la construcción de las 15 instituciones educativas y una supervisión en Lambaré.
Aparentemente, el intendente había sobrefacturado el costo de las construcciones en la mencionada institución.
Esta investigación también se inició luego del derrumbe de varias aulas del Colegio Nacional Lambaré, hecho ocurrido en el 2015 y que dejó al menos 23 alumnos heridos.
Ahora con el fallo de la Corte Cárdenas ya agotó todas las instancias para apelar y debe cumplir con la condena que se le impuso.
La sala constitucional de la Corte rechazó una acción de inconstitucionalidad de Roberto Cárdenas, exintendente de Lambaré, y la condena de 8 años queda firme y debe ir a prisión. Foto: Gentileza
Ratifican condena de 8 años de cárcel de exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por el exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, condenado a 8 años de cárcel, por lesión de confianza en la causa penal por la reparación y remodelación de instituciones educativas, donde debido a obras deficientes, el techo de una de las aulas se derrumbó sobre los alumnos del Colegio Nacional de la ciudad.
Con la resolución judicial, el exjefe comunal debe ser enviado a la cárcel para cumplir su condena por lesión de confianza por la construcción irregular de 15 instituciones educativas, en las que se causó un perjuicio patrimonial a la comuna de G. 859.559.122.
La resolución judicial lleva la firma de los ministros Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diésel. Los mismos llegaron a la conclusión que corresponde rechazar la acción presentada por Cárdenas.
El caso data de diciembre del 2016, tras la imputación por lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción, investigación que se inició ante la sospecha de sobrefacturación en la construcción de las 15 instituciones educativas y una supervisión en Lambaré. Aparentemente, el intendente había sobrefacturado el costo de las construcciones en la mencionada institución.
Esta investigación también se inició luego del derrumbe de varias aulas del Colegio Nacional Lambaré, hecho ocurrido en el 2015 y que dejó al menos 23 alumnos heridos.
El 18 de abril se deberá llevar a cabo la audiencia preliminar del agente policial Oliver Lezcano acusado por el homicidio del militar Líder Ríos. Foto: Archivo
Policía acusado de matar a militar tendrá su audiencia preliminar el 18 de abril
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La jueza penal de Garantía Cynthia Lovera fijó para el 18 de abril la audiencia preliminar para el agente policial Oliver Lezcano Galeano, acusado por el homicidio del militar Líder Ríos. El agente policial logró escapar del penal de Tacumbú el año pasado y fue recapturado conduciendo un rodado denunciado como robado.
En la referida diligencia judicial se definirá si el agente enfrentará un juicio oral y público así como pidió el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo. Lezcano Galeano se fugó de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú el 28 de septiembre del 2023, donde cumplía prisión preventiva desde el 26 de enero de ese mismo año.
Su fuga generó mucha polémica, debido a que el ministro de Justicia, Ángel Barchini, había manifestado inicialmente que el mismo fue asesinado y desmembrado dentro de la cárcel, pero finalmente, mediante un video de parte del procesado agente policial, esta versión fue descartada.
Lezcano fue acusado por la muerte del militar Líder Javier Ríos Cañete, quien además trabajaba como chofer de plataforma. El caso se publicó y luego de una investigación policial - fiscal se pudo llegar hasta el presunto responsable del suceso que enlutó a una familia.
Hasta la fecha los familiares del agente militar exigen justicia por el terrible hecho registrado y a su vez acompañarán el trabajo del Ministerio Público y esperan que el proceso penal se eleve a un juicio oral para que pueda ser juzgado el acusado.