Este domingo, la Policía Nacional aprehendió a una mujer que contaba con múltiples órdenes de captura a nivel nacional e incluso internacional, por tráfico de sustancias ilegales. La captura de esta persona se logró en la ciudad de Asunción y se incautó su aparato celular.

Según el reporte del departamento de Investigaciones de la Policía, la detención de esta mujer se logró sobre las calles Bruno Guggiari casi República Argentina, de la capital de país. La misma estaba siendo buscada desde hace tiempo atendiendo a las varias órdenes de detención que pesaba en su contra.

El reporte resalta que desde hace varios meses están detrás de esta mujer de 27 años y finalmente este domingo se pudo dar con ella en plena vía pública, lo que facilitó el procedimiento.

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“Sobre la ahora detenida pesaba varias órdenes de captura pendientes, tanto a nivel nacional como internacional por supuesto tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas. Incautándose además un aparato celular”, refirieron.

La misma era buscada por la comercialización de drogas peligrosas en discotecas y otros sitios que concentran gran cantidad de personas. La detenida fue trasladada hasta la sede policial, quedando en libre comunicación y a disposición del Ministerio Público y del Juzgado interviniente.

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Un total de 2.402 denuncias relacionadas con los pueblos originarios reportó la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía al presentar un análisis de 2.443 causas ingresadas entre los años 2023, 2024 y 2025, en las que estarían involucradas víctimas indígenas de hechos punibles y, en otras, como presuntos autores. Esto en el marco del Día del Aborigen Americano, que se celebra cada 19 de abril.

El informe señala que el año 2023 cerró con 665 denuncias; en 2024 aumentaron a 767, y en 2025 se registró un incremento considerable, alcanzando 970 denuncias. En cuanto a los días de mayor frecuencia, los sábados, domingos y lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.

En 1.245 denuncias aparece al menos un presunto autor perteneciente a una comunidad originaria, mientras que en 484 causas figuran dos o más, incluso con la participación de grupos de personas, según datos de la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias en los últimos tres años son: Canindeyú (593), Caaguazú (410), Amambay (368), Concepción (179), Alto Paraná (135), Boquerón (126) y San Pedro (120).

Los 15 hechos punibles más frecuentes: violencia familiar, lesión, amenaza, homicidio doloso, abuso sexual en niños, lesión grave, hurto agravado, daño, hechos punibles contra la ley N.º 716/96 (delitos contra el medio ambiente), coacción, estupro, hurto, violación del deber de cuidado o educación, violación de domicilio.

El Ministerio Público puntualiza que los casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz en adolescentes, la violencia familiar y la influencia del crimen organizado son algunos de los hechos que más afectan a las comunidades de pueblos originarios. A esta situación se suman las migraciones hacia las ciudades, lo que genera discriminación y exclusión social. Al encontrarse fuera de sus comunidades, sin la guía y contención de sus líderes naturales y de la familia extendida, muchas personas pierden su identidad y autoestima étnica.

Ante hechos considerados de gravedad o faltas leves cometidos por miembros de estas comunidades, sus líderes analizan cada caso y solicitan que las sanciones se apliquen conforme a la legislación nacional o al derecho consuetudinario.

1- Comunicación inmediata: la Oficina de Denuncias Penales debe comunicar de forma inmediata el ingreso de la causa al agente fiscal competente y a la Dirección de Derechos Étnicos.

2- El agente fiscal debe solicitar la intervención de la Dirección de Derechos Étnicos, incluyendo la designación de un consultor técnico, y remitir todos los antecedentes del caso.

3- Un equipo de funcionarios de dicha Dirección debe constituirse en la comunidad para recabar más datos sobre el hecho denunciado. Asimismo, se debe informar al líder comunitario sobre los alcances de la investigación penal en curso, dejando constancia en acta. En la comunidad, el líder recomienda si corresponde aplicar la legislación nacional o el derecho consuetudinario, según cada caso.

Cuando existen víctimas que requieren evaluación, acompaña una profesional psicóloga. En casos de abuso sexual, coacción sexual o violencia familiar, la atención se realiza dentro de la comunidad, considerando que muchas víctimas no cuentan con recursos para trasladarse.

4- Finalizada la intervención, se elabora un dictamen jurídico-antropológico con recomendaciones al agente fiscal sobre el derecho aplicable, diligencias pendientes, medidas de protección indígena y posibles salidas del caso. Este documento incluye también la evaluación de la víctima.

Desde el Ministerio Público informaron este viernes que inició dos investigaciones paralelas contra un joven de 27 años por presunta violencia familiar y crueldad animal, y en ambos casos dictó órdenes de detención contra el presunto responsable.

Según indicaron, los hechos denunciados formalmente este jueves 16 de abril de 2026, exponen un ciclo de agresiones físicas y psicológicas contra su expareja, de 33 años.

Agregaron que, según antecedentes, el sindicado habría utilizado violencia extrema hacia un animal doméstico como mecanismo de coacción y control emocional para infligir mayor sufrimiento a la víctima.

La causa por violencia familiar es impulsada por el fiscal Edgar Delgado, titular de la Unidad Penal n.° 1 de Presidente Franco, y se centra en las agresiones sufridas por la mujer.

También expresaron que como parte de las diligencias, la víctima prestó declaración testifical, además de ser inspeccionada por un médico forense del Ministerio Público. Asimismo, recibió contención psicológica integral por parte de profesionales especializados del Centro de Atención a Víctimas, a fin de evaluar el impacto de los maltratos psicológicos.

El mismo joven de 27 años se encarga de la investigación por parte de la fiscal Viviana Sánchez en el caso por crueldad animal, a partir de la reciente viralización de un video del hecho, ocurrido en diciembre de 2025.

La Fiscalía refirió que el documento fiscal detalla que, tras una discusión y bajo los efectos de estupefacientes, el sospechoso habría ahorcado a un gato para luego arrojarlo violentamente al suelo.

“Esta acción, que habría provocado la muerte inmediata del felino, está tipificada como hecho punible con penas que podrían alcanzar hasta seis años de prisión”, informaron.

Finalmente acotaron que ante la gravedad de los hechos y el peligro latente para la denunciante, ambos agentes fiscales emitieron órdenes de detención preventiva contra el joven.

La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal también intervino formalmente en el proceso, solicitando el cumplimiento estricto de la Ley 7513/25.

Un trágico accidente de tránsito dejó como saldo un agente policial fallecido y otro con lesiones de consideración cuando se encontraban de servicio.

El percance se produjo el jueves, alrededor de las 19:00, sobre la avenida Mariscal López casi Coronel Martínez del barrio Santa María de Asunción.

Las víctimas son dos suboficiales ayudantes de la Policía Nacional. El fallecido fue identificado como Marcelo Iván Benítez Balbuena (24), personal policial de la promoción 2025.

Por su parte, el conductor de la motocicleta, Esteban Ramón Peralta Ramírez (21), quien resultó con lesiones en brazos y piernas. Fue socorrido por una ambulancia y fue trasladado de urgencia hasta el Hospital de Policía Rigoberto Caballero, donde quedó internado.

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Ambos se desplazaban a bordo de una motocicleta institucional de la Policía Nacional cumpliendo funciones de rutina. Se dirigían con dirección a Madame Lynch cuando, según testigos, intentaron adelantarse a un ómnibus del transporte público por el carril izquierdo.

En ese momento, el conductor habría perdido el control del biciclo y a raíz de la maniobra, la moto impactó contra el cordón del paseo central; ambos ocupantes salieron despedidos.

Benítez Balbuena, quien iba como acompañante, se llevó la peor parte. No llevaba casco y se golpeó la cabeza. Sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, lo que le produjo la muerte de manera instantánea.

Desde la institución, hicieron llegar las condolencias a familiares del joven fallecido.

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