La jueza penal de Garantías Hilda Benítez fijó para el próximo 26 de marzo la audiencia de imposición de medidas cautelares para el exintendente de Asunción Mario Ferreiro, imputado por producción de documentos no auténticos. El Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión tanto para Ferreiro como para los demás investigados.
La fiscala Stella Mary Cano imputó al exintendente de Asunción, al actual jefe comunal; concejales y a la exdirectora de Contrataciones de la comuna capitalina por el supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos en el marco de una licitación en la cual fue beneficiada la empresa recolectora Empo Ltda. mediante documentos de contenido falso.
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Los imputados habrían permitido el uso del certificado de cumplimiento tributario de contenido falso y con ello indujeron en las relaciones jurídicas al error sobre su autenticidad para lograr el pago de G. 1.701.107.120 a la empresa Empo Ltda. y Asociados para prestación de servicios de disposición final de residuos sólidos, urbanos y de servicios complementarios.
Además de Ferreiro y Rodríguez, fueron imputados Javier Pintos, Fabiana Benegas, Mariano Cáceres, Antonio Gaona, René Calonga, Augusto Wagner, Félix Ayala, María Laura Schiavo, Ireneo Román y Elena Alfonsi. El actual jefe comunal de Asunción rechazó la imputación formulada en su contra afirmando que es “selectiva y política”.
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Juez eleva a juicio oral la causa contra “Nenecho” Rodríguez por presunta lesión de confianza
El juez Rodrigo Estigarribia resolvió elevar a juicio oral y público el proceso penal contra el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, por supuesta lesión de confianza, en el marco de la investigación por la presunta compra irregular de detergentes y otros insumos de limpieza con fondos municipales durante la pandemia de la COVID-19.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia. El juzgado igualmente decidió excluir el hecho punible de asociación criminal al considerar que no existen elementos suficientes para que esa parte de la acusación sea debatida en juicio. Además, rechazó los incidentes de sobreseimiento planteados por la defensa de Rodríguez.
Estigarribia sostuvo que la acusación fiscal describe de manera circunstanciada los hechos atribuidos al exintendente y contiene elementos que permiten que la supuesta lesión de confianza sea analizada por un Tribunal de Sentencia.
Según el Ministerio Público, las presuntas irregularidades habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 1.808.956.000 mediante la adquisición de insumos que, en varios casos, no habrían ingresado a la Municipalidad de Asunción.
La Fiscalía sostiene que, durante los años 2020 y 2021, en el marco de las contrataciones por la emergencia sanitaria, se habría favorecido sistemáticamente a un grupo de empresas, con presuntas vulneraciones a los principios de igualdad, libre competencia, transparencia y publicidad.
La acusación también señala que las licitaciones habrían sido direccionadas a determinadas firmas y que se habrían utilizado nombramientos, contratos y emisión de cheques como parte de una supuesta estructura para perjudicar a la institución.
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MEC interviene en caso de alumna apuñalada por su compañera
El Ministerio de Educación tomó intervención en el caso de una estudiante de 15 años que resultó herida tras ser atacada con un arma blanca (navaja) por una compañera en una institución educativa del barrio Sajonia, en Asunción.
“Se auxilió a la niña afectada, se activó el protocolo y se hizo la denuncia”, manifestó este martes Erika Vargas, directora de Educación de Capital, en declaraciones al programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La funcionaria se refirió a las acciones que llevan adelante ante estos graves hechos de violencia. “Lamentamos desde el MEC lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad con la familia de la joven afectada”, expresó.
Añadió que al tomar conocimiento del episodio, el director y la supervisión activaron el protocolo. “Se realizaron las denuncias a las instancias correspondientes como la Policía, la Fiscalía”, precisó. Asimismo, “se auxilió” a la niña herida. “Pudimos llegar al hospital y ella está en muy buenas condiciones, a Dios gracias”, manifestó la funcionaria de Educación.
Sobre el ingreso de armas al centro educativo, aclaró que encuentran dificultades legales debido a que necesitan autorización de los padres para revisar las mochilas, atendiendo que se trata de menores de edad.
“Nosotros tenemos un protocolo que se había activado para hacer la revisión de mochilas. Para este protocolo necesitamos el visto bueno de la familia, pero al familia se opone a ello. Entonces, se complica el trabajo”, apuntó. Ante esta situación, destacó la necesidad de realizar un trabajo conjunto entre el MEC y la familia de los alumnos.
A la par, la cartera de Educación propone encarar una campaña de concienciación, de trabajo y prevención en los colegios. “Estamos trabajando con la Dirección de Desarrollo para que los chicos puedan entender lo qué es la convivencia entre pares, que la convivencia sea sana y que por sobre todo, la familia acompañe estos procesos”, detalló.
En ese sentido, recordó que son los padres los que tienen que velar por lo que los chicos llevan a la escuela, porque “si nosotros tomamos la intervención de revisión de mochilas necesitamos la autorización de los padres que muchas veces son reacios”, remarcó.
Por lo tanto, la responsabilidad es de los padres. “Nosotros habíamos remitido una planilla para la autorización de los padres, pero no cayó muy bien, no permitían la revisión”, comentó.
