Una vez más, se suspendió la audiencia preliminar para Gerardo Stadecker, acusado por el feminicidio de Sabryna Breuer. Esta vez, la diligencia judicial se postergo a raíz de que la defensa del acusado cuestionó la determinación del juez, Mirko Valinotti, quien dispuso que se analice el pedido de sobreseimiento provisional en la audiencia preliminar.
Ante la resolución del magistrado, la defensa planteo una reposición y apelación en subsidio trabando así la realización de la audiencia preliminar donde se definirá si el proceso penal se eleva a juicio oral y público. Ahora el expediente deberá subir al Tribunal de Apelación que tendrá que analizar la nueva chicana planteada por la defensa de Stadecker, y una vez que se destrabe, deberá bajar para que se fije una nueva fecha para que se desarrolle la audiencia preliminar.
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Acusación
El entonces fiscal Yoan Paul López fue quien presentó acusación contra el principal sospechoso del crimen. El acta refiere que el hombre supuestamente le propinó un impacto de puño fuerte y seco en la zona del pecho, a la altura del corazón. Esto le produjo un taponamiento cardíaco, que tarda algunos minutos en producir la muerte. La mujer fue encontrada sin signos vitales en su residencia ubicada en el barrio Mburucuyá de Asunción, el 17 de diciembre del 2017.
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Presidenta de Perú rechaza orden de Corte IDH de suspender ley de amnistía a militares
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó este jueves la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender la ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de dos décadas que azotó al país.
La ley, aprobada el 9 de julio y que aún debe ser promulgada por Boluarte, beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad acusados, investigados o juzgados por delitos derivados de su participación en la lucha del Estado contra la insurgencia izquierdista entre 1980 y 2000.
La Corte IDH, el máximo órgano judicial del continente, ordenó el 24 de julio al Estado peruano detener “inmediatamente” el trámite de la ley, y en caso de promulgarla, abstenerse de aplicarla mientras analiza sus efectos sobre los derechos de las víctimas.
Boluarte criticó este jueves esa exigencia durante una ceremonia de la Policía Nacional en Lima.
“No permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley, que busca justicia para miembros de las fuerzas armadas, policía y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando sus vidas contra la insanía del terrorismo”, dijo.
“No lo vamos a permitir. Somos defensores de los derechos humanos y esta posición del gobierno es soberana autónoma, libre y justa para un país que anhela paz”, enfatizó la mandataria conservadora.
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Expertos de la ONU ya habían pedido al gobierno de Boluarte que vetara la ley, alegando que las normas internacionales prohíben amnistías o indultos por crímenes graves.
Antes de la aprobación legislativa, la oenegé Amnistía Internacional había exhortado al Congreso a ponerse del lado de las víctimas y rechazar con firmeza la legislación.
Las organizaciones de derechos humanos estiman que esta ley de amnistía beneficiaría a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales.
Perú aprobó en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.
La iniciativa, que los defensores de los derechos humanos llaman “Ley de Impunidad”, benefició al hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992, así como a 600 militares procesados.
El conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó unos 70.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos, según cifras oficiales.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación indicó que existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia entre 1980 y 2000.
La Corte IDH tiene jurisdicción sobre una veintena de países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han reconocido su competencia contenciosa.
- Fuente: AFP
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Canciller recibió al nuevo encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU.
El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, recibió hoy en audiencia al nuevo encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, designado recientemente por el gobierno del presidente Donald Trump.
El encuentro tuvo lugar este martes en la sede de la Cancillería Nacional, en Asunción. Durante la reunión, ambas autoridades abordaron diversos temas de la agenda bilateral, según lo reportado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La ocasión permitió repasar aspectos clave de la relación entre Paraguay y Estados Unidos, con miras a seguir fortaleciendo los vínculos de amistad y colaboración entre ambos países.
Desde la Embajada de los Estados Unidos destacaron a través de sus redes sociales que ambas autoridades diplomáticas tuvieron la oportunidad de estrechar los lazos y fortalecer la cooperación entre EE. UU. y Paraguay. En la ocasión, destacaron los valores compartidos y las prioridades conjuntas en materia de seguridad, ciberseguridad y desarrollo económico.
Es importante recordar que Alter comenzó su misión en Paraguay como ministro consejero, asumiendo las funciones de Encargado de Negocios interino en la Embajada de EE. UU. en Asunción desde este mes de julio. Lidera con orgullo la promoción de los intereses de Estados Unidos en Paraguay, al cual considera un socio estratégico de EE. UU. en la región, con una tradición de estrecha cooperación y amistad con los Estados Unidos.
