La jueza de Paz, Elvira Franco, levantó la medida cautelar que pesaba sobre los comunicadores, Eduardo "Pipó" Dios y Nelson Valenzuela, en el marco de un intento de censura promovida por Marly Figueredo. Foto: Archivo.
Jueza levanta medida cautelar contra “Pipó” Dios y Nelson Valenzuela
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La jueza de Paz de Villa Morra Elvira Franco levantó las medidas de urgencia de protección que pesaban en contra de Eduardo “Pipó” Dios y Nelson Valenzuela, panelistas del programa “El Repasador”, programa que se emite por Canal 13. La medida emanada de la resolución N° 7266 se dio a conocer en el marco de la presentación que realizó la exmodelo Marly Figueredo por supuestos hechos de violencia contra la mujer.
Anteriormente, la magistrada dispuso que ambos comunicadores guarden el respeto hacia Figueredo, pero con esta nueva determinación los panelistas del programa ya pueden referirse nuevamente a Figueredo sin ningún impedimento. En su momento se criticó la resolución de la jueza Franco en vista de que pretendía censurar la opinión de los dos comunicadores.
En su momento, el abogado Óscar Tuma había señalado que “es importante aclarar que muchos jueces de Paz están cometiendo el mismo error que ha cometido la jueza. Están utilizando mal una ley que ha entrado en vigencia para proteger a las mujeres, quienes son atacadas por su condición, por el hecho de ser mujer”, explicó el abogado.
Asimismo, el profesional del derecho indicó en su momento que las publicaciones que se hacen con relación a la señora Marly Figueredo es porque ella está imputada, está investigada por el Ministerio Público y no por la condición de ser mujer, explicó meses atrás.
Juez otorgó medidas alternativas al abogado que abofeteó a funcionaria del INTN
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El juez penal de Garantía, Amílcar Marecos, otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva al abogado Walter Ramón Acosta, imputado por agredir a una funcionaria del INTN durante un operativo de control. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares.
El referido profesional del derecho deberá cumplir varias reglas de conducta, como la prohibición de salir del país, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial. También quedará sometido el mismo al estricto control de la defensa técnica, la obligación de comparecer ante el juzgado para la firma del acta judicial.
Igualmente, el imputado tiene prohibido acercarse a la víctima y al domicilio de la misma en un radio de 300 metros, la prohibición de comunicación y de actos de hostigamiento por cualquier medio (mensajería, llamadas, redes sociales), la prohibición de consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicotrópicas como la de acudir a locales nocturnos, la prohibición de portar armas y la obligación de presentarse o comparecer ante cualquier llamado o convocatoria que le realice en adelante y este proceso el Juzgado o el Ministerio Público.
Desde el 27 de marzo el abogado está privado de su libertad en la comisaría de Alto Paraná.
El juez Rodrigo Estigarribia otorgó medidas alternativas a la prisión a la exjueza de Paz Liliana González, imputada por prevaricato por el caso de la mafia de los pagarés. Foto: Gentileza
Mafia de los pagarés: otorgan medidas alternativas a la prisión a exjueza de Paz
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El juez de Garantías, Rodrigo Estigarribia, otorgó medidas alternativas a la prisión a la exjueza de Paz Liliana González de Bristot, imputada por prevaricato en el caso conocido como la mafia de los pagarés. La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
El magistrado dispuso una fianza de G. 200 millones que deberá ser reemplazada por un inmueble, la comparecencia trimestral para la firma del acta judicial y la prohibición de cambiar de domicilio.
El abogado de la exmagistrada es Mario Elizeche, quien señaló que su representada actuó conforme a derecho y a su vez criticó la imputación presentada por el Ministerio Público.
El magistrado Rodrigo Estigarribia rechazó el incidente de nulidad de la imputación por prevaricato presentado por la jueza suspendida en sus funciones Analía Cibils, procesada penalmente por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, en el marco de la investigación del esquema corrupto conocido como la mafia de los pagarés.
