La jueza civil y comercial de Asunción, Rossana Frutos, resolvió que la Justicia debe pagar una indemnización de G. 221.807.288 más intereses a Marcelo Manuel Romero, un peluquero que estuvo privado de libertad por 22 meses por un proceso penal en el que luego fue desvinculado.

Según los antecedentes, Romero fue imputado, acusado y enviado a juicio oral pese a que el hecho investigado ocurrió cuando se encontraba fuera del país. Posteriormente, el Ministerio Público retiró la acusación al inicio del juicio oral y el hombre fue sobreseído definitivamente.

La magistrada concluyó que, aunque la prisión preventiva fue dictada dentro de un proceso formalmente regular, el resultado final del caso evidenció la existencia de un error judicial que generó daños indemnizables. El fallo tuvo por acreditado que Romero estuvo privado de libertad durante 644 días, circunstancia considerada como el hecho dañoso principal.

Te puede interesar: Nueva Italia: imputan a joven de 19 años por presunto feminicidio de María Celeste

En concepto de lucro cesante, el juzgado fijó una indemnización de G. 71.807.288. Si bien el afectado no logró demostrar plenamente sus ingresos, la jueza aplicó criterios legales para determinar el monto correspondiente al perjuicio patrimonial sufrido.

En relación al daño moral, la resolución consideró probado el perjuicio emocional a partir de las circunstancias del caso y de un informe psiquiátrico que diagnosticó estrés postraumático. Por ello, se estableció una reparación adicional de G. 150.000.000.

La sentencia dispone que el pago deberá realizarse dentro de los diez días posteriores a que la resolución quede firme. Además, se ordenó el pago de intereses desde la notificación de la demanda, calculados conforme a la tasa promedio vigente más un 2,5 % mensual, lo que podría elevar considerablemente el monto final de la indemnización.

Podes leer: Condenan a 3 años de cárcel al abogado Diego Lanzac por sextorsión

El distrito de Cambyretá celebró este martes la habilitación del cruce vehicular a través de un viaducto construido por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). La comuna destacó como un avance clave en la infraestructura local que mejora la conectividad y la calidad de vida de miles de personas.

Desde la Entidad Binacional destacaron que esta obra forma parte de los trabajos de reposición de la ferrovía en un tramo de 7 kilómetros, desde la cabecera del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que incluye a barrios de Encarnación y Cambyretá, hasta trasponer la Ruta PY 06.

Señalan que posterior a la habilitación del viaducto mencionado, los trabajos se centran en otros puentes y pasos a desnivel de otros barrios de Cambyretá, a fin de normalizar el uso de tramos viales involucrados en el proyecto en ejecución.

Le puede interesar: Latorre destaca amplio consenso político sobre Tren de Cercanías, que gana impulso en Diputados

Mencionan que esta obra corresponde a la primera etapa del proyecto de reposición del ferrocarril, mientras que los trabajos para el paso ferroviario continúan en ejecución. La actividad contó con la presencia del director ejecutivo paraguayo de la EBY, Luis Benítez; el intendente Municipal, Jaime Hinterleitner, además de otras autoridades y vecinos de la zona.

En lo que respecta a la obra, destacan su diseño, ya que por debajo contará con un túnel para las vías del ferrocarril, mientras que en la parte superior corre la Calle Adolfo Ariste, intervenida en 141 metros de extensión total.

“El tramo del viaducto tiene 16,70 metros de largo y cruza transversalmente la mencionada vía. Los trabajos incluyeron movimiento de suelo, muros de contención, estructuras de hormigón, drenajes, pavimentación y medidas de seguridad como barandas, barreras New Jersey y señalización reglamentaria”, mencional el informe oficial.

Agregan que este paso mixto unirá los barrios Espíritu Santo, San Rafael y San Juan, facilitando el acceso al centro, reduciendo el tiempo de viaje hacia Encarnación e impulsando la actividad económica al agilizar el tránsito de personas y mercaderías.

Al respecto, el director paraguayo de la EBY, Luis Benítez, señaló que personalmente supervisó el desarrollo de los trabajos, atendiendo a que no se pierda la calidad que distingue a los trabajos que desde la entidad llevan adelante. “Esta infraestructura es parte del proyecto integral del nuevo trazado ferroviario de la región. Nos satisface habilitar este tramo y avanzar hacia la conclusión total del paso ferroviario”, agregó.

Remarcó que con esta habilitación, Cambyretá avanza hacia una infraestructura más moderna, mientras se aguarda la finalización total de este proyecto fundamental impulsado por la EBY.

Mientras que Arnaldo Cañete, presidente de la Comisión Vecinal, expresó su agradecimiento en nombre de la comunidad. “Estamos agradecidos luego de ser un barrio olvidado por administraciones anteriores de la EBY, hoy pasamos a ser uno de los que cuentan con la infraestructura vial más moderna. Es un cambio radical y nos da mucha esperanza”, expresó.

