El Ministerio Público solicitó al Tribunal de Apelación la nulidad de la condena de Óscar González Daher, Raúl Fernández Lippmann y Carmelo Caballero. Foto: Gentileza.
Caso audios JEM: Ministerio Público apeló condena de OGD y demás sentenciados
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Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Susy Riquelme y Natalia Fuster apelaron la condena de dos años de cárcel de Óscar González Daher, de Raúl Fernández Lippmann y de 1 año y 8 meses del abogado Carmelo Caballero. Asimismo, se solicita al Tribunal de Apelación la nulidad del presente juicio y que se realice una nueva audiencia oral.
Ahora será un Tribunal de Apelación el que deberá analizar el planteamiento formulado por la Fiscalía, así como también la presentación que realizarán las defensas en el presente proceso penal.
El Ministerio Público considera que “se han encontrado contradicciones internas en la valoración probatoria realizada en el caso 1, denominado en la acusación como ‘Electrofácil’, el tribunal ha expuesto que en virtud a la excepción probatoria denominada ‘fuente independiente’ no podía valorar ninguna prueba que provenga causalmente de los audios filtrados, y como consecuencia decidió no valorar la declaración de la periodista María Beatriz Rehnfeldt. Sin embargo, de forma totalmente arbitraria y contraria sí decidió valorar declaraciones de otros testigos que hacían expresa referencia a los audios, como sería el caso de los funcionarios del JEM, Mirna Zárate y César David Ortiz”, indica.
Asimismo, mencionaron que “por una parte el tribunal decidió no valorar pruebas provenientes de los audios filtrados, mientras que por la otra, contrariamente sí decidió hacerlo. El Ministerio Público se agravia a raíz de que la jueza María Fernanda García de Zúñiga ha realizado diversas preguntas a lo largo del juicio con base en los audios, preguntando expresamente a la testigo María Beatriz Rehnfeldt, “qué había escuchado en la conversación que mantuvo Raúl Fernández Lippmann con la entonces fiscala Nadine Portillo en los audios”. En tanto que en forma contraria, al fundar su voto en mayoría arbitrariamente decide no utilizar ningún elemento de prueba relacionado a los audios filtrados, señala parte de la apelación presentada por los fiscales del caso.
Alicia Fernández Galeano (45) se encuentra con paradero desconocido y las autoridades intervinientes piden colaboración de la ciudadanía para localizarla. Foto: Gentileza
El Ministerio Público activó el protocolo de búsqueda junto con la Policía Nacional para localizar a Alicia Fernández Galeano (45), quien se encuentra con paradero desconocido, según la denuncia formulada por sus familiares.
La investigación está a cargo de la agente fiscal Claide Acosta, de la Fiscalía barrial 9 de Asunción, quien solicitó a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias realizadas para ubicar a la mujer.
Según reportó su familia, Alicia no responde a mensajes ni llamadas desde hace unos días, por lo que se dispuso la inmediata búsqueda.
Se apela a la colaboración de la ciudadanía y ante cualquier información contactar con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas o Extraviadas 0986 760 083 o al 911.
A su vez, la fiscal pidió a la comisaría actuante cumplir con lo dispuesto en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal y remitir el correspondiente informe en un plazo de 24 horas desde la recepción de la nota.
Recomendó igualmente aplicar los protocolos vigentes ante casos de personas desaparecidas. “La investigación está abierta a los efectos de esclarecer el hecho y determinar el paradero de la mujer”, confirmó la Fiscalía.
Así también, habilitó el teléfono 021 4155000 para cualquier dato que la gente pueda aportar sobre la persona desaparecida.
La fiscal Ruth Karina Benítez, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, dio un resumen de los allanamientos realizados este jueves en el departamento Central. Foto: Archivo
Megaestafa con celulares: suman seis detenidos y perjuicio rondaría los G. 200 millones
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Los allanamientos simultáneos realizados en el departamento Central arrojaron hasta el momento seis detenidos vinculados al esquema de estafas con llamadas telefónicas. Entre los aprehendidos se encuentra Francisco Rolón Riquelme, extrabajador de una conocida empresa de telefonía, quien involucró a su padre y a su hermano.
Según la fiscal Ruth Benítez, los sindicados utilizaban documentos falsos para activar líneas sin registro, causando en total un perjuicio de G. 200 millones a las víctimas.
