La agente fiscal de la Unidad Zonal de San Antonio, Laura Ávalos, imputó a un hombre de 26 años sindicado como responsable del abuso sexual que sufrió una adolescente desde que tenía 10 años. La víctima había sido entregada en calidad de tutora a una mujer que vivía con su esposo y los hijos, uno de ellos el ahora imputado, desde que tenía 2 años de edad. La menor además sufría maltrato por parte del sospechoso.
La tutora falleció hace unos años y la adolescente quedó a cargo del esposo de la mujer. En la casa la víctima empezó a vivir con 3 hombres. Según relató la adolescente, actualmente de 16 años, cuando tenía 10 el sindicado comenzó a manosearla cuando estaban los dos solos o ingresaba a su habitación de noche. En la entrevista de contención, la afectada manifestó que contó a alguien lo que ocurría, pero no le dieron importancia, por lo que dejó de contar cuando el hombre la atacaba.
La denuncia fue presentada ante la Oficina de Denuncias Penales de la Sede 1 de la ciudad de Asunción ante la sospecha de que la adolescente estaría siendo golpeada, tratada como empleada, encerrada a oscuras y habría perdido mucho peso, además de la presunción de que estaba sufriendo abuso sexual. La representante del Ministerio Público solicitó que el Juzgado Penal de Garantías ordene la prisión preventiva del imputado.
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Rescataron a adolescente y una mujer fue detenida por sospecha de servidumbre
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Agentes del Departamento contra la Trata de Personas realizaron un allanamiento de vivienda de donde rescataron a una adolescente de 14 años, detuvieron a una mujer e incautaron tres aparatos celulares y varios otros accesorios como evidencias en la causa por un supuesto hecho de abuso sexual en niños.
La intervención fue anoche a las 21:00 en una casa del km 9 Acaray, de Ciudad del Este, dirigida por la fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de niños y Adolescentes,
Fue detenida una mujer de 57 años, quien no tiene ningún vínculo familiar con la víctima. La constitución en el sitio fue para cumplir la orden de allanamiento que corresponde a la causa N° 11924/2026 caratulada como: “Investigación fiscal sobre supuesto hecho punible de abuso sexual en niños y otros”, firmada por la juez penal de Garantías, Cintia María Garcete.
La fiscal aclaró que la investigación es por sospecha de servidumbre, por ahora, sin descartarse que la captación de la adolescente podría estar vinculada también con el hecho de explotación sexual.
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La adolescente fue traída de Caaguazú y no portaba ninguna documentación. La dueña de casa no pudo explicar en calidad de qué se encontraba con ella la menor de 14 años.
Fueron incautados un aparato DVR marca Hikvision modelo DS-7108HGHI-M1 de color blanco; tres aparatos celulares; una réplica de arma de fuego color negro de la marca Springfield Armory modelo 1911-A1 calibre 10mm y estimuladores sexuales.
Acudió al sitio de allanamiento el defensor público Cristhian Gómez, quien llevó a la adolescente hasta un centro abierto para la niñez y adolescencia, por disposición de la fiscal Vivian Coronel. La detenida se encuentra en la Comisaría 25 de Mujeres.
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Fiscalía pidió salida procesal para el extesorero del Consejo de Salud de CDE
El Ministerio Público solicitó la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento para Salem Esgaib Zugaib, extesorero del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este (CDE), en el marco de la causa abierta por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza que habría ocasionado un perjuicio de más de G. 757 millones a las arcas de la municipalidad esteña durante la gestión de Miguel Prieto.
El procesado prestó una colaboración efectiva con las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía en este caso, dando información relevante para el avance de las pesquisas. El Ministerio Público pidió que el imputado entregue al contado G. 50 millones, o el monto que el juzgado considere pertinente en concepto de reparación del daño social causado a ser destinado en el lugar a ser dispuesto por el magistrado interviniente, entre otras reglas de conducta.