Este nuevo diplomático en Paraguay, previamente se desempeñó como director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en la Embajada en San José, Costa Rica. Anteriormente fue subdirector de política y director interino de la Oficina de Planificación y Coordinación de Políticas en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en Washington, D.C.
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Rige nuevo sistema de inscripción electrónica de sentencias judiciales
Se realizó el acto de lanzamiento oficial de la nueva plataforma para la inscripción electrónica de sentencias judiciales en el Registro del Estado Civil (REC), desarrollada en conjunto con el Ministerio de Justicia. Participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel; los ministros Carolina Llanes Ocampos, Alberto Martínez Simón y Luis María Benítez Riera.
La herramienta ya se encuentra disponible desde el lunes 21 de julio para el registro digital de sentencias relativas a divorcios, filiaciones y otras decisiones judiciales. La implementación de esta plataforma representa un avance significativo en la agilización de los servicios judiciales, ya que permite a los juzgados y tribunales remitir sentencias de forma electrónica, eliminando la necesidad de gestiones presenciales y el uso de papel, y garantizando al mismo tiempo transparencia y trazabilidad en los procesos.
También participaron del acto el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora; el viceministro de Justicia, Juan Rafael Caballero; el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel; el director del REC, Maximiliano Ayala; y la titular de la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación (DGTIC), Rosaliz Chamorro.
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El ministro César Diesel destacó que esta herramienta busca facilitar el acceso al servicio de justicia, especialmente para usuarios y profesionales del derecho del interior del país, quienes ya no tendrán que trasladarse físicamente para gestionar estas inscripciones.
A su turno, el ministro Alberto Martínez Simón señaló que “trabajamos en conjunto con el Ministerio de Justicia para lanzar una plataforma que permitirá la inscripción electrónica de sentencias judiciales, como las de divorcio, filiación y adopción. Desde hoy, estas inscripciones se realizarán a través del sistema de oficios judiciales electrónicos”. Además, resaltó que la iniciativa contribuye a transparentar los procesos, evitar gestiones intermediarias innecesarias y reducir costos para los usuarios.
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“Era un reclamo constante de los abogados y de la ciudadanía. Con este sistema, se evitarán trámites largos y presenciales. Hoy el procedimiento será completamente electrónico, beneficiando directamente a litigantes y ciudadanos”, agregó el ministro, quien también valoró el trabajo conjunto entre los equipos técnicos del Poder Judicial y del REC.
Finalmente, el director del Registro del Estado Civil, el abogado Maximiliano Ayala, expresó: “Este es el primer paso hacia la informatización y modernización del Registro del Estado Civil. Para nosotros es muy satisfactorio poder anunciar este avance”.
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Piden intervención de autoridades ante suspensión de operaciones en Paraná Guazú
La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (Cnsp) expresó su preocupación ante la suspensión de las operaciones de transbordo en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú. El gremio pidió la intervención de las autoridades competentes de nuestro país para que esta medida sea reconsiderada y se restablezca la operatividad en la vía navegable.
“El desvío forzoso de operaciones hacia otras terminales, como las del río Paraná de las Palmas, tendrá diversas consecuencias, y todas ellas implicarán una suba de precios irremediablemente, a lo largo de una gigantesca cadena de suministro de bienes y servicios”, indicaron en un comunicado, en el cual señalaron que dicha coyuntura afectará, por ende, la estabilidad de precios en un contexto ya de por sí bastante complejo.
La zona afectada es conocida como “Lote Hidrovía Sur” y la situación es considerada una medida unilateral adoptada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero Argentina (Arca), que “pone en riesgo la provisión de combustible para Paraguay, al tratarse de un punto clave utilizado continua a lo largo de varias décadas para el transbordo de este y otros productos”.
Asimismo, instaron a que cualquier revisión futura en cuanto a las condiciones operativas se lleven a cabo dentro de un marco de diálogo técnico e institucional, con la participación de todos los actores involucrados, recordando que Paraguay, como país mediterráneo, depende esencialmente de la libre navegación y de una logística fluida para garantizar su comercio exterior y su abastecimiento interno.
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“Por ello, las decisiones unilaterales que afectan estos procesos deben ser abordadas con responsabilidad y diálogo entre los países involucrados”, manifestaron en la misiva.
Es que si bien Argentina propone otros 10 puertos alternativos se critica la unilateralidad de la decisión y su impacto negativo en el suministro del país y la región.
El argumento esgrimido por la institución argentina es que el área no está habilitada como puerto por la autoridad competente y proponen otros para que los buques paraguayos puedan hacer los trasbordos de combustibles, tales como Zárate, Campana, Arroyo Seco, San Lorenzo y Puerto General San Martín.
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