“En este momento estamos culminando la serie de procedimientos. Tenemos seis detenidos en el marco de una investigación por estafa mediante sistemas informáticos, acceso indebido, alteración de datos como así también extorsiones”, señaló a la 1020 AM.
Los investigadores llegaron a tres locales de activación de celulares. “Estas personas son las que activaban esos chips o esas líneas que fueron dadas de baja de manera irregular. Estas personas reactivaron a partir de la presentación de documentos apócrifos”, mencionó.
Los locales intervenidos no contaban con formularios ni registros de las fotocopias de cédulas de sus clientes. Y lo más llamativo es que en uno de los negocios se comprobó que el celular utilizado para la reactivación de los chips fue robado el día de ayer, conforme expresó.Se detectó el mismo modus operandi en tres causas penales abiertas. “Nos encontramos ante una identidad de personas en cuanto a los actores del hecho y el mismo sistema operativo en dichas causas”, resaltó.La agente del Ministerio Público aclaró que los procedimientos recién inician, ya que habría más personas involucradas en el esquema de estafa.
“En principio tenemos un perjuicio patrimonial de 200 millones y no se descartan otras víctimas. Pero en principio este es el resultado de la investigación en tres causas penales abiertas con identidad de personas y de hechos”, acotó.
La Corte confirmó la condena por lavado de dinero de 3 años y 6 meses de cárcel para Bruno da Costa Amaral (Der.) compartiendo con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Foto: Archivo
Corte ratifica condena para acusado por incautación de billetes venezolanos
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La sala penal de la Corte ratificó la condena de 3 años y 6 meses de prisión para Bruno José Da Costa Amaral, quien fue encontrado culpable por lavado de dinero debido a la tenencia de billetes venezolanos que pretendían ser vendidos en el mercado negro. En febrero del año 2017 fueron encontradas más de 500 bolsas llenas de bolívares venezolanos de diversos valores en una residencia de la conocida familia Da Costa Amaral, de Salto del Guairá.
La defensa del condenado recurrió a la Corte buscando dejar sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia.
La ministra Carolina Llanes sostuvo que el escrito de la defensa del condenado carece de la debida argumentación jurídica y de la exposición concreta de los agravios, tal como exige el artículo 478 del Código Procesal Penal.
En el mismo sentido votó el ministro Luis María Benítez Riera, quien se adhirió a la postura de Llanes, señalando que el recurso no cumplía con los requisitos de fundamentación crítica y precisa, lo que lo tornaba inadmisible.
En disidencia, el ministro Ramírez Candia consideró que el recurso debía admitirse, pues la defensa había planteado cuestionamientos sobre la supuesta orfandad argumentativa de la sentencia, la violación del principio de congruencia y la valoración probatoria.
Finalmente, por mayoría de votos, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar el recurso y declarar inadmisible la casación, quedando firme la sentencia condenatoria dictada contra Da Costa Amaral en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero.
Condenan a mujer a cuatro años de cárcel por ocultar que su hija era abusada por su pareja
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Un Tribunal de Sentencia resolvió la condena a cuatro años de cárcel de una mujer de 32 años que no denunció el abuso sexual de su hija de seis años por parte de su padrastro y pareja de la condenada. Durante el proceso, la niña fue contagiada de una enfermedad de transmisión sexual.
La agente fiscal Julia González Medina, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, había pedido una condena de cuatro años de prisión para la madre de la menor, por su complicidad en el abuso registrado contra su hija.
“La acusada fue encontrada culpable de violación del deber del cuidado y frustración de la persecución y ejecución penal por no denunciar el abuso sexual de su hija”, expresaron desde el Ministerio Público. Según el informe, el abuso fue cometido por el padrastro de la niña, y quien además la contagió con sífilis (VDRL).
Durante el juicio se presentaron pruebas que demostraron que la madre violó gravemente su deber legal de cuidar a su hija. Además, de que pese a las lesiones graves y el dolor intenso que sufría la niña no permitió que recibiera la atención médica.
La pequeña fue llevada al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde una pediatra informó a la mujer sobre la sospecha de abuso sexual y se activó el protocolo. Pero la madre huyó del hospital con la víctima, impidiendo el procedimiento y el tratamiento médico.
Cuando el estado de la menor empeoró, acudió a otro centro asistencial, donde la médica de turno también confirmó la sospecha de abuso y las lesiones. Se dio aviso a las autoridades, pero la mujer intentó huir nuevamente, todo para proteger a su pareja.