Una vez más, se suspendió la audiencia preliminar para Gerardo Stadecker, acusado por el feminicidio de Sabryna Breuer. Esta vez, la diligencia judicial se postergo a raíz de que la defensa del acusado cuestionó la determinación del juez, Mirko Valinotti, quien dispuso que se analice el pedido de sobreseimiento provisional en la audiencia preliminar.
Ante la resolución del magistrado, la defensa planteo una reposición y apelación en subsidio trabando así la realización de la audiencia preliminar donde se definirá si el proceso penal se eleva a juicio oral y público. Ahora el expediente deberá subir al Tribunal de Apelación que tendrá que analizar la nueva chicana planteada por la defensa de Stadecker, y una vez que se destrabe, deberá bajar para que se fije una nueva fecha para que se desarrolle la audiencia preliminar.
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Acusación
El entonces fiscal Yoan Paul López fue quien presentó acusación contra el principal sospechoso del crimen. El acta refiere que el hombre supuestamente le propinó un impacto de puño fuerte y seco en la zona del pecho, a la altura del corazón. Esto le produjo un taponamiento cardíaco, que tarda algunos minutos en producir la muerte. La mujer fue encontrada sin signos vitales en su residencia ubicada en el barrio Mburucuyá de Asunción, el 17 de diciembre del 2017.
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Ypytá: suspensión de constitución judicial genera duda en actuación de la jueza de Paz de PJC
La suspensión de la constitución judicial ejecutada por la jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, a las propiedades de la firma Ypytá —entre ellas a la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS)— estaría presuntamente plagada de irregularidades. Esto se debe a la intervención de un abogado que no tendría personería reconocida en el expediente principal, caratulado “Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre quiebra”, en representación de Ronaldo Braga Diniz, comprador irregular de la propiedad en litigio —presunto testaferro de Ángela Toumani, exesposa del capo narco asesinado Jorge Rafaat—
A solo horas de realizarse la diligencia, el juez de Asunción, Édgar Rivas, decidió de forma sospechosa suspender la constitución judicial de varias propiedades de Ypytá. La magistrada de Paz de la mencionada zona no debió suspender la diligencia judicial, atendiendo a que el abogado Emerson Dutra presentó un simple escrito alegando ser el representante legal de Ronaldo Braga Diniz. Sin embargo, de acuerdo con las constancias del expediente principal, el citado profesional del derecho no tendría intervención en el juicio principal, por lo que la magistrada Agüero carecía de motivos válidos para frenar el procedimiento.
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Otro punto irregular es que la jueza de Paz realizó una consulta sobre la existencia de una decisión de suspensión de la constitución judicial, la cual no fue contestada por el juez Rivas. Igualmente sobre la determinación que adoptó a última hora el juez Rivas de posponer la diligencia judicial, la representante legal de Ypytá presentó una reposición por lo que seguía firme la decisión de realizar la diligencia judicial. Esta omisión genera aún más dudas sobre la actuación de la jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, y del criticado magistrado Édgar Rivas Laguardia.
Dudas en su actuación
La actuación del juez Rivas Laguardia genera sospechas debido a que determinó la suspensión a solo horas de llevarse a cabo el procedimiento. Esto ocurrió a pesar de que la abogada de Braga Diniz ya había comunicado, los días 7 y 14 de octubre, que existían recursos pendientes de resolución en la máxima instancia judicial.
Juez tardó nueve meses
El magistrado Rivas Laguardia tardó nueve meses en autorizar la realización de la constitución judicial a la Universidad Autónoma San Sebastián de Pedro Juan Caballero y a otras propiedades de la firma Ypytá, pero suspendió dicha diligencia en cuestión de minutos. Esto genera fuertes sospechas sobre si pudo existir algún tipo de motivación extra para tomar tal decisión.
Corte debe estudiar confirmación
El pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar si corresponde confirmar en su cargo al juez Édgar Rivas Laguardia, fuertemente cuestionado por su sospechosa actuación en este juicio civil. Los ministros de la máxima instancia judicial tendrán la tarea de definir si confirman al magistrado o, en su defecto, apuestan por una figura nueva y más transparente para el cargo de juez civil de Asunción.
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Caso Ypytá: juez Édgar Rivas frena de forma sospechosa constitución judicial a la UASS y otros
En el marco del juicio civil “Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre quiebra”, el juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia, decidió de forma sospechosa suspender la constitución judicial de varias propiedades de Ypytá, ubicadas en Pedro Juan Caballero, entre las que se encuentran la Universidad Autónoma San Sebastián y otros inmuebles.
Este miércoles se debió realizar la diligencia judicial por orden del citado magistrado. Sin embargo, el mismo decidió a última hora suspender la diligencia alegando que la abogada Ivone Guardati, representante legal de Ronaldo Braga Diniz —presunto testaferro de Ángela Toumani, exesposa del capo narco asesinado Jorge Rafaat—, comunicó al juzgado que existen cuestiones pendientes en la Corte, una situación que no tiene relación con la diligencia programada.
