Rosa Marie González, denunciante en el proceso penal que soportan Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez, directivos de la firma Empo, procesados penalmente por producción de documentos no auténticos y estafa, recusó a la fiscala Stella Mary Cano, quien fue la que llamativamente solicitó el sobreseimiento definitivo de los imputados.
Ahora será la fiscala general del Estado quien deberá analizar la presente recusación y decidir si confirma o rechaza la misma. En caso de que se haga lugar, se deberá designar a otro representante del Ministerio Público que pueda seguir con el proceso penal.
La audiencia preliminar en la que se definirá si ambos directivos de la firma Empo serán blanqueados se realizará a las 12:00 ante la jueza penal de Garantías Hilda Benítez Vallejo.
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Pedido de intervención
La abogada Rosa Vachetta, en representación de Rose Marie González, denunciante en el presente caso, solicitó intervención para representar a la persona que formuló la denuncia.
Asimismo, Rose Marie González pedirá al Juzgado Penal de Garantías que resuelva dar trámite de oposición al blanqueamiento de los dos directivos de la firma Empo. En caso de que la magistrada se oponga a hacer lugar al sobreseimiento y se le imprima el trámite de oposición, será la fiscala general del Estado quien deberá decidir si corresponde que el caso penal siga su curso o se confirme el sobreseimiento.
Llamativamente, la Fiscalía no encontró ningún elemento contra los procesados y, por ende, solicitó desvincularlos del caso.
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Fiscalía aplica celeridad para sobrinos de senadora, pero no hay avances en caso Abdo
El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación penal contra Iván Giménez Cabrera e Iris Giménez Cabrera, sobrinos de la senadora Noelia Cabrera Petters, señalados por supuesto caso de planillerismo.
La causa se abre a escasos días de que se hiciera público el hecho, no obstante, el caso de la supuesta fortuna del expresidente Mario Abdo Benítez ocultada en un paraíso fiscal no pasó de la fase preliminar.
En su resolución de apertura de investigación, la Fiscalía manifiesta que luego de haber tomado conocimiento del hecho y con el afán de esclarecerlo, ordenó la investigación de acción penal pública hacia los sobrinos de la legisladora del Partido Liberal y se designó a Laura Giacummo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos como fiscal del caso.
Tanto Iván como Iris costaron al Estado paraguayo al menos G. 494.500.000, dado que habrían sido contratados en agosto del 2023 y sus salarios ascendían a G. 13.500.000 y G. 8.000.000 respectivamente, por esta razón, el Ministerio Público los investigará por la supuesta comisión de hechos punibles contra el patrimonio del Estado.
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El caso generó indignación ciudadana, puesto que mientras percibían un salario dentro de la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado, ellos trabajaban, aparentemente, en el estudio jurídico del abogado Milciades Centurión, quien sería pareja de la parlamentaria.
Pese a que el caso se hizo público hace apenas cuatro días, lo trascendido en la prensa fue suficiente para que la Fiscalía, sin más preámbulos, inicie con una investigación. Lastimosamente, esta misma celeridad no se aplica para investigar la supuesta fortuna oculta, que asciende a USD 21 millones, del expresidente Mario Abdo y que generó revuelo internacional.
Una investigación periodística del portal argentino PeriodismoyPunto apunta al exmandatario por acumular la mencionada cantidad de dinero. Los depósitos a bancos de Seychelles, África, iniciaron cuando este estaba en pleno ejercicio de la Presidencia y provienen de diferentes empresas.
La fortuna escapó de los controles de instituciones como la Contraloría General de la República, dado que esto no fue declarado por Abdo Benítez al dejar el cargo y quien, según los papeles presentados al órgano contralor, solo tenía un patrimonio de USD 3 millones.
Más allá de que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, haya anunciado que el caso era objeto de una investigación preliminar, las semanas transcurrieron sin avances para este hecho donde se presume la existencia de hechos punibles como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, aún así, no se abrió oficialmente una causa ni tampoco se designaron fiscales para investigar a Abdo.
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Senador anuncia proyecto que exhorta al MP a investigar caso de medicamentos en el Incan
El senador Ever Villalba adelantó este lunes que presentará un proyecto de declaración instando al Ministerio Público a investigar los hechos irregulares y las compras de medicamentos en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan). Estos fueron observados por la Contraloría General de la República (CGR) en una auditoría correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 y parte del 2024, donde se detectó supuestas compras de medicamentos vencidos y destinados a pacientes fallecidos.
