El Tribunal de Apelación ratificó el embargo de 16 mil millones de guaraníes del senador colorado Rodolfo Friedmann, procesado por lavado de dinero en el marco de la investigación del caso de la merienda escolar cuando era gobernador del Guairá.
Los camaristas Emiliano Rolón y Arnulfo Arias votaron por ratificar el fallo del juez de Delitos Económicos, José Delmás, mientras que la camarista Bibiana Benítez votó por revocar la resolución del citado magistrado.
Recordemos que el juez Delmás ordenó el embargo de G. 16 mil millones y otros bienes del senador; además, decretó la inhibición y bloqueo de la millonaria suma que se encuentra depositada en cuatro diferentes cuentas bancarias y la incautación de una obra de arte valuada en US$ 35 mil y de un vehículo, ambos bienes del legislador colorado.
Desde el momento de la emisión de la resolución, el parlamentario no puede disponer de un solo guaraní de dicho monto afectado.
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Se encargó al fiscal Osmar Legal, responsable de la causa penal, hacer cumplir la disposición que el Tribunal de Apelación había revocado al juez Humberto Otazú, quien el año pasado ya ordenó el bloqueo de las cuentas y secuestro de los bienes.
En el presente caso está imputado el actual legislador Rodolfo Friedmann, así como su esposa Marly Figueredo y la contadora de la firma ESSA (Eventos y Servicios SA), Lourdes González de Melgarejo. Todos ya fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión.
Según el Ministerio Público, las imputaciones se formularon en el marco de un caso que data de la época en la que Friedmann fue gobernador del departamento de Guairá, entre los años 2013-2018. Específicamente, en la causa que investiga a la firma Eventos y Servicios SA, que proveyó almuerzo escolar a la gobernación administrada en ese entonces por el senador.
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Liberales a la carga: USD 46 millones en adjudicaciones por alimentos
Empresas cercanas a dos legisladores liberales fueron beneficiadas con millonarios montos para la provisión de alimentos a instituciones públicas y particularmente para la entrega de merienda y almuerzo escolar. En total, tres firmas ligadas a los opositores se alzaron con contratos por más de G. 341.000 millones.
- Por Juan Carlos Lezcano
Más de G. 341.000 millones (unos USD 46,7 millones) en contratos para la provisión de alimentos a instituciones públicas recibieron las empresas LF Latin Food SA (ex-Arcáncel SA), Pinoty SA y Villa Madrid. Las primeras dos son firmas cercanas a la senadora Celeste Amarilla, mientras que la tercera está vinculada al diputado Pedro Gómez Silva, ambos del Partido Liberal.
De acuerdo con lo que consta en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), estas tres firmas cercanas a los políticos opositores se alzaron con un total de 103 contratos con instituciones estatales desde el 2010 hasta el presente año.
LOS AMIGOS DE CELESTE
La firma que más dinero recibió por parte de instituciones públicas es LF Latin Food SA (ex-Arcáncel SA). De acuerdo con los datos que se desprenden en la web de la DNCP, esta empresa cercana a la senadora Amarilla fue beneficiada con un total de 28 contratos con entidades públicas desde 2010 hasta el presente año.
Del total, el Ministerio de Salud Pública es el que más veces contrató a LF, con un total de diez adjudicaciones. En segundo lugar, entre los “mejores clientes” aparece la Gobernación de Central, con un total de ocho contratos.
En total , esta firma recibió la friolera suma de G. 176.809 millones (unos USD 24,2 millones) por parte de instituciones del Estado.
LF Latin Food SA, anteriormente denominada Arcángel SA, es representada por María Isabel Gavilán y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal Celeste Amarilla. De acuerdo con la declaración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores. Además, la legisladora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicaciones realizadas en redes sociales.
Amarilla declaró una drástica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la manifestación de bienes de Amarilla del 2018 figuran deudas a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millones, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuentas a cobrar bajaron a G. 125 millones.