La actuación y la decisión del juez Rivas Laguardia generan sospechas, atendiendo a que determinó la suspensión a solo horas de llevarse a cabo, a pesar de que la abogada de Braga Diniz (comprador irregular de la propiedad perteneciente a Ypytá) ya había comunicado los días 7 y 14 de octubre que había recursos pendientes de resolución en la máxima instancia judicial.
Juez tardó nueve meses
El magistrado Rivas Laguardia tardó nueve meses en autorizar la realización de la constitución judicial a la Universidad Autónoma San Sebastián de Pedro Juan Caballero y a otras propiedades de la firma Ypytá, pero suspendió dicha diligencia en cuestión de minutos. Esto genera dudas sobre si pudo existir algún tipo de motivación extra para tomar tal decisión.
Ante esta maniobra del juez Rivas, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) deberá analizar la actuación del magistrado, quien viene siendo criticado por su dudosa actuación en el referido expediente judicial.
Corte debe estudiar confirmación
El pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar si corresponde confirmar en su cargo al juez Édgar Rivas Laguardia, quien viene siendo criticado duramente por su sospechosa actuación en este juicio civil. Los ministros de la máxima instancia judicial tendrán la tarea de definir si confirman al magistrado o, en su defecto, apuestan por una figura nueva y más transparente para el cargo de juez civil de Asunción.
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Periodista comparecerá ante la Fiscalía tras grave accidente en Asunción
Este miércoles 21 de octubre, el periodista Roberto Coronel, quien protagonizó un grave accidente de tránsito que ocasionó daños materiales durante la madrugada del sábado sobre la avenida General Máximo Santos, en el barrio San Vicente de Asunción, deberá comparecer ante el fiscal Benjamín Beltrán.
Tras esta diligencia, el Ministerio Público estará en condiciones de formular imputación contra el comunicador, quien presuntamente conducía su vehículo en estado de ebriedad.
En la audiencia indagatoria, el periodista deberá declarar sobre los hechos por los cuales está siendo investigado —específicamente, exposición al peligro en el tránsito terrestre— o, en su defecto, podrá admitir los hechos y solicitar una salida procesal antes de ser imputado.
De acuerdo con las imágenes que circularon en las redes sociales, se observa al comunicador del Grupo Vierci un poco desorientado, presumiblemente por el estado de ebriedad en el que se encontraba.
El percance vial ocurrió alrededor de las 4:50 de la madrugada de este sábado e involucró a Gustavo Raúl Sánchez Fleitas, quien conducía un Toyota Vitz, y al periodista Roberto Hugo Coronel López, de 43 años, quien estaba al mando de un Kia Sonet.
Tras la intervención de los agentes de la Comisaría 14.ª y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Coronel fue sometido a la prueba de alcotest, la cual arrojó un resultado positivo de 1,10 mg/L (miligramos por litro). Esta graduación alcohólica faculta la intervención inmediata del Ministerio Público, tras la comunicación formal correspondiente por parte de la sede policial.
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En diciembre definen si hijo de Lalo Gomes, el abogado Óscar Tuma y otros van a juicio oral
La jueza penal contra el Crimen Organizado Rosarito Montanía pospuso para el 14 de diciembre la audiencia preliminar de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, el abogado Óscar Tuma y dos escribanas quienes están acusados por varios delitos.
Montanía alegó sobrecarga laboral para reprogramar la diligencia, en la que debía resolverse si la causa pasa o no a juicio oral y público. Tuma y demás están acusados por presuntos hechos de lavado de activos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, en una causa vinculada a la supuesta transferencia irregular de bienes que habrían buscado evitar su eventual comiso en el marco del caso “Pavo Real”.
Según la Fiscalía, Alexandre Rodrigues Gomes transfirió cuatro inmuebles ubicados en Pedro Juan Caballero y ocho vehículos de su propiedad, mediante la presunta alteración de datos registrales. Con estas operaciones, habría evadido medidas cautelares dictadas en su contra y buscado impedir el eventual comiso especial de bienes provenientes de hechos de narcotráfico y asociación criminal.
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La investigación también atribuye responsabilidad a las dos escribanas que confeccionaron las escrituras de transferencia. Según los fiscales, habrían dejado constancias falsas sobre determinados hechos en los documentos, a solicitud de Rodrigues Gomes.
Con relación al abogado Óscar Tuma, la acusación sostiene que recibió mediante transferencia cuatro inmuebles individualizados como pago de honorarios profesionales. Para el Ministerio Público, el profesional del derecho habría actuado con conocimiento de que Rodrigues Gomes estaba inhibido y, por tanto, impedido de transferir sus propiedades.
La Fiscalía considera que estas operaciones habrían impedido que los inmuebles fueran incorporados a la nómina de bienes sujetos a decomiso por parte del Estado paraguayo.
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