El Tribunal de Apela­ción dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audien­cia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asocia­ción criminal, en la causa de presunta corrupción munici­pal por la compra de alimen­tos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preli­minar pendiente por el pre­sunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago con­cretado por mercaderías inexistentes, durante su ges­tión al frente de la Municipa­lidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

El equipo de fiscales inte­grado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favore­cidas durante la pandemia del covid-19, por la administra­ción del intendente de Ciu­dad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denomi­nada El Distribuidor SRL que fue favorecida con una lici­tación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre de 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al pro­grama “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril de 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justa­mente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusa­ción por la existencia de un perjuicio patrimonial bas­tante importante”, refirió.

Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciu­dad del Este, construido por Prieto durante la crisis sani­taria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefac­turación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impul­sado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impul­sada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peri­tos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.

Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.

Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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Sara Valenzuela (sara.valenzuela@nacionmedia.com)

El mejoramiento de la calidad de vida de los niños y adolescentes se ha vuelto para este gobierno uno de los principales desafíos. En este sentido, el pasado 6 de agosto se puso en marcha el ambicioso proyecto denominado Hambre Cero.

Con el mismo se espera poder trabajar de manera conjunta no solamente en mejorar la nutrición infantil, sino que contrarrestar el ausentismo y abandono escolar, además de fomentar espacios seguros de desarrollo para los niños y niñas.

En conversación con La Nación/Nación Media, el titular del Ministerio de Desarrollo Social y presidente del Consejo Nacional de Alimentación Escolar, Tadeo Rojas, explicó que este trabajo se realizará de manera conjunta con varias instituciones estatales. Abarca varios niveles sociales incluyendo así a la comunidad y hasta a los productores de alimentos locales.

“Básicamente, busca mejorar la nutrición de la población estudiantil en la etapa de aprendizaje. Este es un punto central si queremos mejorar el nivel educativo de nuestro país, también busca combatir el ausentismo y la deserción escolar. Además, dinamizará la economía local apoyando a la agricultura familiar campesina y a las micro, pequeñas y medianas empresas, generando mano de obra en las comunidades”, remarcó el ministro Rojas.

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En el marco de la implementación de este plan, se ha decidido que el mismo sea activado de manera gradual, constando así de dos etapas: de agosto a julio del 2025 y la segunda etapa de febrero de 2025 hasta julio de 2027. La primera etapa se ha iniciado este 6 de agosto y se extenderá hasta el mes de julio del 2025; durante este periodo se verán beneficiados unos 450.000 niños de 2.627 instituciones educativas en 90 distritos del territorio nacional.

“De los 90 distritos, hay 22 priorizados por las mesas de protección social, en los que el almuerzo servirá también a los estudiantes de la Educación Media. Son un total de 2.627 instituciones que están incluidas en esta primera etapa, muchas de ellas, por primera vez recibirán el almuerzo escolar. Algunas volverán a recibir después de mucho tiempo”, comentó el titular del Ministerio de Desarrollo Social.

La segunda etapa de la implementación del proyecto está prevista que se ponga en marcha desde febrero del 2025, y con esto, ya se llegarán a 600.000 estudiantes en 173 distritos, alcanzando la cobertura total del 100% a nivel país. Está previsto que la cobertura alimenticia sé de durante todo el año lectivo, que serían 180 días en total.

Según el plan de gastos previstos para el proyecto, en la primera etapa, incluyendo a los 90 distritos, se estima una inversión de 528.854.210 de dólares de acuerdo a la licitación que comprende los meses de agosto de 2024 a julio del año 2027.

Cuando se incluyan a los otros 173 distritos, desde febrero de 2025 hasta julio de 2027, la inversión prevista asciende a unos 553.154.170 de dólares. Con esto el monto global, hasta julio del año 2027, es de 1.082.008.380 de dólares.

