La jueza penal de Garantías Hilda Benítez Vallejo se opuso al sobreseimiento definitivo de los directivos de la firma Empo, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez, procesados penalmente por producción de documentos no auténticos y estafa.
La resolución de la citada magistrada se dio a conocer luego de la audiencia preliminar realizada en la sede del Palacio de Justicia.
Ahora será la Fiscalía General del Estado la que tendrá que decidir si se formula la acusación contra los dos directivos de Empo y, en caso de hacerlo, se fijará nuevamente una fecha para realizar la audiencia preliminar ante la jueza del caso, quien deberá resolver si los dos procesados van o no a un juicio oral y público.
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Antecedentes
El presente proceso penal se basa en una denuncia por la presentación de documentos no auténticos en el pago de un mes de aproximadamente G. 17.000 millones.
La investigación supuso que la empresa habría utilizado y falsificado certificado de cumplimiento tributario correspondiente a otra empresa, había alterado el nombre, es decir, la razón social del certificado, del RUC, y con ese certificado y presentando facturas habría cobrado las mensualidades correspondientes al contrato que tenía con la Municipalidad de Asunción.
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Justicia otorga sobreseimiento definitivo al senador Hernán Rivas
La Cámara de Apelaciones hizo lugar el recurso planteado por la defensa del senador Hernán Rivas y dictó el sobreseimiento definitivo de la causa por presunta producción y uso de título falso. La acción fue planteada por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Gulino y Álvaro Cáceres.
El tribunal decidió el sobreseimiento definitivo al legislador de conformidad al artículo 359 inciso 2 del Código Procesal Penal. Explica que dicho articulado menciona que corresponde el sobreseimiento definitivo cuando a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y sea imposible requerir fundadamente la apertura a juicio.
La camarista Bibiana Benítez (preopinante) señaló que ya en el A.I. N° 850 de fecha 10 de octubre del 2025, el juez de Garantía Miguel Palacios concluyó que el hecho punible estipulado en el artículo 251, inciso 1°, del Código Penal Paraguayo (producción mediata de documentos públicos de contenido falso) prescribió, incluso antes de la formulación del acta de imputación por parte del Ministerio Público, la cual ya había llegado tarde.
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Al análisis jurídico de la camarista se adhirió su colega Delio Vera, señalando que al declararse la prescripción del hecho de producción de títulos falso no puede ser juzgado por lo segundo, que es el supuesto “uso de documentos de contenido falso”, por lo que se declara su sobreseimiento definitivo de todo el proceso. José Fernández, el tercer integrante del tribunal, votó en disidencia.
Cabe señalar que con este fallo, a través del A.I. N° 102 dictado en la fecha, se rechaza la apelación de los fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero en contra de la prescripción del delito de supuesta falsificación de parte de Rivas.
Posteriormente, mediante el A.I. N° 107 dictado igualmente en la fecha, el Tribunal de Apelación hizo lugar al recurso presentado por la defensa del senador, que anula la resolución del juez de Garantías Miguel Palacios, que el 10 de octubre del 2025 había elevado a juicio oral y público el proceso judicial por el que era investigado.
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Asesinato del militar Moral: jueza decretó la prisión del imputado
La jueza Penal de Garantía, Cynthia Lovera, decretó la prisión preventiva de Carlos Báez, alias “Lulu”, detenido por la muerte del militar Guillermo Moral, ocurrida frente la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) de Trinidad. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares realizada vía telemática.
Días atrás, la Policía Nacional capturó a un hombre que estaría implicado en el crimen de Guillermo Moral, personal militar que fue asesinado frente a la Facultad de Derecho. Se presume que el detenido fue quien contrató a los sicarios y luego eliminó a uno de ellos. Según el reporte dado por los intervinientes, la aprehensión de Carlos Báez Guillén se logró en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.
En el momento de su detención, el hombre portaba un arma de fuego e intentó huir, pero finalmente se entregó a las autoridades.
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Detención
Báez Guillén ya fue derivado al Departamento de Homicidios de la Policía en la ciudad de Asunción, donde brindó declaración e indicó que él no tendría vinculación con el crimen. El hombre contaba con orden de captura internacional porque está acusado de matar a tres personas en Argentina. El personal militar fue asesinado en la tarde del 2 de octubre del año pasado.
Uno de los sicarios fue identificado como Rogelio Díaz Brítez, que sigue con paradero desconocido, en tanto que un adolescente de 17 años fue sindicado como el que realizó los disparos. Este último fue hallado muerto en el río Paraná días después y habría sido ultimado por el ahora detenido.
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Confirman validez de imputación por lavado de dinero contra los directivos del banco Atlas
El Tribunal de Apelación, integrado por Camilo Torres, Silvana Luraghi y Paulino Escobar, ratificó la admisión de la imputación por presunto lavado de dinero contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, y otras ocho personas. La resolución se da en el marco de la denuncia presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Asimismo, los camaristas validaron el acta de imputación contra los directivos de la entidad bancaria y confirmaron a la Conmebol como víctima del hecho punible. Con esta decisión, el Juzgado de Delitos Económicos deberá admitir la querella adhesiva presentada por el abogado Claudio Lovera.
Una vez que el expediente retorne al juzgado del juez Humberto Otazú, este deberá fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares. En dicha diligencia se determinará si Zaldívar litigará en libertad o bajo medidas restrictivas.
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El esquema de lavado
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez basan la imputación en operaciones realizadas en 2013 por el entonces presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
Según el acta, Leoz efectuó depósitos y constituyó fideicomisos por USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, sin que el banco Atlas solicitara la documentación respaldatoria requerida. Los contratos de fideicomiso adicionales alcanzan los USD 2 millones y G. 22.000 millones.
La denuncia de la Conmebol vincula estos fondos con el esquema de corrupción internacional conocido como FIFA Gate, basándose en publicaciones periodísticas y documentos judiciales de los Estados Unidos.
Además de Zaldívar, están imputados Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán.
El Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo.
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Denuncian ante la Corte a jueza por irregularidades en juicios civiles
La abogada Gessy Ruiz Díaz presentó una denuncia ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, solicitando una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por la jueza de Primera Instancia de Curuguaty, Sonia Medina Paredes. La denuncia se centra en el manejo de dos juicios de interdicto y la celeridad inusual con la que se resolvió uno de ellos.
Lo más llamativo del caso es que Ruiz Díaz promovió un juicio de interdicto para recobrar la posesión de un inmueble el pasado 2 de febrero, en representación de colonos de Nueva Durango. Sin embargo, un segundo expediente, caratulado “Abrahan Krahn contra Isaak Wall Schmidt y otros sobre interdicto de retener la posesión”, fue presentado ante la misma magistrada recién el 5 de febrero y recibió un tratamiento privilegiado.
La jueza Medina hizo lugar a una medida cautelar a favor del accionante del segundo juicio en un plazo extremadamente breve, dejando sin análisis el proceso presentado originalmente el 2 de febrero. Según la denuncia, esta “velocidad luz” en el despacho judicial levanta sospechas que deberían ser analizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).”
“Verificamos que se ha dictado una medida cautelar de forma prácticamente ‘express’, a diferencia de lo ocurrido con la demanda que presentamos con anterioridad. Hemos analizado dos expedientes que tenían básicamente el mismo objeto procesal”, indicó Ruiz Díaz.
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