La agente fiscal de la Unidad Zonal de San Antonio, Laura Ávalos, imputó a un hombre de 26 años sindicado como responsable del abuso sexual que sufrió una adolescente desde que tenía 10 años. La víctima había sido entregada en calidad de tutora a una mujer que vivía con su esposo y los hijos, uno de ellos el ahora imputado, desde que tenía 2 años de edad. La menor además sufría maltrato por parte del sospechoso.
La tutora falleció hace unos años y la adolescente quedó a cargo del esposo de la mujer. En la casa la víctima empezó a vivir con 3 hombres. Según relató la adolescente, actualmente de 16 años, cuando tenía 10 el sindicado comenzó a manosearla cuando estaban los dos solos o ingresaba a su habitación de noche. En la entrevista de contención, la afectada manifestó que contó a alguien lo que ocurría, pero no le dieron importancia, por lo que dejó de contar cuando el hombre la atacaba.
La denuncia fue presentada ante la Oficina de Denuncias Penales de la Sede 1 de la ciudad de Asunción ante la sospecha de que la adolescente estaría siendo golpeada, tratada como empleada, encerrada a oscuras y habría perdido mucho peso, además de la presunción de que estaba sufriendo abuso sexual. La representante del Ministerio Público solicitó que el Juzgado Penal de Garantías ordene la prisión preventiva del imputado.
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Directivo mexicano de Montego Trading que tiene varias causas penales quiere salir del país
El directivo de la firma Montego Trading S.A., Gerardo Bermúdez Arreola, de nacionalidad mexicana, imputado recientemente por violar la ley de juegos de azar, pretende salir del país y ha solicitado permiso a la jueza Penal de Garantía, Clara Ruiz Díaz. Asimismo, el imputado pretende que se levante su arresto domiciliario decretado semanas atrás por la falta de garantía.
La magistrada corrió trasladado del pedido al Ministerio Público, que tendrá que contestar si corresponde rechazar el pedido formulado por la defensa del imputado.
Luego, la magistrada deberá resolver si corresponde ratificar que el imputado siga en arresto domiciliario y con prohibición de salida del país.
El agente fiscal, Marcelo Saldívar, presentó imputación por violar la ley de juegos de azar contra Carmen Carolina Duarte de Garcete, Gerardo Bermúdez Arreola, José María Monges, Ricardo Fernández Melgarejo, y Erick Fernando Martín Vásquez Loza, directivos de la firma Montego Traiding S.A., con relación al registro del dominio crowncityplay.com.py.
El acta de imputación refiere que la firma Montego Trading S.A., representada y dirigida por Carmen Duarte y Gerardo Bermúdez, hasta el 26 de agosto de 2024 y desde ese día y hasta la fecha, representada y dirigida por José María Monges y Ricardo Fernández, habrían explotado sin autorización de Conajzar, juegos de azar en la modalidad de Apuestas Deportivas a través del sistema online y de seis locales físicos distribuidos dentro del territorio nacional, causando con ello un perjuicio al erario público, consistente en la percepción de un canon referencial, pero no actualizado.
Varios procesos penales
Bermúdez Arreola enfrenta igualmente otros proceso penales y uno de ellos ya está para realizarse un juicio oral y público y debido a las chicanas que ha presentado el citado acusado como otros, la audiencia oral aún no se pudo llevar a cabo.
Del mismo modo, llamó la atención que los jueces de sentencia Cándida Fleitas y Laura Ocampos hayan otorgado un permiso para viajar a Bermúdez.
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Brasil: ordenan encarcelar al expresidente Collor, condenado por corrupción
Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó ayer jueves encarcelar al expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), condenado en 2023 a ocho años y diez meses de prisión por corrupción en una investigación derivada de la megacausa Lava Jato.
La orden será sometida a votación por los demás magistrados de la corte este viernes, pero es de cumplimiento “inmediato”, sin esperar a la decisión del plenario. El magistrado “Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), rechazó el segundo recurso de la defensa y determinó la detención inmediata del expresidente de la República y exsenador Fernando Collor de Mello", indicó la corte en un comunicado.
El exmandatario, de 75 años, fue hallado culpable de recibir 20 millones de reales entre 2010 y 2014 (3,5 millones de dólares, al cambio actual) cuando era senador, para “viabilizar irregularmente contratos” entre una constructora y una exfilial de da petrolera estatal brasileña Petrobras.
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Su defensa recibió el fallo “con sorpresa y preocupación” y afirmó que Collor “se presentará para cumplir la decisión determinada por el magistrado Alexandre de Moraes”, en una nota enviada a la prensa. Una fuente del tribunal aclaró que “nadie puede ser detenido en la noche, pero él puede entregarse en la madrugada”.
Moraes argumentó que los recursos presentados por la defensa de Collor contra la condena de 2023 son “meramente dilatorios”. A partir de las 11:00 locales (14:00 GMT) y hasta las 23:59 del viernes (02:59 GMT del sábado) el plenario se reunirá virtualmente para confirmar o no su decisión.
Destino común
Collor no es el único exmandatario brasileño en tener líos con la justicia. Desde el fin de la dictadura militar (1964-1985), cuatro de los siete ocupantes del palacio presidencial de Planalto fueron en algún momento condenados, encarcelados o destituidos.