En cuanto a las medidas que tomarán sobre la agresión entre compañeras, señaló que van a separar a la víctima y a la agresora de acuerdo con las normativas vigentes y al protocolo activado, pero garantizando el derecho a la educación de ambas. “Vamos a ver como separarlas, pero que ambas reciban educación”, puntualizó.
La Fiscalía también va a tomar medidas porque ya pueden recibir algún tipo de imputación, agregó.
Por otro lado, mencionó que en la fecha mantendrán una reunión con un grupo de directores y supervisores y con el Ministerio del Interior para establecer mecanismos de trabajo para dar seguridad a los chicos a la entrada y salida ante la rivalidad entre colegios.
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Jueza ordenó bloquear cuentas de cuatro procesados por el caso Narcojet
La jueza de Garantías de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, dispuso la inhibición de bienes y el bloqueo de cuentas bancarias y otros productos financieros de cuatro imputados en la investigación por los 263,7 kilogramos de hachís hallados en un jet privado estadounidense que ingresó al Hangar ubicado en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.
La resolución fue dispuesta a pedido de la fiscala Ingrid Cubilla y afecta a Víctor Emanuel Fernández Arce, vinculado a la empresa Munser FBO; Hermann Cecilio Melgarejo Morales, quien habría actuado como despachante de vuelo; José María Fernández Vera; y Gustavo Adolfo Sandoval Lamas, exsubgerente de Seguridad de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
La determinación comprende la prohibición de enajenar o gravar bienes muebles e inmuebles, además del bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros productos financieros a nombre de los procesados en bancos, financieras, casas de crédito y cooperativas.
El Ministerio Publico argumentó que existe una sospecha razonable de que los bienes y fondos podrían provenir de beneficios económicos relacionados con actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas. La jueza consideró urgente asegurar el patrimonio ante el riesgo de que los imputados puedan ocultarlo, transferirlo o modificar su situación patrimonial para evitar un eventual comiso.
Según la hipótesis fiscal, el avión Challenger 604, con matrícula N116HL, procedente de Estados Unidos y con escala técnica en Panamá, arribó al hangar el 29 de mayo de 2026, cerca de las 21:12. La investigación apunta a presuntas coordinaciones para facilitar la recepción de la aeronave y sus ocupantes, así como el acceso al establecimiento.
Esta segunda fase investigativa identificó posibles intervenciones relacionadas con la logística aeroportuaria, la descarga de la sustancia y gestiones que, presuntamente, buscaban evitar su verificación por parte de las autoridades. Las medidas patrimoniales buscan preservar bienes y fondos mientras avanza la investigación.
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Ypytá: suspensión de constitución judicial genera duda en actuación de la jueza de Paz de PJC
La suspensión de la constitución judicial ejecutada por la jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, a las propiedades de la firma Ypytá —entre ellas a la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS)— estaría presuntamente plagada de irregularidades. Esto se debe a la intervención de un abogado que no tendría personería reconocida en el expediente principal, caratulado “Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre quiebra”, en representación de Ronaldo Braga Diniz, comprador irregular de la propiedad en litigio —presunto testaferro de Ángela Toumani, exesposa del capo narco asesinado Jorge Rafaat—
A solo horas de realizarse la diligencia, el juez de Asunción, Édgar Rivas, decidió de forma sospechosa suspender la constitución judicial de varias propiedades de Ypytá. La magistrada de Paz de la mencionada zona no debió suspender la diligencia judicial, atendiendo a que el abogado Emerson Dutra presentó un simple escrito alegando ser el representante legal de Ronaldo Braga Diniz. Sin embargo, de acuerdo con las constancias del expediente principal, el citado profesional del derecho no tendría intervención en el juicio principal, por lo que la magistrada Agüero carecía de motivos válidos para frenar el procedimiento.
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Otro punto irregular es que la jueza de Paz realizó una consulta sobre la existencia de una decisión de suspensión de la constitución judicial, la cual no fue contestada por el juez Rivas. Igualmente sobre la determinación que adoptó a última hora el juez Rivas de posponer la diligencia judicial, la representante legal de Ypytá presentó una reposición por lo que seguía firme la decisión de realizar la diligencia judicial. Esta omisión genera aún más dudas sobre la actuación de la jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, y del criticado magistrado Édgar Rivas Laguardia.
Dudas en su actuación
La actuación del juez Rivas Laguardia genera sospechas debido a que determinó la suspensión a solo horas de llevarse a cabo el procedimiento. Esto ocurrió a pesar de que la abogada de Braga Diniz ya había comunicado, los días 7 y 14 de octubre, que existían recursos pendientes de resolución en la máxima instancia judicial.
Juez tardó nueve meses
El magistrado Rivas Laguardia tardó nueve meses en autorizar la realización de la constitución judicial a la Universidad Autónoma San Sebastián de Pedro Juan Caballero y a otras propiedades de la firma Ypytá, pero suspendió dicha diligencia en cuestión de minutos. Esto genera fuertes sospechas sobre si pudo existir algún tipo de motivación extra para tomar tal decisión.
Corte debe estudiar confirmación
El pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar si corresponde confirmar en su cargo al juez Édgar Rivas Laguardia, fuertemente cuestionado por su sospechosa actuación en este juicio civil. Los ministros de la máxima instancia judicial tendrán la tarea de definir si confirman al magistrado o, en su defecto, apuestan por una figura nueva y más transparente para el cargo de juez civil de Asunción.
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