A su turno, el intendente Jaime Hinterleitner resaltó que la obra marca un antes y un después en la conectividad de la comunidad. “Agradecemos el compromiso de la EBY y del director por impulsar su pronta finalización en beneficio de todos”, acotó.

Siga informado con: TSJE auditó hoy maletines electorales para cinco departamentos

Este martes, familiares de un paciente oncohematológico con diagnóstico de linfoma, solicitaron al Ministerio de Salud que se cumpla con el amparo para la compra de un costoso medicamento que requiere para su tratamiento. Desde hace dos meses, el juzgado penal de Garantías dictó sentencia definitiva para que este sea cumplido.

Se trata del señor Luis Carlos Ortiz Godoy, paciente que cuenta con diagnóstico de linfoma no Hodgkin de células B grandes difuso, quien ya pasó por un trasplante autólogo de médula osea. Hace dos meses sufrió una recaída y fue un golpe muy duro para la familia, que necesita ayuda para costear el tratamiento.

La doctora Laura Morel, del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), ante la gravedad de su situación indicó un tratamiento urgente que requiere de Glofitamab, cuyo valor sería G. 85 millones por vial, pero necesita 36 viales de 2,5 mg para todo el tratamiento que suman unos G. 800 millones.

Lea también: Armadas de Paraguay y Argentina afianzan vínculos en el marco del Día de la Armada Argentina

La familia no tiene los recursos para comprar y solicitó un amparo para que el Ministerio de Salud pueda adquirir el fármaco, al tratarse de un paciente de un ente estatal. Actualmente don Luis está recibiendo quimioterapia paliativa, pero es urgente que acceda al tratamiento para evitar que la enfermedad avance.

“Mi papá está a la espera de un medicamento súper caro que no está a nuestro a alcance y por eso hicimos el pedido de amparo, con mucha esperanza papá pidió esperar solo 2 meses por el medicamento, pero ya pasó ese tiempo, desde Salud no nos hacen caso es por eso que les pido ayuda”, expresó Adela Ortiz, hija del paciente, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Te puede interesar: Solo el 19,5 % de las carreras de Psicología en Paraguay cuentan con acreditación vigente, según informe de Aneaes

El 10 de marzo de este año, el juzgado penal de Garantías N° 9 de Asunción dictó la Sentencia Definitiva N° 15, en la causa Amparo Constitucional promovido por Luis Carlos Ortiz Godoy contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

“Ahora está con quimio paliativa porque estaba muy mal y se le ordenó este tratamiento mientras esperan la llegada del medicamento (Glofitamab), pero ya no puede esperar. Hasta la fecha la cartera sanitaria no ha dado cumplimiento a dicha orden judicial por eso estamos pidiendo ayuda para llegar a las autoridades”, apuntó.

Lea también: Santa Rita: brutal agresión a trabajador genera repudio ciudadano

Una jueza de Ecuador fue asesinada a tiros cerca de la frontera con Perú en medio de un estado de excepción declarado por el gobierno en su lucha contra el crimen organizado, informaron autoridades ayer martes. La violencia no cede pese a las políticas de mano dura impuestas por el presidente Daniel Noboa como estados de excepción, toques de queda nocturnos y el despliegue permanente de militares en las calles.

Lady Pachar, de 41 años, fue baleada el lunes por dos sicarios en motocicleta en la ciudad de Machala (suroeste), cuando se movilizaba en un vehículo sin sus dos guardaespaldas, según la policía. Una fuente policial dijo el martes a la AFP que la jueza, quien había recibido amenazas en 2025, fue asesinada al parecer en represalia por la liberación de miembros de una banda.

Ana María Jaramillo, secretaria de la Comisión Académica del Colegio de Abogados de El Oro, aseguró que los jueces y fiscales quedan en riesgo cuando el gobierno revela las identidades de aquellos que considera corruptos o indulgentes con los criminales. Que “no sea irresponsable en dejar en evidencia a los jueces y juezas que administran justicia, sino que más bien les de la protección necesaria y suficiente para que puedan actuar con imparcialidad”, añadió.

Machala es capital de la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, el segundo país con más narcocultivos del mundo después de Colombia. Vecino de ambas naciones, Ecuador se ha convertido en el centro de operaciones de bandas criminales que sacan la droga por el Pacífico y se lucran internamente de otros delitos como la extorsión.

Con el respaldo del gobierno de Donald Trump, Noboa intenta frenar la violencia desde que llegó al poder en 2023. Pero las organizaciones criminales han convertido a Ecuador en el país más violento de Suramérica con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según Insight Crime. El Oro, con más de 700.000 habitantes, registró 720 homicidios el año pasado, según Jaramillo.

Fuente: AFP.