Según las investigaciones desarrolladas por los fiscales Silvio Corbeta y Verónica Valdez, la suma de G. 757.166.276 fue el resultante de las diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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Esta situación se habría dado a través de la concesión de aportes ordenados por el investigado intendente, quien en ese periodo habría dispuesto, a través de resoluciones, diez transferencias a favor del Consejo Local del Hospital Regional, de las cuales una parte importante de estos aportes habrían sido utilizados para inversión física y edilicia en otras realizadas dentro del centro médico.
Según las pesquisas, ninguna de las inversiones físicas realizadas por el Consejo de Salud Local habían sido controladas por la Intendencia de Ciudad del Este a través de los fiscalizadores de obras, como debió acontecer.
Asimismo, según las investigaciones, nunca existió un concurso de proveedores, sino más bien se habrían dado contrataciones directas a constructoras con nexos y vinculaciones políticas, administrativas, entre otras, con el exintendente e incluso con el presidente del Consejo de Salud.
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Caso agua tónica: ratifican prisión de extitular de Petropar del gobierno de Abdo
La Cámara de Apelación ratificó que la extitular de Petropar, Patricia Samudio, y su esposo José Costa Perdomo deben seguir presos para cumplir sus condenas de 4 años, y 3 años y 9 meses, respectivamente. La expresidente de la petrolera estatal durante el mandato de Mario Abdo Benítez fue condenada junto a esposo por lesión de confianza en el caso del negociado en la compra de agua tónica y otros insumos durante la pandemia del covid-19.
La resolución de segunda instancia indica que las medidas cautelares sustitutivas ya no resultan idóneas para garantizar el efectivo sometimiento de los condenados a la ejecución de la sentencia, teniendo en cuenta que la resolución condenatoria ya adquirió estado de ejecutoriedad. Asimismo, los camaristas señalaron que el análisis ya no se centra en los requisitos para la aplicación de la prisión preventiva, sino en los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
El tribunal también recordó que la sola presentación de una acción de inconstitucionalidad no suspende los efectos del proceso, salvo que la sala competente haya dispuesto expresamente una medida cautelar con efecto suspensivo, situación que no se da en este caso.
Condena
Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia para desviar G. 359.700.000 de Petróleos Paraguayos (Petropar) mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos. Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo mediante un proceso licitatorio direccionado.
Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., las cuales evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
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Accidente en Brasil: imputan a choferes por homicidio culposo y sospechan exceso de velocidad
La justicia de Brasil sospecha que la unidad de transporte de la empresa Guaireña circulaba con exceso de velocidad al momento de registrarse el accidente en el que fallecieron cuatro personas. La Policía Civil ya ordenó una pericia accidentológica para verificar la veracidad de las declaraciones de los conductores quienes ya fueron imputados.
El colectivo transportaba a niños y padres de la Academia de Danzas Bethania de Independencia, departamento de Guairá, tras participar de una competencia de danza en Gramado y Canela.
El delegado de la Policía Civil de Santa Catarina, João Luis Mioto, indicó que uno de los choferes fue interrogado en el lugar del siniestro y tuvo la oportunidad de dar su versión. “El que manejaba al momento del accidente dijo que el vehículo sufrió una falla mecánica y que el freno no funcionó, pero eso será esclarecido con la pericia solicitada a la policía científica”, explicó el jefe policial a los medios de comunicación.
Del mismo modo, se recolectaron varios testimonios de los pasajeros, quienes manifestaron su preocupación por el extraño balanceo del bus y aseguraron que este circulaba a alta velocidad.
Los choferes Fermín Espínola y Óscar Peralta fueron imputados por homicidio culposo y lesiones corporales en el tránsito. El resultado de la pericia será clave para definir el futuro de ambos, pues, de confirmarse las sospechas, tendrán que responder ante la justicia brasileña.
El accidente de tránsito ocurrió en la madrugada del miércoles 15 de julio en San Miguel de Boa Vista, Santa Catarina, donde se produjo un vuelco a la altura de una curva. El percance dejó como saldo cuatro personas fallecidas: tres adultas y una niña de 8 años. Además, algunos pasajeros sufrieron la amputación de extremidades, entre ellas, piernas y brazos. El resto de la delegación ya se encuentra en el país.