Estigarribia sostuvo que la imputación cumple con todos los requisitos formales exigidos por la ley, en el sentido que se identificó suficientemente a los imputados por lo que corresponde rechazar el incidente presentado por la defensa de Cibils.
Levantan embargo de salario de víctima de la mafia de los pagarés
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La jueza de Paz, Susana Granado, resolvió levantar embargo de salario de Carmen Pamela Ocampos Cáceres, quien fue demandada por Sist y Gestiones SA. La resolución judicial se genera tras el pedido de medida cautelar de suspensión de sueldo presentado por el abogado Israel Aaron Mora, representante legal de Ocampos Cáceres.
El levantamiento del embargo, vía resolución judicial, sería el primero en resolverse a través de un incidente procesal y ya tuvo que haberse remitido el oficio judicial al Ministerio de Justicia para el cese del descuento de Ocampos Cáceres. La misma sufría un descuento en su salario de la suma de G. 900.000. Con esta determinación judicial la misma queda sin efecto y la mujer podría percibir la totalidad de su salario a fin de mes.
El abogado Mora, representante legal de Ocampos Cáceres, en fecha 1 de abril de este año presentó un incidente de nulidad de actuaciones sobre las cédulas de notificación de fecha 7 de diciembre del 2023, de la resolución N° 35.297 de fecha 6 de diciembre del 2023, así también se pidió la nulidad de la cédula de notificación de fecha 7 de agosto del 2023, la notificación de fecha 16 de junio del 2023, la nulidad del informe del oficial de justicia de fecha 4 de julio del 2023 y la notificación de fecha 4 de mayo de 2023.
El referido profesional del derecho argumentó el pedido de nulidad de actuaciones de las notificaciones, así como de las resoluciones señalando que “las actuaciones precedentes indicadas han privado de presentarse mi clienta a la audiencia del acto de reconocimiento de la firma que se le atribuye y así poder defenderse en forma efectiva”. Igualmente agrega que “se ha privado de presentar una defensa por inhabilidad de título contra el documento base de la presente acción” señala el escrito del abogado, quien solicitó el levantamiento del embargo por indefensión de su representada en el presente juicio civil donde se pretendía cobrar una millonaria suma de dinero sin motivo alguno.
La jueza Rosarito Montanía elevó a juicio oral el proceso penal de Rodrigo Emilio Montalva Agüero, acusado de formar parte del esquema de Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico. Foto: SENAD.
A Ultranza Py: jueza elevó a juicio oral proceso de acusado de formar parte del esquema de Tío Rico
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La jueza del Crimen Organizado, Rosarito Montanía, resolvió elevar a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Rodrigo Emilio Montalva Agüero, detenido en febrero del año 2024 en el marco de la causa A Ultranza Py y quien es considerado parte del esquema criminal presuntamente liderado por Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Sebastián Marset.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia. La acusación fue presentada por el fiscal Deny Yoon Pak, quien sostiene que Montalva actuaba como operador logístico y financiero del presunto líder narco Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico” y que utilizaba su empresa Guaraní Business Import & Export S.A. como fachada para enviar cargamentos de cocaína ocultos en mercaderías lícitas hacia Europa y África.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, entre los años 2020 y 2021 la organización criminal logró exportar más de 17.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína, mediante operaciones encubiertas a través de compañías aparentemente legales, entre ellas Guaraní Business, Maxigrains, Artis S.A. y Neumáticos Guairá, todas vinculadas a los imputados.
Montalva fue detenido el 3 de febrero del 2024, en un intento de fuga hacia Brasil por el Puente de la Amistad. En ese momento presentó un documento de identidad falso a nombre de su hermano y portaba una importante suma de dinero en efectivo. Ya en el año 2022 había sido declarado en rebeldía y contaba con orden de captura internacional.
El Ministerio Público lo acusa de tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero y solicita además el comiso de bienes utilizados o adquiridos con dinero ilícito: desde una aeronave Cessna, vehículos de alta gama, montacargas y basculas utilizadas en los procesos de carga, hasta la propia empresa Guaraní Business, actualmente administrada por la SENABICO.