Para la organización correcta de esta estrategia de mejoramiento nutricional, desde el Ministerio de Desarrollo señalaron que fueron incluidas en el proceso varias entidades como, por ejemplo, el Ministerio de Salud. El trabajo se realiza a través del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, (Inan), que minuciosamente realizó el diseño del plan nutricional que cuenta con todas las condiciones necesarias para los niños, niñas y adolescentes.

La provisión de los alimentos y el cumplimiento a cabalidad con el diseño estipulado será verificada constantemente para garantizar que sé de la provisión del menú diferenciado para cada población y niño, según su condición, Por ejemplo, en caso de que existan estudiantes con alergias, con desnutrición o inclusive con obesidad. Como parte del trabajo sanitario se incluirá un esquema de atención a la salud bucodental.

En cuanto a la vinculación dentro del proyecto de la agricultura familiar campesina y las pequeñas y medianas empresas, el titular del Ministerio de Desarrollo destacó que existen procesos detallados para las adjudicaciones de trabajo, además de que se exige cierto nivel de resultados en materia de inclusión laboral y diversidad de productos.

“La norma establece que el 20% del personal de la zona deber ser contratado por la empresa; al menos el 10% de las compras deben ser de la agricultura familiar campesina, y un 5% de las compras de las micro, pequeñas y medianas empresas”, expresó Tadeo Rojas a LN.

Actualmente, para potenciar estos escenarios se está usando una herramienta efectiva que es la estrategia de vinculación entre estos sectores de la economía y las empresas adjudicadas, que se materializa en las ruedas de negocio, que permite un contacto directo entre empresas, los agricultores y los pequeños empresarios

Teniendo en cuenta que este proyecto ha incidido recientemente y debido a su envergadura y cobertura, ya se dio un par de quejas respecto a la calidad de los productos entregados. En este sentido, la respuesta, tanto por parte de autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, como del propio presidente de la República, Santiago Peña, fue inmediata.

Luego del reporte realizado desde la institución, rápidamente fueron los fiscalizadores hasta el lugar para corroborar lo sucedido y realizar la reposición de los productos de manera rápida, a fin de que este inconveniente no sea un factor para que no sé del servicio.

Ya pensando en prevenir este tipo de inconveniente, se instaló un mecanismo de trabajo para el control de los productos a ser entregados en las instituciones, así también se conformó un equipo de funcionarios de auditoría que realizará recorridos por las escuelas del departamento Central para verificar el cumplimiento de todas las normas.

“Como es un proyecto de enormes proporciones, con muchos detalles, se previó la posibilidad de que se tengan que realizar ajustes, en ese sentido, se han habilitado diferentes canales de comunicación para que tanto la ciudadanía, las instituciones y hasta las autoridades en las gobernaciones puedan hacer llegar sus quejas u observaciones”, explicó el ministro Rojas.

Para denunciar cualquier tipo de irregularidad, la comunicación se puede dar a través del correo electrónico denunciashambrecero@mds.gov.py o también mediante mensajes al WhatsApp: 0987 30 33 33, o a la línea baja del Ministerio de Desarrollo Social: 021 729 5100.

“Esta es una política de Estado, este gobierno mira con especial atención las herramientas disponibles para combatir la pobreza, por lo que, este es un proyecto que se inserta en ese eje; así como otros proyectos que empezaron en años anteriores y hoy siguen y son parte clave del sistema de protección social del Paraguay. Este es un proyecto que deberá ser sostenido en el tiempo”, finalizó el ministro Tadeo Rojas.

• La aplicación de la primera etapa del proyecto Hambre Cero arrancó el pasado 6 de agosto y se extenderá hasta julio del 2025.
• En esta primera etapa, serán beneficiados 450.000 niños de 2.627 instituciones educativas en 90 distritos del territorio nacional.
• La cobertura se dará durante todo el año lectivo, que son en total 180 días y abarcará desde la Educación Inicial hasta la Educación Escolar Básica.
• Se conformó un equipo de funcionarios de auditoría que realizaran recorridos por las escuelas del departamento Central para verificar el cumplimiento de todas las normas.

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