MIMADOS EN CENTRAL
Volviendo a los contratos, como ya señalamos líneas más arriba, el Ministerio de Salud Pública fue el que más contratos entregó a Latin Food. Sin embargo, la Gobernación del departamento Central es la que más dinero adjudicó a la firma.
De hecho, el mayor contrato firmado por LF con una entidad pública fue precisamente con el gobierno centralino. En concreto, en 2015 la administración del liberal Blas Lanzoni firmó un contrato de G. 37.000 millones con la empresa que en esa época tenía aún a la hoy senadora (y correligionaria del entonces gobernador) Celeste Amarilla en su nómina accionaria.
De los más de G. 176.809 millones que recibió esta empresa del Estado, la mayor parte provino de la Gobernación de Central. En concreto, fueron G. 130.405 millones de los centralinos los entregados a Latin Food.
El Ministerio de Salud Pública entregó otros G. 30.785 millones a la firma, que tiene entre sus “clientes” a las gobernaciones de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Amambay. Además, también fue contratada por la Senad y la Municipalidad de Guajayvi.
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La firma Pinoty SA es la segunda que más dinero recibió entre las tres firmas. Entre 2012 y 2019, la firma fue beneficiada con un total de 30 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicarse con más de G. 89.559 millones (unos USD 12 millones).
Al igual que LF Latin Food, Pinoty SA tiene una cercana relación con la senadora Celeste Amarilla. De hecho, ambas firmas comparten la misma representante, según Contrataciones Públicas: María Isabel Gavilán. Como ya dijimos líneas arriba, esta empresaria muestra en redes sociales su cercana amistad con la legisladora.
Además, Pinoty SA es una de las deudoras de Amarilla, según su declaración jurada de bienes y rentas. Cuando asumió como diputada, en 2018, la firma le debía a la legisladora liberal más de G. 6.000 millones, suma que se redujo a G. 4.500 millones para 2019.
De acuerdo con la última DD. JJ. de Amarilla, presentada tras jurar como senadora el año pasado, la firma actualmente tiene una deuda de G. 1.611 millones.
La institución que más veces contrató a Pinoty SA fue la Gobernación de Central, con cuatro contratos. Le siguen las gobernaciones de Alto Paraná, Caaguazú y Ñeembucú con tres adjudicaciones cada una.
En términos de contratos individuales, la Gobernación de Caaguazú fue la que le entregó la mayor adjudicación. Fue en 2015 cuando la administración de Mario Varela le entregó un contrato de G. 18.763 millones para la provisión de alimentos para el almuerzo escolar.
De hecho, el gobierno del quinto departamento es la institución que más dinero entregó en contratos a Pinoty SA: un total de G. 27.230 millones. Le sigue la Gobernación de Central, con G. 14.008 millones.
PROTEGIENDO EL NEGOCIO FAMILIAR
La lista se cierra con la firma Villa Madrid SA, empresa ligada al diputado liberal por el departamento Central, Pedro Gómez Silva.
La firma tiene como representantes legales a María Ana Silva y Mónica Gómez, madre y hermana, respectivamente, del legislador liberal. De hecho, la empresa tuvo como uno de sus primeros accionistas a Roberto Pedro Gómez Verlangieri, fallecido padre del diputado.
Según los datos que constan en la web de la DNCP, la firma recibió un total de 46 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicaciones por más de G. 75.052 millones desde el 2013 en adelante.
Más de la mitad de las adjudicaciones, 26 en concreto, fueron otorgadas por el Ministerio de Salud Pública. Seis contratos fueron con la Gobernación del departamento Central y cuatro fueron con la Senad.
Sin embargo, la mayor cantidad de dinero provino de la Gobernación de Central, institución que le entregó también el contrato más jugoso a la empresa de la familia del diputado.
En una sola oportunidad, el gobierno centralino le entregó un contrato de más de G. 24.000 millones a la firma. Más concretamente, fue en 2017, durante la administración del liberal Blas Lanzoni, cuando la empresa de la familia Gómez fue beneficiada con una adjudicación para la provisión de pan lacteado, cereales y otros, para la merienda escolar.
