Un tribunal de sentencia integrado por Elsa García, Sonia Sánchez y Ana Rodríguez, condenó a 8 años de cárcel al extitular de la Secretaria de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, luego de ser encontrado culpable por lavado de dinero, cohecho pasivo, y asociación criminal en direccionar licitaciones en la SEN. Igualmente fue condenado Alberto Koube a 6 años de encierro.

También se dispuso la libertad del condenado, quien estaba con arresto domiciliario. El pedido de levantar la citada medida fue hecho por la Fiscalía para evitar que cumpla la totalidad de la condena en su casa.

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Los magistrados concluyeron que varios elementos probatorios fueron clave para el presente caso. Resaltaron los mensajes intercambiados entre Roa y Koube en los que Roa solicitaba vueltos para el pan dulce y la sidra y el diezmo para los perros del dinero de las licitaciones.

También se mencionó que Koube era el que manejaba las licitaciones y los desembolsos, presionando a Roa a quien trataba de “papacho” para que se puedan liberar los fondos.

La defensa de los condenados tendrán la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que defina si corresponde confirmar o no la sentencia condenatoria.

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La Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana, encabezada por su presidente Horacio Cartes, aprobó por unanimidad en la fecha su Manual de Prevención de Lavados de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, convirtiéndose de esta forma en una de las primeras nucleaciones políticas en adecuarse a las leyes vigentes en el país y de los acuerdos internacionales firmados por el Estado paraguayo.

Durante la última sesión extraordinaria convocada por la presidencia, con 61 miembros presentes, el apoderado del partido, Wildo Almirón, expuso ante el plenario que es un requisito obligatorio contar con esta normativa, establecido por la Ley 6501/20, que modifica las normativas sobre financiación política y establece a las organizaciones políticas como sujetos obligados en contar con este manual.

“El Partido Colorado es una de las primeras organizaciones políticas en cumplir con esta obligación, habiendo ya incorporado disposiciones sobre conductas de desobediencia en su código ética y conducta”, precisó.

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Resaltó además, que el documento fue presentado por el Oficial de Cumplimiento, Enrique Dávalos Dos Santos. Indicó que en futuro lo que estaría haciendo falta es adecuar algunos aspectos como el organigrama de la ANR, manual de funciones de los funcionarios del Partido Colorado.

Almirón destacó además que es un avance importante para el Partido Colorado, sobre la prevención del lavado de activos en todas sus formas, que incluye a candidatos, aportantes y donantes de campaña electorales. Además, se colabora a la prevención del financiamiento del terrorismo, que no solo son exigencias de las normas locales, sino de los diversos convenios internacionales.

El apoderado Eduardo González remarcó que el Partido Colorado cuenta desde el 2023, con el Oficial de Cumplimiento en la persona de Dávalos Dos Santos, que es igualmente otra exigencia de la ley. Remarcó que la ANR ha sido el único partido que ha cumplido en un 99 % con la ley de Financiamiento Político.

“Es importante señalar que, incluso aquellos partidos políticos que han sido proyectistas de la Ley de Financiamiento Político, no han alcanzado siquiera el 50 % en el cumplimiento de la ley. Este es otro avance más del partido, en el cumplimiento de la leyes vigentes, que es algo que ya caracteriza a la ANR”, remarcó.

En tanto, el exministro de Justicia, Ángel Barchini, miembro de la Junta de Gobierno, expresó su gratificación y felicitaciones al partido por avanzar en el cumplimiento de las normativas.

Recordó que cuando ejerció el cargo de ministro uno de los temas de mayor preocupación era sobre la necesidad en el Paraguay respecto al supuesto lavado de dinero, el dinero del terrorismo, del narcotráfico, estaba incursionando en la política paraguaya.

“Expreso mi congratulación y alegría como paraguayo y colorado, y como cartista, de que el presidente Horacio Cartes, es el que lleva la bandera de la transparencia, honestidad y patriotismo en la República del Paraguay”, remarcó.

En tanto, el Dr. José Rodríguez, miembro de la Junta de Gobierno, destacó que el Partido Colorado está demostrando que es la nucleación política que más está apegado al cumplimiento de las leyes y las normas del país.

“No olvidemos que ha sido este gobierno colorado el que en su momento presentó un paquete de 10 leyes para la prevención de lavados de activos, y el gobierno colorado fue el que trabajó para que Paraguay salga de la lista gris de Gafilat. Como colorados, responsables y queremos al Paraguay somos un partido serio, pionero en contar con esta normativa", acotó.

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El presidente de la República, Santiago Peña, anunció a través de sus redes sociales que promulgó la Ley nº. 7599, que crea el Régimen de Generación de Energía Eléctrica a partir de fuentes renovables no hidráulicas (solar, eólica, biomasa).

Entre sus disposiciones, tiene como finalidad extender el plazo de contrato de 15 a 30 años, para diversas actividades vinculadas a la generación de energía renovable.

El mandatario, destacó que con este paso, se fortalece el clima de inversiones en energías limpias y se abre el camino hacia una matriz más diversificada, competitiva y sostenible. Esta diversificación fomentará la energía solar, eólica y biomasa, reduciendo dependencia de la producción hidráulica.

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“La nueva ley coloca al sector industrial en el centro de las políticas públicas y de la transición energética del país: desde ahora se habilita la participación del sector privado en la generación, compra, venta e incluso exportación de energías renovables de fuentes no hidráulicas”, remarcó el mandatario a través de sus redes.

Esta legislación fue sancionada por el Congreso, tras su paso por la cámara de Senadores y Diputados, el pasado 18 de noviembre del presente año. La normativa otorga atribuciones, tanto al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) como a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), con reglas claras para la venta directa.

En su momento, los legisladores habían resaltado que esta normativa permitirá atraer inversión privada, crear empleo calificado y promover la sostenibilidad. Además, de preparar al Paraguay para el futuro energético, más allá de la gran hidroelectricidad.

Este marco se hizo en forma conjunta con los ministerios de Obras Públicas, Industria y Comercio, Economía y Finanzas, y con cooperación técnica del Banco Mundial.

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Los fiscales Jorge Arce y Yeimy Adle, pidieron al juzgado en lo Civil y Comercial de la Capital tener acceso al expediente en el que la exjueza Civil y Comercial Tania Irún decidió presuntamente de forma irregular transferir 310 mil hectáreas de tierra del Chaco a presuntas empresas de maletín. El pedido se realizó en el marco de una investigación abierta por supuesto lavado de dinero, denunciado por el abogado Francisco de Vargas, representante de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, conocida como Secta Moon.

Los fiscales mencionados requirieron el acceso íntegro al expediente caratulado “Cusabo y otros c/ Asociación Espíritu Santo s/ Obligación de hacer Escritura Pública”. El pedido ya fue contestado por el juez Heinrich Fabián von Lüken Gamarra, con el fin de acceder a todas las actuaciones realizadas desde el año 2014.

La solicitud tiene relación con la investigación contra Preston Moon, Kiantar Betancourt y al menos siete personas más, quienes habrían despojado de su patrimonio a la Asociación mediante la simulación de una asamblea, la dación en pago de una supuesta deuda sin respaldo documental y la posterior cesión de las tierras a las citadas firmas offshore, según la denuncia.

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Según los fiscales, estas actuaciones deben incorporarse en su totalidad al cuaderno de investigación, ya que podrían aportar elementos relevantes para el esclarecimiento de los hechos denunciados por la Asociación del Espíritu Santo.

El expediente solicitado corresponde al juicio en el que las compañías “offshore” Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited reclamaron la inscripción de los inmuebles que les fueron entregados en dación de pago por una supuesta deuda millonaria.

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