“Estaremos presentando un proyecto de declaración para que se trate en la sesión de la Cámara de Senadores, en la cual se insta al Ministerio Público a iniciar una investigación penal para que los responsables paguen por esto que hicieron”, dijo el legislador, en conversación con los medios de prensa en el Senado.
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De acuerdo a la observación señalada por la Contraloría, el perjuicio para el instituto del cáncer sería de alrededor de USD 58 millones. “El monto es algo que, en este caso, en un país donde la salud está en terapia, golpea. Es negligente, criminal, tienen que pagar los responsables de estas acciones o inacciones, tienen que estar en la cárcel”, cuestionó el senador Villalba.
Las irregularidades señaladas por la Contraloría corresponden a procesos administrativos y de compras iniciados en años anteriores, y en muchos casos involucran gestiones previas al actual equipo del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), cuya estructura fue renovada casi en su totalidad.
El viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, había señalado en su momento que la supuesta compra de medicamentos para pacientes fallecidos, Recalde sostuvo que en algunos casos se trató de adquisiciones realizadas bajo el objeto de gasto 915, que contempla recursos para cubrir los amparos judiciales, para los cuales se destina el 25 % del presupuesto del Incan.
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Sobrinos de senadora denunciados por planillerismo y nepotismo se ponen a disposición de la Fiscalía
Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, sobrinos de la senadora liberal Noelia Cabrera Petters, se pusieron a disposición de la Fiscalía tras ser denunciados por nepotismo y planillerismo. Ante este hecho, el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón dispuso la apertura de una causa penal.
La fiscal Laura Giacummo investigará la posible comisión de hechos punibles contra el patrimonio del Estado. En el Congreso Nacional se encuentra abierto un sumario administrativo para indagar las irregularidades denunciadas; esto, pese a la renuncia de ambos como funcionarios de la Cámara Alta.
Iván Ramiro e Iris Rebeca Giménez Cabrera fueron contratados en agosto del 2023 para prestar servicios en el Poder Legislativo, específicamente en la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado.
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Según publicaciones periodísticas, ambos no se presentaban en sus puestos de trabajo y acudían regularmente, durante el horario laboral, al estudio jurídico del abogado Milciades Centurión, supuesta pareja de la parlamentaria. Esto, en el periodo de abril a julio de este año.
Iván Ramiro percibía un salario de G. 13.500.000 mientras que su hermana Iris Rebeca recibía un sueldo de G. 8.000.000.
“Se pusieron a disposición de la Justicia, es un hecho no tan agradable para todos los senadores. Mañana vamos a estar reunidos todos los líderes de bancada con el presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, para debatir el caso, tener una posición y llegar a una conclusión. Vamos a tener las explicaciones de Cabrera, también dentro de la bancada liberal que conformamos vamos a conversar con ella”, dijo la senadora Hermelinda Alvarenga a los medios de comunicación.
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Autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial analizan fortalecer uso de tobilleras electrónicas
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, encabezó la reunión interinstitucional del Poder Ejecutivo con el propósito de articular acciones vinculadas al fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Durante el encuentro se coordinaron acciones de manera conjunta en temas contemplados en la agenda, los cuales atañen al mejoramiento del sistema penitenciario y en la instalación de manera más efectiva del uso de la tecnología y de las tobilleras electrónicas, dada la aplicación del sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control (SIMDEC), y en atención a las medidas alternativas otorgadas y de protección en las causas penales.
De acuerdo al informe oficial, participaron el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, el titular del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora; de la Mujer, Cynthia Figueredo y de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, en la sede del Ministerio Público.
El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el fin de prevalecer la protección de la sociedad, enfocados en los casos contra la mujer, niños y adolescentes, incorporando herramientas que fortalezcan la seguridad y la eficacia de las causas.
Durante la jornada se enfatizó la necesidad de articular esfuerzos entre los ministerios competentes para ampliar el uso de dispositivos electrónicos de control, como medida cautelar efectiva y humanitaria, al tiempo de permitir a la Fiscalía avanzar en los procesos penales con mayor eficiencia.
Desde el Gobierno remarcaron el compromiso claro de impulsar soluciones integrales que garanticen seguridad, justicia y respeto a los derechos, trabajando de manera conjunta con todas las instituciones involucradas.
Igualmente, se puso a conocimiento del Ministerio Público la instalación de la Mesa de Justicia dirigida por el Ministerio del Interior, dentro del marco del “Plan SUMAR en tu Barrio”, que busca en su segunda etapa, combatir y erradicar al microtráfico.