Luego de un largo debate en el pleno de la Cámara de Senadores, el proyecto de Ley de Reforma del Transporte Público quedó con media sanción aprobado con modificaciones a la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo. La normativa busca descentralizar las funciones del sistema del transporte lo que permitirá mejorar el servicio.

Al respecto, el senador Natalicio Chase, líder de bancada de Honor Colorado y presidente de la Comisión de Obras Públicas aseguró que, durante todo el proceso de estudio del proyecto de Ley, el usuario ha sido el centro de atención con el único fin de que pueda sentir en poco tiempo las mejoras en el servicio del transporte público.

Mencionó que tras el debate durante la sesión extraordinaria que se llevó a cabo en la fecha quedaron aprobados los 122 artículos que contempla la propuesta de Ley enviada por el Ejecutivo para la transformación del sector. El documento pasa ahora a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.

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Remarcó que se tuvieron en cuenta todas las preocupaciones de los distintos sectores y las condiciones laborales de los trabajadores del sector transporte están garantizadas y no existe ningún vacío legal, ni ningún punto que se pueda reclamar. Recordó que el Código Laboral cumple con el 100 % de las condiciones y lo mismo se cumplirá con las nuevas normas de contrataciones.

“Este proyecto lo que busca es descentralizar las funciones, es por eso que se establece un sistema que sea más controlable en las diferentes etapas del sistema del sector transporte. Creemos que va a mejorar considerablemente la calidad del servicio, la calidad de los ómnibus; el usuario debe percibir esos cambios, ya que ha sido durante todo el proceso de estudio se puso al usuario como centro del proyecto de ley”, enfatizó.

Asimismo, explicó que la reforma prevé durante un proceso de 4 años, donde el Estado estima en este primer año una inversión de 50 millones de dólares para la transformación inicial del sistema. No obstante, explicó que aún desconocen cómo se llevarán a cabo esos procesos licitatorios.

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En tanto, la senadora colorada Blanca Ovelar, logró que el plenario le acompañará en su propuesta de trazabilidad para brindar mayor transparencia al proceso de reforma. Indicó que se debe garantizar la trazabilidad de la información.

“Los ciudadanos deben tener acceso a las informaciones, los datos sobre tarifas. Aquí debemos garantizar la trazabilidad de la información. Cuando se deciden cosas sobre el ciudadano, el ciudadano debe saber cuál es el origen de todo eso, y cuando surgen denuncias deben saber dónde se deriva, en cuánto tiempo va a tener una respuesta” explicó.

Resaltó que por lo menos se logró incluir dentro de la propuesta los conceptos, pero que ya será luego la forma de aplicación de la reglamentación.

Respecto al tema de fideicomiso, señaló que no afecta lo que está establecido en el Código Laboral, ya que el fideicomiso no tiene nada que ver con los contratos laborales y que eso se explicó en el plenario.

“Lo que explicó el presidente de la comisión de Obras, es que el fideicomiso no reemplaza a las empresas, solamente reemplaza el papel del Estado en la provisión de los recursos, que hoy se otorga en forma de subsidios. Entonces, los trabajadores tienen las garantías del Código Laboral con las empresas prestadoras del servicio”, acotó.

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Actualmente, el aumento del uso de tarjetas de cré­dito en Paraguay se hizo más visible a raíz de la fuerte cam­paña de las entidades finan­cieras, principalmente los bancos, con descuentos y reintegros. Sin embargo, en la misma línea, el nivel de endeudamiento de la gente se incrementó y es lo que pre­ocupa, según el economista y ex ministro de Hacienda César Barreto.

“De lo que estamos usando las tarjetas está aumentando seguramente el saldo, lo cual va a implicar que nues­tros compromisos de pago de intereses y los pagos mínimos de la tarjeta en los próximos meses van a ser más altos. Vamos a tener que usar una proporción mayor de nuestro ingreso para poder cumplir con esos compromisos que ya se nos derivan por el hecho de que ya usamos la tarjeta y, hoy, la verdad ya está insta­lada”, agregó.

En tanto, el eco­nomista aclaró que este fenó­meno se da no solamente en las tarjetas, sino también en el crédito de consumo a cuo­tas normales. “Digamos que normalmente es un poco más pensado por parte de las per­sonas tomar una deuda con un compromiso fijo mensual, y este también está creciendo a un ritmo de alrededor del treinta por ciento”, men­cionó.

“Entonces, a estas cosas hay que empezar a poner­les freno lo más temprano posible, para evitar llegar a situaciones críticas en las que una gran parte de la gente termina sobreendeu­dada y con imposibilidad de cumplir en tiempo y forma, y después ya sale fuera del sistema crediticio porque no cumple su deuda a tiempo” especificó.

Por otro lado, el costo de vida ha aumentado. Hay un fenó­meno que no se nota mucho en los datos, y es que no olvi­demos que hasta diciembre de 2023, la gente iba a com­prar productos de la canasta básica de Clorinda, Argentina, a mitad de precio. Y eso permi­tía a la gente tener un consumo importante a un costo bajo.

“Cuando Argentina cambia su política económica, en este caso con el gobierno de Milei, todos esos productos se duplicaron, por­que entramos a enfrentar realmente los precios reales que tenían. Estaba siendo subsidiado por una política equivocada de la Argen­tina, pero en la práctica, para la gente indicó que se le duplicó el costo, porque tenía que ir a comprar al supermercado y aquí cos­taba el doble, que era el precio normal que ya se pagaba”, comentó César Barreto.

Entonces, eso está golpeando muchísimo. Y por encima de eso, ajuste, lo que los economistas llamamos ajuste de precios relativos, porque el precio de la carne en general ha aumen­tado muchísimo, agregó el ex ministro de Hacienda.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) abrió una investigación interna y un sumario administrativo tras detectar presuntas irregularidades en la segunda evaluación docente realizada el pasado miércoles 20 de agosto. Se trata del examen escrito correspondiente al Concurso de Oposición para conformar el Banco de Datos de Educadores Elegibles.

La cartera educativa informó que, debido a esta situación, queda aplazada la divulgación de los resultados de dicha prueba y suspendido el tercer examen, que debía aplicarse el próximo miércoles 17 de setiembre.

De acuerdo con el MEC, las medidas adoptadas se fundamentan en denuncias, actas labradas e indicios estadísticos que reflejan anomalías durante el desarrollo de las pruebas, como el uso de teléfonos celulares en varias sedes de examen. Los hechos habrían ocurrido en los departamentos de San Pedro (Sur), Cordillera, Guairá, Paraguarí, Misiones y Canindeyú.

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Todos los antecedentes ya fueron remitidos a la Dirección de Asesoría Jurídica del MEC, que tendrá a su cargo la investigación correspondiente. En ese marco, también quedan en pausa los resultados alcanzados en el primer operativo del 23 de julio, realizado en Capital y en los departamentos de Central, Itapúa, Alto Paraná, Ñeembucú, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay.

Asimismo, el ministerio informó que las pruebas previstas para septiembre en San Pedro (Norte), Concepción, Caaguazú, Caazapá y Amambay tampoco se llevarán a cabo hasta tanto se cuente con definiciones claras sobre las pesquisas en curso.

El ministro de Educación y Ciencias, Luis Fernando Ramírez, defendió la decisión, subrayando que se trata de una acción en salvaguarda de la calidad educativa. Recordó que en Paraguay 7 de cada 10 niños no comprende lo que lee y 9 de cada 10 no alcanza el razonamiento lógico-matemático, por lo que insistió en que cualquier irregularidad en los procesos de selección de docentes representa un retroceso para los objetivos del país.

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Ramírez señaló que no se trata de una persecución, sino de un compromiso con la transparencia y el mejoramiento del sistema. “Tomaremos el tiempo de averiguar, investigar, encontrar responsables y aplicar las sanciones correspondientes. Todo queda suspendido hasta que tengamos respuestas claras de la auditoría y el sumario administrativo”, expresó.

El ministro recalcó que la formación, capacitación y preparación de los docentes son pilares fundamentales, al igual que la renovación de los Institutos de Formación Docente (IFD), en los que, aseguró, ya se está trabajando como parte del proceso de transformación educativa.

Desde MEC, indicaron que el examen del operativo 1 no se ve afectado en cuanto al resultado de las pruebas. Los que se suspenden son el operativo 2 de la semana pasada y el 3 que debía realizarse en septiembre. Aclaran, además, que si bien existe una “pausa” por cuestiones administrativas y de documentación, esto afecta solo al operativo 1. No obstante, los resultados ya están, eso no sufre modificación ni implica nueva revisión.

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El diputado Rodrigo Gamarra sostuvo que los procesos aplicados en la capital y en Ciudad del Este dejan un mensaje contundente: ninguna municipalidad, sin importar el signo político, escapa al control ciudadano ni institucional.

“Las intervenciones reflejan que el Congreso tiene la potestad de autorizar la medida cuando la situación lo amerita. La intervención es una herramienta excepcional, pero cuando corresponde se utiliza. Eso deja en claro que nadie está por encima del control”, expresó en comunicación con La Nación/Nación Media. Señaló que la renuncia del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, cambia el alcance del informe elaborado por el interventor Carlos Pereira cuyo objetivo era definir si correspondía o no la destitución del jefe comunal.

“Con la renuncia, el proceso se cerró. El documento queda en el ámbito del Poder Ejecutivo y lo importante ahora es acompañar al nuevo intendente que será electo entre los concejales”, indicó Gamarra.

Agregó que cualquier situación jurídica derivada del informe deberá ser canalizada a través de los organismos competentes, como la Contraloría, la justicia, es decir, el Ministerio Público y el Poder Judicial, los concejales o incluso los propios ciudadanos mediante denuncias.

Al comparar los casos de Asunción y Ciudad del Este, Gamarra resaltó que se trató de procesos políticos diferentes, pero que ambos confirman la vigencia de los mecanismos de control sobre las instituciones municipales, sin importar el signo político.