Dos años antes, la administración de Lanzoni también había entregado otro contrato de G. 18.000 millones a la empresa de la familia de su correligionario liberal.
En total, la Gobernación de Central entregó contratos por más de G. 67.613 millones a Villa Madrid SA.
DEFENDIÓ PEDIDO DE AUMENTO
Gómez Silva fue uno de los legisladores que defendió el pedido de aumento presupuestario presentado por el gobernador del departamento Central, el también liberal Ricardo Estigarribia, cuando el año pasado el Congreso estudiaba el Presupuesto General de la Nación para el 2024.
El estudio del pedido de ampliación presupuestaria solicitada por la administración de Estigarribia tuvo lugar en el pleno de Diputados el 11 de octubre de 2023, fecha en la que el planteamiento fue rechazado.
Para ese entonces, la Gobernación de Central ya había iniciado la licitación para la provisión de alimentos para las escuelas del departamento. Más concretamente, según la web de Contrataciones, la licitación fue publicada ya el 30 de agosto del año pasado. Entre los oferentes apareció Villa Madrid SA, la empresa de la familia del diputado Gómez, que votó a favor de la ampliación solicitada.
La justificación de Estigarribia fue entonces que, sin más dinero, no habría más alimentos para niños. Alimentos que son proveídos, entre otros, por la empresa de la familia de uno de los diputados que votó a favor de la ampliación.
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Confirman juicio oral para Paraguayo Cubas, por disturbios tras las elecciones
Los camaristas Digno Arnaldo Fleitas, Arnulfo Arias y Rosalba Garay confirmaron, por unanimidad, que el excandidato presidencial Paraguayo Cubas enfrentará un juicio oral y público.
Los hechos que enfrentaría el acusado son disturbios, incitación, amenazas a interferencia electoral; esto, tras los resultados de los comicios presidenciales, que habían generado el rechazo de Cubas y la manifestación de sus adherentes.
El Tribunal de Apelación en lo penal, cuarta sala, rechazó la apelación planteada por la defensa del excandidato a presidente. La resolución dictada el 26 de febrero pasado por el juez penal de garantías, José Agustín Delmás, había admitido la acusación presentada por los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Jorge Arce, Francisco Cabrera, Alma Zayas y Diego Arzamendia, contra el político.
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El titular del partido Cruzada Nacional había sido procesado por los hechos punibles de perturbación a la paz pública, resistencia en carácter de instigador, amenaza de hechos punibles en calidad de autor, tentativa de impedimento de las elecciones y tentativa de coacción a órganos constitucionales. Esto, recordando los incidentes cometidos frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Ahora, se deberá sortear quiénes serán los jueces de sentencia que se encargarán de la causa de Cubas. Una vez que se defina la integración del colegiado, se fijará la fecha para el inicio del juicio oral y público. El acusado estuvo durante un tiempo considerable bajo la figura del arresto domiciliario, actualmente cuenta con libertad ambulatoria.
Durante la realización de la audiencia preliminar, la defensa de Cubas, a cargo de su esposa, la senadora Yolanda Paredes, planteó la nulidad de la acusación por falta de fundamentación y falta de declaración indagatoria, aparte de alegar también otros planteamientos, tal como la inclusión de 4.000 testigos.
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Tras tercer robo a escuela de Barrio Obrero, padres plantean hacer vigilancia
Este lunes, docentes y alumnos de la escuela “Doctor Juan Manuel Frutos” de Asunción se llevaron una triste sorpresa porque delincuentes ingresaron a la institución y se llevaron parte de la merienda escolar. También violentaron la cantina y una sala de clases, de donde se llevaron útiles de los alumnos.
Según el reporte policial, el hecho se registró por la noche de ayer domingo en la escuela ubicada sobre la calle Estados Unidos y 18 Proyectada de Barrio Obrero y recién se percataron esta mañana. Los malvivientes se llevaron materiales didácticos, focos y parte de la merienda escolar; lo lamentable del caso es que la institución está a media cuadra de una comisaría.