Y el expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022) está a puertas de ser juzgado por una tentativa de golpe de estado tras ser derrotado en su aspiración la reelección. Primer presidente elegido por sufragio universal después del régimen militar, Collor generó grandes expectativas al llegar al poder. Sin embargo, renunció a la presidencia en 1992 en medio de denuncias de corrupción.
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En 1989 derrotó en las urnas al líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente entre 2003 y 2010, Lula luego estuvo 18 meses en la cárcel, entre 2018 y 2019, también en el marco de la causa Lava Jato. La condena contra Lula fue finalmente anulada por la corte suprema y el izquierdista volvió a Planalto en 2023.
Tras renunciar a la presidencia en medio de protestas callejeras, Collor consiguió volver a la política en 2006, al ser elegido senador por Alagoas, un estado pobre del noreste. Ocupó ese escaño hasta 2022. Ese año apoyó a Bolsonaro en las elecciones.
Como senador, se valió “de la influencia político-partidaria para promover nombramientos en el directorio” de una distribuidora de combustibles filial de Petrobras y direccionar contratos, según la corte suprema.
Fuente: AFP
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A pesar de contar con pruebas, fiscala pidió sobreseimiento provisional de procesado por estafa
La fiscala María Verónica Mayor solicitó el sobreseimiento provisional de Heriberto Antonio Duarte Martinetti, quien está procesado penalmente por el hecho punible de estafa. La fiscalía sostiene que existiría un perjuicio de USD 91.000.
La representante del Ministerio Público, de forma llamativa, pidió la desvinculación parcial del proceso de Duarte Martinetti argumentando que debe realizar varias diligencias investigativas aunque ya fueron realizadas por la anterior representante de la Fiscalía por lo que resulta raro la presentación que realizó la fiscala.
Entre algunas diligencias que propuso realizar la fiscala Mayor se encuentra la simple declaración de varias personas, así como pedidos de informes a la Dirección de Estadística Civil del Poder Judicial para poder saber cuántos juicios civiles tiene Duarte Martinetti.
Ante el pedido de sobreseimiento provisional, la jueza Penal de Garantía de Lambaré, Isabel Bracho, deberá estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así, será la fiscalía adjunta de Central quien podrá rectificar y acusar al procesado Duarte o ratificar la desvinculación parcial del procesado.
En su momento, la fiscala Laura Romero formuló imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa, atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, el señor Darío Ramón Mongelós realizó una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de USD 65.000.
Pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda. Según la Fiscalía, se tiene un perjuicio de USD 91.000.
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Acusan y piden juicio oral para la esposa de Alejandro Ramos
El agente fiscal, Federico Delfino Ginés, presentó acusación en contra de Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, en el marco de la causa “Osvaldo Villalba y otros sobre apología del delito y otros”.
La mujer fue acusada por los hechos punibles de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden Constitucional. Además de transgresión a la Ley especial de armas Ley 4030/10, producción de riesgos comunes.
Se presume que la hoy acusada formó parte activa del grupo terrorista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Igualmente se pidió que el presente caso se discuta en un juicio oral y público, atendiendo a todos los elementos probatorios que se tienen en la carpeta fiscal.
Luego del análisis pormenorizado del material audiovisual realizado por el EPP, se logró identificar a las personas que aparecen en los vídeos enviados y difundidos por los medios de comunicación entre las que se encuentra Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos.
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En el mes de diciembre de 2013, integrantes del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, entre ellos la acusada, se reunieron en un lugar boscoso en el norte del país, cuyo objetivo fue la grabación de un material audiovisual, entregado entre el 19 y el 20 de enero de 2014 y posteriormente difundido por los medios de comunicación, como ser, Sistema Nacional de Televisión, Telefuturo, Unicanal, Paravisión y Canal 13, sumados a ellos los medios radiofónicos en general y los de prensa escrita.
En la grabación audiovisual llevaron a cabo una manifestación dirigida a la ciudadanía paraguaya en la que Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos se encontraba con vestimentas alusivas al EPP portando un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 en compañía de otros integrantes como Osvaldo Villalba, líder del citado grupo armado, quien realizó referencias negativas al expresidente de la República Horacio Cartes y asimismo instigó a que la clase obrera, campesina, estudiantes e indígenas, debía “unirse e impulsar la lucha de liberación del pueblo; lucha que ha emprendido el brazo armado de los pobres, el “EPP”.
Dichos términos fueron utilizados con el objetivo de incitar a actos de violencia y desobediencia de las autoridades legalmente constituidas en nuestro país.
En el material también se observa a
- Manuel Cristaldo Mieres,
- Ladi Siqueira Krauze,
- Magna María Meza Martínez,
- Vidalina Cardozo,
- Jorgelina Silva Cáceres,
- Liliana Elizabeth Villalba Ayala,
- Alejandro Ramos Morel,
- Esteban Marín López,
- Domingo Ovelar González,
- Alejandro Ramos
- y Feliciano Bernal
Todos, al momento de la grabación del material audiovisual también portaban armas de grueso calibre como fusil calibre 7.62, fusil T65 calibre 5.56, pistola ametralladora Beretta PM12, escopeta calibre 12 y uniformes camuflados, los cuales son de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado.