El Ministerio Público, durante la exposición de sus alegatos finales, solicitó 11 años de cárcel para Justo Cárdenas Nunes, extitular del Indert, quien está siendo juzgado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Asimismo, la Fiscalía solicitó el comiso especial de los bienes del acusado por la suma de G. 1.904.136.549.
Igualmente, la Fiscalía pidió 2 años y 6 meses de cárcel para el hijo de Cárdenas, Justo Cárdenas Pappalardo, por el hecho punible de lavado de dinero así como el comiso de una camioneta, acciones de la firma Agroindustrial ganadera y acciones de la firma Ms Servicios y Tecnología. También para los demás hijos del expresidente del Indert se pidió la pena de 2 años de cárcel para María Alexandra Cárdenas Pappalardo y un año de pena privativa de libertad para Allan Cárdenas Rodríguez.
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Para el próximo miércoles la defensa de los acusados va a exponer sus alegatos finales para luego ingresar a la etapa final del presente juicio oral y público. El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo valorar todos los elementos que se presentaron durante el desarrollo del juicio oral y público son Manuel Aguirre, Blanca Gorostiaga y Rossana Maldonado. De acuerdo a la información que se maneja, después de Semana Santa se podría dar a conocer la sentencia de primera instancia.
Refieren los antecedentes que, en julio de 2014, Justo Cárdenas y su hijo Justo Pastor Cárdenas Pappalardo constituyeron una sociedad anónima en la que introdujeron montos de dinero que no habrían podido justificar.
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Ministerio rechaza uso político y económico de Hambre Cero
El secretario de Estado aclaró, además, la situación con los proveedores del almuerzo escolar.
El ministro de Desarrollo Social y titular del Consejo Nacional de Alimentación Escolar, Tadeo Rojas, repudió la campaña impulsada por sectores políticos y mediáticos que apuntan a desvirtuar la importancia del programa Hambre Cero en las
Escuelas, en el marco de una campaña rumbo a las elecciones internas partidarias y las presidenciales del 2028. A la vez, informó que, pese a los tres meses de atrasos con el pago a proveedores, el servicio continúa ejecutándose sin inconvenientes.
“Yo creo que es una versión absolutamente interesada y política, habida cuenta del escenario en que nos encontramos. Algunos quieren desvirtuar la importancia de este programa y del impacto social y económico que tiene el programa porque deben buscar discursos para desacreditar un proyecto e indudablemente al Gobierno”, refirió ayer al programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM / Nación Media.
Las declaraciones de Rojas surgen ante las afirmaciones de que la iniciativa impulsada por el gobierno de Santiago Peña se ha convertido supuestamente en un soporte político y económico para los gobernadores del Partido Colorado en las contiendas electorales. “Si vamos a hablar de que Hambre Cero, es una plataforma política y económica, hay que verificar los resultados electorales de las últimas municipales”, comentó.
CASOS ELECTORALES
Rojas colocó como ejemplo el caso del gobernador de Itapúa, Javier Pereira Rieve, quien postuló a su hermano, el diputado Carlos Pereira Rieve, para la intendencia de Encarnación, y a su esposa, Nancy Berndt, para la intendencia de Cambyretá.
“Un ejemplo claro y conciso es Itapúa. Hay que recordar que en ese departamento el gobernador es liberal y es administrador del contrato Hambre Cero en la zona, y este señor gobernador le candidató a su hermano para intendente de Encarnación, nada
más y nada menos que en la capital del departamento, y este señor le candidató también a su esposa como candidata a intendente en otro distrito grande e importante electoralmente como es Cambyretá”, comentó.
El alto funcionario de Estado agregó: “¿Cuáles fueron los resultados en ambos distritos? Perdió. Entonces, ¿dónde se puede tener esa muestra de que supuestamente Hambre Cero es un refuerzo político y económico? Si nos ponemos a evaluar, hubo capitales departamentales en donde perdieron los gobernadores”.
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Ministerio ofrece vacancias
Ministerio de Trabajo abre concurso para cubrir 17 puestos con salarios de hasta G. 6 millones.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), anunció una nueva convocatoria mediante concurso público de ingreso de empleados públicos (CPIEP) a fin de cubrir 17 vacancias en distintas áreas técnicas y profesionales, con remuneraciones que van desde G. 3.500.000 hasta G. 6.000.000. El periodo de postulación estará habilitado desde mañana 21 al 27 de octubre del 2026.
La convocatoria contempla oportunidades laborales en Asunción como así también en los departamentos de Boquerón y Presidente Hayes, además puestos vinculados a la fiscalización y la orientación laboral. Según informó la institución, el llamado busca fortalecer las capacidades técnicas y mejorar la atención de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
Entre los cargos disponibles se encuentra el de economista laboral junior, con una vacancia y una remuneración de G. 6.000.000. También habilitaron 10 puestos para profesionales de fiscalización junior con un salario de G. 5.000.000 cada uno.
En el área jurídica, se ofrecerá un puesto de abogado laboralista junior para la capital, con un salario de G. 4.800.000, y otros dos para Boquerón y Presidente Hayes, con un salario de G. 4.500.000. La lista incluye además, un profesional orientador social laboral, un fotógrafo y un asistente de control normativo laboral internacional. Las personas interesadas podrán consultar los requisitos en el portal oficial Paraguay Concursa: https://paraguayconcursa.mef.gov.py.
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Defensa de Hugo Javier pidió cumplir su condena en su domicilio por secuelas físicas y neurológicas
Este martes, la defensa legal del exgobernador de Central, Hugo Javier González, formalizó el pedido del arresto domiciliario para continuar con un tratamiento ambulatorio debido a su cuadro clínico. La Justicia dispuso la realización de una junta médica para dictaminar si corresponde modificar su reclusión penitenciaria.