“Rompieron las rejas, ventanas y puertas para llevarse útiles como merienda escolar del jardín. En la cantina también entraron perjudicando a la señora que trabaja ahí, porque se llevaron varias mercaderías. También dejaron sin focos los pasillos”, explicó Paola Paredes, de la asociación de padres, en entrevista con canal Trece.
Confirmó que el hombre que entró fue plenamente identificado gracias a imágenes de cámaras de seguridad y que sería vecino de la zona, pero solamente el Ministerio Público puede ordenar su detención. “Siempre entran y hacen destrozos. Esta fue la tercera vez. Todo lo que se tiene en la escuela es gracias a la autogestión de los padres como la pintura, muebles e insumos para docentes”, detalló la madre.
Refirió que están planeando que los padres se turnen y que puedan hacer vigilancia en la institución para que no se entre más. “Por lo menos los fines de semana queremos turnarnos para quedarnos a montar vigilancia y evitar más robos que perjudican a los estudiantes que tienen ganas de salir adelante”, puntualizó.
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Pediatras destacan sistema de control que incorpora “Hambre cero”
Desde la Sociedad Paraguaya de Pediatría resaltaron varios aspectos de la iniciativa del Poder Ejecutivo denominada “Hambre cero” y señalaron que el sistema de control de calidad de la alimentación escolar es un punto fuerte de este proyecto, puesto que permitirá el monitoreo in situ del almuerzo o merienda que reciben los niños en las escuelas.
“Hay cosas que son muy importantes en la ley de ‘Hambre cero’ que son todos los mecanismos de control, quién y cómo se va a controlar, esto de no hacer auditorías cuando ya terminó el año lectivo y ya comieron mal todo el año, sino ir haciendo ese control in situ y constante. Una cosa que nosotros vemos como muy positivo es involucrarle a los usuarios directos, a los alumnos en los colegios y a los padres”, manifestó Ernesto Weber, presidente de la organización.
La asociación participó de una reunión junto con el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic), oportunidad en la que se analizaron varios modelos de alimentación escolar, entre ellos que se implementa en México. Weber indicó que en dicho país existe un sistema en línea donde estudiantes y padres pueden subir fotografías del alimento escolar, de modo que se haga público las condiciones en que estos fueron distribuidos.
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“Se alza en línea y mencionan que ese plato de comida fue servido en determinado colegio, entonces somos controladores y veedores. Quién está más interesado que los padres o los docentes que el niño se alimente correctamente, el niño pequeño tal vez no tiene celular, pero sí lo tiene un adolescente, hoy tenemos la opción de utilizar la tecnología para esas cosas”, remarcó.
Priorizar sectores
Una de las propuestas de la sociedad científica que fue realizada ante el ministro de Educación, Luis Ramírez, es tratar de ser lo más equitativos posibles, priorizando los segmentos más vulnerables, esto teniendo en cuenta que los recursos son insuficientes ante la inmensa necesidad, indicó Weber.
“Cuál es el niño que necesita más un almuerzo, posiblemente al niño cuyos padres trabajan y se cocina en la casa, no le va a dejar comer en el colegio, pero nosotros sabemos que hay una franja de pobreza en el Paraguay que posiblemente se va a la escuela porque ahí come algo, esa es una realidad”, afirmó a la 730 AM.
El Estado debe determinar específicamente donde se encuentran situados los niños en desnutrición o que se encuentran en riesgo de estarlo y garantizarle la mayor cantidad de alimentos al día que sea posible, como desayuno, mediamañana, almuerzo y si es posible, una vianda que contenga la cena. “En el Paraguay hay niños que cenan cocido”, sentenció.
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Weber destacó otro punto de la iniciativa y citó específicamente como algo positivo que se establezcan precios referenciales por departamento, teniendo en cuenta que cada región del país tiene una necesidad diferente que hace que los precios de logística varíen. “En localidades como Filadelfia y otras aledañas donde se produce leche, ese producto no puede costar G. 12.000 por litro, pero Bahía Negra o Puerto Pinasco donde la mayoría de los productos llegan en barco, es otra la realidad”, apuntó.