Rosa Marie González, denunciante en el proceso penal que soportan Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez, directivos de la firma Empo, procesados penalmente por producción de documentos no auténticos y estafa, recusó a la fiscala Stella Mary Cano, quien fue la que llamativamente solicitó el sobreseimiento definitivo de los imputados.
Ahora será la fiscala general del Estado quien deberá analizar la presente recusación y decidir si confirma o rechaza la misma. En caso de que se haga lugar, se deberá designar a otro representante del Ministerio Público que pueda seguir con el proceso penal.
La audiencia preliminar en la que se definirá si ambos directivos de la firma Empo serán blanqueados se realizará a las 12:00 ante la jueza penal de Garantías Hilda Benítez Vallejo.
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Pedido de intervención
La abogada Rosa Vachetta, en representación de Rose Marie González, denunciante en el presente caso, solicitó intervención para representar a la persona que formuló la denuncia.
Asimismo, Rose Marie González pedirá al Juzgado Penal de Garantías que resuelva dar trámite de oposición al blanqueamiento de los dos directivos de la firma Empo. En caso de que la magistrada se oponga a hacer lugar al sobreseimiento y se le imprima el trámite de oposición, será la fiscala general del Estado quien deberá decidir si corresponde que el caso penal siga su curso o se confirme el sobreseimiento.
Llamativamente, la Fiscalía no encontró ningún elemento contra los procesados y, por ende, solicitó desvincularlos del caso.
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Caso Tajy: la Corte destraba el proceso penal contra Miguel Prieto
La máxima instancia judicial concluyó que no existen motivos válidos para separar a los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación presentada por el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”, y destrabó el proceso penal del exjefe comunal por supuestas irregularidades en la compra de alimentos durante la pandemia.
La máxima instancia judicial concluyó que no existen motivos válidos para separar a los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, quienes integran el Tribunal de Apelación que entiende en el proceso. Con esta resolución judicial, los camaristas deberán resolver los recursos pendientes que actualmente impiden la realización de la audiencia preliminar, etapa en la que se definirá si el caso es elevado o no a juicio oral y público.
ACUSACIONES
Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez acusaron al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La investigación del caso Tajy sostiene que habría existido un esquema para desviar recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este mediante licitaciones presuntamente direccionadas a empresas vinculadas al exintendente. Según la acusación, el perjuicio patrimonial ocasionado al municipio asciende a G. 306.188.500, correspondientes a pagos realizados por mercaderías inexistentes.
OTROS ACUSADOS
También se encuentran acusados en esta causa Sebastián Martínez Insfrán, Sabino Peralta Martínez, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Florentín Páez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Buenaventura Morínigo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Richard Emanuel Ayala Ávalos. El proceso judicial que enfrenta el dirigente opositor se originó durante la pandemia del covid-19, y la imputación fue impulsada por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Chávez.
JUICIO ORAL PARA PRIETO
El exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y otras diez personas enfrentarán un juicio oral y público por lesión de confianza y asociación criminal en el caso conocido como “Tía Chela”, en el que se investiga un presunto perjuicio patrimonial de G. 2.100 millones.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú fue quien decidió elevar el caso a juicio oral y público.
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Preocupante aumento de la pornografía infantil
Más de 11.000 denuncias por pornografía relativa a niños y adolescentes ingresaron para ser investigadas al Ministerio Público entre 2021 y 2026.
El Observatorio del Ministerio Público visibiliza el preocupante aumento de denuncias relacionadas con el hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes en Paraguay durante los últimos seis años.
Las cifras registradas para iniciar una causa penal en el periodo analizado totalizan 11.815 denuncias, lo más alarmante es que estos números solo representan el 30 por ciento del total de los reportes que llegan al Ministerio Público. Es decir, el 70 por ciento queda en un subregistro por falta de elementos técnicos o pruebas a ser remitidas por otras entidades que permitan aclarar los hechos que efectivamente existieron.
ALARMANTE INCREMENTO
Las estadísticas revelan que la pandemia trajo consigo un alarmante incremento de delitos cometidos a través de medios informáticos, debido al mayor acceso a dispositivos tecnológicos y redes sociales, situación que fue aprovechada por depredadores sexuales.
Según datos del Departamento de Estadísticas del Ministerio Público, en 2021 se registró un total de 2.796 denuncias; en 2022 fueron reportadas 1.859 causas. En tanto, en 2023 ingresaron 107 reportes. Aunque la cifra refleje una aparente disminución, en realidad no todos los datos fueron divulgados por razones operativas.
En 2024 se observó un incremento significativo, cerrando el periodo con 2.937 denuncias, superando notablemente las cifras de años anteriores. El año pasado, las denuncias disminuyeron levemente, totalizando 2.462 casos a nivel país. En lo que respecta al presente año, al cierre del mes de abril ingresaron 1.654 denuncias ante el Ministerio Público.
REGIONES CRÍTICAS
Las denuncias provienen de distintos puntos del país; sin embargo, los departamentos y zonas con mayor incidencia son Asunción, Central, Caaguazú, Itapúa y Alto Paraná.
La fiscal Irma Llano, especialista en investigaciones de delitos informáticos, señaló que las principales formas de captación de víctimas por parte de pedófilos se producen a través de videojuegos y plataformas de mensajería.
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Fiscalía recibió 11.815 denuncias por pornografía relativa a niños entre 2021 y 2026
El Ministerio Público, a través del observatorio, informó sobre el aumento de denuncias por pornografía relativa a niños y adolescentes en Paraguay. De acuerdo a la mencionada dependencia, entre 2021 y abril de 2026 ingresaron 11.815 denuncias a nivel país.
El informe revela el incremento de delitos informáticos tras la pandemia y está relacionado con el mayor acceso a dispositivos tecnológicos, videojuegos, redes sociales y plataformas de mensajería, situación aprovechada por depredadores sexuales.
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Los departamentos con mayor cantidad de denuncias son:
- Asunción
- Central
- Caaguazú
- Itapúa
- Alto Paraná.
Solo en 2024 se registraron 2.937 casos, mientras que en lo que va del 2026 ya ingresaron 1.654 denuncias hasta abril.
La fiscal especializada Irma Llano alertó que los pedófilos captan principalmente a sus víctimas mediante videojuegos y aplicaciones de mensajería. Además, advirtió que la falta de control sobre el uso de internet y redes sociales facilita este tipo de hechos.
El Ministerio Público recordó que estos delitos suelen estar vinculados a hechos graves como abuso sexual infantil, grooming, trata de personas, extorsión y violencia sexual.
La legislación paraguaya prevé penas de hasta 10 años de prisión por pornografía infantil, además de sanciones por consumo, posesión, difusión y organización de actividades vinculadas a explotación sexual de menores.
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Caso Conmebol: Justicia habilitó cuenta para embargar bienes del Banco Atlas
El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.
La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.
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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.
Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.
El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.
“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.
Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.
Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.
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