Hugo Javier estaba cumpliento una condena de 10 años en la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza, donde el 6 de setiembre pasado sufrió un traumatismo de cráneo en su celda, los médicos del Hospital Nacional de Itauguá indicaron que está listo para recibir el alta hospitalaria, pero aún presenta secuelas luego del fuerte golpe.
“Hemos presentado un incidente de prisión domiciliaria a favor de Hugo Javier atendiendo a su situación médica. Nosotros consideramos que corresponde la prisión domiciliaria porque si es bien cierto que tuvo un buen avance en su estado de salud, el problema es con la parte neurológica”, expresó Guillermo Gayoso, abogado defensor, en entrevista con el programa “Tarde de Perros” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Resaltó que el juez de la causa pidió que se conforme una junta médica con un peritos del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la defensa, para hacer una inspección médica exhaustiva en el Hospital Nacional de Itauguá y determinar en qué situación de salud se encuentra el exgobernador.
“El juez ya trasladó esto al Ministerio Público que no se opone a que esto prospere, por ello el juez ordenó a una junta médica que se realizará el 8 de octubre en el Hospital Nacional de Itauguá. Por momentos él esta 20 años atrás en el tiempo, pregunta por su difunto padre, tiene episodios de histeria. Son muchas situaciones delirantes que requieren cuidados”, detalló.
Afirmó que también se solicitó que cuente con una enfermera que lo asista todos los días en tanto siga con su tratamiento ambulatorio. “Hemos propuesto también a una enfermera 24/7 y un médico de cabecera más un traumatólogo terapista para los cuidados del mismo, esto sería en la casa de su actual pareja que reside en la ciudad de Emboscada”, puntualizó.
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Gobierno de Bolivia investiga por narcotráfico y lavado al fiscal general tras su captura
Las autoridades de Bolivia investigan al fiscal general Roger Mariaca por lavado de dinero y narcotráfico, anunció este jueves el gobierno tras su detención dos días después de que Estados Unidos cancelara su visa por supuestos vínculos con organizaciones criminales. Mariaca fue arrestado por policías la noche del miércoles en la ciudad de Santa Cruz (este). También fue detenido Alberto Zeballos, fiscal de esa jurisdicción, otro funcionario boliviano sancionado por Washington.
“Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia”, dijo Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno (Interior). La Fiscalía General boliviana, “encabezada por Roger Mariaca, se volvió la organización criminal destinada a proteger incentivar y proteger el narcoterrorismo”, agregó. Según las autoridades, se le atribuyen los delitos de organización criminal, lavado de activos y narcotráfico.
Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú, a los que acusa de corrupción, vínculos con el narco o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. El gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz busca estrechar lazos con Estados Unidos. En marzo se sumó al Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha para combatir el crimen organizado transnacional liderada por la administración de Donald Trump.
Dinero en una ambulancia
El ministro Oviedo denunció que durante la madrugada cuatro personas intentaron retirar dinero en efectivo de la casa de Mariaca a bordo de una ambulancia, aunque no reveló la cantidad. Los policías retiraron fajos escondidos entre los compartimientos del vehículo médico, según un video difundido por el ministerio.
En total fueron detenidos cuatro fiscales, seis empleados del Ministerio Público y las cuatro personas encontradas en la ambulancia. Los fiscales están detenidos en la policía y serán remitidos a la justicia ordinaria local, dijo Oviedo.
La Fiscalía General señaló en un comunicado que ante la “ausencia definitiva” de Mariaca, asumió el cargo de forma interina Luis Montaño Morales, “el fiscal superior con mayor antigüedad” dentro de la institución.
Mariaca fue designado fiscal por el Congreso en octubre de 2024 y es este poder del Estado el que debe votar por una nueva autoridad. Romel Ipamo, abogado de Mariaca, declaró a medios locales que “se va a colaborar con todo”. “Lo único que se pide, (es) que se resguarde el debido proceso”, afirmó.
Cooperación estadounidense
Según dijo el gobierno estadounidense esta semana, Mariaca recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.
El fiscal general negó el lunes las acusaciones y aseguró en una declaración a la prensa que la decisión de retirarle la visa es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones.
El ministro Oviedo dijo el jueves que el operativo para su captura fue realizado por la policía boliviana, pero con la “cooperación del gobierno americano por intermedio de sus agencias” que colaboran “en la lucha contra el terrorismo”.
Durante la gestión de Mariaca, la policía de Bolivia capturó en marzo al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que posteriormente fue expulsado con apoyo de la DEA a Estados Unidos.
Medios locales difundieron el miércoles un video en el que se ve a Marset el día de su arresto, junto a policías de élite en su domicilio, asegurando supuestamente: “Mariaca es mi amigo”. La AFP no ha podido verificar la autenticidad de este video.
Allanamientos en Fiscalía
La policía allanó también el miércoles las oficinas de la sede central de la Fiscalía en Sucre, en el sur del país, según se vio en una transmisión en vivo en las redes sociales de la fuerza.
“Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal”, dijo Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, mientras ella y varios de sus colegas estaban rodeados de policías encapuchados, según muestra el video.
“Estoy arrestada”, dijo más tarde a la AFP Pardo, aún con su celular, desde una dependencia policial en Sucre. “Pretendíamos brindar una conferencia de prensa (...), pero entraron los policías de manera informal sin orden de allanamiento, nos aprehendieron a todos”, afirmó. La policía también realizó operativos en las fiscalías de Santa Cruz y La Paz, según imágenes de medios locales.
Fuente: AFP.